Lunes, 17 de agosto de 2026
EN PROFUNDIDAD
La justicia amenazada: Marchena vs. Sánchez
El periodista Víctor Guillot reflexiona sobre las consecuencias políticas y judiciales de la Ley de Amnistía, un año después de su aprobación. En su análisis, advierte sobre la fractura institucional entre gobierno y justicia, y el papel determinante de figuras como Manuel Marchena en la actual polarización democrática en España.
El juez del Tribunal Supremo, Manuel Marchena habla por teléfono en una calle de Madrid.Ricardo Rubio / Europa Press / ContactoPhoto
Se cumple un año desde que fue aprobada la Ley de Amnistía. En España se ha venido viviendo desde entonces una extrema tensión entre el poder político y el poder judicial. Parece que alguien quiere matar a Montesquieu. Recordemos que el Congreso de los Diputados aprobó la ley que amnistió a todos los ciudadanos que fueron condenados por los magistrados del Tribunal Supremo, presidido por Manuel Marchena, de ser autores o partícipes de un delito de sedición y malversación, tras el referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017 y la breve declaración de independencia producida el 27 del mismo mes, dos actos considerados contrarios a la Constitución Española por el Tribunal Constitucional. En realidad, la amnistía ha trascendido más allá de esos dos momentos, extendiendo su aplicación a cualquier hecho conectado antes o después de ese momento político.
El 1 de octubre de 2017 abrió una brecha política que se resolvió, a priori, con una reforma del Código Penal que eliminaba el delito de sedición, homologándolo al resto de normas penales de la mayoría de estados miembros de la UE, e incorporando el delito de desordenes públicos agravados al ordenamiento jurídico. En cambio, la Ley de Amnistía abrió otra, de orden constitucional, que provocaría una afilada confrontación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el expresidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Será el Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde Pumpido, exfiscal general del Estado, quien resuelva el conflicto en pocas semanas, aunque a esta hora ya podemos adelantar que el 95% de la ley de Amnistía ha pasado el filtro de la alta magistratura. La premisa principal forma parte de la tradición de las viejas democracias liberales: la Constitución española no cita pero tampoco prohíbe los procesos de reconciliación política como lo son y han sido siempre las leyes de amnistía. Efectivamente, la democracia liberal es el triunfo político de las minorías y, sobre todo, el marco desde el que poder esbozar un paisaje de concordia entre los ciudadanos a partir de la consagración de la pluralidad política.
Sin embargo, no todos los protagonistas de la democracia española lo han visto así. Desde el ángulo estrictamente político, José María Aznar ha sido el primero que ha teñido la Amnistía de crispación social e institucional sirviéndose de una sencilla y astuta consigna: "El que pueda hacer que haga, el que pueda mover que mueva". Desde la primera hasta la última manifestación convocada por el PP, pasando por la imputación del Fiscal General, hasta llegar al callejón judicial (y sin salida) en el que ha quedado atrapado Núñez Feijóo vinculando su destino político a una estrategia que se dirime en una sede fuera del orden político, todos los actores que han podido intervenir en la escena lo han hecho siguiendo las palabras conminatorias de José María Aznar. No es que el expresidente del gobierno español haya dado una instrucción o, siquiera, haya pergeñado un plan que cuestione la legitimidad del gobierno actual, no es que haya diseñado una conjura, tan sólo le ha bastado con propiciar un clima, si acaso, una gramática de orden difuso lo suficientemente tóxica como para acelerar la polarización política de nuestro país, mientras inicia el proceso de refundación de la derecha española tal como hiciera en 1991.
En ese contexto de polarización e incitación a la protesta, se enmarca el último libro publicado de Manuel Marchena, titulado La justicia amenazada (Ed. Espasa, 2015), un texto a caballo entre el academicismo jurídico y el sibilino manifiesto político con el que, entre diversos asuntos referidos al derecho, aborda también la figura del Fiscal General del Estado y el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, asuntos que en los dos últimos años han hegemonizado en gran parte el campo de batalla de la política española, extendiéndolo a ángulos de juego que hasta la ruptura del bipartidismo, habían propiciado un consenso entre los dos principales partidos del espectro político español. La condena de los principales actores políticos de la amnistía por parte del Poder Judicial desvelaron al conjunto de la ciudadanía el auténtico poder de Manuel Marchena dentro del Estado. El presidente Mariano Rajoy, desafecto al esfuerzo político, dejaba en manos del magistrado y presidente de la Sala II del Supremo la resolución judicial de un conflicto político que se resolvió con la condena de todos ellos y las sucesivas “euro-órdenes” del juez Llarena, solicitando a las autoridades belgas la detención y entrega del expresident catalán, Carles Puigdemont.
