Martes, 28 de julio de 2026
POLARIZACIÓN JUDICIAL
El peso de la ideología en la confianza en la justicia: una historia de décadas
La confianza en la justicia española no se explica solo por los casos que rodean hoy al Gobierno, al PP o a dirigentes concretos. El registro a nivel histórico muestra que España lleva varias décadas en niveles bajos o medio-bajos de confianza judicial. La novedad es que esa desconfianza parece cada vez más atravesada por la ideología y el conflicto partidista, haciendo que la ideología sea un medidor cada vez más útil para anticipar la confianza en esta institución.
Un grupo de jóvenes durante las jornadas de puertas abiertas del Tribunal Supremo.Gustavo Valiente / Europa Press
Esta semana ha arrancado con dos encuestas distintas, publicadas en El País y La Vanguardia, que apuntaban en la misma dirección: la pérdida de confianza en el sistema judicial y la percepción de la ciudadanía respecto de algunas causas políticas como las que rodean a la familia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El dibujo del presente que muestran tanto el trabajo de 40dB. como el de Ipsos va en línea con lo que los datos vienen mostrando en las últimas décadas. España se encuentra de forma persistente en niveles bajos o medio-bajos de confianza en el sistema judicial, casi siempre por debajo de la media de los países europeos según la European Social Survey (ESS). Por tanto, la desconfianza no es ninguna novedad.
En la primera ola de la ESS, correspondiente a 2002/03, España registraba una confianza media de 4,29 sobre 10 en el sistema judicial, frente al 5,26 de la media europea disponible. La distancia se estrechó en algunos momentos, como en 2006/07, pero volvió a abrirse tras la crisis financiera y el ciclo político posterior. En 2012/13, España cayó hasta 3,71, un punto por debajo de la media europea disponible; en 2016/17, se situó en 3,92 frente al 5,26 europeo. La última ola, 2023/24, muestra una mejora significativa: España alcanza el 5,21, ya muy cerca del 5,37 de la media disponible. Es decir, durante buena parte del siglo XXI, la confianza judicial española ha partido de un suelo bajo.
Esa trayectoria obliga a tomar distancia respecto de la coyuntura. Los casos que afectan a Pedro Sánchez, a su entorno, al PP o a otros actores políticos pueden haber elevado la presencia pública de la justicia, pero no explican por sí solos el nivel de confianza del que parte España. Antes de esos casos ya existía una percepción acumulada de justicia lenta, difícil de entender, poco accesible y con problemas de independencia percibida. En este sentido, merece la pena recordar que buena parte de la ciudadanía no discute solo una sentencia en concreto, sino la capacidad del sistema para tratar igual a todos, aplicar la ley con imparcialidad y resistir presiones políticas o económicas.
Esa pauta no convierte la justicia en un reflejo simple del gobierno de turno. Si bastara con mirar quién gobierna, las líneas oscilarían de forma mecánica con cada alternancia. Hay que pensar en la posición ideológica, pero también en la percepción de independencia, el clima político del momento y los acontecimientos judiciales que se traten en ese momento. La investigación comparada sobre confianza en los tribunales ha mostrado que también existe una brecha entre ganadores y perdedores políticos en el ámbito judicial, aunque menor que en instituciones abiertamente políticas como el Gobierno o el Parlamento. La diferencia es que los tribunales no se perciben exactamente como otro espacio de competición partidista, pero tampoco quedan aislados de ella.
La confianza judicial combina una evaluación del funcionamiento de los tribunales —si son eficaces, accesibles, independientes o capaces de resolver conflictos con garantías— con una lectura más instrumental: si sus decisiones favorecen o perjudican a "los míos". En Argentina hay un buen ejemplo para entender esta dinámica. En 2013, el Gobierno de Cristina Fernández impulsó una reforma del Consejo de la Magistratura que defendía como una democratización de la justicia. La oposición, en cambio, la interpretó como un intento de controlar el poder judicial. El Congreso aprobó la reforma, pero primero un juzgado federal y después la Corte Suprema la declararon inconstitucional. La disputa tuvo una amplia cobertura mediática y produjo dos lecturas enfrentadas: para el oficialismo, los jueces estaban interfiriendo en la política; para la oposición, habían protegido la independencia judicial.
