Martes, 28 de julio de 2026
LA JUSTICIA EN ESPAÑA
Un incremento histórico de la plantilla: la gran paradoja de una legislatura en conflicto con las togas
Ocho años de guerra institucional se saldan con un pacto inesperado. Sin mayoría parlamentaria para culminar otras reformas de la justicia, el Gobierno de Sánchez se anota un triunfo: sacar a España de la cola europea de número de jueces por habitante. ¿La clave? El ministro Bolaños tira de ingenio y entrega una inyección histórica de quinientas togas a una judicatura en constante rebelión.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló.Kike Rincón / Europa Press
Cuando la legislatura parece que se acerca a su fin. Es hora de hacer balance. Han sido más de ocho años de una conflictividad sin precedentes entre el Poder Judicial y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, incluso tras lograr la renovación de su órgano de gobierno en junio de 2024, después de más de cinco años de bloqueo por el PP. Sin embargo, el Gobierno de izquierdas ha logrado cumplir con una reivindicación secular de la judicatura. La creación de quinientas nuevas plazas judiciales este año logrará reducir drásticamente el déficit de jueces en España respecto a otros países de nuestro entorno y situar la cifra española en la media europea.
El Ministerio de Presidencia y Justicia actúa en coordinación con el CGPJ, que, en el último Pleno del pasado miércoles, pidió que el despliegue de nuevos destinos se haga escalonadamente para que dé tiempo a cubrirlos adecuadamente. El uno de enero, se dispondrán las de los principales órganos colegiados (Supremo, Audiencia Nacional y provinciales y Tribunales Superiores). Seis meses después, las de los tribunales de instancia de las principales capitales. El proceso estará terminado, según el plan diseñado por el Consejo, el 1 de noviembre de 2027, con todas las plazas creadas, cubiertas y en funcionamiento.
Además de los quinientos nuevos jueces y magistrados, mediante las oposiciones de octubre también se dará acceso a 200 nuevos fiscales —las materias de la prueba son las mismas que en el caso de los jueces—. El incremento de personal del Ministerio Público también será récord y supondrá, de una tacada, un crecimiento del 7,1%. El Ejecutivo planea para 2027 un proceso similar con la creación de 500 plazas más (mil en dos años) y otro proceso similar de cooptación mediante oposiciones y cuarto turno en caso de que la legislatura aguante hasta entonces.
El Cuadro de indicadores de la Justicia de la UE de 2026, recién publicado por la Comisión Europea, pone a España de nuevo a la cola en el número de jueces por cada 100.000 habitantes. Entre los Veintisiete, nuestro país ocupa el puesto 24, solo por delante de Malta, Dinamarca e Irlanda. Sin embargo, nuestro país se encuentra en la misma horquilla que varios de los países con los que suele compararse, como Francia, Italia, Bélgica o Países Bajos, aunque lejos de Alemania o Austria, que duplican ampliamente nuestro dato de número de jueces en relación a la población total.
Si pensamos en datos de inversión de las administraciones públicas en relación al PIB, ascendemos al noveno puesto y lo mismo en los valores relacionados con la digitalización, en los que España también se encuentra a la cabeza. El Gobierno y el CGPJ esperan que el gran incremento de plantilla en marcha mejore los datos relacionados con el tiempo de resolución de asuntos y, en general, con el sempiterno atasco judicial, en cuyos indicadores las cifras españolas son malas año tras año.
Esta medida histórica se ha producido, además, en un ambiente de total conflictividad de las asociaciones judiciales mayoritarias (de derechas) con el Ejecutivo. Los colectivos conservadores (no solo los de jueces, también los de fiscales) organizaron en julio de 2025 dos días de huelga (¿ilegal?) contra las reformas puestas en marcha por el Gobierno, entre ellas la que intenta democratizar el sistema de acceso a la carrera creando un centro público de opositores o introduciendo una prueba práctica y generalizando las becas para los aspirantes con menos recursos. La aprobación de la ley de amnistía para la normalización de la situación en Catalunya tras el traumático proceso independentista también multiplicó el conflicto con la judicatura.
