Jesús Ruiz-Huerta, catedrático de Economía Aplicada: "No tiene mucho sentido culpar a los mayores de que los jóvenes estén mal"

El lector probablemente ya sea consciente de que hoy existe un debate generacional en España. Desde distintas perspectivas, pero con la desigualdad casi siempre en el centro, esta discusión ha ido ocupando un espacio cada vez mayor. Y, al mismo tiempo que crece en importancia, también lo hacen los temas que arrastra: fiscalidad, vivienda, pobreza infantil o modelo de bienestar, entre otros.

Para buscar respuestas a tantos interrogantes, pasé una tarde conversando con Jesús Ruiz-Huerta. El catedrático de Economía Aplicada lleva años trabajando en este terreno desde el Laboratorio de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas, donde dirige el Informe sobre la Desigualdad en España. En esta conversación, Ruiz-Huerta explica cómo han cambiado las preocupaciones: de las pensiones y las rentas mínimas se ha pasado a la vivienda, la pobreza infantil, la situación de los jóvenes y la concentración de recursos en la parte alta de la distribución. Reconoce que España ha mejorado algunos indicadores, pero recuerda que "aún estamos peor que otros países de nuestro entorno".

La fiscalidad ocupa también un lugar central, y ahí pesa su experiencia como presidente del comité que elaboró el Libro Blanco para la reforma tributaria (2022). Frente a la idea de que España tenga una presión impositiva muy elevada, responde que "no se puede decir que España sea un país donde se paguen muchos impuestos". El problema, señala, está en quién contribuye y quién logra quedar fuera de ese "todos" sobre el que se sostiene el Estado del bienestar.

A partir de ahí, conduce la conversación hacia tres políticas públicas prioritarias para reducir la desigualdad en España. En ellas, pone el foco en buena parte de lo analizado previamente, con especial atención a la pobreza infantil, el acceso más igualitario a los servicios públicos y una reforma fiscal capaz de aumentar la recaudación allí donde se concentra más riqueza.
 
Usted lleva años estudiando la desigualdad en España. ¿Cómo ha sido su evolución en los últimos años? ¿Tenemos hoy las mismas preocupaciones que una década atrás?

Desde el año 2013, el Laboratorio de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas viene elaborando el Informe sobre la Desigualdad en España, con una periodicidad bienal. La razón de la continuidad de este tipo de informes es mantener un diagnóstico continuado sobre asuntos tan importantes como la desigualdad o la democracia.

Intentaré centrarme ahora en las preguntas formuladas. En 2013 estábamos todavía en la parte final de la Gran Recesión (2008-2014). En aquel momento, junto al hundimiento de las principales variables macroeconómicas, crecieron los indicadores de desigualdad, pobreza y exclusión social, y esos problemas empezaron a preocupar más a los analistas y a los ciudadanos.

Desde entonces sí ha habido una evolución relevante. En el informe de este año, Luis Ayala hizo un primer capítulo comparativo a partir de la explotación de encuestas europeas homogéneas sobre condiciones de vida entre 2005 y 2024. Lo que se observa es que, entre las dos fechas, en España se produjo una disminución de los indicadores de desigualdad.

"A partir de los datos manejados, podría defenderse la existencia de una cierta convergencia entre países en términos de desigualdad"

Los datos disponibles procedentes de Eurostat nos dicen que, en España, y también en otros países europeos, se habría producido una cierta disminución de la desigualdad de la renta entre los años 2005 y 2024, aunque dicha tendencia no es general. Paradójicamente, en países del centro de Europa, como Alemania, Francia o Italia, y también en los países nórdicos, referencias clásicas de los Estados del bienestar consolidados, se observa un aumento de la desigualdad. A partir de los datos manejados, podría defenderse la existencia de una cierta convergencia entre países en términos de desigualdad.

En el caso español se aprecia una disminución de la desigualdad, así como de la pobreza y de la exclusión. El indicador AROPE, que utiliza la Unión Europea para medir el riesgo de pobreza o exclusión social, muestra una cierta estabilidad entre las dos fechas en España, aunque después de la Gran Recesión y de los episodios de la pandemia y el brote inflacionista de 2022, los datos muestran una senda de disminución a lo largo de los últimos años. Aunque no hay grandes diferencias entre los años objeto de estudio, los datos muestran el resultado de una doble dinámica: un importante aumento de las cifras como consecuencia de la crisis financiera y una recuperación desde los años más recientes, con algunos retrocesos asociados a la pandemia y la inflación de 2022.

