En las democracias fallidas, o en las que llevan el camino de serlo, la lucha política desborda casi siempre a la institucionalidad, utilizando los organismos del Estado —jueces, policías, militares, diputados, ministros, etc.— como meros peones para dañar al rival. Con total, mayor o menor connivencia de los peones, por cierto.
En el fondo, lo que sucede en esos Estados es que casi nadie con poder —o que aspire a tenerlo— se cree esa institucionalidad. En realidad, algunos sujetos intentan acaparar todas las instituciones, lo que es puro totalitarismo, aunque sorprendentemente pocas veces se diga así. Eso sí, suelen empeñarse en mantener esas instituciones aparentes tanto para fingir tener una falsa imagen democrática como para poder colocar allí a unos cuantos estómagos agradecidos.
Sobran ejemplos en el mundo de todo lo anterior. Consulten cualquier índice estadístico de corrupción y verán con facilidad qué estados están en la mitad inferior de la tabla.
En ellos encontrarán siempre a esas democracias fallidas junto a las dictaduras descaradas, con alguna excepción sorprendente, pues siempre hay alguna dictadura opulenta interesada en manipular los índices. No se sorprendan al comprobar que esos Estados que tienden más o menos al totalitarismo son la enorme mayoría.
"Cada vez que la corrupción aparece en democracia, asoma la nariz la dictadura"
La democracia es difícil y necesita cultura jurídica y conocimiento de la historia. La dictadura, en cambio, posee en el mundo una tradición de milenios y muy sencilla de entender.
De hecho, lo que llamamos corrupción equivale a la dictadura, porque ningún país que posea una élite que mueve los hilos, puede considerarse igualitario. Dicho de otro modo, cada vez que la corrupción aparece en democracia, asoma la nariz la dictadura.
La evitación del totalitarismo requiere dos pilares fundamentales que provienen —con inspiración griega y romana republicana— de Inglaterra, donde en el siglo XVII se propusieron acabar con el totalitarismo de los reyes absolutos. Para ello, se diseñó un sistema en que el rey perdiera el poder de promulgar leyes, siendo esa creación legislativa competencia exclusiva del parlamento. A la vez, se suprimió también el poder del rey de designar jueces. Acababa de nacer así la división de poderes. El diseño se completó realmente cuando, bastante tiempo después, los miembros de ese parlamento empezaron a ser elegidos por la población en sufragio universal. La división de poderes es, por tanto, ese primer pilar de la democracia.
El segundo pilar son los derechos fundamentales, de origen también sustancialmente inglés, pero especialmente desarrollados en la Constitución de los EE. UU. casi un siglo después. Sucedió que algunos de los sublevados americanos se dieron cuenta de que la división de poderes, por sí sola, no garantiza la libertad si esos poderes pueden abusar del pueblo, retrocediendo así de nuevo a la tiranía. Por ello, se atribuyó a los ciudadanos una serie de derechos que las instituciones no podrían vulnerar, algunos tan importantes para su libertad como la vida, la integridad física, la intimidad o el derecho de defensa ante la Justicia, y otros tan relevantes para la democracia como la libertad de expresión, que comprende las libertades de prensa y de opinión. Esos derechos fundamentales son un espacio infranqueable para las autoridades, salvo en casos realmente excepcionales en que el abuso de esos derechos compromete a las propias instituciones del Estado al conseguir manipularlas.
"En España, por desgracia, se están empezando a detectar señales que se están acelerando en los últimos años de una manera peligrosa"
Eso es justamente lo que sucede en algunas democracias con camino de ser fallidas. Sus enemigos manipulan los medios de comunicación, convierten la intimidad en clandestinidad para tejer sus redes de favores mutuos y finalmente, un día, toman el poder haciendo que las instituciones sean sus títeres, anulando los derechos fundamentales que les permitieron corromperlas. Una estúpida vuelta al totalitarismo aplaudida por demasiados ciudadanos ingenuos.
En España, por desgracia, se están empezando a detectar señales de esa podredumbre que se están acelerando en los últimos años de una manera peligrosa. De ese modo, estamos viendo a medios de comunicación que hacen del bulo su línea editorial, provocando que los ciudadanos no solo desprecien la libertad de prensa, sino que solo quieran oír aquello que coincide con su ideología previa. También vemos a diputados y senadores que convierten el parlamento en un circo indigno cada vez que pueden, favoreciendo así que los ciudadanos rechacen la importancia de la institución.
A la vez, algunos —pocos— jueces deciden acompañar todo lo anterior con resoluciones sesgadas políticamente. Tal vez lo hagan en ocasiones con mala fe, pero con frecuencia lo hacen con la errónea creencia de que su
independencia no equivale a su neutralidad —como debería ser—, sino que supone la aplicación libérrima de su simple voluntad en sus resoluciones. Incluso, peor aún, a veces aplican la voluntad de los políticos, de quienes dependen sus ascensos o los de sus compañeros afines.
"Debiendo ser los tribunales los órganos más neutrales de todo el Estado, están obligados a intentar eludir al máximo entrar en la brega política"
Debiendo ser los tribunales los órganos más neutrales de todo el Estado, están obligados a intentar eludir al máximo entrar en la brega política.
Esto incluye, sobre todo, inadmitir con mayor facilidad y rapidez denuncias y querellas de trasfondo político con escaso fundamento, aplicar la presunción de inocencia y evitar condenas cuando no se ha logrado destruir esa misma presunción más allá de toda duda razonable. Deberían hacerlo con mayor celo, si cabe, que en el resto de los casos, pues está en juego no solo el destino de algunas personas, sino la mismísima estabilidad del Estado.
Sin embargo, en ocasiones ven delito donde solo hay una mera conjetura y, en cambio, tachan de conjetura evidentes indicios de delito, amparándose en ambos casos en la ambigüedad e incertidumbre que gobiernan al principio de cualquier investigación.
"La idea sería evitar que lo que no son más que salivazos entre políticos, se conviertan en resoluciones judiciales que puedan tener consecuencias electoralistas en la opinión pública"
La idea sería evitar que lo que no son más que salivazos entre políticos, se conviertan en resoluciones judiciales que puedan tener consecuencias electoralistas en la opinión pública. Si los ciudadanos acaban viendo que algunos jueces no visten togas, sino camisetas de su opción política, les acabarán despreciando. Al final, cuando hay una guerra, siempre hay víctimas. Y en las guerras políticas en que se implica a la Justicia, la principal víctima es siempre una muy concreta: la propia Justicia.
No debiera perderse de vista un efecto contagio en todo lo anterior proveniente del extranjero. EE. UU. está dejando de ser el referente que un día fue. Puede que porque existan allí poderes económicos demasiado relevantes que están utilizando su insultante riqueza inmensa, no exactamente para acabar con la institucionalidad, sino para hacerse con ella mientras gritan falazmente "libertad", insuflando a demasiada gente un desprecio, y hasta odio, por la democracia, con un efecto contagio ya muy perceptible en América Latina.
Latinoamérica ha padecido y padece de un mal endémico que, como se dijo desde el principio, anula la democracia: la corrupción. En alguno de esos Estados latinoamericanos, esa corrupción extrema ha acabado ya derivando en el totalitarismo que, además, ni siquiera ha sido siempre del gusto de aquellos que lo favorecieron, lo que ha inducido exilios. Y es que ese es justamente el riesgo de intentar destruir la democracia: que quien gobierne sobre las ruinas no siempre va a ser el que destruyó los edificios. Por ello, es esencial conservarlos y respetarlos.
Lo ocurrido en esos Estados que han perdido la democracia debería ser un aviso a navegantes en lugares más próximos.