Martes, 28 de julio de 2026
EXCLUSIVA
La Comisión Europea avala las reformas judiciales españolas y sigue pidiendo cambios en el CGPJ
El 'Informe sobre el Estado de derecho de la UE' de 2026 considera un "progreso significativo" que el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal entregue la instrucción a los fiscales y desvincule el mandato del fiscal general del Gobierno. El borrador, al que 'Agenda Pública' ha podido acceder en exclusiva, también respalda los Tribunales de Instancia y las setecientas nuevas plazas de jueces y fiscales.
Sede del Tribunal Supremo (Madrid).Javier Pérez Montes
El proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entrega al fiscal la instrucción de los delitos, acompañado de la reforma del Estatuto del Ministerio Público —que desvincula el mandato del fiscal general del mandato del Gobierno y lo amplía hasta cinco años—, supone "un progreso significativo" del sistema judicial español, según el borrador del Informe sobre el Estado de derecho de la UE de 2026. El capítulo español alaba otras reformas del Gobierno que, sin embargo, la derecha judicial y política critican como disfuncionales o partidistas. El informe elaborado por la Comisión, al que Agenda Pública ha tenido acceso en exclusiva antes de su publicación oficial el próximo 17 de julio, aplaude la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia y la creación de quinientas nuevas plazas judiciales y doscientas plazas de fiscales para elevar una de las tasas de jueces por habitante más bajas de la Unión.
Junto al refuerzo de la independencia del Ministerio Público, el informe subraya también en su parte final otro aspecto del proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal: la limitación de la acción popular. La iniciativa "busca prevenir los abusos que se perciben" e "intenta restringir el catálogo de delitos en los que pueda ejercerse esta acusación, requiriendo que se demuestre una conexión directa, relevante y sustancial con el interés público que se defienda en el proceso". La Comisión subraya que la modificación legal prevé prohibir el acceso a esta institución, que solo existe en España, a "los partidos políticos, sus asociaciones afiliadas, jueces, fiscales y sus respectivos colectivos".
La Comisión también resalta especialmente la creación por el Ejecutivo de quinientas nuevas plazas judiciales y otras doscientas para fiscales. El Ministerio de Presidencia y Justicia y el Consejo General del Poder Judicial ya han acordado el calendario de procesos de selección para cubrir las nuevas vacantes. "Estas medidas incrementarán el número de jueces por habitante, que es actualmente uno de los más bajos de la UE", establece el informe, que recuerda que el órgano de gobierno de los jueces, antes del anuncio del Ejecutivo, había estimado en 431 las plazas para jueces y magistrados que se debían crear. El documento subraya también la reforma del acceso a la judicatura y la fiscalía, contra la que las asociaciones de derechas hicieron una huelga ilegal en 2025. Esa iniciativa "busca reformar el acceso a esas carreras y estabilizar la situación de jueces y fiscales sustitutos".
En el último Cuadro de indicadores de la Justicia en Europa, que analiza la calidad y la independencia de los sistemas judiciales de los Veintisiete, uno de los ámbitos en los que España registró mejores resultados fue la digitalización, uno de los pocos en los que nuestro país se situaba a la cabeza de Europa. El Informe sobre el Estado de derecho, sin embargo, advierte de la "limitada interoperabilidad entre los diversos sistemas y aplicaciones nacionales y regionales". La regulación de la inteligencia artificial en los tribunales, la digitalización del Registro Civil y la creación de la Carpeta Justicia —un espacio en línea para que los ciudadanos realicen gestiones relacionadas con este servicio público— son algunos de los progresos que subraya.
La última renovación del CGPJ, hace dos años, trajo consigo la obligación de que el nuevo órgano de gobierno de los jueces elaborara una propuesta de reforma del sistema de elección de los doce vocales procedentes de la carrera. El Consejo aprobó por unanimidad dos propuestas en febrero de 2025. La primera, apoyada por los conservadores, propone que sean los propios jueces los que los elijan sin intervención del Parlamento. La segunda, sostenida por el sector progresista, defiende la actual elección parlamentaria —de entre una lista previamente elegida por la carrera— para garantizar el pluralismo en un estamento muy escorado a la derecha.
"El capítulo español alaba otras reformas del Gobierno que, sin embargo, la derecha judicial y política critican como disfuncionales o partidistas""Ha habido un significativo progreso en la recomendación de fortalecer el estatuto del fiscal general con un proyecto de ley sometido a discusión en el Parlamento", sostiene el informe de este año. El documento valora las dos iniciativas de la reforma gubernamental en marcha, que, sin embargo, no parece que vaya a llegar a aprobarse debido al escaso tiempo de legislatura restante, la oposición del PP y Vox y la escasez de apoyos del Ejecutivo. La primera es "que el fiscal general permanezca en el cargo durante un mandato no renovable de cinco años que ya no coincida con el del Gobierno". La segunda es "que la responsabilidad de dirigir las investigaciones penales pase de los jueces a los fiscales", algo que hará los procesos criminales "más efectivos".