Paralelamente, la información de las encuestas y los trabajos de investigación sobre estos temas señala que ha aumentado la preocupación técnica y ciudadana por la desigualdad. En otros términos, parece que crece la preocupación por la desigualdad cuando algunos indicadores objetivos mejoran. Los ciudadanos consideran que es un problema importante y los especialistas también. Múltiples trabajos recientes, desde la economía, la sociología y la ciencia política, muestran hasta qué punto este debate sigue muy vivo.

Respecto a la segunda cuestión, aunque sigue preocupando el problema básico de la desigualdad, seguramente los objetos de atención han cambiado. Por un lado, hace una década el país estaba saliendo de la recesión y, como señalaba antes, la desigualdad de la renta había crecido en los años de crisis, mientras que en la actualidad vivimos un período amplio de crecimiento económico, creación de muchos empleos, aumento de la estabilidad laboral y apuesta por fuertes inversiones sociales, lo que ha permitido una mejora de los índices de pobreza y desigualdad. Con todo, aún estamos peor que otros países de nuestro entorno, lo que pone de manifiesto que no es fácil revertir el retrato de nuestra estructura social en un plazo de tiempo corto.

"En otros términos, parece que crece la preocupación por la desigualdad cuando algunos indicadores objetivos mejoran. Los ciudadanos consideran que es un problema importante y los especialistas también"

Por lo que se refiere a los rasgos diferenciales de los dos momentos, habría que reconocer que los tipos de preocupación han cambiado, al menos en términos de énfasis relativo: de una mayor inquietud por la situación de los colectivos de personas mayores hemos pasado a poner el acento en los problemas de pobreza y desigualdad que afectan a los jóvenes y, singularmente, a la infancia; en la misma dirección, de una mayor preocupación —entonces— por las pensiones y las rentas mínimas, hoy la vivienda ocupa un lugar preferente en las preocupaciones de la ciudadanía y, del mismo modo, en la actualidad preocupa cada vez más la concentración de los recursos en pocas manos y los comportamientos de quienes están en la parte más alta de la distribución.
 
Cuando hablamos de desigualdad, solemos pensar directamente en la renta. ¿Nos estamos quedando cortos? ¿Qué dimensiones pesan hoy más: riqueza, vivienda, educación, salud, territorio o edad?

Inicialmente, los trabajos, sobre todo los procedentes de la economía, estaban muy basados en el estudio de la renta como expresión de la capacidad económica. La renta es una variable razonable para aproximarnos al bienestar y es lógico que se utilice como variable básica. Además, en los últimos años ha habido buena información sobre los ingresos de las personas, los principales componentes de la renta y las condiciones de vida de los individuos, especialmente por medio de las encuestas de condiciones de vida, armonizadas por Eurostat, lo que ha permitido avanzar significativamente en el estudio y la comprensión de estos fenómenos.

Pero la renta es insuficiente para ofrecernos una información completa sobre la desigualdad. La desigualdad abarca muchas facetas, como se señala en la pregunta: la riqueza, las pensiones, el acceso a los servicios públicos, el territorio, la vivienda, la educación, la salud y, también, el género. La desigualdad de género ha cobrado más importancia con el paso del tiempo, no solo por razones de equidad, sino también por razones de eficiencia. Mantener desigualdades elevadas entre mujeres y hombres tiene efectos negativos sobre la eficiencia económica.

"La renta es insuficiente para ofrecernos una información completa sobre la desigualdad. La desigualdad abarca muchas facetas"

Por otro lado, en este ámbito se produce, más que en otros, la "desigualdad interseccional": una mujer inmigrante se enfrenta a una situación distinta a la de una mujer que no lo es; si además entra en el mercado de trabajo en condiciones más precarias, aparece otro tipo de desigualdad; y si llega a la jubilación, vuelve a reproducirse con las pensiones. El origen, el género, la edad o la posición laboral no actúan siempre por separado y, con frecuencia, las desigualdades se cruzan y se suman.

