Vox, el ruido y la furia judicial

"Absolutamente patético y bochornoso" fue, en palabras del presidente de gobierno español, "ver a las organizaciones ultraderechistas pelearse por ver quién entraba en el Palacio de la Moncloa". El juez Peinado, que investiga a la mujer del presidente en una instrucción como mínimo atípica, decidió personarse en La Moncloa provisto de cámara y micrófonos y acompañado de la acusación particular, personalizada en Vox. Pero Pedro Sánchez no solo se acogió a su derecho a no declarar, sino que pocas horas después presentó una querella por prevaricación contra el propio juez Peinado por impedirle declarar por escrito, un derecho recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en virtud de su cargo. Prevaricar es dictar a sabiendas una resolución injusta, una grave acusación para un juez que puede terminar con su carrera.

Pero Juan Carlos Peinado empezó tarde, con 40 años, una carrera judicial de la que se jubilará como mucho dentro de dos años, cuando cumpla 72. No parece, por tanto, que le preocupe mucho cuándo, ni posiblemente cómo, acabe su andadura en la magistratura. Parece que en este caso lo que más le importaba era conseguir la imagen de todo un presidente de gobierno declarando en una causa judicial que ponía en entredicho la actividad profesional de su esposa. A la Moncloa acudió ni más ni menos que el hombre fuerte de Vox, Jorge Buxadé, que por supuesto hizo, después del sainete, unas declaraciones campanudas en que aseguraba que Sánchez "está rodeado por la corrupción política y familiar".

A principios de los noventa, en los últimos años de gobierno de Felipe González, cuando nuestra democracia era aún joven, empezó a hablarse de "judicialización de la política", en referencia a los numerosos casos de corrupción que acechaban al ejecutivo después de más de una década de gobiernos socialistas. Ahora, en cambio, se habla de "politización de la justicia", pero yo me inclino más por llamarlo "teatralización de la justicia" porque existe una diferencia fundamental entre la praxis judicial de aquellos años noventa y la de nuestro días: en aquellos casos había indicios y carga probatoria suficiente para justificar la apertura de casos judiciales; ahora, sin embargo, no importa que existan dos informes de la UCO desmintiendo presuntas irregularidades ni que los indicios sean más bien exánimes e inconsistentes. En las modernas democracias, altamente polarizadas en parte por la presión mediática que se ejerce desde las tribunas y las aplicaciones digitales, lo que importa no es la presunción de inocencia, sino la mera sospecha de culpabilidad. Y, en ese caso, determinados adalides de la justicia patria pueden aportar toda la escenografía propia de la magistratura, publicando autos y resoluciones de gran repercusión pública o, como hemos visto, acudiendo con cámara y micrófonos a grabar el testimonio de todo un presidente del gobierno.

"Cada mes de la XIV legislatura, Vox presentó al menos un recurso de inconstitucionalidad, de los que solo el 10% fueron estimados total o parcialmente y, de ellos, más de la mitad están pendientes de resolución"

Esta no es una estrategia nueva para Vox ni a la que se haya sumado solo recientemente. Los 52 escaños conseguidos en las elecciones de 2019 le permitieron, en la anterior legislatura, recurrir ante el Tribunal Constitucional todas aquellas leyes y resoluciones parlamentarias o ejecutivas que considerara oportunas. Y fueron muchas: desde noviembre de 2019 hasta julio de 2023, el partido de Abascal recurrió a este procedimiento en alrededor de sesenta ocasiones. O, dicho de otra manera, cada mes de la XIV legislatura, Vox presentó al menos un recurso de inconstitucionalidad, de los que solo el 10% fueron estimados total o parcialmente y, de ellos, más de la mitad están pendientes de resolución. Por supuesto, cada una de esas apelaciones al Tribunal de garantías se anunciaba con bombo y platillo, pues en cada ocasión Vox se presentaba como heraldo que batallaba judicialmente por defender las esencias patrias puestas en peligro por el gobierno "bolivariano" de Sánchez. No hay más que atender al tenor de las leyes y resoluciones contra las que alegaron. Empezaron, en el momento mismo de constitución del parlamento, denunciando la fórmula de acatamiento de la Constitución de 29 diputados de ERC, EH Bildu, Junts, la CUP y Unidas Podemos, pero luego siguieron con la reforma de los delitos de sedición y malversación, la Ley de Memoria Democrática y —en plena sintonía con las guerras culturales que la extrema derecha internacional libra contra la supuesta "hegemonía cultural" de la izquierda— la emprendieron finalmente contra las nuevas leyes que regulaban el derecho a una muerte digna, la llamada Ley Trans y hasta las medidas de ahorro energético, por enumerar solo algunas de esas iniciativas.

