Martes, 28 de julio de 2026
CONVERSACIONES
"En el pasado todos sabíamos de antemano quién iba a presidir el Consejo General del Poder Judicial"
Agenda Pública, pocos días después de la toma de posesión del nuevo CGPJ, publica esta conversación con Manuela Carmena, José Juan Toharia y José Antonio Zarzalejos. Los tres, y desde diferentes ámbitos de conocimiento, saben muy bien cómo funciona la justicia en España. Valoran positivamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial y coinciden en que echan en falta en nuestra cultura política y social un valor que ha sido desprestigiado, que es el de la independencia.
Marc López conversando con Manuela Carmena, José Juan Toharia y José Antonio Zarzalejos.Agenda Pública/Tania Sieira
Cuando mayor impacto tiene Agenda Pública es cuando es capaz de ofrecer a sus lectores el mejor conocimiento y capacidad de análisis en el momento de mayor actualidad de un tema. El pasado jueves tomaron posesión los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial y, mientras esperamos a la elección del presidente o presidenta, nuestro director Marc López Plana ha convocado a tres personas que conocen muy bien la justicia española.
Manuela Carmena (Madrid, 1944) fue magistrada y en 1996 fue nombrada, por el Senado, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Asimismo, fue una de las fundadoras de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia. Fue alcaldesa de Madrid del 2015 al 2019. José Juan Toharia (Madrid, 1942) es el presidente de Metroscopia, desde la que ha profundizado a través de encuestas para el CGPJ el conocimiento que adquirió a través de su tesis doctoral El Juez español (Un estudio sociológico). Es doctor por la Universidad de Yale y su tesis la dirigió Juan José Linz. José Antonio Zarzalejos (Bilbao, 1954) es muchas cosas pero lo que más nos gusta decir es que es miembro del Consejo de Administración de Agenda Pública. Con él hemos incorporado a uno de los mejores periodistas de España, así como el que más sabe y mejor tiene analizada la justicia española. Actualmente es el presidente del Consejo Asesor de El Confidencial. Y, finalmente, se trata de la persona que ejerciendo como director de ABC estuvo en el lado correcto de la historia, resistiendo las presiones para que acogiera las teorías conspirativas de la matanza del 11-M en Madrid. La ciudadanía española haría bien en no olvidarlo.
Lejos del barro, sin ruido y con una vocación de servicio público, esta conversación intenta contribuir a responder a algunas de las preguntas que la ciudadanía se plantea sobre la justicia y los jueces y juezas en España y que, quizá, ocupan demasiado espacio en los medios de comunicación. Y, en realidad, como se afirma en la conversación: "La politización de los jueces es un mito, pero la ciudadanía sospecha porque los políticos y los medios hacen ruido".
El nuevo Consejo General del Poder Judicial se pone en marcha y también queremos aprovechar esta conversación para desear suerte y aciertos a la nueva vocal Argelia Queralt Jiménez, que fue una de las fundadoras y activa colaboradora de Agenda Pública.
Manuela Carmena (Madrid, 1944) fue magistrada y en 1996 fue nombrada, por el Senado, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Asimismo, fue una de las fundadoras de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia. Fue alcaldesa de Madrid del 2015 al 2019. José Juan Toharia (Madrid, 1942) es el presidente de Metroscopia, desde la que ha profundizado a través de encuestas para el CGPJ el conocimiento que adquirió a través de su tesis doctoral El Juez español (Un estudio sociológico). Es doctor por la Universidad de Yale y su tesis la dirigió Juan José Linz. José Antonio Zarzalejos (Bilbao, 1954) es muchas cosas pero lo que más nos gusta decir es que es miembro del Consejo de Administración de Agenda Pública. Con él hemos incorporado a uno de los mejores periodistas de España, así como el que más sabe y mejor tiene analizada la justicia española. Actualmente es el presidente del Consejo Asesor de El Confidencial. Y, finalmente, se trata de la persona que ejerciendo como director de ABC estuvo en el lado correcto de la historia, resistiendo las presiones para que acogiera las teorías conspirativas de la matanza del 11-M en Madrid. La ciudadanía española haría bien en no olvidarlo.
Lejos del barro, sin ruido y con una vocación de servicio público, esta conversación intenta contribuir a responder a algunas de las preguntas que la ciudadanía se plantea sobre la justicia y los jueces y juezas en España y que, quizá, ocupan demasiado espacio en los medios de comunicación. Y, en realidad, como se afirma en la conversación: "La politización de los jueces es un mito, pero la ciudadanía sospecha porque los políticos y los medios hacen ruido".
El nuevo Consejo General del Poder Judicial se pone en marcha y también queremos aprovechar esta conversación para desear suerte y aciertos a la nueva vocal Argelia Queralt Jiménez, que fue una de las fundadoras y activa colaboradora de Agenda Pública.