En los últimos años, las dimensiones que más peso han ganado en las preocupaciones de la ciudadanía son la riqueza y la vivienda. La vivienda forma parte del patrimonio de la gente y, por tanto, es también una expresión de la riqueza. Lo que preocupa especialmente es la acumulación de renta y la concentración de riqueza, que han sido espectaculares en los últimos años, como han puesto de manifiesto Oxfam Intermón o el World Inequality Lab. No es un problema solo español. En Estados Unidos, y entre los países europeos, se ha comprobado la enorme concentración de la riqueza en pocas manos, de modo que ese colectivo ya no solo alcanza un gran poder económico, sino que además ese poder se transforma en una enorme capacidad de influencia y de control del poder político, como ocurre en la actualidad en Estados Unidos y, con toda certeza, no solamente allí.

"Lo que preocupa especialmente es la acumulación de renta y la concentración de riqueza, que han sido espectaculares en los últimos años"

Esta nueva deriva está generando un cierto cambio en los "acentos" del análisis. No se puede decir que haya decrecido el interés por otras manifestaciones de la desigualdad, que hayan desaparecido los problemas clásicos de desigualdad en renta ni que hayamos resuelto los problemas de pobreza y exclusión social. Lo que ocurre es que, junto a esos problemas, el foco se ha desplazado hacia la parte superior de la distribución: cómo se comportan y actúan quienes concentran la mayor parte de la renta y la riqueza, y debemos preguntarnos lo que puede ocurrir si esa tendencia continúa y se consolida.

La fiscalidad se ha metido de lleno en este debate. En España se repite mucho que se pagan demasiados impuestos. ¿El problema es que pagamos demasiado o que recaudamos mal para financiar el Estado del bienestar que decimos querer?

Lo primero que debemos aclarar es qué entendemos por "pagar demasiados impuestos". Como criterio general, deberíamos pagar los impuestos que necesitamos para financiar los gastos públicos. En el Congreso de los Diputados, los ciudadanos, a través de sus representantes, deciden cuáles son los tipos y el volumen de servicios públicos que quieren, y esos bienes y servicios deben ser financiados.

"En una mayoría de los países de la UE los ciudadanos pagan más impuestos que los españoles, y en algunos países de la Unión pagan bastante más"

Aunque conviene evitar posiciones radicales en este marco, no debemos olvidar que el punto de partida es el que acabo de plantear: qué bienes y servicios queremos y cómo los financiamos. Si nos comparamos con países semejantes, un método sensato para contestar la pregunta inicial, no se puede decir que España sea un país donde se paguen muchos impuestos. En la OCDE, España se sitúa en el entorno del valor de la media, si se utiliza una media ponderada, pero por debajo si se toma como referencia una media aritmética. En la Unión Europea, los datos de Eurostat indican que nos hemos acercado algo a la media, pero seguimos por debajo. En definitiva, en una mayoría de los países de la UE los ciudadanos pagan más impuestos que los españoles, y en algunos países de la Unión pagan bastante más.

Otra cuestión es cómo se distribuye la presión fiscal o, en otros términos, cómo se reparte entre los ciudadanos la financiación de los servicios públicos. La mayoría de la población paga impuestos de una manera razonable. El diseño del sistema tributario no está tan alejado de las medias europeas y la recaudación funciona razonablemente bien: tanto la Agencia Estatal de Administración Tributaria como las agencias de las comunidades autónomas cobran sus impuestos. También hay que recordar que no hablamos solo de grandes impuestos estatales, sino de impuestos autonómicos y locales, incluso de cierta envergadura, como el IBI.

El problema aparece cuando descubrimos quiénes no pagan impuestos o pagan mucho menos. La Constitución, en su artículo 31, dice que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio". La palabra más importante del párrafo es, a mi juicio, "todos".

"Hay que recordar que no hablamos solo de grandes impuestos estatales, sino de impuestos autonómicos y locales, incluso de cierta envergadura, como el IBI"

Lo que ocurre es que un sector de la población, sobre todo en la parte alta de la distribución, ha ido saliendo de ese "todos". También hay comportamientos fraudulentos en ese y otros escalones de la distribución, y aún en nuestros días no todo el mundo paga el IVA, pero eso no significa que haya una conciencia general contraria a pagar impuestos. Ninguna encuesta muestra esa oposición al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. La gente sabe que hay que pagarlos. Lo más cuestionable es que quienes tienen grandes patrimonios pueden acabar pagando menos impuestos que un trabajador medio.
 
¿Cómo se puede empezar a corregir esa situación?

