El 'Informe sobre el Estado de derecho de la UE' de 2026 considera un "progreso significativo" que el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal entregue la instrucción a los fiscales y desvincule el mandato del fiscal general del Gobierno. El borrador, al que 'Agenda Pública' ha podido acceder en exclusiva, también respalda los Tribunales de Instancia y las setecientas nuevas plazas de jueces y fiscales.

Ocho años de guerra institucional se saldan con un pacto inesperado. Sin mayoría parlamentaria para culminar otras reformas de la justicia, el Gobierno de Sánchez se anota un triunfo: sacar a España de la cola europea de número de jueces por habitante. ¿La clave? El ministro Bolaños tira de ingenio y entrega una inyección histórica de quinientas togas a una judicatura en constante rebelión.

Jordi Ferrer, director del Máster de Razonamiento Probatorio de la Universitat de Girona, propone diez medidas para reforzar el sistema judicial en España. En un momento de marcada polarización y con la justicia desempeñando un papel clave en el ámbito político, plantea reformas que van desde "suprimir" la Audiencia Nacional o la acusación popular hasta exigir "una evaluación positiva previa por parte de una comisión de expertos" en los nombramientos judiciales.

Bruselas ha encontrado una palabra para ordenar su respuesta a un mundo más hostil: confianza. Bajo ese marco, el comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, ha explicado en Madrid que la regulación y los pesos y contrapesos democráticos, lejos de frenarla, impulsan la competitividad europea. Sin embargo, esa ambición de la Comisión Europea necesitará sortear obstáculos señalados frecuentemente, como el fortalecimiento del mercado único europeo.

El informe de 2026 sobre el cumplimiento de los indicadores de la OCDE sitúa la probidad de la judicatura y la Fiscalía española por encima de la media de sus miembros. La regulación de los grupos de interés y la normativa sobre financiación de partidos políticos y su control se perpetúan como las asignaturas pendientes.

El proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal introduce un cambio estructural en el sistema judicial español: el Ministerio Fiscal asumirá la dirección de las investigaciones penales en sustitución de los jueces de instrucción. Como declaró el ministro Bolaños en Agenda Pública, la reforma "alinea a España con los estándares europeos" y refuerza la independencia del fiscal general del Estado.

La Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa, ha emitido su dictamen respecto al informe de elección del CGPJ. La vocal del Consejo y colaboradora en 'Agenda Pública', Argelia Queralt Jiménez, recuerda que "los parámetros de Venecia son orientativos, no jurídicamente vinculantes". Ante el debate entre la elección por pares o mediante las Cortes, la jurista indica que el principal requisito es que la elección permita operar con independencia.

El sistema judicial en España sufre una crisis de eficiencia y su deterioro compromete la confianza de los ciudadanos en las instituciones. En esta pieza en profundidad, 'Agenda Pública' muestra cómo el problema de la justicia en España es la eficiencia del trabajo de los jueces y no sus recursos. ¿Qué soluciones se han propuesto hasta el momento para mejorar el acceso a la justicia?

En opinión del director del Máster en Razonamiento Probatorio de la Universitat de Girona, Jordi Ferrer, el caso del fiscal general del Estado ejemplifica los peligros de ignorar los estándares de prueba. Como advierte, "toda la motivación debe estar dirigida a justificar que la prueba es suficiente o insuficiente", pues, sin criterios claros, la presunción de inocencia se vacía de contenido y el proceso penal se convierte en una herramienta arbitraria.

Por tercer año consecutivo, la confianza de los españoles en la independencia judicial sigue creciendo. Según el Indicador de Justicia 2025 de la Comisión Europea, ya un 39% valora positivamente la labor de jueces y tribunales, con mejoras también en la percepción empresarial. España se sitúa en la media europea en garantías legales y destaca en confianza en la supervisión de la contratación pública.