En primer lugar, me gustaría pediros una primera valoración del acuerdo al que han llegado el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Manuela Carmena (M. C.): Por fin el órgano está cubierto y eso es bueno. La situación era insostenible. Se había convertido en un desastre. Se lleva haciendo mal mucho tiempo. Estamos despreciando a la gran institución que es el Parlamento. El ministro Gallardón hizo una propuesta de nombramiento de los jueces profesionales, es decir, de los 12 jueces y magistrados, que era razonable. Dijo: "Que los jueces elijan a aquellos que crean que deben ser candidatos y que lo hagan de dos maneras: por un lado, a través de las asociaciones, y por otro, a través de jueces independientes que consigan apoyos de determinados compañeros". Después, van a ser el Congreso y Senado los que, siguiendo unos reglamentos muy claros, van a elegir entre los candidatos y van a explicar por qué eligen a uno y a otro antes de votar.
Naturalmente, la votación es una votación cualificada, de tres quintos. Probablemente, van a producirse varias votaciones. Por eso, en el reglamento del Congreso, se dice que el presidente del Congreso podrá suspender las votaciones para que haya intercambio cuando, de alguna manera, se atasquen esos tres quintos. Así se debe hacer, entre otras cosas, porque la sociedad necesita saber por qué el Parlamento, la soberanía nacional, elige a unos u otros magistrados. No se trata de cuál sea su ideología política, sino de su línea de actuación respecto a las competencias del Consejo.
"La sociedad necesita saber por qué el Parlamento, la soberanía nacional, elige a unos u otros magistrados"
El Consejo tiene muchas competencias, muchísimas, y muy trascendentes. En principio, es el órgano de gobierno de los jueces. Garantiza su independencia, pero también su gobierno y, por ello, de él depende también la disciplina. El juez tiene que someter al CGPJ su actuación profesional, que no es jurisdiccional, sino la relativa a su comportamiento con los ciudadanos, con los compañeros o con la estructura organizativa... Y además de esa disciplina, el Consejo tiene la responsabilidad de la formación, puesto que tiene que estar viendo de qué se adolece, qué hay que mejorar, qué necesitan los jueces y magistrados para dar su correspondiente cumplimiento.
Asimismo, tiene otras dos funciones que para mí son absolutamente esenciales. Una es la selección, que es importantísima. Va a ser el Consejo del Poder Judicial quien decida cómo se elige a quienes van a ser los nuevos jueces. Aunque sería necesario un cambio legislativo para modificar el sistema tradicional de oposición, el Consejo tiene un papel determinante a la hora de fijar el programa de las oposiciones y en la posibilidad de efectuar cambios en esa selección.
No quiero esquivar la última competencia, sobre todo teniendo al lado al gran sociólogo de la justicia, a José Juan Toharia: el CGPJ tiene que conseguir que todas las sentencias que dictan los magistrados estén disponibles para la ciudadanía general. Se trata de facilitar no solo el conocimiento del criterio jurídico en el que se han basado, sino también del supuesto fáctico respecto al que se ha aplicado el criterio jurídico. Eso es clave, porque todas las sentencias son una radiografía sociológica de la sociedad española. Solamente conociendo cómo afectan las leyes a la sociedad se puede hacer un planteamiento interesante de seguimiento de la legislación, de evolución de la misma, etc. En este momento, el Centro de Documentación Judicial (Cendoj) no tiene ninguna posibilidad de hacer este estudio sociológico.
José Juan Toharia (J. J. T.): Siento alivio. Un órgano como el Consejo General del Poder Judicial no podía estar más tiempo inactivo; se estaba dañando enormemente la imagen de la justicia. La gente tiene la sensación de que la justicia está muy politizada, y digo la sensación porque luego, cuando hacemos sondeos, no sale eso.
Mi primer trabajo sobre la justicia fue en el año 72 y, desde entonces, he hecho regularmente sondeos sobre los jueces, a los jueces y sobre lo que piensa la ciudadanía. Ha habido consejos más avanzados, menos avanzados, con presidentes más de derechas o menos de derechas... y lo que nadie puede decir es que, cada vez que ha cambiado el Consejo, han cambiado las orientaciones de las sentencias. Eso no hay manera de sostenerlo. No entiende nada quien crea que, con un Consejo de un color o de otro, cambiará el tono general de las sentencias de los 5.400 jueces. Por cierto, tenemos la tercera tasa de juez por habitante más baja de Europa, lo cual explica muchos de los problemas de nuestra justicia.
