Martes, 28 de julio de 2026
CARTA ABIERTA
Ministro Bolaños: para consolidarse como una democracia completa, España necesita transparencia
En su carta abierta al ministro Félix Bolaños, Alfonso Novales critica la falta de avances en materia de transparencia por parte de los sucesivos gobiernos españoles, a pesar de los compromisos asumidos. Aunque celebra las iniciativas del presidente del Gobierno para promover la transparencia en los medios de comunicación, Novales destaca que es la propia administración pública la que debe ser ejemplar en este ámbito. Señala la falta de claridad en la gestión de fondos públicos y la resistencia institucional a facilitar el acceso a la información como problemas clave.
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El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, interviene durante una sesión de control al Gobierno.Fernando Sánchez / Europa Press / ContactoPhoto
Estimado señor ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España:
La comparecencia, a petición propia, del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados para exponer las líneas maestras de su plan de regeneración democrática se centró en adelantar medidas que persigan una mayor transparencia de los medios de comunicación, en cuanto a su propiedad y a las fuentes de financiación que reciben.
Situar el foco en una mayor transparencia debe ser bienvenido por todos. Los medios de comunicación tienen un papel esencial en una democracia liberal: informan, y también son canales de formación de opinión. Por tanto, si bien sus análisis pueden estar razonablemente influidos por una determinada línea editorial, deben proporcionar información veraz, y no deben ocultar información relevante acerca de los temas que tratan.
No obstante, es la propia administración pública quien debe ser imprescindiblemente transparente. La transparencia es una de las claves de una democracia sana. La administración pública, supervisada por el gobierno y, en última instancia, por el parlamento, ejecuta recursos aportados por todos los ciudadanos (incluso por las generaciones futuras, si se recurre al endeudamiento). Es, por tanto, esencial, que los ciudadanos reciban información clara y cierta acerca de la utilización de dichos fondos. Tal información es necesaria para la evaluación de políticas públicas, ejercicio que debe poder realizarse libremente desde fuera de la administración.
La transparencia también es imprescindible para un ejercicio de rendición de cuentas riguroso de los responsables públicos, que quiera ir más allá de meras generalidades, desde las que resulte muy sencillo ensalzar la tarea realizada por quien rinde cuentas. Sobre estas cuestiones (y algunos aspectos más de la gestión pública) se comenta críticamente y se aportan propuestas de mejora en un reciente informe de FEDEA (Ciudadanos ante la administración: reflexiones críticas y recomendaciones).
Desde la aprobación de la Ley de Transparencia en 2013, hemos avanzado bastante en la sensibilización de la sociedad acerca del acceso a la información que genera la administración pública y la gestión de gobierno. Pero queda mucho camino por recorrer. En los últimos años, se ha venido trabajando en el reglamento que desarrolle plenamente la ley, cuyo borrador fue discutido en el Foro de Gobierno Abierto, así como en otras instancias. Cuando parecía estar listo, se paralizó su presentación y posible aprobación, con el argumento de que la ley de Transparencia iba a reformarse, uno de los objetivos del IV Plan de Gobierno Abierto.
Recientemente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) evaluó el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa impuestas por la Ley de transparencia de 81 entidades integrantes del Sector Público Institucional Estatal, alcanzando un índice medio de cumplimiento de tan solo un 43,3%.
El limitado avance logrado en transparencia parece responder a la resistencia a romper con la concepción de que son los ciudadanos quienes están al servicio de la administración, a cuyos requerimientos deben responder sin dilación, y sin pedir explicaciones ni, mucho menos, reclamar. Necesitamos comenzar a actuar bajo el convencimiento de que es la administración quien está al servicio de los ciudadanos, teniendo su bienestar como eje y centro de la gestión de los recursos públicos.
Actualmente, muchos ciudadanos tienen limitaciones de acceso a la información, y, en ocasiones, son requeridos a proporcionar sus datos y sus consultas en formatos que no saben manejar; aunque este problema es conocido, poco se ha resuelto. Por no mencionar las relativamente frecuentes solicitudes a los ciudadanos para proporcionar datos que ya obran en poder de la administración.
