¿Por qué España necesita una nueva ley de secretos oficiales?

"Como va a ser mi última pregunta de control, sí me gustaría decirle que estos principios que debemos defender en Europa también deben estar alineados dentro del Estado. Y, por lo tanto, le pido, por enésima vez, que se cambie la ley de secretos oficiales, que se dé vía libre a que podamos discutirla aquí y que eso se convierta en una realidad", con estas palabras el nuevo presidente de Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban, pronunciaba su última intervención en el Congreso ayer.

A lo cual, el presidente del Gobierno le respondió: "Espero que podamos seguir contando con usted, que podamos seguir trabajando y, desde luego, cuente con que en esta legislatura vamos a modificar la ley de secretos oficiales".

El acceso a la información pública y la transparencia institucional son pilares fundamentales del Estado de derecho. Sin embargo, España mantiene vigente una ley de secretos oficiales que data de 1968 —solo fue ligeramente modificada en 1978—. Una anomalía democrática que limita severamente el acceso a información crucial sobre la historia reciente del país y el funcionamiento de sus instituciones.

"Una fuente del Ministerio de Justicia ha confirmado a Agenda Pública la intención del Gobierno de adecuar la ley al régimen democrático durante la presente legislatura"

Desde el inicio de la era democrática, el Congreso ha intentado en cuatro ocasiones modificar esta normativa (durante los gobiernos de José María Aznar, 2016, 2019 y 2022) todas sin éxito. A pesar de numerosos episodios que han puesto de manifiesto sus deficiencias —desde casos de espionaje político, como el caso Pegasus, hasta el encubrimiento de abusos de recursos públicos—, las iniciativas de reforma han encontrado sistemáticamente obstáculos políticos y prácticos que han impedido su actualización.

En febrero de 2024, el PNV, con el apoyo de PSOE, Sumar y del resto de socios del pacto de investidura, incluyendo a Junts, presentó la quinta propuesta de reforma en democracia. Una fuente del Ministerio de Justicia ha confirmado a Agenda Pública la intención del Gobierno de adecuar la ley al régimen democrático durante la presente legislatura. Hasta la fecha uno de los mayores esfuerzos que se han hecho en esta materia provino del Ejecutivo en la pasada legislatura con el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, que finalmente decayó con el adelanto electoral.

El sistema actual: una herencia del franquismo

El régimen de secretos oficiales vigente en España otorga al Consejo de Ministros y al Consejo de Jefes de Estado Mayor la facultad de clasificar información que pueda amenazar la seguridad y defensa del Estado en dos categorías: secreto y reservado. "En España no hay un control político efectivo sobre el uso del secreto oficial", explica Miguel Revenga, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz. "Ni los escándalos de los años noventa dieron lugar a una práctica efectiva de control. Es un régimen tosco, con pocas posibilidades reales de que se produzca un control político".

"España tiene algunas de las legislaciones más restrictivas, con plazos más ampliados, con mayor discrecionalidad de la autoridad responsable para alargar o prorrogar esos plazos"

Esta situación contrasta marcadamente con otros países democráticos. En Estados Unidos, por ejemplo, existe un sistema de desclasificación sistemática con plazos definidos, lo que ha creado la irónica situación en la que muchos aspectos confidenciales de la Transición española se conozcan gracias a documentos desclasificados por Washington, mientras permanecen secretos en España. Los países nórdicos, por su parte, mantienen algunas de las legislaciones más transparentes del mundo, con sistemas de control rigurosos y acceso público garantizado.

Alberto Bueno, profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada y non-resident fellow del UTSYN - Centre for Security and Resilience, señala que factores históricos específicos han complicado la reforma. El terrorismo de ETA y las tensiones con partidos nacionalistas periféricos han sido utilizados frecuentemente como argumentos para mantener un sistema restrictivo. Además, la lenta adaptación de las estructuras de seguridad nacional a los estándares modernos ha retrasado la actualización de la legislación correspondiente.

Uno de los conflictos más significativos surgió en 1997, cuando el Tribunal Supremo tuvo que establecer un sistema de acceso limitado para los jueces en casos relacionados con la guerra sucia contra ETA, intentando equilibrar la seguridad nacional con los derechos judiciales. Las tensiones entre el poder ejecutivo y judicial en el manejo de información clasificada quedaron al descubierto en este episodio, sugiere Revenga.

