Adrián Vázquez, eurodiputado: "El informe de la Comisión coloca el Estado de derecho español a la altura del de Hungría"

Podría parecer que la justicia ha vuelto esta semana al centro de la agenda política tras la publicación del Informe sobre el Estado de Derecho (2026) de la Comisión Europea y las dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía. Pero lo cierto es que la relación entre justicia y política —aunque esa centralidad no sea una buena noticia— se ha convertido en un debate constante en los últimos años.

Adrián Vázquez Lázara, eurodiputado popular y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, conoce bien la dimensión europea de estas controversias. Durante años ha seguido desde Bruselas los debates sobre la independencia judicial, el Estado de derecho y el encaje del ordenamiento español en el marco comunitario.

En conversación con Agenda Pública, Vázquez sostiene que el Gobierno "no ha hecho absolutamente nada de lo que se le pidió el año pasado" en ámbitos como la lucha contra la corrupción, la independencia judicial o el respeto a los jueces. También analiza las resoluciones europeas sobre la amnistía, defiende la separación de poderes y reclama la "absoluta desconexión de la Fiscalía General del Estado respecto del Ejecutivo" como reforma más urgente. Tras lamentar la "colonización de las instituciones" y los ataques a los jueces, advierte que se están eliminando los "filtros" de la separación de poderes y concluye asegurando que "este es el inicio de cualquier Estado autoritario".
 
¿Cuál es su valoración del Informe sobre el Estado de Derecho de la UE de este año?

Lo primero que hay que entender es que el informe es un examen anual sobre el Estado de derecho. El Estado de derecho es un concepto amplísimo.

Por desgracia, en España ahora todos los ciudadanos saben lo que es o tienen una idea más o menos cercana. Hace diez años nadie se interesaba por ello. Eso demuestra que hay un problema, obviamente.

El informe de la Comisión debe compararse con los de años anteriores y situarse también en el contexto de otros países. No se puede entender si no se compara.

Lo que hemos visto en los últimos cinco años, sobre todo en los dos últimos, son informes que, dentro del lenguaje de Bruselas, resultan demoledores. No solo piden reformas respecto a la independencia judicial o, en el caso de España, sobre la situación del fiscal general del Estado y el Consejo General del Poder Judicial, sino que también utilizan un lenguaje que hay que saber leer. En las reformas del CGPJ o en los problemas de corrupción, por ejemplo, emplean términos muy gruesos para los estándares de Bruselas.

"Lo que hemos visto en los últimos cinco años, sobre todo en los dos últimos, son informes que, dentro del lenguaje de Bruselas, resultan demoledores"

Hay que entender que Bruselas no es el policía de Europa, pero sí quien debe alertar de manera imparcial sobre lo que sucede en cada Estado miembro. Y este informe, a día de hoy, nos coloca a la altura de Hungría. Muchos medios de la burbuja de Bruselas publicaban ayer mismo que los dos peores informes en términos, por ejemplo, de corrupción eran el de Hungría y el de España.

Más concretamente, en esa comparación sobre la corrupción, ¿qué es lo que más le preocupa?

Yo creo que el titular del informe es que no se ha hecho absolutamente nada de lo que se pidió el año pasado. Ese es el titular.

Obviamente, la Comisión tampoco tiene capacidad para intervenir de manera muy efectiva en los Estados miembros, porque esa no es su labor. Pero lleva tiempo pidiendo al Gobierno de España que avance en la lucha contra la corrupción, en la independencia judicial y, sobre todo, en el respeto al cuerpo judicial y a los medios de comunicación.

"La Comisión no tiene capacidad para intervenir de manera muy efectiva en los Estados miembros, porque esa no es su labor"

En esos tres apartados dice claramente que no ha habido ninguna mejora. En algún caso habla de una pequeña mejora, por ejemplo, respecto al fiscal general del Estado, pero lo hace simplemente porque existe una propuesta legislativa que no ha pasado ni por el Congreso ni por el Senado.

Sabemos que es imposible que salga adelante porque el Gobierno no tiene mayoría legislativa. Eso también lo sabe la Comisión Europea. Por tanto, mi titular sería: "Ustedes no han hecho absolutamente nada de lo que se les pidió el año pasado".
 
La otra gran noticia en este ámbito son las dos sentencias del Tribunal de Justicia sobre la amnistía. El Partido Popular se ha posicionado aceptando jurídicamente las sentencias, aunque políticamente siga estando en desacuerdo. ¿Cómo lo valora usted?

Primero, hay que entender bien que lo que ha hecho el TJUE es resolver una prejudicial. Es decir, se ha limitado a resolver una duda del órgano jurisdiccional español respecto a la norma europea. No ha valorado la ley de amnistía en su conjunto, ni ha resuelto que sea compatible o no con la legalidad española, por mucho que muchos medios de comunicación lo estén presentando así. 

En segundo lugar, esta resolución no es el final del camino. Siguen siendo los tribunales nacionales los que tienen la potestad de aplicar la ley nacional y determinar si es aplicable al caso concreto.

