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LEAH MILLIS (REUTERS)

¿Inclinando la balanza de la justicia a favor de Trump?

Pedro Soriano Mendiara

6 mins - 5 de Marzo de 2024, 07:00

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictado hoy una sentencia unánime, revocando la decisión del Supremo de Colorado que había acordado descalificar a Donald Trump de la contienda presidencial de este noviembre, aplicando para ello la Sección Tercera de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que prohíbe ocupar cargos en los Estados Unidos a cualquiera que, habiendo prestado juramento para defender su Constitución, hubiera incurrido en insurrección o rebelión.

Era una decisión previsible (como ya avancé en este artículo), pero la unanimidad en cuanto al resultado oculta graves diferencias en cuanto al razonamiento por el cual se ha alcanzado el mismo.

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De hecho, una mayoría de cinco miembros (los cinco hombres del Tribunal, todos ellos nombrados por presidentes republicanos, y dos de ellos nombrados por el propio Trump, que era el recurrente en esta causa) concluye que la única forma de descalificar a un candidato presidencial de la papeleta es a través de la aprobación de legislación federal de conformidad con lo previsto en la Sección Quinta de la Decimocuarta Enmienda, una interpretación extensiva de la Constitución que ha sido rechazada por las cuatro mujeres (tres nombradas por presidentes demócratas y otra nombrada por Trump) magistradas del Tribunal Supremo. 

En particular, las magistradas liberales, en una opinión concurrente, pero de una gran acritud, acusan a la mayoría de llegar a una conclusión que impide a los Tribunales hacer uso en cualquier circunstancia del mandato contenido en la Sección Tercera de la Decimocuarta Enmienda, e incluso de pretender “proteger” a presuntos insurrectos de futuros desafíos judiciales a su deseo de ostentar cargos federales.

Es una crítica legítima: la Sentencia, tal y como viene redactada, impediría la aplicación de esa disposición legal de la Constitución contra Donald Trump en caso de que fuera condenado penalmente en el juicio que (teóricamente, porque por el momento su tramitación está suspendida) se celebrará en algún momento de este año en Washington relativo a su papel en los hechos del 6 de enero de 2021, incluso si la sentencia deviniera firme. Tal y como señalan las magistradas Sotomayor, Kagan y Jackson en su opinión, el objeto de la Decimocuarta Enmienda era impedir no sólo que los insurrectos de la Guerra de Secesión, sino también futuros insurrectos, pudieran regresar a cargos públicos.

Al poner en manos de un Congreso cada vez más incapacitado para legislar el único mecanismo para hacer efectiva la aplicación de la Sección Tercera, la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo está, en la práctica, convirtiendo la misma en papel mojado: ningún congresista o senador republicano que desee continuar en política votará a favor de una norma que pueda descalificar a Trump de presentarse a las elecciones presidenciales.



Esta Sentencia, unida a la decisión del Tribunal Supremo la semana pasada de fijar fecha para este mes de abril de cara a celebrar juicio oral sobre si, y en caso afirmativo, en qué medida disfruta un expresidente de inmunidad presidencial frente a un proceso penal por conductas relativas a actos oficiales durante su mandato (en este caso, la insurrección del 6 de enero de 2021), son pequeños jalones victoriosos para el expresidente Trump en su deseo de poder presentarse a las elecciones de noviembre sin que los Tribunales hayan podido dictar Sentencia sobre los distintos cargos de los que se le acusa.

De hecho, la principal crítica que se le puede formular al Tribunal Supremo a ese respecto es que podría haber decidido la cuestión de la inmunidad presidencial en una decisión idéntica a la de hoy (lo que se llama un per curiam, sin necesidad de vista), pero ha preferido dilatar la toma de decisiones al respecto -en un asunto donde la Sentencia será previsiblemente desfavorable para Trump- en más de cuatro meses, mientras que la resolución favorable para éste ha sido despachada con mucha mayor rapidez.

Así, la estrategia de Trump de dilatar todos los procesos penales en los que se encuentra acusado hasta después de las elecciones está teniendo éxito: el juicio en Washington no podrá celebrarse cuanto menos hasta que el Tribunal Supremo examine si la inmunidad presidencial de Trump alcanza a los hechos del 6 de enero de 2021 -en una Sentencia que se dictará, muy probablemente, a finales de junio-, haciendo muy difícil que se pueda celebrar la vista y que haya Sentencia antes de principios de noviembre.

El juicio por los papeles secretos de Mar-A-Lago, ayudado por las decisiones dilatorias adoptadas por la juez federal asignada al mismo, una magistrada nombrada por Trump en los estertores de su anterior mandato, también es más que dudoso que se celebre antes de las elecciones. 

El juicio estatal por los intentos de subvertir la elección presidencial en Georgia lleva semanas sin avanzar porque la Fiscal del Condado de Atlanta no había revelado que mantenía una relación sentimental con uno de los miembros de su equipo y se está juzgando ahora si debe ser apartada del caso.

Lo que nos deja únicamente con el juicio contra Trump en Nueva York por fraude en su organización empresarial, un caso que no tiene relación directa con su conducta como Presidente y que, además, es probablemente el más débil de los cuatro que se plantean contra él.

Todo ello hace muy probable que los electores acudan a las urnas en noviembre sin que los Tribunales se hayan podido pronunciar sobre la verdad judicial de las conductas del expresidente, una información imprescindible para tomar una decisión tan relevante como elegir al hombre más poderoso del planeta.

Y no menos relevante: en caso de que Trump resulte reelegido y posteriormente condenado, no puede caber la menor duda de que intentará autoperdonarse, algo que desataría una crisis constitucional sin precedentes.

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