"En un estudio reciente, los propios jueces consideraban masivamente ofensivo que se pensara que su ideología o la de sus compañeros pudiera influir de forma excesiva en las sentencias"
Una confusión es pensar que los jueces actúan por ideología. Los jueces son personas como las demás, tienen sus ideas, tienen sus criterios, tienen sus filias y fobias, pero, ante todo, son jueces. Un juez es un profesional y, en cambio, está bajo sospecha permanente. En un estudio reciente, los propios jueces consideraban masivamente ofensivo que se pensara que su ideología o la de sus compañeros pudiera influir de forma excesiva en las sentencias. El tema se emborrona con el intento bienintencionado del Gobierno en el año 85 —entonces era ministro de Justicia Fernando Ledesma— de que los miembros de la judicatura eligiesen a los candidatos a vocales y luego, de entre esa lista de candidatos, el Parlamento decidiera.
El PP recurrió la primera ley orgánica y la sentencia del Constitucional fue favorable, diciendo que no era inconstitucional, pero sí señalaba que la ley era peligrosa y que convenía reformarla cuanto antes. La sentencia sostenía que la ley introducía, en la mecánica de nombramiento final de jueces, criterios políticos. Decía textualmente que estos son "aceptables" en otros órdenes de la vida pública, pero que en el ámbito de la justicia no tienen cabida.
Asimismo, se habla mucho de que los jueces son una casta cerrada. No es cierto, los jueces son muy plurales en sí mismos. Ahora, por sexo, predominan las mujeres porque aprueban más la oposición. Lo que sigue habiendo es un sesgo socioeconómico porque para preparar una oposición así, muy dura, muy exigente, y poder entrar en la escuela judicial, hace falta pasar una serie de años en los que no puedes trabajar. Y aunque España es un país ya de clase media y somos la cuarta economía europea, sigue creando un sesgo, entre comillas y minúsculas, clasista. Los mejores no siempre tienen medios económicos o familiares para poder dedicarse a ello.
José Antonio Zarzalejos (J. A. Z.): Concuerdo con ambos. Hemos transitado de un proceso parlamentario a un proceso partitocrático. Tengo aquí la carta de Carlos Lesmes en la que comunica a los presidentes del Senado y del Congreso que deben iniciar los trámites parlamentarios para la renovación del Consejo. Estamos hablando de agosto del año 2018.
Como cuestión previa, a mí me ha producido cierta inquietud e incluso desazón que el acuerdo se haya obtenido bajo una especie de arbitraje de la Unión Europea, teniendo en cuenta que el órgano de gobierno de los jueces es una institución de carácter constitucional con un mandato clarísimo, desarrollado por un bloque de constitucionalidad que es la Ley Orgánica del Poder Judicial. Que hayamos tenido que acudir a un arbitraje externo denota que la capacidad de diálogo, de consenso, de circulación de ideas, es muy problemática en España. Y esto no solamente está ocurriendo o ha ocurrido con el CGPJ, sino que se está produciendo, en general, en todo el entramado institucional.
Dicho esto, me parece que este acuerdo es más que un acuerdo. Incorpora una proposición de ley que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para las mayorías en el nombramiento de magistrados, y va a favorecer que haya acuerdos transversales. También reforma el Estatuto del Ministerio Fiscal, en el sentido de que establece un periodo de carencia de cinco años antes de acceder a la Fiscalía sin cargo político previo. Además, establece que los jueces o magistrados no podrán reingresar al servicio activo hasta dos años después del cese en un cargo político. Esto incide directamente en las llamadas puertas giratorias.
Asimismo, es muy interesante que haya una disposición adicional en la proposición de ley a la que aludía antes para que, una vez que el Consejo esté constituido, eleve en seis meses una propuesta a las Cortes Generales sobre cómo debería ser la participación de los jueces y los magistrados en la elección de los 12 vocales profesionales. Aunque se habla de estándares europeos, no hay exactamente un estándar europeo común para elegir a esos 12 miembros, porque, allí donde hay consejos judiciales, las fórmulas de acceso o de votación cambian mucho. Va a ser difícil encontrar un paradigma europeo para ese informe.
Finalmente, me gustaría apuntar dos cosas interesantes. La primera es que, en anteriores renovaciones, todos sabíamos de antemano quién iba a ser el presidente o la presidenta del Consejo General del Poder Judicial. En este momento no hay nadie, in pectore, por lo menos que se conozca. Y es difícil que no se conozca quién va a ser el presidente tanto del Consejo como del Tribunal Supremo, porque no hay que olvidar que el presidente del Consejo lo es también del Tribunal Supremo. A mí me parece que esto abre ya un debate más en serio y más libre dentro del Consejo, lejos de los partidos políticos o de los poderes políticos. Y la segunda cosa interesante es que los 20 miembros elegidos, suscritos en una lista conjunta, tienen en general perfiles muy profesionales, con trayectorias que parten desde los juzgados de primera instancia e instrucción, de la abogacía, de la universidad… Me parecen unos perfiles muy desprovistos de sospecha, de contaminación. Y en ese sentido, ha sido una buena elección.