"Los jueces militantes están convencidos de que tienen una misión que cumplir", afirma el jurista italiano Sabino Cassese. Exmagistrado del Tribunal Constitucional y una de las voces más autorizadas del derecho público en Europa, analiza en esta entrevista con 'Agenda Pública' la politización de la justicia, la relación entre política y administración, la corrupción y el poder de Giorgia Meloni. "Es una gran alumna de Andreotti: si ve una mina, la evita", concluye Cassese sobre el presidente del Consejo de Ministros de Italia.

El periodista de investigación analiza el caso Santos Cerdán y denuncia que "las causas judiciales más complejas llegan precocinadas por la policía". Advierte sobre el "estado judicial español" donde "un sector del poder judicial controlado por la derecha se ha erigido en árbitro de la vida política".

La lucha contra el terrorismo ha ocupado buena parte de su carrera como fiscal. Pero Dolores Delgado ha sido también ministra de Justicia, fiscal general del Estado y, ahora, fiscal de Sala Coordinadora especializada en Memoria Democrática. Agenda Pública conversa con ella sobre su trayectoria, el funcionamiento de las instituciones y propone reformas en el ámbito de la justicia.

Jueces y fiscales convocan una huelga sin respaldo legal ni control institucional. Sin servicios mínimos ni descuentos salariales, la protesta revela una posición de privilegio inédita frente al resto de trabajadores. La movilización, impulsada por sectores conservadores, desafía las reformas del Gobierno y evidencia la politización creciente del poder judicial.

'Agenda Pública' analizará los próximos días la crisis política abierta en España tras las informaciones reveladas por los informes policiales que reflejan el funcionamiento de una posible trama criminal en la Secretaría de Organización del PSOE. Análisis con perspectiva de Carlos Aragonés (exdirector de gabinete del presidente Aznar), Dolores Delgado (exfiscal general del Estado), la jurista Elisa de la Nuez o el escritor Andrés Ortega Klein. Este domingo, primera entrega, con Lucía Méndez, periodista política del diario 'El Mundo'.

El auto del Supremo impulsa el caso contra el fiscal general hacia juicio. Juan José Yáñez Pena, letrado de la Administración de Justicia, afirma que solo en el juicio oral "se puede acreditar la culpabilidad del fiscal general" y que del auto se desprende "que no hay elementos de prueba directos de la filtración". Aun así, el impacto institucional es profundo: la Fiscalía queda expuesta mientras se decide si hay base suficiente para abrir juicio oral.

El periodista Víctor Guillot reflexiona sobre las consecuencias políticas y judiciales de la Ley de Amnistía, un año después de su aprobación. En su análisis, advierte sobre la fractura institucional entre gobierno y justicia, y el papel determinante de figuras como Manuel Marchena en la actual polarización democrática en España.

Mil jueces preparan desde WhatsApp una huelga al Gobierno. ¿Tienen derecho a huelga los jueces en España? Aunque la Constitución garantiza este derecho a los trabajadores, la legislación específica del poder judicial no lo reconoce expresamente para jueces y magistrados. Alejandro de Rosa Cañete, investigador de la Universitat de València, explora los fundamentos jurídicos y las tensiones entre independencia judicial, derechos laborales y el principio de continuidad del servicio público.

En España se elige a los jueces mediante oposiciones basadas en la memorización. Juan Antonio Lascuraín, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, se cuestiona un modelo al que considera “anacrónico” y propone valorar otras habilidades de análisis y argumentación en los procesos de selección. ¿Es posible tener un modelo garantista y valorar otras aptitudes?

Argelia Queralt Jiménez, vocal del Consejo General del Poder Judicial, ofrece argumentos en torno al debate sobre la elección parlamentaria de los vocales judiciales y la independencia judicial en Europa. En este contexto, destaca la diversidad de sistemas de gobierno judicial en Europa y como la elección parlamentaria garantiza el pluralismo social y jurídico.

