Martes, 28 de julio de 2026
ANÁLISIS
Trump agita los pilares del capitalismo ético
La suspensión de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por orden de Trump marca un punto de inflexión en el capitalismo. Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, y Paloma Baena, profesora del IE, advierten que, sin reglas ni obligaciones recíprocas, el sistema está condenado a desaparecer.
El presidente Trump responde a preguntas en Mar-a-Lago tras la firma de diversas órdenes ejecutivas.Daniel Torok/White House / Zuma Press / ContactoPhoto
El 10 de febrero de 2025, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva en la que ordenaba a la fiscal general Pam Bondi que suspendiera la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) hasta que emitiera nuevas directrices. La FCPA se aprobó en 1977 para hacer frente al extendido soborno a funcionarios extranjeros por parte de multinacionales que se descubrió a raíz del escándalo Watergate.
Fue la primera ley de este tipo en el mundo y prohíbe a las empresas estadounidenses, a los particulares y a las entidades extranjeras con negocios en EE. UU. sobornar a funcionarios públicos extranjeros para obtener contratos o concesiones en el país correspondiente.
Además, la FCPA se internacionalizó en 1997 con la adopción de la Convención Antisoborno de la OCDE, que ahora cuenta con cuarenta y seis estados firmantes. Esta Convención ha generado consecuencias altamente positivas. Para empezar, establecer el delito de corrupción a funcionarios extranjeros, para seguir, eliminar la posibilidad de conseguir deducciones fiscales por los "pagos de facilitación" en el extranjero, culminando con la introducción de la responsabilidad penal de las empresas y el consecuente desarrollo de las políticas de compliance corporativas. Al detener la aplicación, la Administración estadounidense no solo está poniendo en peligro los compromisos del país en virtud de la Convención, así como en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, sino que está generando una llamada al soborno y saqueo de fondos públicos internacionalmente.
¿Querrá Trump desatar una carrera hacia el fondo entre los empresarios estadunidenses compitiendo por un mismo contrato? ¿O que otros países lideren esa carrera abocando a las empresas estadounidenses a competir en esos términos?
Con la pausa y más que probable relajación de la FCPA, habrá más receptividad a ofrecer y recibir sobornos dificultando la competitividad de medianas y pequeñas empresas y expropiando eficiencia de las inversiones. La clave ya no será tener el mejor producto al mejor precio, sino pagar el mayor soborno al peor funcionario. A corto plazo el resultado será dañino, pero a medio y largo plazo significa el fin del sistema capitalista tal y como lo imaginaron sus creadores teóricos, como Adam Smith. Un capitalismo que no reconoce reglas del juego ni obligaciones recíprocas está condenado a su extinción.
El impacto será particularmente negativo para países en vías de desarrollo. Al evidente efecto llamada al soborno que resultará de la relajación de la FCPA, se suma la suspensión de los programas de cooperación internacional de USAID, el mayor donante del mundo, con bases en más de sesenta países. Además de su trabajo en ayuda sanitaria, educativa, de infraestructuras básicas y en la prevención e intervención en situación de hambrunas, los programas de USAID tienen un componente importante de apoyo a la calidad institucional, con proyectos anticorrupción y de defensa del Estado de derecho.
La retórica política de los Estados Unidos y su propia concepción como nación está firmemente anclada en la promesa de ser un "faro de esperanza" para el mundo. Liderar una carrera hacia el retroceso, para un improbable beneficio propio, no solo es una traición a sus valores fundacionales, sino una receta cortoplacista cuyas consecuencias pagaremos todos, incluido Trump.
Fue la primera ley de este tipo en el mundo y prohíbe a las empresas estadounidenses, a los particulares y a las entidades extranjeras con negocios en EE. UU. sobornar a funcionarios públicos extranjeros para obtener contratos o concesiones en el país correspondiente.
"Al detener la aplicación, la Administración estadounidense está generando una llamada al soborno y saqueo de fondos públicos internacionalmente"No nos equivoquemos: la FCPA no hubiera sobrevivido tanto tiempo si no tuviera una utilidad económica clara para los Estados Unidos. La legislación protege a las empresas estadounidenses de barreras de entrada y de unos costes impredecibles en el desarrollo de negocios. No hay que olvidar que más de un 40% de los casos investigados afectan a empresas extranjeras (como Airbus, Siemens AG o Petrobras) que han pagado multas millonarias bajo la FCPA.