"Los 20 miembros elegidos tienen en general perfiles muy profesionales, con trayectorias que parten desde los juzgados de primera instancia e instrucción, de la abogacía, de la universidad"
Es una pena que no haya habido un sistema de previsión para cuándo el Consejo termina su mandato. Y el hecho de que quede en funciones, según la última modificación de la ley orgánica, es una medida insuficiente. ¿Por qué? Porque puede continuar en funciones mucho tiempo. No incentiva suficientemente a los grupos parlamentarios, ni al Gobierno ni a la oposición. Lo verdaderamente determinante hubiera sido establecer que cesase el Consejo y quedase simplemente una comisión permanente, puramente administrativa. Ya hemos visto que los grupos parlamentarios, el Gobierno y la oposición —en este caso, el Partido Popular— pueden paralizar la renovación del Consejo.
En conjunto, yo me quedaría con el mensaje positivo de que es un acuerdo adecuado, razonable; que incorpora, además, una proposición de ley; que no sabemos quién va a ser el presidente o la presidenta del Consejo, y que los perfiles de los 20 vocales son profesionales.
¿Hay o no hay politización de la justicia? La percepción que yo tengo es que hay un doble nivel. Están los jueces y magistrados de los llamados tribunales importantes (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional…). Y luego está el mundanal juez, que va a su trabajo, que dicta sentencias sobre temas del día a día de la sociedad española, y cuya labor tiene repercusión, pero no política. Hay otros tribunales en los que queda más claro que una sentencia o una decisión de un magistrado tiene o puede tener una lectura política.
M. C.: No me puedo resistir a hacer una pequeña apostilla a lo que ha dicho José Antonio. Claro que sí, es positivo que pueda haber una nueva proposición de ley. Lo que ocurre es que si lo volvemos a hacer igual de mal que lo hemos hecho hasta ahora, no será positivo. A mí una de las cosas que me desespera es que no seamos capaces de analizar que, en lo que ha sucedido durante estos cinco años, hay una responsabilidad extraordinaria del Congreso de los Diputados. No han querido convocar ellos la elección de los vocales, ni los de antes ni los de después. Y hay una responsabilidad extraordinaria de todos los diputados y senadores, puesto que la ley era taxativa. Ha habido un pacto de incumplimiento de la ley en el Congreso. ¿La institución que representa la soberanía nacional ha decidido incumplir la ley y no pasa nada? Yo creo que eso es de una gravedad tremenda. Si ahora no somos capaces de analizar por qué la última reforma de la selección de los jueces y magistrados para el Consejo del Poder Judicial —que se efectuó con Gallardón de ministro— no ha funcionado, volveremos a hacer otra norma que volverá a incumplirse. Sistemáticamente incumplimos las normas que aprobamos.
En el 2020 se firmó un Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, en el que convinieron todos los partidos políticos sobre la reforma de la justicia. ¿Qué se ha hecho? Nada de nada. Entonces, ¿qué sentido tiene que sigamos haciendo proposiciones de ley si luego no somos capaces de evaluarlas?
Respondiendo a tu pregunta: los jueces no pueden comprender a una clase política tan absolutamente irreflexiva, tan irrespetuosa, tan poco formada. En general, en la judicatura hay un desprecio hacia la clase política, lo cual es preocupante. Y lo hay desde el juez de abajo hasta el juez de arriba. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que los políticos, cada vez que un juez resuelve algo, lo vinculan a la ideología del juez, a su pertenencia a una u otra asociación judicial…
Las etiquetas las ponen los medios de comunicación y las ponen porque la clase política quiere jugar a la politización de los jueces. Ahora mismo, por ejemplo, no hay un análisis de cómo, efectivamente, el Tribunal Constitucional, en muchísimas ocasiones, ha censurado al Tribunal Supremo. Esa es la definición de lo que debe ser un Tribunal Constitucional.
El juez medio, aunque procura no demostrarlo, no respeta a los políticos porque los ve sin entidad personal. Y la ciudadanía tiene la imagen falsa de que los jueces son de derechas. No es verdad. Cuando lo hemos preguntado en sondeos, lo que sale es: "Sí, hay una cierta mayoría de jueces de centro derecha, pero no fascistas". Una cosa muy notable de España, desde que he sido capaz de controlar los escalafones de la judicatura y me remito a la Segunda República, es que nunca ha habido una purga masiva de jueces en España.
En el tránsito de la dictadura a la democracia, no hubo ninguna purga, porque los jueces ya habían fundado Jueces para la Democracia en el año 71, con Franco todavía vivo. Era clandestino, pero tenía una fuerza moral enorme. Cuando hice el primer estudio en el 72, la judicatura ya era muy variada, muy plural, aunque predominara un cierto conservadurismo.
