La controversia sobre la ley de nietos enfrenta dos lecturas del derecho administrativo: una considera que la instrucción de 2022 desbordó la Ley de Memoria Democrática; la otra sostiene que aplicó su finalidad reparadora y evitó exigir una prueba casi imposible del exilio. El letrado de la Administración de Justicia Juan José Yáñez Pena desarrolla esta segunda tesis y rechaza que la nacionalidad permita controlar el voto exterior.

Julio Martínez y responsables de Plus Ultra han optado por colaborar con la Audiencia Nacional y han contradicho aspectos de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero. El profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra José Luis Martí cree que este giro puede resultar decisivo para la investigación, pero recuerda que "el precedente de Aldama puede hacer no solo posible, sino mucho menos improbable que se realicen declaraciones falsas y que se pueda condenar a un inocente".

After the publication of the European Commission’s ‘Report on the Rule of Law’, Adrián Vázquez Lázara – European People’s Party MEP and former chair of the Parliament’s Committee on Legal Affairs – considers that Spain has failed "the exam" and stresses that Brussels has used "very strong terms" in assessing matters of corruption and reforms to the CGPJ. As regards two judgments from the EU Court of Justice related to amnesty, he explains in this conversation with 'Agenda Pública' that "the national courts still have the power to apply national law."

Tras la publicación del 'Informe sobre el Estado de Derecho' de la Comisión Europea, el eurodiputado popular y expresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez Lázara, considera que España ha suspendido "el examen" y subraya que Bruselas ha empleado "términos muy gruesos" al valorar la corrupción y las reformas del CGPJ. Sobre las dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relacionadas con la amnistía, explica en conversación con 'Agenda Pública' que "siguen siendo los tribunales nacionales los que tienen la potestad de aplicar la ley nacional".

El TJUE ha avalado los dos flancos europeos de la ley de amnistía, pero el fallo sigue dejando en el aire el regreso de Carles Puigdemont y tampoco cierra el pulso entre el Tribunal Supremo y el Constitucional. Esta sentencia refuerza a Pedro Sánchez y uno de los pilares de la investidura y también puede terminar facilitando el giro del PP en Catalunya, pero llega tarde para Junts.

El 'Informe sobre el Estado de Derecho de la UE' de 2026, que se publicará el próximo 17 de julio, llega en plena sucesión de causas y condenas por corrupción. 'Agenda Pública' ha tenido acceso en exclusiva al borrador del capítulo que analiza a España y que revela que Bruselas reconoce avances normativos, pero mantiene sus reproches por la duración de los grandes procesos, los conflictos de interés y el riesgo de los contratos públicos.

Marine Le Pen has turned her criminal conviction into a presidential gambit. Oxford political scientist Giovanni Capoccia explains how her appeal to the Court of Cassation suspends enforcement of the judgment and allows her to campaign, while placing the judiciary under unprecedented political pressure. "Never before has a leading presidential candidate made judicial accountability a central issue of a presidential campaign," he writes.

El 'Informe sobre el Estado de derecho de la UE' de 2026 considera un "progreso significativo" que el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal entregue la instrucción a los fiscales y desvincule el mandato del fiscal general del Gobierno. El borrador, al que 'Agenda Pública' ha podido acceder en exclusiva, también respalda los Tribunales de Instancia y las setecientas nuevas plazas de jueces y fiscales.

Marine Le Pen ha convertido su condena penal en una apuesta presidencial. El profesor de Ciencia Política en la Universidad de Oxford Giovanni Capoccia analiza cómo el recurso de Le Pen ante el Tribunal de Casación suspende la ejecución de la sentencia y le permite hacer campaña, pero también coloca a la justicia bajo una presión política inédita. "Nunca antes un candidato con opciones reales había convertido la responsabilidad ante la justicia en un asunto central de una campaña presidencial", escribe.

La confianza en la justicia española no se explica solo por los casos que rodean hoy al Gobierno, al PP o a dirigentes concretos. El registro a nivel histórico muestra que España lleva varias décadas en niveles bajos o medio-bajos de confianza judicial. La novedad es que esa desconfianza parece cada vez más atravesada por la ideología y el conflicto partidista, haciendo que la ideología sea un medidor cada vez más útil para anticipar la confianza en esta institución.