En primer lugar, con mucha información razonable y las explicaciones adecuadas. Hay que contar qué está pasando con el cumplimiento/incumplimiento fiscal de quienes evaden o eluden sus obligaciones y, de forma particular, de quienes concentran la riqueza y, sin embargo, no pagan o pagan muy pocos tributos. Es importante que la gente entienda el problema y que, desde el colegio, los ciudadanos comprendan que el aseguramiento de derechos y libertades básicas y el mantenimiento de servicios públicos de calidad exige la contribución de "todos" y particularmente de los más ricos.

Además de aplicar tareas de difusión y educación, hay que buscar fórmulas especiales para afrontar el comportamiento de los colectivos más reacios a participar en la financiación del gasto público. Una de las propuestas más conocidas es la de Gabriel Zucman: un impuesto mínimo del 2% para los contribuyentes con más de 100 millones de euros. La idea es sencilla: como sabemos que no pagan lo que les correspondería, por lo menos que paguen esa limitada cantidad. Zucman defiende que el 2% es una cantidad razonable y no un concepto arbitrario para que estas personas contribuyan de forma más proporcional si se compara con el resto.

"El aseguramiento de derechos y libertades básicas y el mantenimiento de servicios públicos de calidad exige la contribución de «todos» y particularmente de los más ricos"

Aunque este tipo de iniciativas parecen de difícil aplicación, conviene recordar que con ellas no se trata de "castigar" a nadie, sino de cumplir las reglas de una sociedad que se ha dotado de un Estado del bienestar "pactado en la Transición" y recogido en la Constitución. Si acordamos ese modelo, mientras no se modifique, es importante garantizar su financiación y no se puede defender que queden al margen del acuerdo quienes más capacidad económica tienen.

Por otra parte, en España, como ocurre en la mayoría de los países similares, las rentas de capital están mejor tratadas que las rentas del trabajo en el sistema tributario. Como es sabido, el IRPF tiene una tarifa general, para la mayoría de las rentas, y una tarifa del ahorro para gravar las rentas del capital. Esta separación se suele justificar por la especificidad de esas rentas y por la presión generada por la competencia internacional, pero se trata de una discriminación cuestionable que, como se defendía en el Libro Blanco de la reforma tributaria, debería aumentar la progresividad de la tarifa del ahorro y promover una senda de convergencia entre las dos tarifas.

Nuestro sistema tributario se apoya fundamentalmente en las rentas del trabajo y en el consumo de los ciudadanos. A pesar de que es una pauta común en los sistemas tributarios europeos, también hay una opinión mayoritaria en el sentido de demandar un mayor papel a las rentas de capital en la recaudación del impuesto sobre la renta y del impuesto de sociedades, para asegurar un mayor equilibrio de los tributos sobre los tres tipos de bases imponibles para financiar los bienes y servicios públicos. Adicionalmente, parece imprescindible la reforma en profundidad de la imposición sobre el patrimonio o la riqueza.

Otro problema importante del sistema tributario es la existencia de muchos gastos fiscales, es decir, de excepciones que limitan, de forma excesiva en ocasiones, la recaudación tributaria: exenciones, deducciones en la base o en la cuota, o la aplicación excesiva de tipos reducidos. Esa acumulación de minoraciones —que ha llevado a algunos autores a hablar de un "Estado del bienestar oculto"— vacía de contenido la recaudación de algunos impuestos relevantes y limita la capacidad financiera del sector público.

"Hay una opinión mayoritaria en el sentido de demandar un mayor papel a las rentas de capital en la recaudación del impuesto sobre la renta y del impuesto de sociedades"

En el marco de los impuestos patrimoniales, la creación del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas fue una manera de evitar la desaparición de recursos y del propio impuesto sobre el patrimonio, como consecuencia de la competencia fiscal perjudicial a la baja. La bonificación del 100% de la cuota del impuesto sobre el patrimonio por parte de una comunidad autónoma, en la práctica, viene a ser equivalente a la supresión de un impuesto aprobado por el Congreso, lo que, a mi juicio, implica una ruptura del principio de lealtad institucional.

En el caso del IVA y de los impuestos indirectos, hay que recordar su carácter básicamente recaudatorio. Pretender hacer política social con el IVA es complicado, porque los tipos reducidos aplicados a determinados bienes y servicios de consumo básico benefician a los colectivos de rentas bajas, pero también al resto de contribuyentes, de modo que las rebajas de tipos acaban beneficiando sobre todo a quienes más gastan, normalmente los que tienen mayor capacidad económica. Desde hace años, las instituciones europeas ponen de manifiesto, en todo caso, el importante coste recaudatorio que supone el mantenimiento de muchos tipos rebajados.
 
