El referéndum judicial de Giorgia Meloni: ¿qué se vota y qué dicen las encuestas?

Italia es, tras Suiza, el país europeo que más utiliza el referéndum, en particular el denominado abrogativo —de iniciativa popular o regional— para derogar leyes en vigor y que requiere un cuórum de participación del 50% más uno para su validez. Desde finales de los años noventa, varios referéndums de este tipo fracasaron precisamente por este requisito, síntoma tanto del desgaste del instrumento como del creciente desinterés cívico. De diferente tenor son los referéndums de reforma constitucional, tanto porque han sido muchos menos (con el previsto para el 22 y 23 de marzo de 2026 serán cinco) como por no necesitar del cuórum mencionado. En el referéndum de 2001, impulsado por el centroizquierda para ampliar la autonomía regional, votó el 34,0% (y ganó el sí); en 2006 votó el 52,4% (el proyecto autonomista de Bossi y Berlusconi que fue rechazado); en 2016 votó el 65,4% (supuso una seria derrota para Matteo Renzi), y en 2020 votó el 51,1% (la reducción de parlamentarios querida por Beppe Grillo y que salió adelante).

"Se trata de un desafío para Meloni, puesto que va a ponerse a prueba su ambicioso proyecto de reformar en profundidad el sistema político italiano"

En la XIX legislatura inaugurada en 2022 se presentaron diversas iniciativas legislativas para reformar la justicia (Azione, Italia Viva, Lega, Forza Italia). En lo esencial, estos proyectos acabaron siendo absorbidos por el Gobierno de Giorgia Meloni, que preparó el texto definitivo —elaborado por el ministro de Justicia, Carlo Nordio—, y que fue aprobado en el Parlamento por todas las derechas, más los centristas de Azione y +Europa, con la abstención de Renzi. Al no alcanzarse los dos tercios, no se pudo evitar el referéndum que la oposición exigió y la Corte Costituzionale avaló. Se trata de un desafío para Meloni, puesto que va a ponerse a prueba su ambicioso proyecto de reformar en profundidad el sistema político italiano: de momento están aparcadas dos reformas clave (el premierato y la autonomía diferenciada) porque suscitan mucha controversia. De ahí que haya parecido menos arriesgado empezar con la reforma de la justicia, una de las viejas obsesiones de Silvio Berlusconi, que de forma recurrente afirmaba ser objeto de la persecución de los jueces "comunistas" y que le llevó a abortar las negociaciones sobre la reforma de la justicia con Massimo d’Alema.

¿Qué busca la reforma judicial de Giorgia Meloni?

El referéndum del 22 y 23 de marzo se propone reformar la justicia (Título II y Título IV de la Parte II de la Constitución) para separar de modo rígido las carreras judicial y fiscal, crear dos Consejos (uno giudicante y otro requirente) —en vez del actual Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) de carácter unitario— que serán designados por sorteo, así como crear un Tribunal disciplinario (Alta Corte de quince miembros: juristas, jueces y fiscales). El modelo italiano de carrera única para jueces y fiscales es bastante excepcional en Europa y, de hecho, ha sido reformado en varias ocasiones para dificultar el paso de una a otra (Castelli en 2006, Mastella en 2007, Cartabia en 2021-2022). Los defensores de la separación de carreras argumentan que con ello se asegurará un proceso justo, se garantizará mejor la división de poderes y se evitarán posibles interferencias entre las funciones de acusación y de enjuiciamiento, pero los contrarios afirman que podría favorecer el sometimiento de los fiscales al Gobierno. Más en particular, los críticos denuncian el práctico escamoteo de un debate parlamentario en profundidad, la imposición del rodillo de la mayoría gubernamental y el exceso de elementos indeterminados y ambiguos en el proyecto de Nordio, así como el excesivo reenvío a futuras leyes ordinarias de actuación. Además, en caso de aprobarse esta reforma, el sistema judicial se hará muy rígido al introducirse en la Constitución la nueva fórmula, mientras que la hoy vigente es flexible y abierta. 