"El porcentaje de jueces que dicen que no ha visto nunca a su alrededor a ningún compañero que actúe por motivaciones políticas es del 99%, es decir, la totalidad. La politización de los jueces es un mito"
Hay, además, un dato muy importante. El porcentaje de jueces que dicen que no ha visto nunca a su alrededor a ningún compañero que actúe por motivaciones políticas es del 99%, es decir, la totalidad. Por lo tanto, la politización de los jueces es un mito, pero la ciudadanía sospecha porque están los políticos y los medios haciendo ruido.
J. A.Z.: Estoy de acuerdo en todas las reflexiones relativas al papel que deberían tener y no tienen las Cortes Generales, tanto el Congreso como el Senado. Pero hay que reparar en que este es un fenómeno bastante general, no solamente en España, sino también en las demás democracias occidentales. También hay que tener en cuenta el uso abusivo, en los últimos años, de los decretos leyes, que dejan al Congreso de los Diputados como una mera instancia convalidadora. Los grupos parlamentarios se convierten en correas de transmisión, bien del partido de Gobierno, bien del partido de la oposición. Y así no cumplen con la misión nuclear que democráticamente les entrega la Constitución como poder del Estado.
La pregunta que formulas sobre la politización es importantísima y ha sido muy bien estudiada en las sucesivas encuestas que ha hecho Metroscopia bajo la dirección de José Juan. El derecho, y lo ha dicho también Manuela —que además es magistrada y fue vocal del CGPJ—, es conservador.
El derecho es conservador por su propia naturaleza. Una de las fuentes del derecho es la jurisprudencia, es decir, el antecedente. El antecedente del antecedente del antecedente. Y, por lo tanto, la jurisprudencia hace que, en las resoluciones judiciales, haya una referencia más de pasado que de presente y de futuro. Además, hay un sistema de recursos que lo que trata, precisamente, es de depurar elementos que distorsionen la correcta aplicación de las normas, no solamente en la valoración de la prueba, sino también en las garantías procesales.
Por ejemplo, la Audiencia Nacional, por un defecto de forma —en este caso, porque se ha sobreseído en un solo día, en la prórroga de una instrucción penal—, tumba la llamada causa del tsunami, lo que conlleva inmediatamente que el juez García Castellón tenga que comunicar el archivo de este asunto a Susana Polo, que es la magistrada instructora de la causa en el Tribunal Supremo. Este me ha parecido un caso clarísimo en el que los propios jueces, por el sistema de recursos, depuran las decisiones en lo formal y en lo material. Por lo tanto, el sistema de recursos es muy importante.
"¿Puede haber jueces politizados? Sí. ¿Y por qué se produce esa impresión? Pues muchas veces porque hay jueces que, en su plenitud profesional, se pasan a la política. Y después regresan inmediatamente a la judicatura"
En cuanto a otros aspectos, ¿puede haber jueces politizados? Sí. ¿Y por qué se produce esa impresión? Pues muchas veces porque hay jueces que, en su plenitud profesional, se pasan a la política. Y después regresan inmediatamente a la judicatura. Claro, ahí surge una apariencia de no imparcialidad, o puede surgir. Si hacemos la cuenta de magistrados, jueces y fiscales que han estado en la política y que, al dejar el cargo, han regresado inmediatamente a los puestos judiciales o fiscales, veremos que no son pocos. Por lo tanto, hay un cierto recelo que está justificado y, por ello, es muy importante que se establezcan períodos de carencia.
El sesgo mayoritario que puede haber en los nombramientos por parte del Consejo General del Poder Judicial también pesa. Precisamente, el sistema de designación por mayorías transversales, que se ha acordado para el futuro inmediato, ayuda a resolver también que ese sesgo pueda marcar el nombramiento, pongo por caso, del presidente de una sala del Tribunal Supremo.
Y finalmente, sí quiero hacer una referencia al Tribunal Constitucional. Muchas veces los ministros —y los no ministros y los medios de comunicación—, con esa falta de conocimiento técnico tan apabullante, hablan del Tribunal Constitucional como el vértice de la pirámide jurisdiccional. Aunque no lo es, sino que es una corte de garantías constitucionales. Pero, ¿tiene capacidad de revisión de las sentencias? Sí, a través del recurso de amparo, que es lo que ha ocurrido en el tema muy reciente y muy actual de los ERE de Andalucía. El grave peligro es que, a través del recurso de amparo, haya un exceso de jurisdicción. Es decir, que el Tribunal Constitucional entre en una función puramente jurisdiccional ordinaria, aquella que le corresponde a los tribunales de justicia. El Tribunal Supremo es una instancia irrevocable, no lo olvidemos, salvo la posibilidad de ir al Tribunal de Derechos Humanos.
¿A qué trato de llegar? Personas que han tenido cargos políticos de confianza de los sucesivos gobiernos, no deberían acceder al Tribunal Constitucional como magistrados. Hayan sido subsecretarios, secretarios de Estado, ministros, fiscales generales del Estado… no deberían ser magistrados o, por lo menos, tendría que transcurrir un larguísimo periodo de carencia. Lo mismo que ahora se ha planteado para la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, debería ser también aplicable a los magistrados del Tribunal Constitucional.