¿El sector público español reduce suficientemente la desigualdad, o llega tarde y con poca intensidad?

En España y en otros países europeos con estados de bienestar más o menos desarrollados, el sector público sí redistribuye. A partir de la contabilidad nacional, obtenemos la información sobre la renta bruta y su distribución, y los indicadores de desigualdad son muy elevados porque la capacidad de generar rentas es muy diferente entre personas. Sin embargo, al pasar de la renta bruta a la renta disponible, es decir, incorporando la intervención del Estado a través de los impuestos y los gastos recogidos en los presupuestos, la desigualdad disminuye significativamente.

Ahora bien, la mayor parte del efecto distributivo del sector público no se hace a través del sistema tributario, sino a través de los servicios públicos, las pensiones y las transferencias de renta, como el ingreso mínimo vital (IMV) o el complemento de ayuda para la infancia. El IRPF muestra una cierta capacidad redistributiva al tratarse de un impuesto directo y progresivo, y, de forma mucho más modesta, también la imposición patrimonial produce un pequeño efecto redistributivo, pero el efecto principal de corrección de la desigualdad se produce por el lado del gasto.

"La mayor parte del efecto distributivo del sector público no se hace a través del sistema tributario, sino a través de los servicios públicos"

En sociedades complejas como las actuales, es fundamental que exista un sector público con capacidad de toma de decisiones. No se trata de defender un sector público "grande", pero sí un Estado que juegue un papel importante en la cobertura de servicios públicos, en la atención a los colectivos desfavorecidos y en la provisión de bienes públicos que el sector privado no atiende. Y para financiar todas esas actividades hacen falta recursos.

Cuando se oyen opiniones muy contrarias a los impuestos o al significado del sector público, es bueno recordar que los servicios públicos son costosos y que dependen de recursos públicos. Son ejemplos concretos que pueden ayudar a entender para qué sirve el sector público.

En ese ajuste desde abajo se ha discutido mucho sobre la deflactación del IRPF, también en relación con la subida del SMI. Dicen que la inflación estaría empobreciendo a esas rentas más bajas. ¿Qué opinión tiene sobre ese debate?

El IRPF pretende gravar la capacidad económica de las personas, pero en épocas de inflación, si no se actualiza la tarifa, se puede terminar gravando una capacidad económica que no ha aumentado realmente, como consecuencia del aumento de los precios. Por tanto, hay una justificación de principio para actualizar la tarifa y las desgravaciones del IRPF. Hay países que tienen fórmulas diversas para proceder a la actualización del IRPF y evitar la que se ha denominado "progresividad en frío".

Pero también hay argumentos para defender que una actualización general beneficia más, en términos relativos, a quienes más pagan. Si se quiere hacer una política redistributiva o progresiva, conviene introducir, en su caso, una actualización diferenciada por tramos o poner el acento en la parte baja de la distribución, mediante deducciones, minoraciones u otros mecanismos que protejan a las rentas más bajas. Algo de eso es lo que se ha hecho con la cuestión del SMI.

"Hay países que tienen fórmulas diversas para proceder a la actualización del IRPF y evitar la que se ha denominado «progresividad en frío»"

La aplicación del principio de capacidad económica puede justificar la actualización por inflación, pero, como hablamos de capacidades económicas muy diferentes, quizá merece la pena discriminar a los diversos colectivos e introducir mecanismos que tengan en cuenta la situación más delicada de quienes están en la parte baja de la distribución, en lugar de hacer una actualización generalizada para todos y, al tiempo, emplear los recursos obtenidos del llamado impuesto inflacionario para financiar políticas sociales necesarias.
 
España crece, crea empleo y mejora algunos indicadores macroeconómicos, pero al mismo tiempo se mantiene una sensación de malestar económico. ¿Qué explica esa distancia entre los datos macro y la vida cotidiana de muchos hogares?