Junto al refuerzo de la independencia del Ministerio Público, el informe subraya también en su parte final otro aspecto del proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal: la limitación de la acción popular. La iniciativa "busca prevenir los abusos que se perciben" e "intenta restringir el catálogo de delitos en los que pueda ejercerse esta acusación, requiriendo que se demuestre una conexión directa, relevante y sustancial con el interés público que se defienda en el proceso". La Comisión subraya que la modificación legal prevé prohibir el acceso a esta institución, que solo existe en España, a "los partidos políticos, sus asociaciones afiliadas, jueces, fiscales y sus respectivos colectivos".
La Comisión también resalta especialmente la creación por el Ejecutivo de quinientas nuevas plazas judiciales y otras doscientas para fiscales. El Ministerio de Presidencia y Justicia y el Consejo General del Poder Judicial ya han acordado el calendario de procesos de selección para cubrir las nuevas vacantes. "Estas medidas incrementarán el número de jueces por habitante, que es actualmente uno de los más bajos de la UE", establece el informe, que recuerda que el órgano de gobierno de los jueces, antes del anuncio del Ejecutivo, había estimado en 431 las plazas para jueces y magistrados que se debían crear. El documento subraya también la reforma del acceso a la judicatura y la fiscalía, contra la que las asociaciones de derechas hicieron una huelga ilegal en 2025. Esa iniciativa "busca reformar el acceso a esas carreras y estabilizar la situación de jueces y fiscales sustitutos".
"Estas medidas incrementarán el número de jueces por habitante, que es actualmente uno de los más bajos de la UE"De todas las reformas impulsadas por el Gobierno, la Ley de Eficiencia, que sustituyó los tradicionales juzgados unipersonales por Tribunales de Instancia, es la única que ha entrado en vigor. El Informe sobre el Estado de derecho de 2026 asegura que la norma "ha mostrado ya resultados positivos", incluyendo "la reducción en un tercio de los casos de la jurisdicción civil gracias a la nueva obligación de recurrir previamente a métodos alternativos de resolución de conflictos", como la conciliación. La Comisión, sin embargo, advierte de "los retos ligados a los recursos" para gestionar los cambios que implica la norma y de su "implementación desigual entre las comunidades, especialmente en los municipios más grandes".
En el último Cuadro de indicadores de la Justicia en Europa, que analiza la calidad y la independencia de los sistemas judiciales de los Veintisiete, uno de los ámbitos en los que España registró mejores resultados fue la digitalización, uno de los pocos en los que nuestro país se situaba a la cabeza de Europa. El Informe sobre el Estado de derecho, sin embargo, advierte de la "limitada interoperabilidad entre los diversos sistemas y aplicaciones nacionales y regionales". La regulación de la inteligencia artificial en los tribunales, la digitalización del Registro Civil y la creación de la Carpeta Justicia —un espacio en línea para que los ciudadanos realicen gestiones relacionadas con este servicio público— son algunos de los progresos que subraya.
La última renovación del CGPJ, hace dos años, trajo consigo la obligación de que el nuevo órgano de gobierno de los jueces elaborara una propuesta de reforma del sistema de elección de los doce vocales procedentes de la carrera. El Consejo aprobó por unanimidad dos propuestas en febrero de 2025. La primera, apoyada por los conservadores, propone que sean los propios jueces los que los elijan sin intervención del Parlamento. La segunda, sostenida por el sector progresista, defiende la actual elección parlamentaria —de entre una lista previamente elegida por la carrera— para garantizar el pluralismo en un estamento muy escorado a la derecha.
"Se necesitan nuevos pasos para finalizar el proceso para adaptar el sistema de nombramiento de los miembros del Consejo procedentes de la carrera"Bruselas valora que el Poder Judicial haya pedido apoyo en este proceso a la Comisión de Venecia, organismo dependiente del Consejo de Europa. Sus miembros aseguraron que solo la elección de los doce vocales judiciales "por sus pares" estaba de acuerdo con los estándares de esa institución europea, aunque advirtieron de sus riesgos de politización a través de las asociaciones judiciales. La Comisión Europea asume el criterio de esa organización internacional. "Se necesitan nuevos pasos para finalizar el proceso para adaptar el sistema de nombramiento de los miembros del Consejo procedentes de la carrera", refleja el informe.
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27 de julio de 2026
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