A lo largo de estos últimos años y también en su libro, Marchena ha cuestionado el proceso de elección del Fiscal General del Estado, reducido en sus propias palabras a mero delegado de Gobierno llamado a perseguir los delitos de la oposición. También cuestiona la conversión del fiscal en una figura que sustituya al juez instructor, última reforma que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, desea introducir en su reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A la manera de José María Aznar, Marchena introduce consignas despejadas de cualquier contexto político y material alumbrado bajo la luz de la actualidad, sin que por ello deje de ser una toma de posición que influye (y mucho) en algunas causas políticas como la que sigue el juez instructor del Supremo Ángel Hurtado contra Álvaro García Ortiz por un supuesto delito de revelación de secretos que ha dado lugar a un momento inédito en la historia de la democracia española, a saber cómo agentes de la UCO requisaron el teléfono móvil y los ordenadores del despacho del Fiscal General del Estado.
A estas alturas, resulta muy complicado pensar que pueda existir una tregua entre el gobierno de Pedro Sánchez y la hegemonía de Manuel Marchena en el Poder Judicial que alerta, en su último ensayo, una justicia española amenazada. Conviene estar atentos a la sentencia del Tribunal Constitucional y a la posición que el magistrado mantendrá una vez se confirme que la Ley de Amnistía es constitucional.
"La amnistía ha significado una enmienda del poder político, expresado en la soberanía nacional española, a la sentencia firmada por el juez Manuel Marchena y, sobre todo, a la gestión del presidente Mariano Rajoy"La amnistía, pues, ha significado una enmienda del poder político, expresado en la soberanía nacional española, a la sentencia firmada por el juez Manuel Marchena y, sobre todo, a la gestión del presidente Mariano Rajoy. La ley devolvía al Congreso de los Diputados la capacidad de resolver con absoluta legitimidad constitucional desde su propia soberanía los problemas políticos que el poder judicial nunca debió de conjurar en términos penales desde la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ahora bien, la propia ley padecería la oposición del Poder Judicial y se haría expresar en términos estrictamente legales, desde el recurso del PP y los que le siguieron después, hasta bordear los límites constitucionales de cada poder, bien a través de la confrontación en el seno del Consejo General del Poder Judicial, bien a través de la intromisión del Poder Judicial en el proceso de tramitación de las leyes, bien a través de la imputación del Fiscal General del Estado e, incluso, buceando en las entrañas del Estado, a través del control a determinados mandos de la UCO, policías dependientes del poder judicial, que recuperaron su puesto tras ser cesados por pérdida de la confianza del Ministro Marlaska, como sucedió con el coronel Pérez de los Cobos.
El 1 de octubre de 2017 abrió una brecha política que se resolvió, a priori, con una reforma del Código Penal que eliminaba el delito de sedición, homologándolo al resto de normas penales de la mayoría de estados miembros de la UE, e incorporando el delito de desordenes públicos agravados al ordenamiento jurídico. En cambio, la Ley de Amnistía abrió otra, de orden constitucional, que provocaría una afilada confrontación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el expresidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Será el Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde Pumpido, exfiscal general del Estado, quien resuelva el conflicto en pocas semanas, aunque a esta hora ya podemos adelantar que el 95% de la ley de Amnistía ha pasado el filtro de la alta magistratura. La premisa principal forma parte de la tradición de las viejas democracias liberales: la Constitución española no cita pero tampoco prohíbe los procesos de reconciliación política como lo son y han sido siempre las leyes de amnistía. Efectivamente, la democracia liberal es el triunfo político de las minorías y, sobre todo, el marco desde el que poder esbozar un paisaje de concordia entre los ciudadanos a partir de la consagración de la pluralidad política.
Sin embargo, no todos los protagonistas de la democracia española lo han visto así. Desde el ángulo estrictamente político, José María Aznar ha sido el primero que ha teñido la Amnistía de crispación social e institucional sirviéndose de una sencilla y astuta consigna: "El que pueda hacer que haga, el que pueda mover que mueva". Desde la primera hasta la última manifestación convocada por el PP, pasando por la imputación del Fiscal General, hasta llegar al callejón judicial (y sin salida) en el que ha quedado atrapado Núñez Feijóo vinculando su destino político a una estrategia que se dirime en una sede fuera del orden político, todos los actores que han podido intervenir en la escena lo han hecho siguiendo las palabras conminatorias de José María Aznar. No es que el expresidente del gobierno español haya dado una instrucción o, siquiera, haya pergeñado un plan que cuestione la legitimidad del gobierno actual, no es que haya diseñado una conjura, tan sólo le ha bastado con propiciar un clima, si acaso, una gramática de orden difuso lo suficientemente tóxica como para acelerar la polarización política de nuestro país, mientras inicia el proceso de refundación de la derecha española tal como hiciera en 1991.