La propia presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, desdeñó el incremento de jueces del Gobierno inmediatamente después de que Justicia lo anunciara, asegurando públicamente que "no aborda ni resuelve el problema de fondo". Su reacción fue sorprendente, dado que el reparto de nuevas plazas coincidía con las necesidades concretas señaladas previamente en un informe del propio órgano de gobierno de los jueces. Un mes largo después, los 20 vocales, conservadores y progresistas, desautorizaron a Perelló y valoraron muy positivamente la medida en el preceptivo informe del Consejo. El documento consideraba "imprescindibles" las nuevas plazas.
Ministerio y Consejo también chocaron respecto del sistema que debía seguirse para cubrir las nuevas vacantes. Félix Bolaños era partidario en un principio de que sus ocupantes fueran seleccionados mediante el llamado cuarto turno para juristas con al menos diez años de experiencia, mientras que el CGPJ exigía que se recurriera a la oposición. Al final, ambos organismos llegaron al acuerdo de que 325 de las vacantes irían para opositores y las restantes 125 para juristas.
En Presidencia y Justicia conceden que, como en todos los cambios trascendentales, se necesita un período de adaptación, pero aseguran que, un año después de la aprobación de la norma, no se han producido suspensiones o demoras y, según sus datos, el atasco se asuntos, aunque mínimamente, comienza a remitir. Frente a las críticas de las asociaciones conservadoras, que aseguran que la nueva ley y las 500 nuevas plazas no han venido acompañadas de la necesaria inversión para su puesta en marcha, el departamento de Félix Bolaños subraya que, solo en esta última legislatura, el gasto en justicia ha ascendido hasta los 1.124 millones de euros. Y los datos de la Comisión Europea respaldan esa afirmación.
Pero, sobre todo, explican que, sin esa reforma, el incremento de jueces tan esperado no habría podido tener lugar. Con los antiguos juzgados unipersonales, crear una nueva plaza obligaba a montar todo el juzgado con sus medios materiales y personales. Ahora basta con crear una plaza más en el tribunal de instancia que la necesite. Antes de la ley de eficiencia, crear un nuevo puesto costaba alrededor de 500.000 euros. Ahora, gracias a la transformación de los juzgados en órganos colegiados, son servicios administrativos comunes para todos sus miembros; el coste de cada nueva plaza se ha reducido a 100.000 euros, según fuentes del ministerio.
Ministerio y Consejo también chocaron respecto del sistema que debía seguirse para cubrir las nuevas vacantes. Félix Bolaños era partidario en un principio de que sus ocupantes fueran seleccionados mediante el llamado cuarto turno para juristas con al menos diez años de experiencia, mientras que el CGPJ exigía que se recurriera a la oposición. Al final, ambos organismos llegaron al acuerdo de que 325 de las vacantes irían para opositores y las restantes 125 para juristas.
La merma progresiva de apoyos del Ejecutivo en el Parlamento hace prever que el resto de reformas judiciales iniciadas por el Gobierno no verán la luz. Casi con total probabilidad, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé entregar la instrucción de los delitos a los fiscales no verá la luz. Tampoco la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dotarlo de la suficiente independencia para que asuma esa labor. Ni el nuevo sistema de acceso a la judicatura y al Ministerio Público, más abierto a los sectores más desfavorecidos económicamente. La ley de eficiencia y el histórico aumento de planta que esa norma ha hecho viable quedarán como lo que el gobierno de Pedro Sánchez dejará a una judicatura que, en los ocho años que lleva en el poder, no le ha dado un solo momento de tregua.
El Ministerio de Presidencia y Justicia actúa en coordinación con el CGPJ, que, en el último Pleno del pasado miércoles, pidió que el despliegue de nuevos destinos se haga escalonadamente para que dé tiempo a cubrirlos adecuadamente. El uno de enero, se dispondrán las de los principales órganos colegiados (Supremo, Audiencia Nacional y provinciales y Tribunales Superiores). Seis meses después, las de los tribunales de instancia de las principales capitales. El proceso estará terminado, según el plan diseñado por el Consejo, el 1 de noviembre de 2027, con todas las plazas creadas, cubiertas y en funcionamiento.