Sin duda, los datos macroeconómicos han ido muy bien a lo largo de los últimos años. Recientemente, el Semestre Europeo económico de la UE nos recordaba que en 2025 el PIB experimentó un crecimiento del 2,8%, el primero entre los grandes países de la Unión Europea. En la misma dirección se incrementó notablemente el empleo, con cambios significativos respecto a la calidad del trabajo; ha aumentado también sensiblemente el número de cotizantes a la Seguridad Social y la tasa de paro cayó por debajo del 10%, lo que no pasaba desde el año 2008. Por otro lado, el déficit público del pasado año fue del 2,2%, lo que permitió una suave reducción de la deuda, aunque se mantiene en niveles altos.

"La percepción ciudadana arrastra el impacto del aumento de los precios de 2022 y 2023"

Hay varias razones para explicar ese comportamiento contradictorio de la percepción de los ciudadanos respecto a los datos reales. La reforma laboral ha tenido, sin duda, efectos positivos. La entrada de población inmigrante ha contribuido asimismo al crecimiento económico, aunque también al aumento de las tensiones en algunos ámbitos, como el de la vivienda. Pero, sobre todo, la percepción ciudadana arrastra el impacto del aumento de los precios de 2022 y 2023. Muchas personas, a la luz del coste de la vida, las dificultades para acceder a la vivienda o el limitado crecimiento de los salarios reales, consideran que la situación es negativa a pesar del crecimiento de la producción y el empleo. En 2022 tuvo lugar una fuerte tensión inflacionista y los precios subieron mucho; después de 2022 los precios se moderaron, pero en cierto modo muchos ciudadanos consideran que esa subida se ha mantenido en el tiempo, en el contexto de la incertidumbre generada en el contexto internacional. Es cierto, no obstante, que, como consecuencia de la inflación, una parte de los salarios u otras rentas creció menos que los precios, con lo cual habría perdido capacidad adquisitiva.

Además, otros factores políticos y sociales pueden ayudar a entender estas percepciones ciudadanas. Hay sectores y redes que insisten en que la situación es caótica porque los precios no dejan de subir y el Gobierno es inoperante. No es verdad que sigan creciendo como entonces, pero esa percepción se mantiene, además de la incertidumbre y de la visión negativa de la vida política. Por eso, una parte del malestar tiene que ver con la inflación acumulada y otra con el marco político e ideológico en el que se interpretan los datos.

En relación con la desigualdad, ¿qué nos puede aportar Europa y qué puede aportar España desde su experiencia?

Desde mi punto de vista, Europa nos aporta, en primer lugar, un proyecto común que se preocupa por la igualdad de las personas y, desde luego, por garantizar la democracia y el cumplimiento de las leyes. Tal vez la principal ventaja del modelo europeo, con todos sus problemas, es que respeta las leyes y los derechos, también los sociales, una cuestión esencial, no siempre asegurada en países no democráticos.

"La principal ventaja del modelo europeo, con todos sus problemas, es que respeta las leyes y los derechos, también los sociales"

A España le viene bien aprender de lo que ocurre en Europa y participar en proyectos europeos. En desigualdad, por ejemplo, Europa también nos aporta instrumentos de medición. El AROPE es el indicador europeo para medir pobreza y exclusión social, y sirve para evaluar los efectos de las políticas sociales sobre la población pobre o excluida. La capacidad de comparar, por otro lado, se ve muy favorecida gracias al esfuerzo armonizador de Eurostat y a la periódica publicación de estadísticas homogéneas.

Incluso en el ámbito de la fiscalidad hay cada vez más interacción. Los temas de gestión tributaria y fraude son a menudo compartidos y afectan a varios países, de modo que la cooperación entre administraciones es fundamental. Aunque la política social siga perteneciendo a los países de la Unión, también es relevante que se pueda aprender de otros países europeos en la prestación de los servicios y que ellos puedan aprender de las mejoras introducidas en España.

¿Existe hoy una fractura generacional en España? ¿Nuestro Estado del bienestar protege mucho mejor a los mayores que a los jóvenes?

En ocasiones este debate se plantea como un gran enfrentamiento generacional, como si la batalla del reparto de la renta y la riqueza se planteara entre jóvenes y mayores. A mi juicio, no tiene mucho sentido culpar a los mayores de que los jóvenes estén mal. Enfrentar a colectivos de esa manera no me parece defendible ni política ni racionalmente.

