Jueves, 30 de julio de 2026
ANÁLISIS
Renovado el CGPJ, resolvamos los problemas de la justicia
¿Por qué es importante el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial al que han llegado PSOE y PP? El autor de este análisis, que ha sido diputado y miembro de la Comisión de Justicia en el Congreso y que ahora es abogado en ejercicio, conoce bien la importancia que tiene el CGPJ para que la justicia, además de despolitizar los altos tribunales, sea un servicio público de calidad. Estamos hablando del funcionamiento de nuestra democracia.
Bolaños y Pons acuerdan renovar el CGPJ tras cinco años de bloqueoComisión Europea / Europa Press / ContactoPhoto
El acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anunciado en Bruselas por el ministro Félix Bolaños (PSOE) y Esteban González Pons (PP) cierra cinco años de tensión máxima entre ambas formaciones. Además, supera un conflicto que ha perjudicado la valoración de la ciudadanía de nuestra administración de justicia y por extensión sobre la calidad de nuestra democracia. El permanente bloqueo del PP ha podido ceder sólo con la mediación de la Comisión Europea, la propia insistencia de las asociaciones judiciales y el deadline anunciado por el presidente del Gobierno. Aunque bien está lo que bien acaba, deben establecerse medidas que eviten en el futuro repetir un escenario equivalente.
La percepción de la mayoría de los ciudadanos es que, de fondo, subyace una pelea por la mayor o menor capacidad de influencia en el poder judicial y en los nombramientos para las plazas vacantes en los altos tribunales. Tal vez no vayan desencaminados. Sin embargo, el día a día de los que acudimos a los juzgados y tribunales, de los operadores jurídicos, que tratamos de contribuir al buen funcionamiento del servicio público de la justicia está muy alejado de las principales discusiones del órgano de gobierno de los jueces. El aumento de la litigiosidad, la escasez de medios, la incompleta modernización de la administración de justicia, las ampliaciones de la planta judicial, las reformas legislativas pendientes y la lentitud en las resoluciones no parece que estén entre las principales preocupaciones del CGPJ ni tampoco en el debate parlamentario excesivamente centrado en la politización de la justicia.
En esta próxima renovación inmediata del CGPJ, que deberán aprobar Congreso y Senado y que abre una nueva etapa, sería conveniente que, además de desbloquear la política de nombramientos, focalizara sus preocupaciones en resolver los endémicos problemas que presenta la administración de justicia. Un pacto de justicia no sólo es exigible a los grupos políticos sino a los poderes del Estado para que contribuyan a que se preste un servicio público de justicia de calidad. Para ello resulta imprescindible dotar de medios, impulsar reformas y cumplir con las funciones de inspección y control disciplinario. Los nuevos vocales del CGPJ deben restablecer también su orden de prioridades para recuperar la confianza en la institución.
El nuevo CGPJ tendrá un mandato para elaborar una propuesta del sistema de elección de sus miembros. Siendo un órgano constitucional y viendo también los modelos europeos, la participación del Parlamento en la elección de los miembros no debería ser cuestionada. Incidir en los requisitos de mérito y capacidad, reforzar la independencia, favorecer la participación de las asociaciones de jueces y del resto de operadores jurídicos en las propuestas de candidatos deben contemplarse siempre que impidan una reforma de tipo corporativo.
Las reformas anunciadas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal cumplen con el objetivo de reforzar valores constitucionales, y reforzar la independencia. La música suena bien, si bien deben canalizarse todos los esfuerzos en la mejora urgente del servicio público de la justicia. No es sólo un mandato constitucional sino una exigencia y necesidad para todos los ciudadanos, en la que todos los poderes del Estado deben estar comprometidos.
"La percepción de la mayoría de los ciudadanos es que, de fondo, subyace una pelea por la mayor o menor capacidad de influencia en el poder judicial y en los nombramientos para las plazas vacantes en los altos tribunales"
La percepción de la mayoría de los ciudadanos es que, de fondo, subyace una pelea por la mayor o menor capacidad de influencia en el poder judicial y en los nombramientos para las plazas vacantes en los altos tribunales. Tal vez no vayan desencaminados. Sin embargo, el día a día de los que acudimos a los juzgados y tribunales, de los operadores jurídicos, que tratamos de contribuir al buen funcionamiento del servicio público de la justicia está muy alejado de las principales discusiones del órgano de gobierno de los jueces. El aumento de la litigiosidad, la escasez de medios, la incompleta modernización de la administración de justicia, las ampliaciones de la planta judicial, las reformas legislativas pendientes y la lentitud en las resoluciones no parece que estén entre las principales preocupaciones del CGPJ ni tampoco en el debate parlamentario excesivamente centrado en la politización de la justicia.
En esta próxima renovación inmediata del CGPJ, que deberán aprobar Congreso y Senado y que abre una nueva etapa, sería conveniente que, además de desbloquear la política de nombramientos, focalizara sus preocupaciones en resolver los endémicos problemas que presenta la administración de justicia. Un pacto de justicia no sólo es exigible a los grupos políticos sino a los poderes del Estado para que contribuyan a que se preste un servicio público de justicia de calidad. Para ello resulta imprescindible dotar de medios, impulsar reformas y cumplir con las funciones de inspección y control disciplinario. Los nuevos vocales del CGPJ deben restablecer también su orden de prioridades para recuperar la confianza en la institución.
"Siendo un órgano constitucional y viendo también los modelos europeos, la participación del Parlamento en la elección de los miembros no debería ser cuestionada"
El nuevo CGPJ tendrá un mandato para elaborar una propuesta del sistema de elección de sus miembros. Siendo un órgano constitucional y viendo también los modelos europeos, la participación del Parlamento en la elección de los miembros no debería ser cuestionada. Incidir en los requisitos de mérito y capacidad, reforzar la independencia, favorecer la participación de las asociaciones de jueces y del resto de operadores jurídicos en las propuestas de candidatos deben contemplarse siempre que impidan una reforma de tipo corporativo.
Las reformas anunciadas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal cumplen con el objetivo de reforzar valores constitucionales, y reforzar la independencia. La música suena bien, si bien deben canalizarse todos los esfuerzos en la mejora urgente del servicio público de la justicia. No es sólo un mandato constitucional sino una exigencia y necesidad para todos los ciudadanos, en la que todos los poderes del Estado deben estar comprometidos.
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