Bueno también señala que uno de los factores que han frenado la reforma hasta ahora es la relativamente reciente creación de las estructuras de inteligencia y seguridad nacional, surgidas a principios del siglo XXI. "Esto conlleva tiempos de adaptación, de instituciones, estructuras, procesos y, por supuesto, de legislación", explica el profesor.

Esa falta de evolución normativa se suma a un problema más amplio de acceso a la información pública en España, que trasciende la ley de secretos oficiales y afecta a múltiples ámbitos de la administración, desde el urbanismo hasta la economía, la fiscalidad y otras políticas públicas. Según Bueno, las dificultades tienen raíces estructurales profundas, relacionadas con la falta de transparencia en las instituciones y con una cultura administrativa que no siempre garantiza el derecho a la información.

La propuesta actual: un nuevo intento de modernización

La iniciativa del PNV introduce cambios sustanciales al sistema actual. Según fuentes del partido, en conversación con Agenda Pública, la propuesta establece cuatro nuevas categorías de clasificación —alto secreto, secreto, confidencial y restrictiva— con una distribución más amplia de la autoridad para clasificar documentos. Se establecen plazos concretos para la desclasificación automática: veinticinco años para los secretos oficiales, con una posible prórroga excepcional de diez años, y diez años para las materias reservadas.

Un aspecto crucial de la propuesta es la desclasificación automática de aquellos documentos que ya hayan cumplido estos plazos al entrar en vigor la ley. Esta medida podría permitir el acceso a información confidencial sobre acontecimientos históricos de la Transición y las primeras décadas de la democracia que permanecen ocultos, facilitando la labor de historiadores y periodistas de investigación.

El catedrático Revenga advierte que "una reforma seria del régimen de secretos oficiales atrae la atención de la opinión pública sobre un sistema que ha propiciado abusos en el pasado". Esta circunstancia explica, en parte, la resistencia de los partidos políticos cuando ejercen el poder a impulsar cambios sustanciales.

"España tiene algunas de las legislaciones más restrictivas, con plazos más ampliados, con mayor discrecionalidad de la autoridad responsable para alargar o prorrogar esos plazos", subraya el profesor de la Universidad de Granada. Esta situación afecta directamente a la calidad democrática del país, limitando la capacidad de investigación histórica y el control ciudadano sobre las instituciones.

"La reforma legal es necesaria junto con el compromiso de modificar las prácticas del pasado"

Los expertos coinciden en que cualquier reforma efectiva debe ir más allá de los cambios legislativos. "No creo que baste una reforma legal para modificar una inercia defectuosa en este ámbito", sostiene Revenga. "La reforma legal es necesaria junto con el compromiso de modificar las prácticas del pasado". Además, señala que la reforma debería acompañarse de una actualización de la Ley del Centro Nacional de Inteligencia para garantizar un control efectivo sobre las actuaciones que afectan a derechos fundamentales. Algo que el PNV también está impulsando en el Congreso.

Si bien una reforma legal debería facilitar el acceso a documentos clasificados tanto para la oposición como para otros actores, incluidos investigadores, Bueno advierte que la mejora en la colaboración y la transparencia requiere cambios más amplios. "El trabajo de la transparencia, del derecho a la información pública, de que los datos no son propiedad del funcionario o la funcionaria en cuestión, creo que eso va mucho más allá de una ley", apunta.

El camino hacia una ley de secretos oficiales moderna y democrática requiere no solo de voluntad política para su aprobación, sino también de un compromiso sostenido con la transparencia y el control democrático. Como señala Revenga, "los países que tienen una buena tradición de leyes de libertad de información, como el norte de Europa y Estados Unidos, se basan en un uso rutinario de las facultades para preguntar y la obligación de rendir cuentas". El éxito de esta quinta tentativa de reforma podría marcar un punto de inflexión en la consolidación democrática española, permitiendo finalmente cerrar uno de los capítulos pendientes de la Transición. La promesa ya ha quedado registrada en el diario de sesiones del Congreso.