Miércoles, 29 de julio de 2026
ANÁLISIS
Una Justicia en la que confiar
Es buena noticia que el PSOE haya desoído los cantos de sirena que le pedían rebajar la mayoría para el nombramiento de algunos vocales del CGPJ. Es también buena noticia que el PP haya por fin aceptado cumplir con el mandato constitucional de renovar a dichos vocales.
Prácticamente a diario las portadas de los periódicos amanecen marcadas por noticias que vinculan política y tribunales. En ocasiones se trata de una acusación de corrupción contra tal o cual partido, contra tal o cual político. En otros casos es un recurso de inconstitucionalidad contra una determinada ley. Tribunales ordinarios, Tribunal Constitucional, tribunales europeos.
La lista de protagonistas de tipo judicial de nuestra actualidad política es larga, y el número de casos que se siguen ante ellos a veces se antoja abrumador.
Tal vez por ello, a todos nos resulta difícil seguir estos episodios de judicialización de la política, entender sus complejidades, sus hechos siempre controvertidos, el marco normativo aplicable a cada caso. Pero, por suerte, tenemos para resolverlos una Justicia en la que podemos confiar, ¿no es verdad?
La judicatura como fiduciaria
En los últimos tiempos se ha convertido en algo frecuente escuchar a los actores políticos enmarcar de forma muy negativa a nuestros tribunales. A veces se trata de discursos acusando a la judicatura ordinaria de tener un sesgo conservador. En otros casos, de que el Tribunal Constitucional –que aunque no forma parte del Poder Judicial es un órgano jurisdiccional- está controlado por magistrados próximos al gobierno.
Estos marcos son importantes porque, en muchos casos, las opiniones de los políticos son atajos informativos para los ciudadanos que los apoyan, pues los ciudadanos confían en dichas opiniones para evaluar a las instituciones.
Esto me lleva de nuevo a la cuestión de la confianza. Es difícil que los ciudadanos confíen en sus tribunales cuando unos y otros políticos les dicen que no tienen motivos razonables para hacerlo. Y la confianza en las instituciones judiciales, aunque sea a veces una confianza crítica, es esencial para su viabilidad.
Las ciencias sociales pueden ayudarnos a entender por qué. Los estudios de ciencias sociales suelen distinguir dos modelos, el modelo del delegado y el modelo del fiduciario, para explicar fenómenos sociopolíticos. En el modelo del delegado (‘delegate model’), un agente atribuye a un delegado la capacidad para hacer determinadas decisiones en su interés y cumpliendo con sus directrices. Por el contrario, en el modelo del fiduciario (‘trustee model’), el agente atribuye al fiduciario la capacidad para hacer decisiones en su nombre y para la protección de sus intereses, pero sin que el fiduciario deba seguir en todo las directrices del agente.
La relación entre ciudadanía e instituciones judiciales funciona, en ciertos aspectos –por supuesto, no en todos-, como la relación entre un agente o fideicomisario y un fiduciario. Los ciudadanos damos a los tribunales la capacidad de aplicar la ley a los casos concretos, la potestad jurisdiccional. Entre otras cosas, los ciudadanos carecemos de recursos como tiempo o conocimientos para hacerlo por nosotros mismos. Necesitamos de unos órganos especializados, que llamamos tribunales, que lo harán por nosotros. La idea es que los tribunales no siguen directrices de los ciudadanos a la hora de aplicar la ley al caso concreto: son independientes en el ejercicio de sus funciones, también de la ciudadanía, y están sometidos solo al imperio de la ley.
Pero la relación entre ciudadanos y tribunales es también una relación de confianza. Para que la ciudadanía pueda confiar en los tribunales necesita constatar que estos poseen unas ciertas cualidades que garantizan la correcta impartición de justicia. Tribunales independientes y neutrales, que aplican la ley de forma lo más precisa posible a los casos concretos. El agente debe confiar en que su fiduciario actúa en interés de aquél. De lo contrario, la relación entre uno y otro se tambalea.
Instituciones sólidas, actores responsables
Hace solo unas semanas, el PSOE y el Partido Popular llegaron a un acuerdo para desbloquear la situación de nuestro Consejo General del Poder Judicial. El acuerdo es importante porque, siguiendo el modelo expuesto, puede contribuir a que el agente, la ciudadanía, pueda recuperar confianza en su fiduciario, el Poder Judicial.
En una reciente investigación encontré que, en países de alta calidad democrática como España, el modelo concreto de gobierno judicial (es decir, el diseño de un órgano como el CGPJ) no es tan importante como el hecho de que se garantice una alta independencia judicial y una baja corrupción dentro de la judicatura. Sin embargo, la investigación también reveló que los gobiernos autoritarios son alérgicos a los consejos del poder judicial independientes.