Nuestra desafortunada posición como uno de los países con mayor capacidad de generar normativa, la frecuencia con la cual modificamos las leyes ya aprobadas, y los recónditos lugares donde se publican dichas reformas, no contribuyen a la transparencia y generan inseguridad jurídica.
La creación de un registro de grupos de interés, incluido en el Plan Anual Normativo de 2023, no se materializó, y tampoco aparece en el Plan de 2024. Es necesario agilizar la aprobación de normas como la ley de secretos oficiales, para reducir los argumentos habitualmente aducidos para negar la información solicitada por los ciudadanos. El CTBG debe contar con los recursos necesarios, muy superiores a los actuales, tener capacidad sancionadora, y no ser conducido a litigios por ministerios que niegan la información solicitada por los ciudadanos.
En definitiva, queda mucho por hacer, pero no es tan preocupante la amplitud de este listado de cuestiones, como el escaso compromiso que nuestros sucesivos gobiernos mantienen con la transparencia, obligación inexcusable de la administración con los ciudadanos cuyo bienestar supuestamente persigue.
La comparecencia, a petición propia, del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados para exponer las líneas maestras de su plan de regeneración democrática se centró en adelantar medidas que persigan una mayor transparencia de los medios de comunicación, en cuanto a su propiedad y a las fuentes de financiación que reciben.
Situar el foco en una mayor transparencia debe ser bienvenido por todos. Los medios de comunicación tienen un papel esencial en una democracia liberal: informan, y también son canales de formación de opinión. Por tanto, si bien sus análisis pueden estar razonablemente influidos por una determinada línea editorial, deben proporcionar información veraz, y no deben ocultar información relevante acerca de los temas que tratan.
No obstante, es la propia administración pública quien debe ser imprescindiblemente transparente. La transparencia es una de las claves de una democracia sana. La administración pública, supervisada por el gobierno y, en última instancia, por el parlamento, ejecuta recursos aportados por todos los ciudadanos (incluso por las generaciones futuras, si se recurre al endeudamiento). Es, por tanto, esencial, que los ciudadanos reciban información clara y cierta acerca de la utilización de dichos fondos. Tal información es necesaria para la evaluación de políticas públicas, ejercicio que debe poder realizarse libremente desde fuera de la administración.
La transparencia también es imprescindible para un ejercicio de rendición de cuentas riguroso de los responsables públicos, que quiera ir más allá de meras generalidades, desde las que resulte muy sencillo ensalzar la tarea realizada por quien rinde cuentas. Sobre estas cuestiones (y algunos aspectos más de la gestión pública) se comenta críticamente y se aportan propuestas de mejora en un reciente informe de FEDEA (Ciudadanos ante la administración: reflexiones críticas y recomendaciones).
Desde la aprobación de la Ley de Transparencia en 2013, hemos avanzado bastante en la sensibilización de la sociedad acerca del acceso a la información que genera la administración pública y la gestión de gobierno. Pero queda mucho camino por recorrer. En los últimos años, se ha venido trabajando en el reglamento que desarrolle plenamente la ley, cuyo borrador fue discutido en el Foro de Gobierno Abierto, así como en otras instancias. Cuando parecía estar listo, se paralizó su presentación y posible aprobación, con el argumento de que la ley de Transparencia iba a reformarse, uno de los objetivos del IV Plan de Gobierno Abierto.
"Refleja el escaso compromiso de nuestros gobiernos con la transparencia; si bien lo mencionado puede achacarse al gobierno actual, la realidad es que tampoco otros gobiernos han mostrado un compromiso decidido por avanzar hacia una transparencia real"La realidad es que el Plan finalizó, la ley no se reformó, el reglamento no se aprobó y, lo que es peor, el Plan Anual Normativo para 2024 no recoge la reforma de la ley como objetivo legislativo para este año. Todo lo cual refleja el escaso compromiso de nuestros gobiernos con la transparencia; si bien lo mencionado puede achacarse al gobierno actual, la realidad es que tampoco otros gobiernos han mostrado un compromiso decidido por avanzar hacia una transparencia real.
Recientemente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) evaluó el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa impuestas por la Ley de transparencia de 81 entidades integrantes del Sector Público Institucional Estatal, alcanzando un índice medio de cumplimiento de tan solo un 43,3%.