"Son varias las novedades: división del CSM en dos Consejos, sorteo en vez de elección y creación de un nuevo órgano disciplinario"

El otro objetivo es cambiar el CSM para crear dos Consejos superiores diferenciados, uno para jueces y otro para fiscales, ambos presididos por el presidente de la República, el judicial por el presidente de la Corte di Cassazione y el fiscal por el Procuratore Generale. Los dos Consejos se compondrán en un tercio por sorteo de una lista de juristas (sin precisar los detalles) y dos tercios por sorteo de jueces y fiscales. El sorteo del tercio de juristas será organizado por el Parlamento y el de los dos tercios por los dos Consejos mencionados. Por tanto, son varias las novedades: división del CSM en dos Consejos, sorteo en vez de elección y creación de un nuevo órgano disciplinario. Los defensores de la división del CSM en dos Consejos sostienen que así se podrá evitar que las corrientes judiciales organizadas en asociaciones puedan condicionar a jueces y fiscales, mientras que los contrarios estiman que ese supuesto peligro es inexistente y que desde un punto de vista funcional bastaba con crear dos subsecciones internas. Por un lado, con la reforma se corre el peligro de que ambos Consejos puedan mantener posiciones contradictorias, y de otro, el pluralismo seguirá existiendo en jueces y fiscales. 

Sobre el sorteo, sus defensores utilizan un hábil argumento —no exento de realidad—, el de acabar con la lottizzazione (reparto en cuotas, de hecho, partidistas) del CSM. Es por eso que la nueva fórmula debería favorecer la neutralidad. Sin embargo, los críticos argumentan que el sorteo niega el principio representativo del órgano de gobierno del tercer poder del Estado y sustrae a jueces y fiscales su derecho a elegir, a la vez que no reflejará bien el pluralismo, tan solo de forma aleatoria, indirecta y parcial.

El actual CSM ha sido muy crítico con esta reforma (veinticuatro miembros en contra, cuatro a favor y una abstención) y el presidente de la República, Sergio Mattarella, ha pedido una actitud más respetuosa por parte de los partidos que la impulsan. A favor de la misma se han posicionado Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia y Noi Moderati, que integran el Gobierno de Meloni, y han contado con el apoyo de los centristas de Azione y +Europa, mientras que Renzi ha optado por no pronunciarse y dar libertad de voto a sus seguidores. En la oposición, casi todo el Partito Democratico está en contra (salvo unos pocos disidentes como Pina Piceno y Stefano Ceccanti), mientras que el Movimento 5 Stelle y Alleanza Verdi Sinistra se oponen frontalmente a este proyecto. En suma, la divisoria izquierda/derecha en contra y a favor es casi perfecta y, en este sentido, es crucial para Meloni ganar esta difícil batalla, aunque en el caso de perder no se esperan ni su dimisión ni elecciones anticipadas.

"El no a la reforma ha ido aumentando y está en condiciones de imponerse, aunque la participación puede ser determinante: se prevé un porcentaje de votación un tanto bajo"

A lo largo de la campaña, el no a la reforma ha ido aumentando y está en condiciones de imponerse, aunque la participación puede ser determinante: se prevé un porcentaje de votación un tanto bajo (42%) y, en este caso, el sí obtendría el 47,6% y el no el 52,4% (con un 7% de indecisos). En caso de aumentar la participación, con un 49%, los resultados serían 50,2% para el sí y 49,8% para el no (con un 9% de indecisos), según un sondeo de IPSOS/DOXA. Lo cierto es que la izquierda está más movilizada (la guerra de Irán desmotiva a la derecha y este telón de fondo no es desechable) y el resultado es incierto y prácticamente de empate técnico, a la espera de que los electores centristas y los indecisos se decanten al final por una u otra opción.