Bruselas vende "confianza" como su nueva arma geopolítica (y España entra en la ecuación)

En un momento de guerra en Europa, tensiones con Estados Unidos y una economía global cada vez más fragmentada, Bruselas ha encontrado un nuevo concepto paraguas para ordenar su estrategia: la confianza.

Ese fue el mensaje central del comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores en Madrid, Michael McGrath, en un desayuno informativo de Europa Press. La labor de McGrath en este encuentro fue la de (re)establecer un posicionamiento político: la Unión Europea quiere competir en un mundo inestable no rebajando normas, sino reivindicando precisamente lo contrario.

La tesis es clara —y ambiciosa—: el Estado de derecho, la protección del consumidor y la democracia, que en ningún caso son lastres regulatorios ni tampoco un freno competitivo, sino tres de las ventajas competitivas del continente.

De la regulación a la geopolítica

El discurso sobre Europa como "potencia regulatoria" siempre ha sido difícil de encajar, y en el pasado se ha movido entre la autocomplacencia europea y la crítica del resto de socios. Sin embargo, ahora Bruselas intenta reformularlo en clave más estratégica. La idea es relativamente sencilla: en un mundo donde las cadenas de suministro se utilizan como armas y donde los datos son poder, la previsibilidad jurídica y la estabilidad institucional son activos económicos de primer orden.

"Europa no va a entrar en una carrera de desregulación. Al contrario: quiere convertir su modelo en un polo de atracción para inversión y talento"

El mensaje, implícitamente dirigido tanto a Washington como a Pekín, es que Europa no va a entrar en una carrera de desregulación. Al contrario: quiere convertir su modelo en un polo de atracción para inversión y talento. No obstante, ahí es donde aparece el problema muy señalado y que el propio comisario reconoció sin rodeos: el mercado único europeo sigue sin funcionar como tal.

El verdadero cuello de botella: la fragmentación

Sobre el papel, la UE es el mayor mercado integrado del mundo. En la práctica, sigue siendo un mosaico de veintisiete sistemas legales. Ese desfase es el que Bruselas intenta corregir con una de sus propuestas más ambiciosas en años: Europe INC. Se trata de una nueva figura jurídica común —una especie de "empresa europea estándar"— que permitirá crear compañías en 48 horas, operar digitalmente y escalar sin fricciones regulatorias.

"Su éxito dependerá menos de la idea —bien recibida en el ecosistema empresarial— y más de la capacidad de los Estados miembros para ceder control"

Su creación responde a una carencia europea porque, si bien es cierto que muchas startups que nacen en los Veintisiete consiguen crecer, llegado cierto punto es habitual verlas marchar. La iniciativa busca precisamente evitar eso, pero su éxito dependerá menos de la idea —bien recibida en el ecosistema empresarial— y más de la capacidad de los Estados miembros para ceder control.

El frente digital y una democracia presionada

Donde Bruselas sí parece dispuesta a avanzar sin demasiadas dudas es en el terreno digital. La próxima Digital Fairness Act apunta a un endurecimiento selectivo de las reglas del juego en línea, especialmente en tres ámbitos: los diseños adictivos, la manipulación del comportamiento del usuario y la protección de menores.

Aquí el tono cambia, pues se deja a un lado el discurso de mercado en pro de una lógica de protección. Hay también un reconocimiento implícito de que la primera generación de regulación digital europea ha dejado lagunas. El equilibrio que busca la Comisión es delicado: simplificar normas sin dar la señal de que Europa afloja su control sobre las grandes plataformas.

El otro gran eje de McGrath conecta directamente con el clima político europeo: la erosión de la confianza democrática. Desinformación, injerencias extranjeras, polarización algorítmica... Bruselas ya habla de estos fenómenos como parte sustancial de una arquitectura de presión geopolítica.

La respuesta es el llamado European Democracy Shield. Puesto en marcha en noviembre de 2025 por la Comisión Europea, este instrumento es un intento de coordinar mejor lo que hasta ahora ha sido un conjunto disperso de herramientas. El cambio de enfoque implica pasar de reaccionar caso a caso a construir una estrategia estructural porque, en palabras del comisario, estas amenazas "no entienden de fronteras".

España como caso de estudio

En este marco, España aparece como un ejemplo ilustrativo de las tensiones que Bruselas debe gestionar. El comisario evitó entrar en debates políticos como el del lawfare, pero sí dejó claro el mensaje clave: la separación de poderes no es negociable.

Más concretamente, la Comisión mantiene su recomendación sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): que una parte sustancial de sus miembros sea elegida por los propios jueces y no por el Congreso. No es una novedad, pero sí un recordatorio en los meses previos a que Bruselas remita una nueva edición de su informe anual sobre el Estado de derecho.

En todo caso, debe recordarse que la posición sobre la elección de los vocales no es unánime, tampoco en la carrera judicial. Tanto es así que, cuando el pasado año el CGPJ, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2024, hizo su informe sobre las posibles vías de reforma de la elección de sus miembros, quedaron expuestas dos propuestas: una, que validaba la opción parlamentaria de elección, eso sí, mejorando el procedimiento ante las Cortes; y otra, que cambiaba el método de elección para que los vocales judiciales fueran elegidos por los miembros de la carrera.

"La Comisión Europea sostiene que el Estado de derecho va a empezar a vincularse con el acceso a fondos europeos"

En paralelo, Bruselas sigue señalando déficits conocidos, como la lentitud en los procesos por corrupción, la falta de regulación del lobby y la necesidad de mayor transparencia institucional. Todo ello reposa en la advertencia lanzada sobre los planes a medio plazo del Ejecutivo comunitario: el Estado de derecho va a empezar a vincularse con el acceso a fondos europeos. En todo caso, este tipo de prevenciones están dirigidas, en su caso, a Estados con fuertes crisis en sus respectivos Estados de derecho, cosa que no concurre en España. A este respecto, cabe recordar que el TJUE nunca ha condenado a España por incumplimiento de los estándares de independencia judicial europeos.

De hecho, recientemente el informe de la OCDE ha situado la probidad de la judicatura y la Fiscalía españolas por encima de la media de sus miembros. Y, también a juicio de esta misma organización, el CGPJ "es un órgano independiente".

La apuesta europea

Si se leen en conjunto, todas estas iniciativas dibujan un relieve nítido sobre esa Europa que quiere convertir la estabilidad en su principal ventaja comparativa. Sin duda, se trata de una apuesta arriesgada, ya que implica sostener que, en un mundo más rápido, más agresivo y menos regulado, el modelo europeo —más lento, más garantista— puede seguir siendo competitivo.

Que sea o no un diagnóstico correcto importa menos, porque el camino ya se ha emprendido. Lo que sí es relevante es saber si la Unión podrá ejecutar esas reformas en tiempo y forma antes de que la "confianza" pase a ser un significante vacío más.