El profesor Jordi Ferrer Beltrán, director del máster de razonamiento probatorio de la Universitat de Girona, analiza en este artículo la controversia generada por la sentencia de apelación del caso Dani Alves. Su conocimiento jurídico aporta una perspectiva crucial sobre la correcta valoración de la prueba en procesos judiciales de esta naturaleza.

En España se elige a los jueces mediante oposiciones basadas en la memorización. Juan Antonio Lascuraín, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, se cuestiona un modelo al que considera “anacrónico” y propone valorar otras habilidades de análisis y argumentación en los procesos de selección. ¿Es posible tener un modelo garantista y valorar otras aptitudes?

La suspensión de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por orden de Trump marca un punto de inflexión en el capitalismo. Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, y Paloma Baena, profesora del IE, advierten que, sin reglas ni obligaciones recíprocas, el sistema está condenado a desaparecer.

Aitor Esteban, el nuevo presidente del PNV, decidió usar su última intervención en el Congreso para pedir un cambio en la ley de secretos oficiales. 'Agenda Pública' analiza las trabas políticas y jurídicas que han frenado su actualización con los expertos Miguel Revenga y Alberto Bueno, además de fuentes del Gobierno y el PNV.

Argelia Queralt Jiménez, vocal del Consejo General del Poder Judicial, ofrece argumentos en torno al debate sobre la elección parlamentaria de los vocales judiciales y la independencia judicial en Europa. En este contexto, destaca la diversidad de sistemas de gobierno judicial en Europa y como la elección parlamentaria garantiza el pluralismo social y jurídico.

El día de la toma de posesión de Donald Trump, Pedro Soriano, experto en política americana, repasa los hitos judiciales en el 'interregnum' y lamenta que la erosión del Estado de derecho, que ya comenzó en su primer mandato, continuará con consecuencias imprevisibles para la democracia de EE. UU.

El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional, entre cuyas funciones está la de nombrar a las y los presidentes y miembros de las salas del Tribunal Supremo. El jurista Joaquín Urías destaca esta función del CGPJ como uno de los motivos esenciales para garantizar que vocales judiciales y no judiciales sean elegidos por el Parlamento y garantizar así el pluralismo jurídico y social.

En Agenda Pública hemos consultado a algunos de nuestros expertos más destacados para que nos orienten sobre las tendencias clave en sus respectivos campos en 2025. Desde los movimientos estratégicos de Ursula von der Leyen para consolidarse como la figura más influyente en Bruselas, hasta la creciente polarización en la política española y el nuevo frente geopolítico en las redes sociales.

"Ahora toca hacer efectivo el principio de presencia equilibrada expresamente establecido por la ley de paridad en los nombramientos pendientes ante el CGPJ, algunos de tanta relevancia como cuatro de las cinco presidencias de Sala del Tribunal Supremo". Con esta claridad se expresa Argelia Queralt Jiménez, vocal del CGPJ, en su análisis del impacto de la nueva Ley Orgánica de paridad.

La instrumentalización de las instituciones por medios de comunicación, jueces y políticos amenaza la democracia española. Este fenómeno, agravado por el deterioro democrático global, especialmente en EE. UU., preocupa a Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona.

"¿Se planteará Pedro Sánchez gobernar en solitario hasta el 2027?", se pregunta el analista y periodista Víctor Guillot en este artículo. Aún no somos capaces de prever los efectos políticos de la dimisión de Íñigo Errejón y de la denuncia por supuestos abusos sexuales, pero "no ha habido coraje en las reacciones de los partidos más directamente afectados y la ausencia de coraje es lo que prevalecerá finalmente en el estado de ánimo de los que vayan a votar en 2027".

En su carta abierta al ministro Félix Bolaños, Alfonso Novales critica la falta de avances en materia de transparencia por parte de los sucesivos gobiernos españoles, a pesar de los compromisos asumidos. Aunque celebra las iniciativas del presidente del Gobierno para promover la transparencia en los medios de comunicación, Novales destaca que es la propia administración pública la que debe ser ejemplar en este ámbito. Señala la falta de claridad en la gestión de fondos públicos y la resistencia institucional a facilitar el acceso a la información como problemas clave.

El magistrado Miguel Pasquau Liaño cambia el foco del proceso abierto al fiscal general del Estado: la novedad es la actuación del Tribunal Supremo. Para él, el problema no ha sido la actuación específica de García Ortiz, sino las posibles consecuencias de que continúe en el cargo una vez comience el proceso: "[su dimisión] fortalecería a la institución que ahora mismo representa, y muchos ciudadanos, incluso aquellos que aprecian un exceso en la imputación, que habría sido perfectamente evitable, se lo agradecerían".

Desde la histórica presidencia de Isabel Perelló en el CGPJ hasta el liderazgo inclusivo de Salvador Illa y el mensaje contra el odio de Pedro Almodóvar, Agenda Pública destaca iniciativas y actitudes que fortalecen nuestra democracia y promueven un debate constructivo.

Según la autora del artículo, y vocal del CGPJ, la elección de la magistrada Perelló como presidenta del CGPJ muestra que la estrategia del grupo progresista de apostar por tres candidatas, ha sido exitosa. Han sido dos magistradas con este perfil, Perelló y Ferrer, las que han llegado a la recta final. Además, el perfil propuesto ha convencido al sector conservador que, seguro que también persuadido por otros elementos, ha entregado sus 10 votos a la nueva presidenta.

Los desafíos en la regulación de grandes plataformas online se intensifican mientras figuras como Zuckerberg, Durov y Musk enfrentan polémicas legales y tensiones globales sobre libertad de expresión y cumplimiento normativo.

'Cherchez la femme' era una expresión que se solía utilizar en la novela negra más clásica: si se quería encontrar el móvil de un crimen pasional había que buscar a la mujer responsable, voluntaria o involuntariamente, del homicidio. Con Vox, en cambio, sería más oportuno seguir el rastro del dinero. Porque un millón de euros para financiar una estrategia judicial es mucho dinero, incluso para el tercer partido del país, aunque se nutra de fondos públicos por su representatividad institucional y de donaciones privadas más o menos explícitas.

Agenda Pública, pocos días después de la toma de posesión del nuevo CGPJ, publica esta conversación con Manuela Carmena, José Juan Toharia y José Antonio Zarzalejos. Los tres, y desde diferentes ámbitos de conocimiento, saben muy bien cómo funciona la justicia en España. Valoran positivamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial y coinciden en que echan en falta en nuestra cultura política y social un valor que ha sido desprestigiado, que es el de la independencia.

El sociólogo español que mejor conoce lo que la ciudadanía piensa sobre la justicia, así como sobre cómo son y qué piensan los jueces en España, nos ofrece esta completa radiografía de la justicia en nuestro país, coincidiendo con la toma de posesión de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Es buena noticia que el PSOE haya desoído los cantos de sirena que le pedían rebajar la mayoría para el nombramiento de algunos vocales del CGPJ. Es también buena noticia que el PP haya por fin aceptado cumplir con el mandato constitucional de renovar a dichos vocales.

¿Por qué es importante el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial al que han llegado PSOE y PP? El autor de este análisis, que ha sido diputado y miembro de la Comisión de Justicia en el Congreso y que ahora es abogado en ejercicio, conoce bien la importancia que tiene el CGPJ para que la justicia, además de despolitizar los altos tribunales, sea un servicio público de calidad. Estamos hablando del funcionamiento de nuestra democracia.

¿Es legítima la crítica efectuada por un parlamentario o un miembro del Gobierno sobre la actuación de un juez? ¿Puede ser considerada una intromisión de uno de los poderes del Estado en las funciones de otro?