"El TJUE no ha valorado la ley de amnistía en su conjunto, ni ha resuelto que sea compatible o no con la legalidad española"

Esto forma parte de todo el proceso de esta ley de amnistía, que básicamente es una ley hecha a medida para que un señor se mantenga en el poder gracias a siete votos y en la que el Tribunal de Justicia no ha querido entrar. Pero también es cierto que faltan otras dos cuestiones prejudiciales en las que se aborda esa posible vulneración del Estado de derecho.

Las resoluciones conocidas ahora se refieren a la cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas, sobre la malversación, y a la relacionada con la Directiva sobre terrorismo, que afecta a los CDR. Faltan otras dos cuestiones prejudiciales que inciden mucho más en la dimensión del Estado de derecho.

No digo que vayan, ni creo que vayan, en otra dirección. Lo único que digo es que han emitido una opinión que nosotros respetamos plenamente.

Nosotros no somos como otros partidos que señalan y acusan a los jueces. Lo respetamos. Pero, ya en un plano más personal, diré que conozco muy bien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque lo he oído todos los años como expresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y actual miembro, y sí se percibe cierto desliz a la hora de considerar qué es un gobierno proeuropeo y qué es un gobierno no proeuropeo.

Ese tipo de interpretación de los casos, dependiendo del gobierno que haya en cada Estado miembro, va a envejecer mal.
 
En su carrera personal, la relación con Catalunya, la amnistía y, en general, el independentismo ha sido bastante intensa. Hay interpretaciones que sostienen que la amnistía puede acabar favoreciendo políticamente al PP porque allanaría el camino para un posible entendimiento futuro con Junts, algo que algunos consideran inevitable. ¿Qué opina de esa lectura?

El único encuentro posible entre el PP y cualquier otro partido español pasa por el respeto a la Constitución y a las leyes que nos hemos dado entre todos. Si no existe ese respeto, no puede haber ningún encuentro.

"El único encuentro posible entre el PP y cualquier otro partido español pasa por el respeto a la Constitución y a las leyes que nos hemos dado entre todos"

Si existe, las mayorías las deciden los ciudadanos con sus votos. Un partido político serio, responsable y con mentalidad de Estado y de país tiene que trabajar entendiendo qué decide y qué vota la gente, pero manteniendo una línea roja: el respeto a la Constitución.

¿Cómo se debe gestionar la relación entre el poder ejecutivo y el poder judicial?

Yo no creo que haya que gestionarla. Lo que hay que hacer es respetar la separación de los ámbitos de actuación de cada poder del Estado. El legislativo tiene unas potestades; el ejecutivo, otras; y el judicial, otras. Están vinculadas, obviamente, pero, si tenemos un ejecutivo que no respeta las decisiones judiciales, entramos en una deriva en la que la separación de poderes, que es la base de cualquier Estado democrático, empieza a tambalearse.

Si la interpretación que se quiere hacer es la contraria, es decir, que existe un poder judicial que bloquea las decisiones del legislativo y del ejecutivo, yo preguntaría qué intereses comunes, lineales y homogéneos tiene todo el poder judicial español. ¿Piensan todos los jueces y fiscales de la misma manera? ¿Tienen todos ellos una agenda política?

Vamos a coger, por ejemplo, los últimos casos que afectan al entorno del presidente. En el caso de su hermano, la Audiencia Provincial de Badajoz ha adoptado una resolución por unanimidad. Ahora, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid ha dicho también de manera unánime que existen indicios de posibles delitos por haberse prevalido de la posición de poder de su esposo en el caso de la mujer del presidente.

Hay un sector de la prensa —y esto es lo más preocupante, porque es lo que está intentando fomentar el partido de Gobierno— que pretende decirnos que todos los órganos judiciales del Estado están alineados contra el Gobierno.

¿Eso es posible? ¿Es viable? ¿Es realmente creíble? ¿O existe, en cambio, un interés del Ejecutivo por controlar y señalar? Eso es, por cierto, lo que recoge el Informe sobre el Estado de Derecho: el enorme aumento de las denuncias de todas las asociaciones judiciales por las presiones para intentar incidir en sus decisiones.

¿Puede haber un juez concreto con una agenda? Seguro. Pero que, caso tras caso, exista unanimidad o una amplia mayoría en una opinión jurídica definida sobre la posibilidad de aplicar la amnistía... No se puede pretender que la gente se crea que detrás de todo hay una agenda política.

"El informe recoge el enorme aumento de las denuncias de todas las asociaciones judiciales por las presiones para intentar incidir en sus decisiones"

No hay por dónde cogerlo y la Comisión tampoco se lo ha creído. De hecho, una de las cuestiones en las que más incide el informe es la enorme preocupación por ese señalamiento y por el incremento de las denuncias de todas las asociaciones judiciales sobre la injerencia del Ejecutivo en su labor.
 
