Martes, 28 de julio de 2026
LA JUSTICIA EN ESPAÑA
Félix Bolaños: "La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal no afectará a ningún caso en curso"
El proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal introduce un cambio estructural en el sistema judicial español: el Ministerio Fiscal asumirá la dirección de las investigaciones penales en sustitución de los jueces de instrucción. Como declaró el ministro Bolaños en Agenda Pública, la reforma "alinea a España con los estándares europeos" y refuerza la independencia del fiscal general del Estado.
El Ministro Bolaños en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros.Pool Moncloa / Raul Salgado
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. Como adelantó el ministro Bolaños en Agenda Pública, este proyecto es un pilar más de la "la mayor transformación de la justicia en décadas" que plantea el Gobierno.
En el nuevo esquema, los fiscales dirigirán la investigación y la policía judicial dependerá funcionalmente de ellos, mientras que un nuevo actor, el juez de garantías, controlará el respeto a los derechos fundamentales y validará las decisiones más intrusivas, como los registros o las prisiones preventivas. "El juez de garantías decidirá si las decisiones del fiscal son correctas o no lo son", fueron las palabras del ministro en este medio.
La norma, que no entraría en vigor hasta 2027, incorpora una batería de medidas al margen del papel de la Fiscalía. Actualiza los procedimientos de investigación para integrar pruebas digitales, biométricas o de ADN; revisa los derechos procesales de las víctimas y los acusados; y limita la acusación popular, que solo podrán ejercer personas o entidades con un interés legítimo, excluyendo a partidos políticos y sindicatos. También incluye un régimen específico para las causas con jurado y regula por primera vez la justicia restaurativa.
Como detalló el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, "en el 2028 [los procesos actuales] estarán resueltos, en un sentido o en otro, y, además, porque habrá un régimen transitorio que obviamente no afectará a los asuntos que vengan de atrás".
"La principal novedad que trae esta ley es que el Ministerio Fiscal será el encargado de dirigir la investigación penal, en un papel que hasta ahora recaía en el juez de instrucción"La principal novedad que trae esta ley, la cual renovará la legislación vigente que data del año 1882, es que el Ministerio Fiscal será el encargado de dirigir la investigación penal. Este papel hasta ahora recaía en el juez de instrucción, pero el Gobierno pretende equiparar el estándar español al del resto de países europeos. "En toda Europa, en todo el mundo occidental y desarrollado, instruyen los fiscales", argumentaba Bolaños. Otras voces reputadas en el ámbito jurídico apuntaban en la misma dirección. La anterior fiscal general, Dolores Delgado, en este mismo medio, afirmó que "nos hacen falta reformas legislativas en materia de justicia. Tenemos una ley de enjuiciamiento criminal de 1882. Es una ley que ha sufrido muchas reformas parciales, sí, pero somos una anomalía en Europa por nuestra propia ley".
En el nuevo esquema, los fiscales dirigirán la investigación y la policía judicial dependerá funcionalmente de ellos, mientras que un nuevo actor, el juez de garantías, controlará el respeto a los derechos fundamentales y validará las decisiones más intrusivas, como los registros o las prisiones preventivas. "El juez de garantías decidirá si las decisiones del fiscal son correctas o no lo son", fueron las palabras del ministro en este medio.
La norma, que no entraría en vigor hasta 2027, incorpora una batería de medidas al margen del papel de la Fiscalía. Actualiza los procedimientos de investigación para integrar pruebas digitales, biométricas o de ADN; revisa los derechos procesales de las víctimas y los acusados; y limita la acusación popular, que solo podrán ejercer personas o entidades con un interés legítimo, excluyendo a partidos políticos y sindicatos. También incluye un régimen específico para las causas con jurado y regula por primera vez la justicia restaurativa.
Un escenario politizado
El contexto político es muy importante: la aprobación de esta ley se produce tras un periodo prolongado de tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial. A las huelgas parciales de jueces y fiscales se suman las críticas de algunas asociaciones, las cuales interpretan esta reforma como una injerencia del Gobierno. No obstante, el eje central de la reforma en lo que al papel de los fiscales se refiere, es un enfoque compartido por informes anteriores. Más allá del dictamen favorable del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, ya en 2012 una comisión propuesta por el PP y presidida por el juez Manuel Marchena planteó la necesidad de poner la investigación en manos del Ministerio Fiscal."La reforma contempla un reforzamiento de la independencia del FGE, condicionando su cese a un informe del CGPJ y prolongando a cinco años su mandato, dejando de coincidir con las legislaturas"Otro de los puntos que más controversias puede generar es el del reforzamiento del fiscal general del Estado (FGE). El texto que aprueba el Consejo de Ministros contempla que este solo podrá ser cesado tras la emisión de un informe por parte del CGPJ en el que se detalle un incumplimiento grave o reiterado de sus obligaciones. Además, su cargo pasará a ser "independiente del ciclo político", en tanto que se prolonga el mandato hasta los cinco años. De esta forma, dejará de coincidir con las legislaturas en un intento de promover una "mayor independencia" de esta figura, según destacan fuentes cercanas a la elaboración de este proyecto. No obstante, a pesar de este refuerzo de la posición del FGE, se añade una limitación a sus poderes: si la Junta de Fiscales de Sala, por mayoría de tres quintos, tiene un criterio distinto al del fiscal general, prevalecerá la opinión de la sala. En cualquier caso, cabe recordar que el cambio no vendrá con el actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, pues con el actual agotará los dos mandatos que fija la ley.
Entrada en vigor para 2028
Todos los cambios previstos en esta nueva LOECrim entrarán en vigor dentro de algo más de dos años. Con esta fórmula, más allá de desarrollar los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento con el nuevo sistema, se evita que procesos abiertos en la actualidad puedan ser alterados.Como detalló el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, "en el 2028 [los procesos actuales] estarán resueltos, en un sentido o en otro, y, además, porque habrá un régimen transitorio que obviamente no afectará a los asuntos que vengan de atrás".
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Democracia, Fiscal general, Gobierno, PSOE, PP, Justicia, Tribunal Constitucional, cgpj, reformas estructurales Ahora en portada
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