El limitado avance logrado en transparencia parece responder a la resistencia a romper con la concepción de que son los ciudadanos quienes están al servicio de la administración, a cuyos requerimientos deben responder sin dilación, y sin pedir explicaciones ni, mucho menos, reclamar. Necesitamos comenzar a actuar bajo el convencimiento de que es la administración quien está al servicio de los ciudadanos, teniendo su bienestar como eje y centro de la gestión de los recursos públicos.
"Necesitamos comenzar a actuar bajo el convencimiento de que es la administración quien está al servicio de los ciudadanos, teniendo su bienestar como eje y centro de la gestión de los recursos públicos"Algunas mejoras posibles responden a este necesario cambio cultural: los formatos utilizados cuando la administración proporciona información son frecuentemente de difícil o imposible utilización. Informar no consiste en volcar toneladas de información: la página web del Plan de recuperación, transformación y resiliencia proporciona actualmente un listado de más de 25.000 convocatorias, pero no permite a un analista estructurar esa información de modo que permita una evaluación del grado de ejecución en busca de diferentes objetivos. Las distintas herramientas que, con mayor o menor éxito ha proporcionado la administración, quedan muy lejos de satisfacer los requisitos exigibles de transparencia; entre otras cosas, nada se sabe de las solicitudes recibidas en cada convocatoria, ni de los criterios utilizados para la resolución de las mismas.
Actualmente, muchos ciudadanos tienen limitaciones de acceso a la información, y, en ocasiones, son requeridos a proporcionar sus datos y sus consultas en formatos que no saben manejar; aunque este problema es conocido, poco se ha resuelto. Por no mencionar las relativamente frecuentes solicitudes a los ciudadanos para proporcionar datos que ya obran en poder de la administración.
Nuestra desafortunada posición como uno de los países con mayor capacidad de generar normativa, la frecuencia con la cual modificamos las leyes ya aprobadas, y los recónditos lugares donde se publican dichas reformas, no contribuyen a la transparencia y generan inseguridad jurídica.
"Los ciudadanos deben saber quién genera las leyes y qué objetivos persiguen; en este sentido, las agendas de los altos cargos deben ser públicas, como en los países con los que nos gusta compararnos"Otras mejoras afectan directamente al contenido de la ley de Transparencia, y debieran ser consideradas en esa reforma que ha quedado abandonada. Muchos analistas de la transparencia concuerdan en solicitar que el acceso a la información sea considerado como un derecho fundamental. Los ciudadanos deben saber quién genera las leyes y qué objetivos persiguen; en este sentido, las agendas de los altos cargos deben ser públicas, como en los países con los que nos gusta compararnos.
La creación de un registro de grupos de interés, incluido en el Plan Anual Normativo de 2023, no se materializó, y tampoco aparece en el Plan de 2024. Es necesario agilizar la aprobación de normas como la ley de secretos oficiales, para reducir los argumentos habitualmente aducidos para negar la información solicitada por los ciudadanos. El CTBG debe contar con los recursos necesarios, muy superiores a los actuales, tener capacidad sancionadora, y no ser conducido a litigios por ministerios que niegan la información solicitada por los ciudadanos.
En definitiva, queda mucho por hacer, pero no es tan preocupante la amplitud de este listado de cuestiones, como el escaso compromiso que nuestros sucesivos gobiernos mantienen con la transparencia, obligación inexcusable de la administración con los ciudadanos cuyo bienestar supuestamente persigue.
Alfonso Novales Cinca
Investigador en el Instituto Complutense de Análisis Económico y Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
Doctor en Economía (U. de Minnesota, EE.UU.) y Doctor en Ciencias Matemáticas (U. del País Vasco, España). Ha sido 'Assistant Professor' en State University of New York, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, Investigador visitante en Yale U., Yokohama U., y Keio U. (Tokio), y director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fdea). Es autor o co-autor de libros de texto sobre Estadística, Econometría, Macroeconomia, Crecimiento Económico, y de cinco libros de investigación sobre política monetaria, mercado de trabajo y economía industrial.
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27 de julio de 2026
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