"La ampliación sin precedentes de la plantilla judicial será del 8,5%"Aunque este crecimiento de planta sin precedentes no se haya aprobado todavía en el Consejo de Ministros, Gobierno y CGPJ ya han lanzado la mayor convocatoria de la historia para la selección de nuevos jueces y magistrados que cubrirán las vacantes de menor rango que se generen cuando se completen los concursos de traslado que se producirán a medida que se desplieguen los nuevos destinos. 375 de los futuros nuevos 500 jueces entrarán a la judicatura a través de la tradicional oposición, que se celebrará en octubre. El resto se cubrirá por concurso-oposición para juristas de reconocida competencia con más de diez años de experiencia (el tradicional cuarto turno) y accederán a la carrera ya con la categoría de magistrado. La ampliación sin precedentes de la plantilla será del 8,5%.
Además de los quinientos nuevos jueces y magistrados, mediante las oposiciones de octubre también se dará acceso a 200 nuevos fiscales —las materias de la prueba son las mismas que en el caso de los jueces—. El incremento de personal del Ministerio Público también será récord y supondrá, de una tacada, un crecimiento del 7,1%. El Ejecutivo planea para 2027 un proceso similar con la creación de 500 plazas más (mil en dos años) y otro proceso similar de cooptación mediante oposiciones y cuarto turno en caso de que la legislatura aguante hasta entonces.
El Cuadro de indicadores de la Justicia de la UE de 2026, recién publicado por la Comisión Europea, pone a España de nuevo a la cola en el número de jueces por cada 100.000 habitantes. Entre los Veintisiete, nuestro país ocupa el puesto 24, solo por delante de Malta, Dinamarca e Irlanda. Sin embargo, nuestro país se encuentra en la misma horquilla que varios de los países con los que suele compararse, como Francia, Italia, Bélgica o Países Bajos, aunque lejos de Alemania o Austria, que duplican ampliamente nuestro dato de número de jueces en relación a la población total.
Si pensamos en datos de inversión de las administraciones públicas en relación al PIB, ascendemos al noveno puesto y lo mismo en los valores relacionados con la digitalización, en los que España también se encuentra a la cabeza. El Gobierno y el CGPJ esperan que el gran incremento de plantilla en marcha mejore los datos relacionados con el tiempo de resolución de asuntos y, en general, con el sempiterno atasco judicial, en cuyos indicadores las cifras españolas son malas año tras año.
Esta medida histórica se ha producido, además, en un ambiente de total conflictividad de las asociaciones judiciales mayoritarias (de derechas) con el Ejecutivo. Los colectivos conservadores (no solo los de jueces, también los de fiscales) organizaron en julio de 2025 dos días de huelga (¿ilegal?) contra las reformas puestas en marcha por el Gobierno, entre ellas la que intenta democratizar el sistema de acceso a la carrera creando un centro público de opositores o introduciendo una prueba práctica y generalizando las becas para los aspirantes con menos recursos. La aprobación de la ley de amnistía para la normalización de la situación en Catalunya tras el traumático proceso independentista también multiplicó el conflicto con la judicatura.
La propia presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, desdeñó el incremento de jueces del Gobierno inmediatamente después de que Justicia lo anunciara, asegurando públicamente que "no aborda ni resuelve el problema de fondo". Su reacción fue sorprendente, dado que el reparto de nuevas plazas coincidía con las necesidades concretas señaladas previamente en un informe del propio órgano de gobierno de los jueces. Un mes largo después, los 20 vocales, conservadores y progresistas, desautorizaron a Perelló y valoraron muy positivamente la medida en el preceptivo informe del Consejo. El documento consideraba "imprescindibles" las nuevas plazas.
Ministerio y Consejo también chocaron respecto del sistema que debía seguirse para cubrir las nuevas vacantes. Félix Bolaños era partidario en un principio de que sus ocupantes fueran seleccionados mediante el llamado cuarto turno para juristas con al menos diez años de experiencia, mientras que el CGPJ exigía que se recurriera a la oposición. Al final, ambos organismos llegaron al acuerdo de que 325 de las vacantes irían para opositores y las restantes 125 para juristas.
"La reforma judicial del Gobierno ha puesto en pie de guerra a los jueces que, pese a llevar años reclamándola, denuncian ahora que ha generado el caos"Desde el Gobierno aseguran que la medida solo ha sido posible gracias a la entrada en vigor, en enero de 2025, de la única reforma judicial de calado que ha conseguido sacar adelante, la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia. Esa norma ha suprimido los tradicionales juzgados unipersonales para agruparlos en tribunales de instancia cuyos miembros están asistidos por una oficina judicial común. La reforma ha puesto en pie de guerra a los jueces que, pese a llevar años reclamándola, denuncian ahora que ha generado el caos.
En Presidencia y Justicia conceden que, como en todos los cambios trascendentales, se necesita un período de adaptación, pero aseguran que, un año después de la aprobación de la norma, no se han producido suspensiones o demoras y, según sus datos, el atasco se asuntos, aunque mínimamente, comienza a remitir. Frente a las críticas de las asociaciones conservadoras, que aseguran que la nueva ley y las 500 nuevas plazas no han venido acompañadas de la necesaria inversión para su puesta en marcha, el departamento de Félix Bolaños subraya que, solo en esta última legislatura, el gasto en justicia ha ascendido hasta los 1.124 millones de euros. Y los datos de la Comisión Europea respaldan esa afirmación.
Pero, sobre todo, explican que, sin esa reforma, el incremento de jueces tan esperado no habría podido tener lugar. Con los antiguos juzgados unipersonales, crear una nueva plaza obligaba a montar todo el juzgado con sus medios materiales y personales. Ahora basta con crear una plaza más en el tribunal de instancia que la necesite. Antes de la ley de eficiencia, crear un nuevo puesto costaba alrededor de 500.000 euros. Ahora, gracias a la transformación de los juzgados en órganos colegiados, son servicios administrativos comunes para todos sus miembros; el coste de cada nueva plaza se ha reducido a 100.000 euros, según fuentes del ministerio.
Ministerio y Consejo también chocaron respecto del sistema que debía seguirse para cubrir las nuevas vacantes. Félix Bolaños era partidario en un principio de que sus ocupantes fueran seleccionados mediante el llamado cuarto turno para juristas con al menos diez años de experiencia, mientras que el CGPJ exigía que se recurriera a la oposición. Al final, ambos organismos llegaron al acuerdo de que 325 de las vacantes irían para opositores y las restantes 125 para juristas.
"La ley de eficiencia y el histórico aumento de planta que esa norma ha hecho viable quedarán como lo que el gobierno de Pedro Sánchez dejará a una judicatura que no le ha dado un solo momento de tregua"La extraordinaria asunción de nuevos miembros de la judicatura afectará especialmente a la Escuela Judicial, dependiente del Consejo, que deberá redoblar sus efectos para formar a estas personas. El órgano de gobierno de los jueces ha decidido solapar las dos etapas de formación práctica que reciben los alumnos –prácticas tuteladas y labores de sustitución de otros compañeros– para acelerar su plena incorporación al servicio público. El CGPJ ha pedido además al Ejecutivo que reforme la ley para eliminar la fase de sustitución, pero el ministerio, por el momento, lo rechaza.
La merma progresiva de apoyos del Ejecutivo en el Parlamento hace prever que el resto de reformas judiciales iniciadas por el Gobierno no verán la luz. Casi con total probabilidad, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé entregar la instrucción de los delitos a los fiscales no verá la luz. Tampoco la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dotarlo de la suficiente independencia para que asuma esa labor. Ni el nuevo sistema de acceso a la judicatura y al Ministerio Público, más abierto a los sectores más desfavorecidos económicamente. La ley de eficiencia y el histórico aumento de planta que esa norma ha hecho viable quedarán como lo que el gobierno de Pedro Sánchez dejará a una judicatura que, en los ocho años que lleva en el poder, no le ha dado un solo momento de tregua.
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