La justicia española no tiene un problema comparable al de Hungría o Polonia, pero sí una grieta de confianza. Los datos del CIS, la Comisión Europea, 40dB. e Ipsos muestran una percepción muy desigual: la independencia judicial convence sobre todo a los votantes del PP, mientras la izquierda percibe un sesgo conservador en jueces y tribunales.

La providencia del Supremo sobre el decreto de regularización trasciende las fronteras españolas. En su columna semanal, Marc López Plana, editor y director director de 'Agenda Pública', analiza cómo el conflicto migratorio destapa una tendencia crítica en el continente: la judicialización de la alta política. Un examen sobre la erosión del consenso democrático y el traslado de la soberanía nacional a los tribunales europeos.

"The mere fact of opening an investigation already has significant political effects", says Italian jurist Sabino Cassese. In conversation with the editor and director of Agenda Pública, the former judge of the Italian Constitutional Court insists that "judicial independence remains a fundamental value", but warns that this principle requires drawing a clear distinction between two spheres: "One is the political arena. The other is the judicial arena. And what is dangerous is precisely confusing the two".

"El mero hecho de iniciar una investigación ya tiene importantes efectos políticos", asegura el jurista italiano Sabino Cassese. En conversación con el editor y director de Agenda Pública, el exmagistrado del Tribunal Constitucional italiano insiste en que "la independencia judicial sigue siendo un valor fundamental", pero advierte de que ese principio exige distinguir con claridad entre dos planos: "Uno es la arena política. El otro es la arena judicial. Y lo peligroso es precisamente confundir ambos".

Ocho años de guerra institucional se saldan con un pacto inesperado. Sin mayoría parlamentaria para culminar otras reformas de la justicia, el Gobierno de Sánchez se anota un triunfo: sacar a España de la cola europea de número de jueces por habitante. ¿La clave? El ministro Bolaños tira de ingenio y entrega una inyección histórica de quinientas togas a una judicatura en constante rebelión.

Jordi Ferrer, director del Máster de Razonamiento Probatorio de la Universitat de Girona, propone diez medidas para reforzar el sistema judicial en España. En un momento de marcada polarización y con la justicia desempeñando un papel clave en el ámbito político, plantea reformas que van desde "suprimir" la Audiencia Nacional o la acusación popular hasta exigir "una evaluación positiva previa por parte de una comisión de expertos" en los nombramientos judiciales.

España se sitúa entre los países más avanzados de la UE en digitalización de la justicia, pero continúa en el vagón de cola en jueces por habitante, independencia percibida y tiempos de resolución. La Comisión Europea vuelve a señalar que la sospecha de interferencias políticas sigue pesando sobre el sistema, mientras que el caso Plus Ultra vuelve a poner la regulación de los 'lobbies 'sobre la mesa.

Marc López Plana, editor y director de 'Agenda Pública', analiza cómo una crisis política ya no comienza necesariamente en las urnas ni termina en los tribunales. En la Europa de las mayorías frágiles, una investigación judicial puede modificar equilibrios políticos antes incluso de llegar a juicio. Italia vivió este desplazamiento con 'Mani Pulite'; España observa hoy síntomas parecidos. Cuando los partidos pierden capacidad de mediación, la justicia deja de ser solo un árbitro jurídico y pasa a convertirse en un actor central del clima político.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha sacudido la política en España. Jordi Ferrer, director del Máster de Razonamiento Probatorio de la Universitat de Girona, analiza el auto del magistrado Calama y advierte que algunas de sus afirmaciones "son objetables tanto probatoriamente como desde el punto de vista de la presunción de inocencia".

"La inflación de los últimos años ha actuado como una gigantesca subida fiscal silenciosa", asegura el director general de la Fundación Civismo, Albert Guivernau. En este análisis valora cómo, a su juicio, la inflación, la progresividad del IRPF y la falta de deflactación han creado un mecanismo fiscal difícil de ver, pero que ya está afectando a los salarios más bajos. Además de la cuestión económica, también detecta que "la confianza institucional empieza a erosionarse".