Es cierto y debe reconocerse que existen algunos problemas serios que afectan singularmente a los jóvenes, fundamentalmente en relación con el acceso a la vivienda y con su integración en el mercado de trabajo. Los jóvenes pueden integrarse, pero en muchos casos con salarios reales inferiores a los de otras épocas. Su situación no parece nada fácil. También han cobrado interés respecto a otras épocas los altos indicadores de pobreza infantil, que se mantienen desde hace algunos años. Además, es razonable defender la elaboración de programas específicos para jóvenes y, en todo caso, es una demanda generalizada la necesidad (y la urgencia) de revisar las políticas de vivienda para facilitar mucho más el acceso a la juventud.

"El problema de la vivienda es, sobre todo, un problema de escala social y de reparto social"

Pero desde mi punto de vista, el problema de la vivienda es, sobre todo, un problema de escala social y de reparto social. Cuando analizamos la situación de los más ricos, como he reiterado, vemos que crece mucho su renta y su acumulación de riqueza, y además en los últimos años parece haberse producido un cierto efecto de composición: quienes se sitúan en la parte más alta de la distribución de la renta tienen cada vez más propiedades inmobiliarias entre sus activos, y no solo, o principalmente, activos financieros, como ocurría en períodos anteriores.

Por otro lado, tampoco está resuelto todo desde la perspectiva de los mayores. Algunos problemas que deben afrontar son el futuro de las pensiones, los problemas de atención sanitaria, la dependencia o la soledad no deseada. Hay que recordar además que las generaciones que en la actualidad son pensionistas también tuvieron que hacer frente cuando eran jóvenes a múltiples problemas y dificultades a la hora de integrarse en el mercado de trabajo o de acceder a los bienes y servicios públicos hoy disponibles. Por eso no creo que tenga mucho sentido culpar a los mayores de que los jóvenes estén mal. Hay otros factores que pesan mucho más y que exigen la aplicación de políticas reguladoras, políticas específicas para facilitar la salida de los jóvenes de su difícil situación y, en general, grandes reformas que requieren amplios consensos, hoy lamentablemente inviables.
 
España es un país descentralizado. ¿La competencia fiscal entre comunidades autónomas está debilitando la capacidad redistributiva del Estado?

Creo que el análisis de la descentralización y el funcionamiento de las políticas sociales y del Estado del bienestar es una cuestión importante. En España, los rasgos básicos se recogen en algunos artículos clave de la Constitución. Hay, por tanto, un componente constitucional que debe ser respetado, aunque se discutan la extensión e intensidad de la cobertura de los principales servicios públicos sociales, porque la garantía y protección de los derechos sociales no es solo una cuestión de solidaridad o de eficiencia económica, sino también de cumplimiento de las reglas constitucionales.

"En un futuro próximo será imprescindible buscar vías de aproximación y encuentro entre el modelo foral y los del régimen común"

Por su parte, aunque el modelo de descentralización español ha sido, en algunos aspectos, modélico, no está exento de serios problemas. Tal vez uno de los más graves es el de su asimetría entre los resultados del modelo foral y los del régimen común, lo que implica importantes diferencias en términos de capacidad de decisión y de financiación. En un futuro próximo será imprescindible buscar vías de aproximación y encuentro entre ambos modelos.

Por otro lado, por lo que atañe a la pregunta, los especialistas y muchos ciudadanos ponen de manifiesto la preocupación por que la descentralización pueda estar debilitando el Estado del Bienestar ante la inaplicación por parte de las comunidades autónomas de las políticas sociales decididas en el Parlamento español. Las alternativas para resolver esta cuestión son difíciles, pero hay que buscar fórmulas que respeten lo que la mayoría de la población entiende por Estado del bienestar, incluso aceptando que haya debates sobre su alcance. Y, una vez aclarado ese extremo, es clave la aplicación efectiva del principio de lealtad constitucional.

En este contexto, el modelo de financiación autonómica de 2009, con todos sus defectos, ha permitido que se garantizara la financiación de los servicios esenciales del Estado del bienestar a través del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que pretende asegurar un tratamiento equivalente de la financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales a todas las personas, con independencia del territorio en el que vivan. En el proyecto de reforma presentado por el Gobierno central a comienzos del año actual, se mantenían los rasgos básicos del sistema mencionado.

Por otro lado, las grandes transferencias monetarias públicas, como las pensiones, el ingreso mínimo vital o el seguro de desempleo, siguen siendo atribución del Gobierno central, y juegan un cierto papel equilibrador o compensador de la descentralización de los grandes servicios sociales.