Todas estas circunstancias hacen que la realidad percibida, aunque no sea la auténtica, sea de una cierta politización. Y una última reflexión: los medios de comunicación —y yo debo reconocerlo porque estoy directamente concernido por ello— hemos caído en un lenguaje divisivo y tildamos con una cierta banalidad a jueces y magistrados de progresistas, de conservadores, de rojos, de azules… Los medios de comunicación tenemos que hacer una reflexión sobre si estamos contribuyendo a una artificiosa politización de las instancias jurisdiccionales, dejando al margen el Tribunal Constitucional, que es una cosa diferente.
J. J. T.: No hay político, por demócrata que sea, que en su fuero interno no desee tener una justicia complaciente y que no le plantee pegas. Lo que sí te dice la gente en los sondeos es que una forma de controlar la justicia es ahogarla, no darle los medios que necesita. Nuestra justicia es la tercera o la segunda peor dotada de los 27 países de la UE. Tiene muchos casos que resolver; la pendencia son tres millones al año. Además, la justicia está muy mal pagada. Está muy extendida la sensación ciudadana de que la forma de los políticos de incidir en la justicia es racanear con los medios.
M. C.: A mí me gustaría incidir en los perfiles que deben tener los magistrados del Tribunal Constitucional; en los perfiles que deben tener los magistrados y los vocales del CGPJ; en los perfiles que deben tener los presidentes de las salas, y cuáles, en última instancia, deben ser los perfiles que queremos que tengan nuestros jueces y juezas. Es bastante sorprendente que hablemos tanto de ideología y no de perfil. Aquí me voy a referir a un exmagistrado del Tribunal Constitucional de Sudáfrica al que tuve la inmensa suerte de conocer: Albie Sachs. Miembro del Congreso Nacional Africano durante la dictadura y el apartheid en Sudáfrica, era abogado y fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional en la democracia. Recuerdo que me dijo: "He tenido mucha relación con Nelson Mandela, pero ahora, como magistrado del Tribunal Constitucional, mi obligación es decirle cuándo se equivoca, cuándo ha hecho algo mal, corregirlo".
La esencia de un magistrado del Tribunal Constitucional es que sea un hombre político. Sí, da igual que sea un magistrado de carrera o que sea abogado, pero que sea extraordinariamente independiente, que sepa que, por encima de todo, va a ayudar a quien está más cerca, precisamente, diciendo que se ha equivocado. Es la belleza de las instituciones, es la belleza del derecho. El derecho tiene esa enorme función pedagógica y no es hacerte la pascua, sino que te digan que has hecho una mala ley o que has hecho una resolución equivocada. El magistrado del Tribunal Constitucional debe ser un hombre político, sí, pero siempre radicalmente independiente.
"Los vocales del Consejo General del Poder Judicial tienen que tener capacidad de gobierno, capacidad de organizar, capacidad de empatía, capacidad de llegar a acuerdos, capacidad de gobernar, que tengan una línea política y que sepan qué quieren hacer"
¿Qué pasa con los vocales del Consejo? Es otro perfil. Para mí lo esencial es que tengan capacidad de gobierno, capacidad de organizar, capacidad de empatía, capacidad de llegar a acuerdos, capacidad de gobernar, que tengan una línea política y que sepan qué quieren hacer. Y cuando hablo de línea política no hablo de partido, sino de cómo se va a hacer la formación, cómo se va a hacer la disciplina. Y claro que sí, la justicia ahora tiene falta de medios, pero sobre todo está carente de organización. No hay ninguna organización, ninguna. Cada uno hace lo que quiere porque nadie manda. Para que nos hagamos idea, en una pequeña oficina judicial, resulta que tenemos al juez, que depende del Consejo; al secretario judicial, que ahora se llama el letrado de la Administración de Justicia y que depende del Ministerio de Justicia, y a los funcionarios que, para colmo, dependen de las comunidades autónomas.
Hay una cosa que no has dicho: otra función son los nombramientos de ciertos jueces.
M. C.: Te lo voy a explicar muy claro. Yo he tenido la enorme suerte y la enorme responsabilidad de ser la alcaldesa de Madrid. Cuando he tenido que nombrar a un cargo, he pensado cuál era el mejor perfil para el cargo. Y de verdad, la ideología me ha importado poquísimo. Llamó mucho la atención que yo nombré encargada de todo lo relativo con el comercio a una persona que había sido subdirectora con el Partido Popular. En los nombramientos lo verdaderamente importante son los perfiles. Tú no puedes nombrar magistrado presidente de una audiencia provincial a uno que haga las sentencias fenomenales, pero que no tenga ninguna empatía, que no tenga paciencia, que no tenga capacidad de organización… Es una locura.