Sin embargo, tanto o más que el contenido de los recursos, es especialmente pertinente tener en cuenta el coste que supusieron todas esas apelaciones para las arcas del partido de Abascal, que ha perdido cientos de miles de euros en esos procedimientos. El partido ultra dedicó, sólo en el año 2023, 561.000 € a hacer frente a litigios pendientes, a los que se unieron alrededor de 350.000 € en 2021 y 2022, según sus cuentas anuales publicadas. Faltaría conocer el monto correspondiente al medio año de 2023, pero no resulta demasiado aventurado inferir que Vox se gastó, en la pasada legislatura, cerca de un millón de euros en sus batallas judiciales contra el gobierno de Sánchez y sus socios de izquierda, algunos de ellos, además, independentistas.

Cherchez la femme era una expresión que se solía utilizar en la novela negra más clásica: si se quería encontrar el móvil de un crimen pasional había que buscar a la mujer responsable, voluntaria o involuntariamente, del homicidio. Era una idea, cómo no, muy patriarcal. Pero aquí, en cambio, sería más oportuno seguir el rastro del dinero. Porque un millón de euros es mucho dinero, incluso para el tercer partido del país, aunque se nutra de fondos públicos por su representatividad institucional y de donaciones privadas más o menos explícitas. Quizás seguir ese rastro del dinero ayude a explicarse algunas de las últimas decisiones, todas ellas de gran calado, tomadas por la dirección de Vox. En clave nacional, la salida de todos los gobiernos autonómicos con sus socios del PP. En clave internacional, su entrada en el grupo parlamentario europeo "Patriotas por Europa", liderado por Viktor Orbán y Marine Le Pen y claramente afín a Putin, a diferencia del grupo de Giorgia Meloni en el que antes se habían encuadrado. Y es que, en una democracia capitalista como la nuestra, para defender una u otra ideología hace falta eso mismo: capital.

"Se trata de utilizar, y si hace falta retorcer, los mecanismos del estado de derecho para poner a ese mismo estado de derecho contra las cuerdas, buscando cambiar el orden de las cosas imperante"

En esta legislatura Vox ya no dispone de esos cincuenta escaños que le facultan para apelar directamente al Constitucional. Pero su estrategia no ha cambiado un ápice, como demuestra la táctica seguida en el caso de la esposa de Sánchez. Se trata de utilizar, y si hace falta retorcer, los mecanismos del estado de derecho para poner a ese mismo estado de derecho contra las cuerdas, buscando cambiar el orden de las cosas imperante o, como dijo el propio Orbán en su discurso en la Universidad de verano Tusványos de Rumanía, "cambiar el orden mundial" para, desde dentro de la sala de máquinas del sistema —también del judicial—, convertir nuestras democracias liberales en iliberales. Una democracia iliberal en la que, como demuestra la política desplegada por el propio Orbán desde que accedió al poder en 2010, se pueda modificar al mismísimo Tribunal Constitucional con el objetivo de controlar sus decisiones y quebrar la división de poderes, una de las piedras angulares de las democracias liberales. Por eso la cruzada judicial significa tanto para un partido como Vox, aunque en el fondo solo esté llena de mucho ruido mediático y bastante furia retórica y esté capitaneada, como dijo Shakespeare, por "un mal actor que se pavonea y se agita una hora en el escenario y después no vuelve a ser oído".