Además, la FCPA se internacionalizó en 1997 con la adopción de la Convención Antisoborno de la OCDE, que ahora cuenta con cuarenta y seis estados firmantes. Esta Convención ha generado consecuencias altamente positivas. Para empezar, establecer el delito de corrupción a funcionarios extranjeros, para seguir, eliminar la posibilidad de conseguir deducciones fiscales por los "pagos de facilitación" en el extranjero, culminando con la introducción de la responsabilidad penal de las empresas y el consecuente desarrollo de las políticas de compliance corporativas. Al detener la aplicación, la Administración estadounidense no solo está poniendo en peligro los compromisos del país en virtud de la Convención, así como en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, sino que está generando una llamada al soborno y saqueo de fondos públicos internacionalmente.
¿Querrá Trump desatar una carrera hacia el fondo entre los empresarios estadunidenses compitiendo por un mismo contrato? ¿O que otros países lideren esa carrera abocando a las empresas estadounidenses a competir en esos términos?
Con la pausa y más que probable relajación de la FCPA, habrá más receptividad a ofrecer y recibir sobornos dificultando la competitividad de medianas y pequeñas empresas y expropiando eficiencia de las inversiones. La clave ya no será tener el mejor producto al mejor precio, sino pagar el mayor soborno al peor funcionario. A corto plazo el resultado será dañino, pero a medio y largo plazo significa el fin del sistema capitalista tal y como lo imaginaron sus creadores teóricos, como Adam Smith. Un capitalismo que no reconoce reglas del juego ni obligaciones recíprocas está condenado a su extinción.
El impacto será particularmente negativo para países en vías de desarrollo. Al evidente efecto llamada al soborno que resultará de la relajación de la FCPA, se suma la suspensión de los programas de cooperación internacional de USAID, el mayor donante del mundo, con bases en más de sesenta países. Además de su trabajo en ayuda sanitaria, educativa, de infraestructuras básicas y en la prevención e intervención en situación de hambrunas, los programas de USAID tienen un componente importante de apoyo a la calidad institucional, con proyectos anticorrupción y de defensa del Estado de derecho.
"Liderar una carrera hacia el retroceso, para un improbable beneficio propio, no solo es una traición a los valores fundacionales de EE. UU., sino una receta cortoplacista cuyas consecuencias pagaremos todos, incluido Trump"Doble golpe a la gobernanza de países en desarrollo y, por tanto, a su línea de flotación. Desde hace décadas, la teoría económica ha demostrado empíricamente la relación positiva entre la calidad institucional de una sociedad y su nivel de desarrollo social y económico. El previsible incremento de los niveles de corrupción unido al debilitamiento institucional y la falta de apoyo a la población tras la retirada de USAID no hará, sino aumentar la pobreza, la desigualdad, la migración y el tráfico de drogas, frente a lo que ni el capitalismo ni Estados Unidos quedarán indemnes.
La retórica política de los Estados Unidos y su propia concepción como nación está firmemente anclada en la promesa de ser un "faro de esperanza" para el mundo. Liderar una carrera hacia el retroceso, para un improbable beneficio propio, no solo es una traición a sus valores fundacionales, sino una receta cortoplacista cuyas consecuencias pagaremos todos, incluido Trump.
Manuel Villoria
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
Es Director del Departamento de Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto Universitario Ortega y Gasset; Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, Licenciado en Derecho y Licenciado en Filología; fue becario Fulbright en USA, donde estudió el Master in Public Affairs por la Indiana University. Es autor de más de cien publicaciones (libros y artículos) sobre Administración pública y ética administrativa, entre ellos Ética pública y corrupción (Tecnos-UPF, 2000), La corrupción política (Síntesis, 2006), o Cultura de la legalidad, instituciones, procesos y estructuras (con Isabel Wences, La Catarata, 2010). Ha ocupado diferentes puestos en la Administración pública española como el de Secretario General Técnico de Educación y Cultura en la Comunidad de Madrid. Fundador y miembro de la Junta Directiva de Transparency Internacional, capítulo español. Profesor invitado en diversas universidades españolas y extranjeras, así como en diversos institutos de Administración Pública, ha participado en distintas comisiones de estudio y reforma de la Administración en España y América Latina.
Paloma Baena
Profesora del IE School of Politics Economics and Global Affairs
Experta en políticas públicas, relaciones internacionales y gobernanza. Actualmente profesora del IE University. Es graduada por Harvard y posee un máster en políticas públicas y desarrollo económico por la Harvard Kennedy School.
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27 de julio de 2026
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