La confianza en la independencia de los tribunales crece, pero España sigue a la cola de Europa

La confianza de los españoles en la independencia con la que los jueces y tribunales desarrollan cada día su labor crece por tercer año consecutivo, según el Cuadro de Indicadores de la Justicia de 2025, hecho público por la Comisión Europea este mes de julio. Sin embargo, España se sigue situando a la cola de los Veintisiete en la percepción de este indicador, con datos que solo empeoran la Hungría de Viktor Orbán, Grecia, la Eslovaquia de Robert Fico, Bulgaria, Croacia y Polonia. El porcentaje de ciudadanos que valoran como buena o muy buena la independencia judicial ha pasado del 30% en 2016 al 39% de este año y mantiene una subida sostenida desde 2023.

"El porcentaje de ciudadanos que valoran como buena o muy buena la independencia judicial ha pasado del 30% en 2016 al 39% de este año y mantiene una subida sostenida desde 2023"

Según los encuestados del departamento europeo que dirige el irlandés Michael McGrath, la principal razón por la que la sociedad considera insuficiente el grado de independencia de los órganos judiciales en España es, para más del 40% de los encuestados, "la interferencia o presión por el Gobierno y los políticos". Cuatro de cada diez también aprecian "interferencia o presión de otros intereses como los económicos". Solo tres de cada diez ciudadanos consideran que el problema está en "el estatus y la posición de los propios jueces, que no garantiza su independencia". La interferencia de la política es la principal queja, no solo en España, sino en otros catorce estados de la Unión, también los que obtienen mejor nota: Finlandia, Austria, Países Bajos o Alemania.

El ranking de los países en los que más se valora la independencia de los tribunales lo encabeza Finlandia, donde casi el 90% considera que es buena o muy buena, seguida de muy cerca por Austria, Dinamarca, Luxemburgo, Suecia y Países Bajos. En el otro lado de la tabla, esa sensación positiva hacia la independencia apenas supera el 20% en Bulgaria, Croacia y Polonia. "Un alto nivel de la percepción de la independencia judicial es vital para la confianza que la justicia debe inspirar en un Estado de derecho", sostiene el informe, que recuerda que, si el nivel es bajo, "puede desalentar la inversión" de las empresas. 

"Cuatro de cada diez corporaciones creen que la independencia de los tribunales en España es buena o muy buena"

Es en el campo empresarial, precisamente, donde la confianza en la independencia de los tribunales más ha crecido en España. Cuatro de cada diez corporaciones creen que es buena o muy buena, lo que supone un incremento de ocho puntos porcentuales respecto al pasado año (del 32% al 40%). La supuesta interferencia política, seguida de la del poder económico, son las quejas más comunes también entre las compañías. Directamente relacionado con la percepción empresarial de independencia está la percepción de la efectiva protección de sus inversiones por la ley y los tribunales. En este campo, España se sitúa en el puesto 17 de los Veintisiete, con una confianza en el sistema que se acerca al 50% de los consultados.

Entre las principales razones por las que las corporaciones creen que España no defiende bien las inversiones, sin embargo, la supuesta interferencia gubernamental o política solo se encuentra en cuarto lugar, por detrás de la "dificultad para obtener una compensación justa cuando algo va mal" (38%), "los frecuentes cambios en la legislación o las quejas sobre la calidad del proceso legislativo" y "la impredecible y opaca actitud de la administración o la dificultad de combatir sus decisiones en los tribunales".  

"Los indicadores objetivos, es decir, los mecanismos legales del sistema judicial para garantizar la independencia judicial, se encuentran en la media de los socios comunitarios"

Pero si la independencia subjetiva —la basada en la percepción de ciudadanos y compañías— es baja, los indicadores objetivos, es decir, los mecanismos legales del sistema judicial para garantizarla, se encuentran en la media de los socios comunitarios. Así ocurre en las garantías relativas a la abstención o recusación de jueces o en el nombramiento y destitución de fiscales. En este último en España es, en última instancia el Gobierno el que decide (a propuesta del fiscal general). El Ejecutivo también tiene la última palabra en Alemania, Francia o Países Bajos. El Gobierno de Pedro Sánchez trabaja en una reforma para aumentar la autonomía del Ministerio Público dejando los nombramientos íntegramente en manos del fiscal general. 

En pleno estallido del "caso Cerdán", un escándalo de mordidas de obra pública que afecta al PSOE y al Ministerio de Transportes, el informe hace por primera vez un análisis de la confianza de las empresas en las instituciones que controlan la contratación pública (en España la Intervención General del Estado y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), dependiente del Ministerio de Hacienda. 

La desconfianza empresarial en la independencia de la justicia de las empresas españolas no se traslada a este campo, en el que España está en el puesto 11 de los Veintisiete. Seis de cada diez compañías confían en los organismos que controlan la contratación pública, según el Indicador de la Justicia de 2025, en el que los datos españoles mejoran a los de Francia, Alemania o Dinamarca, y se sitúan al nivel de Suecia o Países Bajos. En las posiciones de cola se encuentran países del este de Europa como Eslovaquia, Bulgaria, Hungría y Croacia.

"En cuanto al gasto español por habitante en justicia, sin embargo, España se encuentra a mitad de tabla junto con Francia, Italia, Finlanda o Dinamarca"

España sigue siendo uno de los socios con menos número de jueces por habitante, algo más de diez. Se trata de una ratio en el que solo supera a Francia, Malta, Dinamarca e Irlanda, con un porcentaje aún menor. En cuanto al gasto español por habitante en justicia, sin embargo, España se encuentra a mitad de tabla junto con Francia, Italia, Finlandia o Dinamarca, pero lejos de Luxemburgo o Alemania, las que más invierten. La nota española es aún mejor si el gasto en juzgados y tribunales se compara con el PIB. España es en esa lista la novena, entre Alemania e Italia, superando de largo a Francia, Austria, Reino Unido o Suecia.

En cuanto a los sueldos de jueces y fiscales (que acaban de organizar una huelga contra el Gobierno), los españoles se encuentran entre los mejores pagados de Europa en relación con el salario medio del país en el que prestan sus servicios. Los que acaban de empezar sus carreras duplican ampliamente el sueldo medio, mientras que los que acceden al Tribunal Supremo lo quintuplican. En Alemania, un juez o fiscal recién llegado cobra aproximadamente el sueldo medio alemán y, sólo si llega a la cúspide judicial, lo duplica.