El informe de 2026 sobre el cumplimiento de los indicadores de la OCDE sitúa la probidad de la judicatura y la Fiscalía española por encima de la media de sus miembros. La regulación de los grupos de interés y la normativa sobre financiación de partidos políticos y su control se perpetúan como las asignaturas pendientes.

Este domingo, la justicia se convierte en el campo de batalla de la política italiana. El catedrático emérito de Ciencia Política Cesáreo Rodríguez-Aguilera de Prat expone cómo el proyecto gubernamental de Giorgia Meloni ha dividido al país. Mientras el Ejecutivo defiende la neutralidad de la reforma, los críticos denuncian que la iniciativa "niega el principio representativo" del tercer poder del Estado. Con encuestas extremadamente reñidas, ¿logrará la primera ministra validar su arriesgada apuesta?

El caso Epstein es "el espejo más turbio en el que se reflejan las élites internacionales". En 'Momento América', el periodista Mauricio Hdez. Cervantes da cinco claves del caso que tiene repercusiones directas en Estados Unidos y Reino Unido. Desde "la red de explotación sexual" hasta la muerte de Epstein en prisión, "esta trama demuestra que sigue habiendo nombres de gente intocable" para la justicia.

Tras publicarse la sentencia al exfiscal general del Estado, Jordi Ferrer, director del Máster en Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona, examina en detalle la motivación del fallo. En su análisis sostiene que la resolución "no explica de forma suficiente cómo se acredita la hipótesis acusatoria" y revisa paso por paso qué claves hacen dudar del razonamiento probatorio.

El encarcelamiento del exministro socialista José Luis Ábalos no se traduce, por ahora, en un castigo electoral para el PSOE. En cambio, el partido sí se enfrenta a un desafío simbólico: el manejo del relato y los argumentos que exponga la organización serán más influyentes para los votantes que los autos judiciales.

El caso del fiscal general del Estado lleva a Mª Jesús Díaz Veiga, abogada, a recordar la importancia de cómo se analizan las pruebas en un juicio. Señala que este es un proceso que requiere "ir al detalle con precisión" y "diferenciar los datos relevantes de los que no lo son". A la vista los testimonios que los periodistas aportaron en el juicio, y que la abogada considera "fiables", subraya que será esencial que el TS explique con claridad por qué descarta esas pruebas para condenar al FGE.

En este artículo de 'Project Syndicate', que 'Agenda Pública' publica en exclusiva en España, la ex primera ministra de Senegal Aminata Touré y el exvicepresidente de Costa Rica Kevin Casas-Zamora alertan de que "la democracia está en problemas" tras nueve años de retrocesos. Defienden que los derechos políticos y el bienestar socioeconómico "no son bienes contrapuestos" y que las democracias generan prosperidad duradera.

"El juicio contra el fiscal general del Estado nunca debió celebrarse", sostiene Jordi Ferrer, director del Máster en Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona. Tras la primera semana, Ferrer concluye que "no hay prueba de cargo suficiente" y que la instrucción fue "un ejemplo de sesgo de confirmación". En su análisis, todo apunta a "la necesaria absolución del acusado en un proceso sin base probatoria".

El proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal introduce un cambio estructural en el sistema judicial español: el Ministerio Fiscal asumirá la dirección de las investigaciones penales en sustitución de los jueces de instrucción. Como declaró el ministro Bolaños en Agenda Pública, la reforma "alinea a España con los estándares europeos" y refuerza la independencia del fiscal general del Estado.

La Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa, ha emitido su dictamen respecto al informe de elección del CGPJ. La vocal del Consejo y colaboradora en 'Agenda Pública', Argelia Queralt Jiménez, recuerda que "los parámetros de Venecia son orientativos, no jurídicamente vinculantes". Ante el debate entre la elección por pares o mediante las Cortes, la jurista indica que el principal requisito es que la elección permita operar con independencia.