La inflación hace que los españoles paguen más IRPF sin ser más ricos

Hay formas de subir impuestos sin anunciar una subida de impuestos. Y probablemente pocas resultan tan eficaces (e invisibles para buena parte de la población) como dejar que la inflación haga el trabajo. Mientras el debate público se centra constantemente en nuevos gravámenes, impuestos extraordinarios o figuras "temporales" que terminan consolidándose, existe un mecanismo mucho más discreto que está incrementando la presión fiscal sobre millones de españoles sin apenas coste político: la no deflactación del IRPF.

"Trabajadores con el mismo salario real que hace unos años pagan hoy bastante más IRPF simplemente porque sus salarios nominales han aumentado para compensar parcialmente la inflación"

La cuestión ha vuelto al centro del debate después de que diversos análisis mostraran cómo trabajadores con el mismo salario real que hace unos años pagan hoy bastante más IRPF simplemente porque sus salarios nominales han aumentado para compensar parcialmente la inflación. No son más ricos en términos reales, pero tributan como si lo fueran.

El fenómeno resulta especialmente relevante en España, donde la inflación acumulada desde 2019 supera ampliamente el 20% en algunos componentes básicos del consumo (como es la alimentación) y donde, sin embargo, el sistema tributario estatal apenas ha corregido los efectos de esa pérdida de poder adquisitivo. El resultado es que el Estado recauda más, aunque el contribuyente no haya mejorado realmente su situación económica.

Y esto no es una cuestión menor. Porque detrás de esta dinámica se esconde, además, una transformación de la relación entre el ciudadano y el Estado. En este sentido, el sistema fiscal pasa de percibirse como un instrumento de financiación legítima a ser una maquinaria extractiva difícil de comprender y todavía más difícil de combatir.

La lógica económica no requiere mucho desarrollo. El IRPF es un impuesto progresivo: a medida que aumenta el salario nominal, aumenta también el tipo efectivo que paga el contribuyente. El problema aparece cuando ese incremento salarial no responde a una mejora real de renta, sino únicamente a la actualización salarial fruto de la inflación.

"El sistema fiscal pasa de percibirse como un instrumento de financiación legítima a ser una maquinaria extractiva difícil de comprender"

Si una persona cobraba 30.000 euros en 2019 y hoy cobra 36.000, podría parecer que ha mejorado notablemente su situación. Pero si durante ese mismo período el coste de la vivienda, la alimentación, la energía o el transporte ha aumentado en proporciones similares o incluso superiores, la realidad es distinta: su capacidad adquisitiva apenas ha variado o incluso ha empeorado. Sin embargo, Hacienda sí actúa como si fuera más rica.

En consecuencia, el contribuyente pasa a tributar en tramos superiores y, por el camino, pierde deducciones o soporta un tipo efectivo mayor, aunque en términos reales siga estando prácticamente igual. Y ahí aparece el gran incentivo para el Estado: recaudar más sin necesidad de aprobar formalmente una subida de impuestos.

Diversos países corrigen parcialmente este efecto mediante la deflactación automática de tarifas y mínimos personales. España lo ha hecho de forma muy limitada y fragmentada, especialmente en el tramo estatal. El resultado es que una parte importante del incremento reciente de la recaudación no procede de un aumento de riqueza, sino del efecto combinado de inflación y progresividad fiscal.

En los últimos años, el Gobierno ha presumido repetidamente de cifras récord de recaudación tributaria. Y es cierto. España nunca había recaudado tanto. No obstante, conviene preguntarse cuánto de ese incremento responde realmente a una economía más productiva y cuánto a una mayor extracción fiscal sobre rentas que apenas han mejorado. Porque el problema de fondo no es únicamente cuánto se recauda, sino cómo se recauda.

"Es, en cierto modo, la subida fiscal perfecta desde el punto de vista de los costes políticos: apenas visible para muchos ciudadanos, técnicamente compleja y fácilmente disimulable"

En una economía con inflación elevada, salarios ajustándose lentamente y tipos progresivos no corregidos, el sistema tiende automáticamente a aumentar la presión fiscal sin necesidad de reformas parlamentarias explícitas. Es, en cierto modo, la subida fiscal perfecta desde el punto de vista de los costes políticos: apenas visible para muchos ciudadanos, técnicamente compleja y fácilmente disimulable bajo titulares de crecimiento de ingresos públicos. El problema es que sus efectos económicos y sociales sí son muy visibles.

El deterioro del ahorro familiar, la dificultad creciente para acceder a la vivienda, la pérdida de capacidad de consumo de las clases medias o la sensación cada vez más extendida de que trabajar más no implica necesariamente prosperar tienen mucho que ver con esta dinámica.

Por qué la presión fiscal erosiona la confianza institucional

Asimismo, en el sistema español, mientras la presión fiscal efectiva sobre trabajadores y clases medias aumenta de manera sostenida, la percepción de deterioro de los servicios públicos no deja de crecer. Resulta paradójico. El ciudadano percibe que paga más, pero no necesariamente recibe más. Precisamente ahí conecta una crítica cada vez más frecuente entre juristas, fiscalistas y analistas internacionales: el problema del sistema tributario español es —y sigue siendo— cuantitativo, pero ahora también existe un problema institucional. Incentivos perversos en inspecciones, asimetría absoluta de recursos entre Hacienda y los contribuyentes (especialmente los más vulnerables), largos procesos judiciales, obligación de pagar antes de recurrir y una creciente sensación de indefensión administrativa convierten la relación con Hacienda en una relación "tóxica" de la que no se puede uno librar.

Pagar impuestos no es un problema en sí mismo. Todas las sociedades desarrolladas necesitan financiar servicios públicos. Sin embargo, la controversia sale a flote cuando el sistema empieza a generar miedo, inseguridad jurídica o percepción de arbitrariedad, porque eso tiene consecuencias económicas profundas.

La inversión, por ejemplo, necesita estabilidad. El emprendimiento necesita previsibilidad. La atracción de talento y capital requiere confianza institucional. Si el contribuyente percibe que el sistema opera cada vez más bajo una lógica de sospecha permanente, el deterioro económico acaba llegando de forma inevitable.

Especialmente preocupante resulta el impacto sobre perfiles altamente móviles: emprendedores, profesionales internacionales, inversores o talento cualificado. En una economía globalizada, el capital humano y financiero tiene cada vez más capacidad de desplazarse hacia entornos más estables y competitivos.

Por otro lado, existe un incentivo político evidente. En un contexto de elevado endeudamiento público, envejecimiento demográfico y creciente presión sobre el gasto, la tentación recaudatoria se vuelve permanente. España cerró 2025 con una deuda pública cercana al 102% del PIB y con un gasto estructural enormemente rígido, cuyo coste financiero limita cada vez más el margen presupuestario.

"Una economía no crece indefinidamente aumentando la presión fiscal sobre bases imponibles cada vez más agotadas"

En este caso, el Estado necesita recaudar constantemente más para sostener estructuras de gasto crecientes y, en consecuencia, el sistema tributario deja progresivamente de orientarse hacia la eficiencia económica para centrarse prioritariamente en maximizar ingresos. Una economía no crece indefinidamente aumentando la presión fiscal sobre bases imponibles cada vez más agotadas. Especialmente en países con problemas estructurales de productividad como España.

La inflación ha permitido disimular temporalmente parte de este problema. Pero el efecto no es infinito. Si el contribuyente percibe reglas cambiantes, ve cómo cada mejora nominal de ingresos se traduce automáticamente en una mayor extracción y comprueba que defenderse frente a la Administración resulta cada vez más complejo y costoso, la confianza institucional empieza a erosionarse. Recuperarla, además, es extraordinariamente difícil.

Las sociedades más dinámicas suelen compartir un elemento común: sistemas relativamente predecibles, seguridad jurídica razonable y una percepción de que el esfuerzo individual puede traducirse en prosperidad. Al romperse esa conexión, aparecen el desánimo económico, la fuga de talento y la desafección institucional.

La inflación de los últimos años ha actuado como una gigantesca subida fiscal silenciosa. Millones de españoles pagan hoy más impuestos sin haber mejorado realmente su situación económica. Y el Estado ha aprovechado esa dinámica para incrementar su recaudación sin asumir el coste político de una reforma fiscal explícita. Si mantener el mismo nivel de vida exige cada vez más esfuerzo mientras el Estado recauda más gracias a esa pérdida de poder adquisitivo, algo empieza a deteriorarse en el contrato fiscal. De sostenerse en el tiempo, el problema deja de ser únicamente económico y se convierte, con razón, en un problema de confianza institucional.