Que
las poblaciones extranjeras tienden a concentrarse en los deciles más bajos de renta en las sociedades donde residen es un hecho ampliamente documentado a lo largo de las décadas. Esta desigualdad obedece a múltiples factores. Entre ellos,
la existencia de mercados de trabajo duales, rasgo definitorio del caso español, y unas políticas migratorias que canalizan la llegada de población extranjera hacia aquellos segmentos del mercado laboral donde la demanda de mano de obra es crónica debido, precisamente, a las malas condiciones que se ofrecen.
A ello se suma
la situación administrativa irregular en la que se encuentran muchas personas que llegan al país, ya sea con visado de turista (que posteriormente caduca) o por vía marítima. Esta condición las hace más propensas a aceptar empleos en sectores donde la supervisión estatal es mínima y, en consecuencia, la explotación laboral es mayor. La agricultura o los mataderos son ejemplos paradigmáticos de ello.
Para conocer qué empleos desempeñan mayoritariamente los inmigrantes y qué desigualdades existen respecto a la población nacional, la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE constituye una herramienta fundamental. Su apartado de ocupaciones clasifica las profesiones de nacionales y extranjeros en nueve categorías, que van desde los puestos directivos y de gerencia hasta las ocupaciones elementales, caracterizadas por requerir esfuerzo físico o tareas manuales simples, con baja cualificación y formación básica o adquirida en el propio puesto. La estratificación resultante es especialmente ilustrativa. La tabla 1 muestra el porcentaje de población española y extranjera (nacionales de terceros países) ocupada en cada categoría en el segundo trimestre de 2025.
Las diferencias son notorias.
Mientras el 4,6% de los españoles ocupados son directores o gerentes, solo el 1,6% de los migrantes alcanzan ese nivel. En las profesiones técnicas y científicas, la brecha se amplía: casi una cuarta parte de los españoles trabajan en estos empleos, frente a solo el 8,1% de los extranjeros.
La tendencia se repite en la mayoría de las categorías cualificadas, pero se invierte drásticamente en los niveles más bajos. Así, el 19,7% de los españoles trabajan en los servicios de restauración, personales, de protección o ventas, porcentaje que asciende al 27,3% entre los migrantes. La diferencia es aún mayor en las ocupaciones elementales, que concentran al 8,6% de los españoles y al 29,6% de los extranjeros, casi un tercio del total. En suma, los datos confirman lo previsto: casi dos tercios de los trabajadores extranjeros en España desempeñan ocupaciones poco cualificadas, en sectores donde los salarios son bajos y la precariedad es estructural.
Desigualdad de género dentro del colectivo migrante
Analizar los datos por nacionalidad sería menos relevante, dado que algunos colectivos tienen una presencia mucho mayor que otros. En cambio, resulta más significativo observar la dimensión de género. La tabla 2 evidencia que,
dentro del colectivo migrante, la proporción de mujeres ocupadas en las categorías laborales más bajas es claramente superior a la de los hombres.
Un 19% de los hombres extranjeros trabaja en los servicios de restauración, personales, de protección o ventas, frente al 37,8% de las mujeres. La brecha persiste en las ocupaciones elementales, donde el 25,6% de los hombres y el 34,6% de las mujeres están empleados. En total,
más del 70% de las mujeres extranjeras desempeña su labor en los sectores peor remunerados del mercado laboral, reflejo claro de una desigualdad estructural de género dentro del colectivo migrante.
Si
la profesión, y por tanto la renta, son los principales determinantes de la posición social, estos datos evidencian que en España ser migrante implica una mayor probabilidad de trabajar en el segmento precario del mercado dual, y, por consiguiente, una mayor exposición a la pobreza y la marginalidad.
No se trata de formular discursos alarmistas ni de afirmar que los migrantes sufren una discriminación sistemática, sino de reconocer las desigualdades estructurales que impiden su movilidad social. Atender a estos datos debería servir para diseñar políticas públicas que activen mecanismos de ascenso social y eviten que estas personas —y sus descendientes— queden atrapadas en una desigualdad crónica.
En colaboración con la Fundación "la Caixa"
En colaboración con la Fundación "la Caixa"