J. A. Z.: Cuando hablamos de que los jueces tienen que tener criterio político no estamos hablando de criterio activista. Es verdad que el Tribunal Constitucional es una corte de carácter político, en el mejor sentido del concepto político, es decir, no necesariamente sectario. Y aquí hay que decir que nuestra legislación no está mal. Hay unas condiciones evidentes para que los magistrados del Tribunal Constitucional sean independientes. Deben serlo porque, además, cuando cesan, después de nueve años, pueden volver y de hecho vuelven a la cátedra, a la abogacía e incluso a la jurisdicción. Es decir, no dependen ni del Gobierno ni de los partidos ni de nadie para ganarse su vida. Esto es para que sean independientes, no para que no tengan criterios de política. Tienen que tener criterios políticos, lo que no tienen es que tener criterios partidistas.
No pasa porque se ha producido una deriva partitocrática. Los tres acabamos de subrayar el papel secundario que tiene el poder legislativo. Y estamos subrayando también que no se encara este problema con criterios de eficiencia y de servicio público. Por eso, efectivamente, hay que buscar no solamente a un juez que haga unas divinas y magníficas sentencias en el orden penal o el orden administrativo, sino también que tenga capacidad de gestión.
Hay, además, otra cuestión que no quiero que se me olvide cuando se habla de la provisión de puestos judiciales. Primero, algunos exigen una especialización, una especialización muy concreta. No se puede acceder, por ejemplo, al orden contencioso administrativo sin una especialización. Y después está la propia trayectoria. Un señor o una señora que ha empezado en un juzgado de instrucción, ha seguido a la sala penal en una audiencia provincial, luego ha ido a un tribunal superior y después a la Audiencia Nacional, siempre en el orden penal, y que además ha podido ser docente y hacer publicaciones, tiene conocimientos y competencia. Es decir, hay trayectorias que son reconocibles, suficientemente objetivas, para proveer los puestos. Hay que ganárselo a pulso. Y esto, corregido y aumentado cuando se trata de magistrados del Tribunal Supremo y, mucho más, cuando se trata de presidentes de sala. Es un sistema de equilibrios.
Y en otro orden de cosas, fruto de la gestión del Estado autonómico, vemos que hay comunidades a las que se han transferido las competencias en materia de justicia y a otras a las que no. Hay un doble régimen presupuestario y de dotación material a la oficina judicial. Es un problema para los ciudadanos, los jueces y los fiscales. No es lo mismo ejercer como juez en el País Vasco, hablando en términos de disposición de medios materiales, que hacerlo en Badajoz o hacerlo en Madrid. No hay comunicación, hay compartimentos estancos.
Antes los medios de comunicación tradicionales eran la referencia, tenían capacidad de generar opinión. ¿Hasta qué punto creéis que la imagen de la justicia y de los jueces ha cambiado con el acceso a un mundo inacabable de información, con los nuevos consumos y con la irrupción de tantos medios digitales?
J. J. T.: Hemos hecho un estudio sobre esto y te puedo decir que tenemos la maldición de las redes sociales, que es una maldición ficticia. Cuando preguntas a los ciudadanos de qué medios se fían más, siguen citando los periódicos impresos, clásicos. ¿Qué es lo que más siguen? Las redes sociales. ¿De qué se fían menos? De las redes sociales. ¿Qué es lo que más ruido hace? Las redes. Es un entretenimiento, es diversión, pero no se lo toman en serio. A su vez, los jueces, te reconocen que, aunque no se han sentido condicionados, esta exposición sí les ha hecho pensar alguna vez. Lo único que les incomoda un poco es el ruido de las redes sociales. Yo creo que es una epidemia que va a pasar. Porque el país es mucho más culto, ya no es un país analfabeto, y para las personas sigue siendo más influyente el círculo íntimo inmediato.
M. C.: Esta nueva tecnología ha traído un incremento extraordinario de la mentira. Se miente muchísimo, todos los medios mienten. Y lo curioso es que no hay una reacción importante para castigar a los que mienten. No castigamos la mentira. No se castiga la mentira en el discurso político. Entonces, también hay mentiras en las crónicas judiciales.
"No se castiga la mentira en el discurso político. Entonces, también hay mentiras en las crónicas judiciales"
Nosotros ahora tenemos pendiente como generación resolver el tema de la mentira en las nuevas tecnologías. ¿Y cómo lo tenemos que resolver? Lo tenemos que resolver castigando a los mentirosos. No se me ocurre otra solución. Una cosa es la opinión y otra es la información. Nuestra Constitución es clarísima: hay un derecho a la opinión, a la información veraz, y otra cosa es la opinión. Cuando alguien ha mentido tremendamente y la indemnización para el afectado son 3.000 euros, no es suficiente.