El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional, entre cuyas funciones está la de nombrar a las y los presidentes y miembros de las salas del Tribunal Supremo. El jurista Joaquín Urías destaca esta función del CGPJ como uno de los motivos esenciales para garantizar que vocales judiciales y no judiciales sean elegidos por el Parlamento y garantizar así el pluralismo jurídico y social.

"Ahora toca hacer efectivo el principio de presencia equilibrada expresamente establecido por la ley de paridad en los nombramientos pendientes ante el CGPJ, algunos de tanta relevancia como cuatro de las cinco presidencias de Sala del Tribunal Supremo". Con esta claridad se expresa Argelia Queralt Jiménez, vocal del CGPJ, en su análisis del impacto de la nueva Ley Orgánica de paridad.

Coordinados por Jordi Sevilla, consejero de Agenda Pública y exministro, el ex secretario de Estado Gabriel Elorriaga, la jurista Elisa de la Nuez y los académicos Manuel Villoria, Germán Teruel y Ana Carmona lamentan el "deterioro del sistema político". Entre sus apuestas están "fomentar mejores prácticas políticas", con "datos y evaluaciones", así como "recuperar una cultura social y política que favorezca el diálogo y el entendimiento entre diferentes sectores".

El magistrado Miguel Pasquau Liaño cambia el foco del proceso abierto al fiscal general del Estado: la novedad es la actuación del Tribunal Supremo. Para él, el problema no ha sido la actuación específica de García Ortiz, sino las posibles consecuencias de que continúe en el cargo una vez comience el proceso: "[su dimisión] fortalecería a la institución que ahora mismo representa, y muchos ciudadanos, incluso aquellos que aprecian un exceso en la imputación, que habría sido perfectamente evitable, se lo agradecerían".

Agenda Pública ha citado en la plaza del Rey, antigua sede del Lyceum Club Femenino, a Nuria Varela, autora feminista de éxito para conversar acerca de su último libro 'El síndrome Borgen', junto a Argelia Queralt, vocal recién electa del Consejo General del Poder Judicial. La conversación aborda la expulsión de las mujeres y el feminismo del poder efectivo así como las realidades del feminismo en 2024.

Desde la histórica presidencia de Isabel Perelló en el CGPJ hasta el liderazgo inclusivo de Salvador Illa y el mensaje contra el odio de Pedro Almodóvar, Agenda Pública destaca iniciativas y actitudes que fortalecen nuestra democracia y promueven un debate constructivo.

Según la autora del artículo, y vocal del CGPJ, la elección de la magistrada Perelló como presidenta del CGPJ muestra que la estrategia del grupo progresista de apostar por tres candidatas, ha sido exitosa. Han sido dos magistradas con este perfil, Perelló y Ferrer, las que han llegado a la recta final. Además, el perfil propuesto ha convencido al sector conservador que, seguro que también persuadido por otros elementos, ha entregado sus 10 votos a la nueva presidenta.

El autor analiza con detenimiento la decisión de llamar como testigo al presidente del Gobierno, porque plantea dilemas potenciales tanto para el testigo como para el juez instructor. La comparecencia de Pedro Sánchez mañana ante el juez Peinado puede ser —y probablemente será— sumamente breve, dado que el presidente puede acogerse a la dispensa de la obligación de declarar prevista en el art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Agenda Pública, pocos días después de la toma de posesión del nuevo CGPJ, publica esta conversación con Manuela Carmena, José Juan Toharia y José Antonio Zarzalejos. Los tres, y desde diferentes ámbitos de conocimiento, saben muy bien cómo funciona la justicia en España. Valoran positivamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial y coinciden en que echan en falta en nuestra cultura política y social un valor que ha sido desprestigiado, que es el de la independencia.

El sociólogo español que mejor conoce lo que la ciudadanía piensa sobre la justicia, así como sobre cómo son y qué piensan los jueces en España, nos ofrece esta completa radiografía de la justicia en nuestro país, coincidiendo con la toma de posesión de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial.