"Acabar con la pobreza infantil es una decisión política"

A pesar del crecimiento económico pospandemia, España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea con mayores niveles de pobreza infantil: el 34,7% de los menores viven en riesgo de pobreza, una cifra que supera en diez puntos la media del conjunto de la población. "No asumamos la pobreza infantil como algo inevitable, como si formara parte natural del sistema. No lo es: es una decisión política", reclama el director de la Plataforma de Infancia (POI), Ricardo Ibarra.

La entidad acaba de presentar un informe con medidas como la prestación universal por crianza, elaborado en colaboración con el grupo de investigación WEIPO (Bienestar, Desigualdad, Pobreza y Políticas Públicas, del inglés Well-being, Inequality, Poverty and Public Policy) de la Universidad de Alcalá. "Cuando se decide sobre una política pública, casi siempre nos preguntamos cuánto cuesta y qué mejora produce. Pero falta una tercera pregunta fundamental: si no hacemos esta política, ¿qué tipo de país vamos a ser?", plantea la coordinadora del grupo, la catedrática de Economía Olga Cantó.

Agenda Pública reúne a ambos, a Ibarra y Cantó, en Navidad para hablar de un "problema histórico y estructural". Su deseo es "que en 2026 la pobreza infantil entre de verdad en la agenda pública y que podamos debatir el tema como sociedad". "Que dejemos de tratarla como un tema secundario y empecemos a poner en marcha medidas concretas, aunque sean parciales o a corto plazo, porque el impacto es enorme", pide el director de la plataforma.

En el último año hemos visto cómo Europa llama la atención a España por tener una tasa de riesgo de pobreza infantil superior al 30%, un dato que contrasta con el resto de la Unión Europea. ¿Qué falla para que tengamos una fotografía tan preocupante?

Ricardo Ibarra (R. I.): No se trata de un problema coyuntural ni atribuible a un momento concreto o a un gobierno determinado. Es un problema histórico y estructural que arrastramos desde hace más de veinte años. España está de manera recurrente entre los países con mayores tasas de pobreza infantil y el diagnóstico es bastante compartido: nuestras políticas públicas de prevención y reducción de la pobreza infantil son claramente insuficientes.

"Faltan políticas universales que reduzcan el riesgo de entrada en pobreza. No contamos con una prestación universal por crianza, como sí ocurre en diecinueve países europeos"

Invertimos alrededor de un 1% del PIB menos que la media europea en este tipo de políticas y, además, tenemos carencias importantes en los dos grandes enfoques posibles. Por un lado, faltan políticas universales que reduzcan el riesgo de entrada en pobreza. No contamos con una prestación universal por crianza, como sí ocurre en diecinueve países europeos. Por otro lado, las políticas focalizadas que existen para situaciones de mayor intensidad son muy limitadas, excesivamente burocráticas y, en conjunto, insuficientes.

Olga Cantó (O. C.): A esto se suma un problema estructural del mercado laboral. España ha tenido históricamente niveles salariales bajos y jornadas de trabajo muy poco compatibles con los cuidados, especialmente con los cuidados infantiles. Esto empobrece a los hogares que tienen que dedicar tiempo a cuidar.

Es cierto que contamos con sanidad y educación universales, que cubren aspectos fundamentales, pero no existe una política que ayude a las familias a afrontar el coste directo de la crianza. Otros países europeos entendieron hace tiempo que este modelo no era sostenible, porque condena a quienes deciden tener hijos a niveles de bienestar más bajos.

En España, la pobreza infantil ya era alta en los años noventa, pero hoy es mucho más grave porque es más crónica y con menor capacidad de reacción ante crisis económicas. El 50% más pobre de la población no solo tiene dificultades para generar renta, sino que ha perdido gran parte de su colchón patrimonial. Cada vez más familias carecen de ahorros para afrontar periodos de necesidad. Esto hace que la pobreza actual sea mucho más resistente al cambio y mucho más peligrosa ante cualquier shock económico.

Además, no actuar tiene un coste económico enorme. Hemos estimado que el coste de la pobreza infantil —en términos de peores resultados educativos, problemas de salud, obesidad o salud mental en la edad adulta— es hasta cinco veces superior al coste de implantar una prestación universal por crianza. Estamos asumiendo ese coste año tras año por no tomar decisiones políticas.
 
Es decir, además de que sea una indecencia que España tenga la tasa de pobreza infantil que tiene, es un sinsentido desde un punto de vista pragmático…

O. C.: Incluso si no tuviera un coste económico, seguiría siendo un problema de derechos y de igualdad de oportunidades. Cuantificarlo permite llegar a quienes piensan que no hacer nada no tiene consecuencias. El statu quo cuesta dinero, y mucho, a medio y largo plazo.

Si no se actúa, la situación puede empeorar, especialmente en un contexto de salarios estancados y problemas de acceso a la vivienda. ¿Qué medidas proponen?

R. I.: En el estudio planteamos un abanico de medidas para abrir el debate público. Una de ellas es reformar el ingreso mínimo vital (IMV) y, en particular, el complemento de ayuda a la infancia (CAPI). Tal y como está diseñado, es un error: está vinculado al IMV, lo que genera la percepción de que solo lo recibe quien cobra el IMV, cuando no es así. De hecho, los umbrales del CAPI son hasta tres veces superiores.

Además, el nombre y el diseño generan estigmatización. Según la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), el non take-up es del 72%: de cada diez niños que podrían recibirlo, siete se quedan fuera. Y, en el diseño de las cuantías, el apoyo se concentra en los tramos de menor edad, cuando el coste de la crianza aumenta conforme el niño crece. Pasa desde los 600 euros mensuales de media de un niño de cero a tres años hasta los 800 euros mensuales de un adolescente. Planteamos revertirlo y, como el presupuesto no se está ejecutando completamente, una medida sencilla sería duplicar las cuantías actuales. Al menos, quienes lo reciban tendrían un apoyo suficiente.

Otra propuesta clave es transformar el mínimo por descendiente del IRPF en una deducción fiscal reembolsable. Es una medida ya existente, fácil de articular, que permitiría llegar a familias que hoy no reciben nada, incluidas aquellas que no presentan declaración.

"Hoy hay familias que deberían recibir apoyo y se quedan fuera. Y ese error tiene un coste muy elevado, no solo para los niños y niñas afectados, sino para el conjunto de la sociedad"

Muchas veces, el diseño de las ayudas se orienta a evitar "que se cuele" quien no las necesita, cuando el problema real es el contrario. Hoy hay familias que deberían recibir apoyo y se quedan fuera. Y ese error tiene un coste muy elevado, no solo para los niños y niñas afectados, sino para el conjunto de la sociedad, porque las medidas actuales no son ni suficientemente eficaces ni eficientes. El resultado es que no se resuelve el problema y, además, parte de los recursos previstos —como ocurre con el IMV y el CAPI— ni siquiera llegan a ejecutarse.

O. C.: Además, una deducción fiscal reembolsable permitiría identificar de manera inmediata a ese 72% de niños y niñas que hoy no está recibiendo el CAPI. En el momento en que esas familias solicitasen el reembolso en el IRPF, pasarían a estar identificadas y la Administración tendría la capacidad de reaccionar y de informarles de que pueden acceder a otras ayudas.

De hecho, una de las propuestas de la AIReF es que el CAPI pueda activarse desde el nacimiento, pero hoy las principales bolsas de pobreza infantil se concentran entre los seis y los diecisiete años. Si no actuamos ahora, dentro de diez años tendremos adultos con enormes dificultades para llevar una vida normalizada. Por eso no basta con fijarse únicamente en la tasa de pobreza infantil. Hay que tener en cuenta que podemos mantener un mismo 30% y, sin embargo, estar en una situación mucho peor si la pobreza es más crónica y más intensa, con familias muy alejadas del umbral de pobreza y sin capacidad siquiera para cubrir necesidades básicas.

Es muy relevante también reducir la intensidad de la pobreza. Las medidas que propone la plataforma no solo sacarían a muchos menores de esa situación, sino que mejorarían de forma sustancial las condiciones de vida de los 2,7 millones de niños y niñas que hoy están por debajo del umbral.

Eso también amortiguaría el impacto de una futura crisis. En 2008, muchas familias resistieron gracias a ahorros o redes familiares. Hoy esos colchones se están agotando. La privación material se parece cada vez más a la pobreza económica, algo que antes no ocurría con tanta intensidad en España. Un nuevo shock sería mucho más dañino.
 
Han hablado también de prestaciones universales. ¿Qué experiencias internacionales les parecen más relevantes? ¿Cómo plantean la reforma fiscal para contribuir a mitigar la pobreza infantil?

R. I.: Cada vez más países, con gobiernos de distinto signo, apuestan por la universalidad. Es una respuesta coherente en sociedades envejecidas, con baja natalidad y dificultades de conciliación. Los ejemplos son claros: Polonia ha reducido drásticamente su tasa de pobreza infantil; Reino Unido la redujo con Tony Blair y esta volvió a aumentar cuando se retiraron las medidas; en Estados Unidos el crédito que hubo durante la COVID-19 para los niños y las niñas tuvo un impacto inmediato… Son políticas con un impacto inmediato y medible, compatibles con reformas estructurales de más largo plazo para garantizar el Estado del bienestar. Y, como subraya la evidencia, la inversión es claramente rentable: los cerca de 63.000 millones de euros que cuesta cada año la pobreza infantil en España superan con creces el coste de poner en marcha estas medidas. No hacer nada resulta, sencillamente, mucho más caro.

O. C.: Cada vez son más los países que optan por este tipo de políticas. El último ha sido Italia, que ha implantado una prestación universal por hijo con distintos tramos de renta porque es la forma más sencilla de llegar rápidamente a toda la población y de garantizar un colchón mínimo que permita a las familias mantener un nivel de vida digno. En España, en cambio, históricamente nos hemos centrado casi exclusivamente en medidas fiscales. Lo poco que ha existido ha sido el mínimo por hijo en el IRPF, que, además, es claramente regresivo porque solo beneficia a quienes presentan la declaración y deja fuera a quienes tienen menos recursos.

Por eso creemos que hay un camino claro que recorrer. Las tres propuestas que plantea la POI son sensatas porque avanzan hacia una integración real entre prestaciones e impuestos. La conversión del mínimo por descendiente en una deducción reembolsable une dos pilares fundamentales del Estado del bienestar: quién contribuye y en qué momento, y quién recibe apoyo y cuándo. No se trata solo de redistribución estática, sino de entender estas políticas como una inversión social. Los niños y niñas que hoy reciben una prestación o cuentan con servicios públicos que facilitan la conciliación crecerán y generarán riqueza que revertirá en el conjunto de la sociedad.

Desde el punto de vista individual, estas medidas suavizan las caídas de renta que se producen cuando llega un hijo. Muchas familias perciben que tener un menor implica una pérdida inmediata de bienestar y, ante esa expectativa, optan por no tenerlo. Es evidente que cantidades como cien o doscientos euros mensuales no van a provocar por sí solas un gran aumento de la natalidad —la conciliación sigue siendo clave—, pero sí pueden permitir reducir una hora de trabajo para cuidar mejor a los menores. Eso mejora su bienestar presente y futuro. Puede haber efectos marginales sobre la participación laboral, pero la evidencia muestra que son muy reducidos y que el efecto neto es claramente positivo.

"España necesita ingresos y no puede permitirse grandes reducciones generales, pero sí puede introducir diferencias entre hogares con la misma renta según tengan o no menores dependientes"

Además, las propuestas pueden ordenarse incluso por coste. Convertir el mínimo en una deducción reembolsable es relativamente barato; mejorar el CAPI es algo más costoso, pero sigue siendo asumible, y una prestación universal tiene un mayor impacto presupuestario, pero también mayores efectos. No se trata de elegir una única vía, sino de valorar políticamente qué combinación de medidas se quiere adoptar. Países como Francia, Austria, Bélgica, Alemania, Luxemburgo o Polonia cuentan con prestaciones universales por hijo superiores a 150 euros mensuales. España está muy lejos de ese nivel.

Esto conecta directamente con el diseño del sistema fiscal. En Francia, por ejemplo, el tercer hijo reduce de forma significativa la carga fiscal. España necesita ingresos y no puede permitirse grandes reducciones generales, pero sí puede introducir diferencias entre hogares con la misma renta según tengan o no menores dependientes. Incluso en los deciles más altos, tener hijos afecta de manera clara al bienestar del hogar. Sin embargo, nuestro sistema fiscal apenas reconoce esa diferencia y trata de forma muy similar a familias con y sin hijos, a pesar de que sus necesidades son radicalmente distintas.

Integrar de manera inteligente impuestos y prestaciones tiene muchas ventajas. Con las limitaciones presupuestarias actuales, se pueden explorar distintas vías de financiación. Una de ellas es el impuesto sobre el patrimonio, que en España se mantiene con tipos bajos. Hemos realizado una simulación, inspirada en El capital en el siglo XXI de Piketty, con un umbral elevado —se empezaría a pagar a partir de 200.000 euros de activos— y con tipos moderados —del 0,5% al 2%—, que arroja una recaudación potencial de unos 16.000 millones de euros, suficiente para financiar una prestación universal de doscientos euros por hijo, estimada en unos 11.000 millones. Según esta simulación, solo pagaría el 12% más rico de la población, mientras que el 88% no contribuiría. Es solo una opción entre muchas: también existe margen en la fiscalidad del capital, que hoy tributa por debajo del trabajo. Lo importante es mostrar que hay alternativas reales y que financiar estas políticas es una cuestión de prioridades, no de imposibilidad técnica.
 
Escuchándolos parece que se podría lograr un consenso amplio. Más allá del chascarrillo de que los niños no votan, ¿por qué no se avanza?

R. I.: El consenso existe. Lo hemos comprobado analizando programas electorales de distintos partidos. Incluso Vox incluía una prestación de este tipo en su programa, aunque con condicionantes ideológicos evidentes. Más allá de eso, fuerzas como Junts —y antes Convergència— han defendido históricamente estas medidas, y la izquierda las ha incorporado en sus propuestas desde Sumar y el PSOE. Existe, por tanto, un consenso parlamentario amplio y también un consenso social relevante. Las encuestas muestran que la protección a la infancia es uno de los ámbitos donde mayor acuerdo hay sobre la necesidad de invertir más recursos.

Ese consenso se refuerza, además, desde el ámbito internacional. Las instituciones europeas, la OCDE, el Semestre Europeo o la propia Comisión recomiendan de forma reiterada que España refuerce sus políticas de apoyo a la infancia. La gran pregunta, por tanto, no es si hay acuerdo, sino por qué no se hace. Es verdad que no existe un incentivo electoral directo que empuje estas políticas y eso pesa en la toma de decisiones.

"Falta la idea de que el cuidado de la infancia es un bien común del que se beneficia toda la sociedad, tengas o no hijos. Eso se traduce en una menor exigencia a las administraciones públicas"

A ello se suma un factor cultural muy arraigado, especialmente en las sociedades mediterráneas, donde el cuidado de los niños sigue percibiéndose como una cuestión estrictamente privada, sostenida por redes familiares amplias. Falta la idea de que el cuidado de la infancia es un bien común del que se beneficia toda la sociedad, tengas o no hijos. Eso se traduce en una menor exigencia a las administraciones públicas y en la sensación de que, hasta los 18 años, los niños no son plenamente sujetos de políticas públicas.

Sin embargo, este enfoque es un error, no solo desde el punto de vista social, sino también económico. Quien ponga en marcha estas medidas se adelantará políticamente a quien no lo haga, como ya se ha visto en otros países donde fuerzas situadas en distintos puntos del arco parlamentario, incluso en los extremos, han liderado estos discursos. Y lo hacen porque ofrecen soluciones reales, con un impacto inmediato y tangible en la vida de las familias: un impacto directo en su cuenta bancaria y en su capacidad para afrontar las dificultades asociadas a tener hijos.

Nosotros hablamos siempre de la necesidad de un mejor debate público…

R. I.: Por ser justo, en los últimos años se ha reconocido el problema y ha habido algunos avances institucionales. Se ha creado un Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, existe un Ministerio de Infancia, hay una comisión específica en el Congreso y se habla incluso de un posible Pacto de Estado... Sin embargo, el problema sigue siendo la falta de medidas económicas concretas. Hay presupuestos, pero no políticas con impacto real, y esa carencia no se limita al nivel estatal, que es donde sitúan la principal responsabilidad.

En el ámbito autonómico, lejos de avanzar de forma homogénea, en muchos casos se está produciendo un repliegue. Con algunas excepciones claras, como el País Vasco —que ha avanzado de manera significativa y cuenta con una prestación prácticamente universal, en un contexto además de mayor cohesión social—, lo que se observa es un retroceso generalizado. Las rentas mínimas de inserción se están desmantelando en lugar de complementarse con el despliegue del ingreso mínimo vital. En la Comunidad de Madrid la renta mínima se ha reducido un 99%, y en Aragón, las Castillas y Andalucía los recortes alcanzan en torno al 80%. Esto evidencia que no todas las administraciones están asumiendo la responsabilidad que les corresponde en la lucha contra la pobreza infantil.

O. C.: Existe un consenso político amplio, pero creo que el consenso social tiene muchas grietas. Lo viví muy de cerca con el debate del cheque bebé durante el Gobierno de Zapatero. Incluso entre personas con posiciones progresistas había una gran reticencia hacia las transferencias universales de renta. Persistía la idea de que estas ayudas debían ser solo para "quien realmente las necesita", con la sospecha permanente de que no sería posible identificar correctamente a ese destinatario. Y no se tiene en cuenta que ese enfoque deja fuera a quienes están justo por encima del umbral, que a menudo pertenecen a las clases medias bajas y que también afrontan dificultades económicas muy serias.

Las prestaciones focalizadas generan, además, un problema de malestar social. Estar en el 30 o 40% más pobre de la población significa tener problemas económicos cotidianos. Cuando quienes se encuentran en esa franja observan que se apoya únicamente a quienes están por debajo del umbral, pero no a ellos, se produce una sensación de injusticia. Es paradójico, porque aceptamos con total naturalidad la universalidad de la sanidad y de la educación, pero no la de las transferencias de renta. Mucha gente, especialmente de mi generación y mayores, no está acostumbrada a que el Estado despliegue políticas universales de este tipo, en parte porque prácticamente no han existido en España.

"En el imaginario social sigue muy presente la idea de que tener hijos es una decisión privada y que, por tanto, quien decide tenerlos asume en solitario sus consecuencias económicas"

Hay también un componente cultural. En el imaginario social sigue muy presente la idea de que tener hijos es una decisión privada y que, por tanto, quien decide tenerlos asume en solitario sus consecuencias económicas. No ocurre lo mismo con otros cuidados, como los de las personas mayores o con discapacidad, que sí se entienden como una responsabilidad colectiva. Tal vez tenga que ver con el rechazo a las antiguas políticas familistas del franquismo, que durante la democracia se dejaron morir progresivamente: la prestación por hijo a cargo se fue reduciendo durante los años ochenta y noventa sin apenas contestación social, hasta desaparecer de facto.

Sin embargo, estas políticas pueden plantearse desde una lógica completamente distinta, sin reforzar roles tradicionales de género ni promover que las mujeres se queden fuera del mercado laboral. Lo vemos en países como Alemania, Francia, Austria o Italia. Incluso en casos como el de Polonia, donde estas medidas han sido impulsadas por fuerzas conservadoras, el diseño puede separarse de ese contexto ideológico y centrarse en el bienestar infantil y en la igualdad de oportunidades.

A todo esto se añade una gran falta de comprensión sobre cómo funciona el sistema fiscal. Muchas críticas parten de la idea de que se estaría ayudando a quien no lo necesita, cuando en realidad eso ya ocurre a través del mínimo por descendiente en el IRPF, que también beneficia a rentas altas. La diferencia es que hoy no llegamos a quienes están por debajo de determinados umbrales. El sistema tributario es poco transparente y poco intuitivo, y existe incluso un cierto interés en no explicar bien cómo se recauda y quién contribuye.

España tiene una brecha fiscal de alrededor de 5% del PIB respecto a la media europea. Esa diferencia no se corrige con pequeños ajustes y explica por qué no podemos financiar políticas y servicios públicos comparables a los de países como Francia o Alemania. Sin una fiscalidad más ambiciosa y mejor explicada, cualquier estrategia seria contra la pobreza infantil tiene límites muy claros.
 
Para cerrar, ¿cuál es su deseo para este 2026?

R. I.: Que la pobreza infantil entre de verdad en la agenda pública y que podamos debatir el tema como sociedad. Que dejemos de tratar la pobreza infantil como un tema secundario y empecemos a poner en marcha medidas concretas, aunque sean parciales o a corto plazo, porque el impacto es enorme.

Mi otro deseo es que la sociedad española empiece a exigirlo a sus administraciones públicas. Que no asumamos la pobreza infantil como algo inevitable, como si formara parte natural del sistema. No lo es: es una decisión política. Si se quiere, se puede reducir, y además en muy poco tiempo. No estamos hablando de políticas cuyos efectos se verán dentro de veinte años; con medidas adecuadas, los datos pueden mejorar rápidamente, tanto en intensidad como en porcentaje. Ojalá que en 2026 podamos ver ya un cambio real. Puede que no sea todo lo ambicioso que nos gustaría, pero que al menos se empiece a mover la aguja y se demuestre que este problema tiene solución si existe voluntad política.

O. C.: Tengo el mismo deseo que Ricardo. Y creo que, además, hay algo que no estamos visualizando lo suficiente: qué pasaría si no hacemos nada. Cuando se decide sobre una política pública, casi siempre nos preguntamos cuánto cuesta y qué mejora produce. Pero falta una tercera pregunta fundamental: si no hacemos esta política, ¿qué tipo de país vamos a ser?

Muchas gracias.