J. A.Z.: Las indemnizaciones las establecen los juzgados de primera instancia, luego las audiencias provinciales y finalmente, en casación, la Sala Primera del Tribunal Supremo, en ese procedimiento preferente que es de amparo al honor, la intimidad y la propia imagen. Efectivamente, esas indemnizaciones son extraordinarias, específicamente bajas, y debieran ser punitivas. Punitivas en el sentido de que, aquel que procura una intromisión ilegítima en el honor, la intimidad o la imagen de una persona, mediante mentiras y descalificaciones, no solo debería ser reprochado desde el punto de vista moral y obligado a publicar la sentencia en los mismos medios, sino que debería tener un castigo patrimonial y, por lo tanto, tendría que haber una indemnización. Es verdad que a veces hay graves insultos, grandes descalificaciones, que se solventan con una condena de 3000 euros y que se publique la sentencia en un mes. Eso es verdaderamente ineficiente. Y esa es la principal cuestión, incluso la única, que hay que revisar en esa ley orgánica que regula el amparo del honor, la intimidad y la imagen.
Además, veo falta de rigor técnico. En el periodismo de hoy en día, cuando se ha proletarizado tanto nuestra profesión, no se apuesta por la formación adicional de los periodistas mediante másteres jurídicos, por ejemplo, como ocurre en otros países. Hay muy buenos periodistas, pero muy pocos en la crónica de tribunales, que era un género fundamental y que sigue siendo un género totalmente vertebral en el periodismo serio.
Después hay otra cuestión que también es muy importante: la notitia criminis. La Fiscalía General del Estado, en una instrucción para el Ministerio Fiscal de hace dos años y medio, estableció claramente que las informaciones de los medios de comunicación podían constituir una notitia criminis, que justificara la interposición de una denuncia e incluso de una querella. Fundamentalmente, de una denuncia más que de una querella, porque, lógicamente, entre una querella y una denuncia hay una sustancial importancia. ¿Cuántas veces las notitia criminis han sido a través de los medios de comunicación? ¿Cuántas veces? El no impeachment de Nixon se produjo por una publicación de una notitia criminis en un periódico. Estamos hablando del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que tuvo que dejar el cargo. Tuvo que dejar el cargo y la alternativa era un procesamiento.
No se puede dar por buenas todas las informaciones ni disminuir el papel de control social que pueden tener los medios de comunicación. Tampoco hay que apurarse demasiado por lo que se dice en las redes sociales, porque la sociedad las ve como infoentretenimiento. Ahora, un periódico que consciente y dolosamente publica noticias falsas, empieza a marcar su propio fin. El fin de un medio es la publicación de falsedades, de mentiras, de calumnias y de intromisiones en el honor, la intimidad y la imagen de los ciudadanos.
Finalmente, me gustaría hacer una reflexión que no se puede pasar por alto y menos hoy. El gran propietario de medios de comunicación en España es el poder público. Tiene la principal agencia de noticias. Tiene la radio y la televisión con mayor implantación y mayor financiación presupuestaria. Tiene la radio nacional, con varias cadenas, y prácticamente todas las comunidades autónomas tienen televisiones públicas, con una financiación mixta de publicidad y aportaciones presupuestarias. ¿Hay concurrencia o no de los poderes públicos en el mercado de la información?, ¿contribuyen también ellos a incrementar las falsedades, las opacidades, la falta de transparencia que existe?
J. J. T.: Hay un resumen de lo que hemos hablado. Los tres echamos en falta en nuestra cultura política y social un valor que ha sido desprestigiado, que es el de la independencia. Una persona que dice que es independiente corre el riesgo de que la llamen equidistante. El valor moral de la independencia se ha degradado, porque desde un extremo y desde el otro lo han convertido en cobardía o en un rechazo a posicionarse.
"La sociedad desea esa transversalidad que da la independencia"
M. C.: La sociedad desea esa transversalidad que da la independencia. Si identificamos la democracia con el voto, vamos fatal. Roberto Gargarella, en su último libro, afirma que la democracia fundamentalmente tiene que ser conversación y no voto. El futuro no es ni blanco ni negro, hay miles de matices, la sociedad es muy transversal.
J. A. Z.: Yo creo en la conversación, en la cultura cívica, en la tolerancia, y eso es perfectamente compatible con tener unos principios y los criterios personales y colectivos bien argumentados y firmes, pero siempre dispuestos a jugar en un marco, en un perímetro perfectamente democrático. Solamente así se avanza. Y si hay que soportar lo de la equidistancia y otras cosas, debe soportarse. En tiempos como este, siempre gana el que tiene el timón bien agarrado y sabe adónde va. Es eso de agradecer a Agenda Pública, un proyecto del que yo no soy ajeno, que defendamos estos criterios, que los defendamos sin arrogancia, pero sin escondernos.
Muchas gracias a los tres.
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27 de julio de 2026
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