"Los especialistas y muchos ciudadanos ponen de manifiesto la preocupación por que la descentralización pueda estar debilitando el Estado del Bienestar"

Ahora bien, el juego de partidos y gobiernos en el centro y en las autonomías puede afectar al desarrollo de las políticas sociales y su financiación. Por eso, si se defienden los principios del Estado del bienestar, es necesario asegurar un cierto grado de consenso entre los agentes sobre su extensión e intensidad de cobertura, para poder asegurar que los acuerdos firmados en 1978 y contenidos en la Constitución se mantengan.

Si tuviera que elegir tres reformas prioritarias para reducir la desigualdad en España durante la próxima década, ¿cuáles serían?

La primera sería la destinada a combatir la pobreza infantil a la que me he referido anteriormente. Me parece una línea de trabajo interesante estudiar la propuesta de vincular la política social y la política fiscal. La Agencia Tributaria es una institución que se ha ganado una imagen de eficiencia, y tal vez podría actuar en conexión con otras instituciones para acercar las políticas sociales a quienes verdaderamente las necesitan. Si una familia con hijos e ingresos bajos realiza su declaración y el resultado de esta es negativo, podría recibir una transferencia, como ocurre con las actuales deducciones por maternidad. Eso permitiría además aplicar una política de apoyo expreso a las familias más vulnerables.

"Si una familia con hijos e ingresos bajos realiza su declaración y el resultado de esta es negativo, podría recibir una transferencia, como ocurre con las actuales deducciones por maternidad"

Además, esas transferencias pueden tener efectos sobre el consumo; si las familias con bajos ingresos disponen de recursos adicionales, pueden consumir más, lo que genera un cierto efecto sobre la actividad económica y da lugar a un aumento de la recaudación de impuestos indirectos. En la misma dirección, el apoyo de los gobiernos a la extensión y la financiación de la educación infantil, además de atender una necesidad educativa relevante, puede contribuir también a aliviar la situación de las familias con niños con mayores dificultades económicas.

La segunda reforma sería garantizar el acceso adecuado de los ciudadanos a los servicios públicos. Me refiero a la sanidad, la educación, la vivienda y también las pensiones. En sanidad, por ejemplo, combatir a fondo la situación de las listas de espera me parece imprescindible. Es una tarjeta de visita lamentable para el sistema sanitario público que alguien pida una cita en el mes de junio y se le ofrezca como única opción los primeros meses de 2027.

Adicionalmente, habría que debatir de forma rigurosa qué papel debe tener la provisión privada de servicios públicos respecto a la pública. La sanidad privada puede jugar un papel relevante como complemento de la pública, pero hay que aclarar si en realidad se trata de un complemento o si está sustituyendo a la pública. Si las listas de espera empujan a la gente a contratar seguros privados, tenemos que analizar si las razones son la falta de recursos, la decisión de un gobierno autónomo que prefiere dedicar recursos a la sanidad privada o los problemas de gestión de las instituciones encargadas de su provisión.

En los casos de otros bienes y servicios públicos como las pensiones, la educación, la dependencia o la vivienda, es necesario evaluarlos con rigor, de manera periódica e independiente, para detectar los problemas principales, que van cambiando con el tiempo, y arbitrar las decisiones pertinentes para cubrir las demandas de los ciudadanos y de los profesionales que trabajan en cada sector.

"Habría que debatir de forma rigurosa qué papel debe tener la provisión privada de servicios públicos respecto a la pública"

La tercera reforma es la reforma fiscal. Hay un conjunto de reformas tributarias pendientes que deberían afrontarse, como la revisión en profundidad de los gastos fiscales de los diferentes tributos y, de forma particular, la imposición sobre el patrimonio, las sucesiones, grandes herencias y fortunas. Una posibilidad sería reformar en profundidad la imposición patrimonial y de sucesiones con fórmulas que comprometan tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas, con una aplicación similar a lo que ocurre con el IRPF, cuya capacidad normativa, además de su recaudación, está repartida.

Y, desde luego, habría que ayudar a buscar las fórmulas adecuadas para someter a tributación a los grandes patrimonios: llámese tasa Zucman, impuesto mínimo o una contribución específica de los superricos. La acumulación de poder económico significa también, como decía al principio, capacidad de control del poder político. Si la dinámica que vivimos a lo largo de los últimos años avanza en esta dirección, sin límites, el sistema democrático y el funcionamiento del Estado del bienestar pueden quedar seriamente afectados.

Muchas gracias.