En ese contexto de polarización e incitación a la protesta, se enmarca el último libro publicado de Manuel Marchena, titulado La justicia amenazada (Ed. Espasa, 2015), un texto a caballo entre el academicismo jurídico y el sibilino manifiesto político con el que, entre diversos asuntos referidos al derecho, aborda también la figura del Fiscal General del Estado y el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, asuntos que en los dos últimos años han hegemonizado en gran parte el campo de batalla de la política española, extendiéndolo a ángulos de juego que hasta la ruptura del bipartidismo, habían propiciado un consenso entre los dos principales partidos del espectro político español. La condena de los principales actores políticos de la amnistía por parte del Poder Judicial desvelaron al conjunto de la ciudadanía el auténtico poder de Manuel Marchena dentro del Estado. El presidente Mariano Rajoy, desafecto al esfuerzo político, dejaba en manos del magistrado y presidente de la Sala II del Supremo la resolución judicial de un conflicto político que se resolvió con la condena de todos ellos y las sucesivas “euro-órdenes” del juez Llarena, solicitando a las autoridades belgas la detención y entrega del expresident catalán, Carles Puigdemont.
"Hay quien opina que el poder de Manuel Marchena en el Poder Judicial ha adquirido tal autonomía que influye más en su criterio que el del Partido Popular entre los jueces y magistrados de las asociaciones profesionales de signo conservador"El que pueda hacer que haga. Dicho de otra manera, por parte del poder político que ostenta la derecha española, no habrá impedimentos para que todo el que quiera haga, incluso Manuel Marchena. Hay quien opina que su poder en el Poder Judicial ha adquirido tal autonomía que influye más en su criterio que el del Partido Popular entre los jueces y magistrados de las asociaciones profesionales de signo conservador. Dicho de otra manera, su sombra sobre el bloqueo en la negociación de los vocales que integran el Consejo General del Poder Judicial ha sido determinante su voluntad, mucho más, incluso, que la de Núñez Feijóo a la hora de pactar la renovación del órgano que gobierna la Administración de Justicia en España.
A lo largo de estos últimos años y también en su libro, Marchena ha cuestionado el proceso de elección del Fiscal General del Estado, reducido en sus propias palabras a mero delegado de Gobierno llamado a perseguir los delitos de la oposición. También cuestiona la conversión del fiscal en una figura que sustituya al juez instructor, última reforma que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, desea introducir en su reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A la manera de José María Aznar, Marchena introduce consignas despejadas de cualquier contexto político y material alumbrado bajo la luz de la actualidad, sin que por ello deje de ser una toma de posición que influye (y mucho) en algunas causas políticas como la que sigue el juez instructor del Supremo Ángel Hurtado contra Álvaro García Ortiz por un supuesto delito de revelación de secretos que ha dado lugar a un momento inédito en la historia de la democracia española, a saber cómo agentes de la UCO requisaron el teléfono móvil y los ordenadores del despacho del Fiscal General del Estado.
"Y en un mundo políticamente polarizado, lo más probable es que también reverbere sobre la superficie del Estado el aroma fétido de sus cloacas"Y en un mundo políticamente polarizado, lo más probable es que también reverbere sobre la superficie del Estado el aroma fétido de sus cloacas. En el subsuelo de las instituciones políticas, y en gran medida, del ministerio del Interior, las fuerzas del orden también juegan con otras reglas. Las malas artes no están reñidas con la democracia siempre y cuando no la destruyan y, sobre todo, siempre y cuando no se conozcan. Quizá eso sea, finalmente, lo más difícil, puesto que, incluso, en la mafia opera una sociología que nos advierte que nada, por muy opaco que sea, escapa completamente de la luz o la verdad. Lo supimos con la guerra sucia de los GAL, lo hemos vuelto a conocer con la Gürtel, la operación Catalunya, la Kitchen y ahora, otra vez, con una supuesta unidad que operaba dentro de la UCO filtrando informes a pseudo-medios, con el ánimo de provocar la desestabilización política del gobierno de Pedro Sánchez. En el submundo, también se juega la guerra de Montesquieu que enfrenta al poder político con el judicial.
A estas alturas, resulta muy complicado pensar que pueda existir una tregua entre el gobierno de Pedro Sánchez y la hegemonía de Manuel Marchena en el Poder Judicial que alerta, en su último ensayo, una justicia española amenazada. Conviene estar atentos a la sentencia del Tribunal Constitucional y a la posición que el magistrado mantendrá una vez se confirme que la Ley de Amnistía es constitucional.
Víctor Guillot
Periodista y analista político
Periodista y analista político, colaborador en el programa de radio 'Julia en la onda' de Onda Cero. También ha sido director adjunto del diario Nortes. Ha dirigido durante 12 años el Centro de Interpretación del Cine en Asturias y ha publicado, en 2019, el ensayo 'Ceniza a las cenizas, David Bowie y la revolución visual de la cultura pop'.
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Democracia, Justicia, Gobierno, Pedro Sánchez, cgpj, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, amnistía, Alberto Núñez Feijóo, PP, PSOE Ahora en portada
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