El acuerdo entre PP y PSOE para la renovación del Consejo se enmarca en este contexto. Es buena noticia que el PSOE haya desoído los cantos de sirena que le pedían rebajar la mayoría para el nombramiento de algunos vocales del CGPJ. Es también buena noticia que el PP haya por fin aceptado cumplir con el mandato constitucional de renovar a dichos vocales. Este paso va en la dirección correcta. En un escenario optimista, sería bueno ver desde ahora una actitud más constructiva entre estos partidos en lo referente a cuestiones judiciales. E incluso, en el mejor escenario, veríamos estos consensos extenderse a un número mayor de partidos.
Como decía antes, para que nuestra Justicia sea viable a medio plazo y pueda cumplir con sus funciones debe contar con una base de confianza ciudadana. Los acuerdos entre partidos como el de la renovación del CGPJ pueden contribuir a recuperar esta confianza. El acuerdo visibiliza un CGPJ, órgano de gobierno del Poder Judicial, renovado de forma que tanto progresistas como conservadores pueden estar suficientemente satisfechos con su composición. Esto, a su vez minimiza la idea de una Justicia sesgada y de parte, así como las fricciones en el funcionamiento de la maquinaria judicial. El acuerdo, en definitiva, da un alivio a la erosionada relación de confianza de la ciudadanía con el fiduciario que ejerce la función jurisdiccional.
Conclusión
Del artículo 117.1 de nuestra constitución se enfatiza y discute con frecuencia la parte que afirma que ‘La justicia emana del pueblo’. Algo menos se recuerda la parte que establece que dicha justicia ‘se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley’.
Una interpretación –posiblemente más sociopolítica que doctrinal- de este artículo constitucional, la que he tratado de exponer en estas líneas, tiene que ver con este concepto de ‘administración’. Nuestra ciudadanía no tiene los recursos para seguir y evaluar en detalle la legalidad -o la constitucionalidad- de lo que haga en cada caso tal o cual político. Por este motivo los ciudadanos necesitan poder confiar en que los tribunales lo harán por ellos, de forma razonable y en su interés. Un CGPJ funcional es esencial para ello, tanto como la existencia de órganos jurisdiccionales que sean y se perciban como independientes, neutrales y de alta calidad técnica. Al fin y al cabo, la ciudadanía necesita una Justicia en la que poder confiar. Y los tribunales, más aún, una ciudadanía que confíe en ellos.
La lista de protagonistas de tipo judicial de nuestra actualidad política es larga, y el número de casos que se siguen ante ellos a veces se antoja abrumador.
Tal vez por ello, a todos nos resulta difícil seguir estos episodios de judicialización de la política, entender sus complejidades, sus hechos siempre controvertidos, el marco normativo aplicable a cada caso. Pero, por suerte, tenemos para resolverlos una Justicia en la que podemos confiar, ¿no es verdad?
La judicatura como fiduciaria
En los últimos tiempos se ha convertido en algo frecuente escuchar a los actores políticos enmarcar de forma muy negativa a nuestros tribunales. A veces se trata de discursos acusando a la judicatura ordinaria de tener un sesgo conservador. En otros casos, de que el Tribunal Constitucional –que aunque no forma parte del Poder Judicial es un órgano jurisdiccional- está controlado por magistrados próximos al gobierno.
"Es difícil que los ciudadanos confíen en sus tribunales cuando unos y otros políticos les dicen que no tienen motivos razonables para hacerlo. Y la confianza en las instituciones judiciales, aunque sea a veces una confianza crítica, es esencial para su viabilidad"
Estos marcos son importantes porque, en muchos casos, las opiniones de los políticos son atajos informativos para los ciudadanos que los apoyan, pues los ciudadanos confían en dichas opiniones para evaluar a las instituciones.
Esto me lleva de nuevo a la cuestión de la confianza. Es difícil que los ciudadanos confíen en sus tribunales cuando unos y otros políticos les dicen que no tienen motivos razonables para hacerlo. Y la confianza en las instituciones judiciales, aunque sea a veces una confianza crítica, es esencial para su viabilidad.
Las ciencias sociales pueden ayudarnos a entender por qué. Los estudios de ciencias sociales suelen distinguir dos modelos, el modelo del delegado y el modelo del fiduciario, para explicar fenómenos sociopolíticos. En el modelo del delegado (‘delegate model’), un agente atribuye a un delegado la capacidad para hacer determinadas decisiones en su interés y cumpliendo con sus directrices. Por el contrario, en el modelo del fiduciario (‘trustee model’), el agente atribuye al fiduciario la capacidad para hacer decisiones en su nombre y para la protección de sus intereses, pero sin que el fiduciario deba seguir en todo las directrices del agente.
La relación entre ciudadanía e instituciones judiciales funciona, en ciertos aspectos –por supuesto, no en todos-, como la relación entre un agente o fideicomisario y un fiduciario. Los ciudadanos damos a los tribunales la capacidad de aplicar la ley a los casos concretos, la potestad jurisdiccional. Entre otras cosas, los ciudadanos carecemos de recursos como tiempo o conocimientos para hacerlo por nosotros mismos. Necesitamos de unos órganos especializados, que llamamos tribunales, que lo harán por nosotros. La idea es que los tribunales no siguen directrices de los ciudadanos a la hora de aplicar la ley al caso concreto: son independientes en el ejercicio de sus funciones, también de la ciudadanía, y están sometidos solo al imperio de la ley.
"Para que la ciudadanía pueda confiar en los tribunales necesita constatar que estos son tribunales independientes y neutrales, que aplican la ley de forma lo más precisa posible a los casos concretos"
Pero la relación entre ciudadanos y tribunales es también una relación de confianza. Para que la ciudadanía pueda confiar en los tribunales necesita constatar que estos poseen unas ciertas cualidades que garantizan la correcta impartición de justicia. Tribunales independientes y neutrales, que aplican la ley de forma lo más precisa posible a los casos concretos. El agente debe confiar en que su fiduciario actúa en interés de aquél. De lo contrario, la relación entre uno y otro se tambalea.
Instituciones sólidas, actores responsables
Hace solo unas semanas, el PSOE y el Partido Popular llegaron a un acuerdo para desbloquear la situación de nuestro Consejo General del Poder Judicial. El acuerdo es importante porque, siguiendo el modelo expuesto, puede contribuir a que el agente, la ciudadanía, pueda recuperar confianza en su fiduciario, el Poder Judicial.
"Los gobiernos autoritarios son alérgicos a los consejos del poder judicial independientes"
En una reciente investigación encontré que, en países de alta calidad democrática como España, el modelo concreto de gobierno judicial (es decir, el diseño de un órgano como el CGPJ) no es tan importante como el hecho de que se garantice una alta independencia judicial y una baja corrupción dentro de la judicatura. Sin embargo, la investigación también reveló que los gobiernos autoritarios son alérgicos a los consejos del poder judicial independientes.
El acuerdo entre PP y PSOE para la renovación del Consejo se enmarca en este contexto. Es buena noticia que el PSOE haya desoído los cantos de sirena que le pedían rebajar la mayoría para el nombramiento de algunos vocales del CGPJ. Es también buena noticia que el PP haya por fin aceptado cumplir con el mandato constitucional de renovar a dichos vocales. Este paso va en la dirección correcta. En un escenario optimista, sería bueno ver desde ahora una actitud más constructiva entre estos partidos en lo referente a cuestiones judiciales. E incluso, en el mejor escenario, veríamos estos consensos extenderse a un número mayor de partidos.
"Los acuerdos entre partidos como el de la renovación del CGPJ pueden contribuir a recuperar esta confianza. El acuerdo visibiliza un CGPJ, órgano de gobierno del Poder Judicial, renovado de forma que tanto progresistas como conservadores pueden estar suficientemente satisfechos con su composición"
Como decía antes, para que nuestra Justicia sea viable a medio plazo y pueda cumplir con sus funciones debe contar con una base de confianza ciudadana. Los acuerdos entre partidos como el de la renovación del CGPJ pueden contribuir a recuperar esta confianza. El acuerdo visibiliza un CGPJ, órgano de gobierno del Poder Judicial, renovado de forma que tanto progresistas como conservadores pueden estar suficientemente satisfechos con su composición. Esto, a su vez minimiza la idea de una Justicia sesgada y de parte, así como las fricciones en el funcionamiento de la maquinaria judicial. El acuerdo, en definitiva, da un alivio a la erosionada relación de confianza de la ciudadanía con el fiduciario que ejerce la función jurisdiccional.
Conclusión
Del artículo 117.1 de nuestra constitución se enfatiza y discute con frecuencia la parte que afirma que ‘La justicia emana del pueblo’. Algo menos se recuerda la parte que establece que dicha justicia ‘se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley’.
Una interpretación –posiblemente más sociopolítica que doctrinal- de este artículo constitucional, la que he tratado de exponer en estas líneas, tiene que ver con este concepto de ‘administración’. Nuestra ciudadanía no tiene los recursos para seguir y evaluar en detalle la legalidad -o la constitucionalidad- de lo que haga en cada caso tal o cual político. Por este motivo los ciudadanos necesitan poder confiar en que los tribunales lo harán por ellos, de forma razonable y en su interés. Un CGPJ funcional es esencial para ello, tanto como la existencia de órganos jurisdiccionales que sean y se perciban como independientes, neutrales y de alta calidad técnica. Al fin y al cabo, la ciudadanía necesita una Justicia en la que poder confiar. Y los tribunales, más aún, una ciudadanía que confíe en ellos.
Pablo José Castillo Ortiz
Profesor de Derecho, University of Sheffield. Visiting Fellow, Institute of Advanced Legal Studies, University of London. Especialista en Política Judicial e Integración Europea.
Doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid
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29 de julio de 2026
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