En Agenda Pública publicamos un artículo en el que analizábamos la relación ideológica de la confianza ciudadana en la justicia. En España, quienes tienen una ideología más conservadora tienden a confiar más en el sistema judicial. Sin embargo, ese patrón no se reproduce en todos los países: en Austria o Alemania, por ejemplo, cuanto más a la izquierda se sitúa una persona, mayor confianza expresa. ¿Existe este debate en otros países o es un caso más propio de España?

Fíjese, solo esa pregunta define para mí cómo el Gobierno ha conseguido introducir el lenguaje ideológico dentro de la justicia. Hasta quienes trabajan en los medios de comunicación incurren en ello, porque intentamos definir una ideología dentro del sistema judicial. Ese es el inicio.

No me refiero a la ideología de los jueces, sino a la percepción de la ciudadanía. Es una pregunta que aparece en los cuestionarios de la European Social Survey desde 2002.

Pero antes no existía este debate en la opinión pública. No se discutía públicamente si los jueces eran de un lado o de otro.

En el momento en el que empiezas a definir a los jueces como de un lado o de otro, comienzas a cargarte la independencia judicial. Cuando se adopta una decisión que no te gusta, dices que el juez es de derechas o que es de izquierdas. Así vas horadando el sistema y el Estado de derecho porque empiezas a poner en duda a los propios jueces.

Y si esto lo hace el Ejecutivo o el presidente del Gobierno, estamos ya ante el inicio de una deriva muy preocupante. Es como si ahora se me preguntara si pienso que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es de izquierdas por lo que ha dicho sobre la amnistía. No me entra en la cabeza. Es un tribunal. Para mí, no tiene ideología. Lo primero que hace es aplicar la ley, ya sea el Código Civil, el Código Penal o la norma que corresponda.

Llevar el debate a la ideología del poder judicial es el principio del deterioro del sistema.

Vuelvo a insistir: el hecho de que esto se haya convertido en un debate es lo que pone en peligro el sistema. Es un debate que ha adquirido esta dimensión porque un presidente del Gobierno ha decidido llevarlo a la opinión pública. Nunca había sucedido algo así.

"Llevar el debate a la ideología del poder judicial es el principio del deterioro del sistema"

En algunos países del Este existe una percepción contraria porque buena parte de sus jueces provenía del sistema comunista y después se recicló en el sistema democrático. Eran jueces designados por un régimen comunista. Allí sí existe este debate a la inversa.

En España podría haberse dicho algo parecido en los años ochenta por la herencia del franquismo. Pero ha pasado mucho tiempo y el sistema judicial se ha regenerado completamente.

Para mí, el mero hecho de abrir este debate ya entraña un peligro. La gente no es consciente de lo peligroso que es.
 
Ha dicho que España no ha implementado ninguna de las recomendaciones que le hizo la Comisión Europea el año anterior. Si solo pudiera adoptar una medida para que el próximo informe dijera que España avanza en la buena dirección, ¿cuál elegiría?

Si es solo una, elegiría la absoluta desconexión de la Fiscalía General del Estado respecto del Ejecutivo. Por una razón sencilla: si observas todos los casos de corrupción del entorno del señor Sánchez, en todos ellos la Fiscalía ha perdido absolutamente su buen nombre.

¿Por qué? Porque sigue una línea política, incluso en casos en los que después hay decisiones unánimes de todo un tribunal. Han destrozado el nombre de la Fiscalía General del Estado.

"Lo primero que haría sería quitar al Ejecutivo la potestad de elegir al fiscal general del Estado, porque eso está pudriendo absolutamente el sistema"

Tenemos al primer fiscal general del Estado de la historia inhabilitado y condenado en firme. Así que lo primero que haría sería quitar al Ejecutivo la potestad de elegir al fiscal general del Estado, porque eso está pudriendo absolutamente el sistema.

Haría muchas más cosas, pero esa sería la primera.

Se trata, por tanto, de una preocupación por la confianza en el sistema.

Claro. Vuelvo a su pregunta anterior sobre si los jueces son de derechas o de izquierdas y sobre la percepción que tiene la ciudadanía más conservadora o más progresista. Al final, esa percepción genera desconfianza en el sistema judicial.

"Si en una democracia siembras dudas y desconfianza sobre el sistema judicial, todo se tambalea"

Si en una democracia siembras dudas y desconfianza sobre el sistema judicial, todo se tambalea. Tenemos que entender que es la última frontera que nos permite vivir bajo unas reglas de respeto común que nos hemos dado entre todos.

Si decides saltártelas porque quieres seguir cuatro años en el Gobierno y te inventas una ley precisamente para lograrlo; o porque piensas que tu entorno, por ser tu mujer o tu hermano, puede beneficiarse de tu posición de poder; o colonizas instituciones como el CIS o Radio Televisión Española, que también aparece en el Informe sobre el Estado de Derecho, donde se expresa una gran preocupación por la línea editorial de la radio y la televisión públicas; y, además, atacas a los jueces, estás eliminando todos los filtros que garantizan el equilibrio entre los tres poderes.

Este es el inicio de cualquier Estado autoritario. Así es como empieza.

Muchas gracias.