Este caso se ha estudiado para ver qué ocurre cuando los tribunales intervienen en conflictos políticamente muy visibles. Los datos mostraron que la confianza en la justicia cayó entre los partidarios del Gobierno tras las decisiones judiciales, mientras aumentó entre los simpatizantes de la oposición, sobre todo después de la intervención de la Corte Suprema.
Por eso los casos judiciales recientes tienen tanta capacidad de "contaminar" la percepción general del sistema. La mayoría de la ciudadanía no sigue al detalle cada instrucción, cada recurso o cada auto —a pesar de que los medios nos esforcemos, con mejor o peor resultado, en ello—. Recibe los grandes rasgos de cada caso: quién es investigado, quién denuncia, el nivel de cobertura del caso y, sobre todo, qué dice cada partido y dónde se posiciona. Los casos de especial relevancia mediática no afectan solo a la opinión sobre un juez, una fiscalía o un tribunal concreto; pueden alterar la imagen de "la justicia" como institución general.
El gráfico no muestra solo si un país confía más o menos en su justicia, sino hacia qué lado se inclina políticamente esa confianza. En algunos países, la derecha confía más; en otros, la izquierda o el centro progresista muestran niveles iguales o superiores. España aparece en el primer bloque. ¿Esto permite afirmar que la justicia sea conservadora? Realmente no. Tampoco se puede inferir con esto que las decisiones judiciales respondan a una lógica partidista. Sí indica, en cambio, que la ciudadanía no percibe la institución desde un punto neutral: la confianza está socialmente ordenada y políticamente filtrada.
Si la confianza empieza a depender del tipo de caso, del partido afectado o del resultado de la resolución, el sistema judicial va a enfrentarse a grandes problemas. La justicia puede producir desacuerdos sobre decisiones concretas, incluso desacuerdos intensos, sin perder un suelo común de legitimidad. Sin embargo, en contextos de alta polarización y politización alrededor de los casos judiciales, resulta más difícil reconstruir una confianza compartida.
La justicia no es vista simplemente como otro partido, otro Gobierno u otro Parlamento. Pero cada vez resulta más difícil sostener que permanece fuera de la lucha política. Por tanto, el objetivo que la institución debe perseguir, y que los actores políticos deberían apoyar, no es otro que mejorar esa confianza alejando el juego partidista de ella.
El dibujo del presente que muestran tanto el trabajo de 40dB. como el de Ipsos va en línea con lo que los datos vienen mostrando en las últimas décadas. España se encuentra de forma persistente en niveles bajos o medio-bajos de confianza en el sistema judicial, casi siempre por debajo de la media de los países europeos según la European Social Survey (ESS). Por tanto, la desconfianza no es ninguna novedad.
"España se encuentra de forma persistente en niveles bajos o medio-bajos de confianza en el sistema judicial, casi siempre por debajo de la media de los países europeos"No obstante, el clima actual empuja a pensar que existe una intensificación en la desconfianza que tiene su origen (o se canaliza) a través de la política. Hoy día, la justicia se percibe como una institución menos independiente y cada vez más insertada en el conflicto partidista como un actor más.
En la primera ola de la ESS, correspondiente a 2002/03, España registraba una confianza media de 4,29 sobre 10 en el sistema judicial, frente al 5,26 de la media europea disponible. La distancia se estrechó en algunos momentos, como en 2006/07, pero volvió a abrirse tras la crisis financiera y el ciclo político posterior. En 2012/13, España cayó hasta 3,71, un punto por debajo de la media europea disponible; en 2016/17, se situó en 3,92 frente al 5,26 europeo. La última ola, 2023/24, muestra una mejora significativa: España alcanza el 5,21, ya muy cerca del 5,37 de la media disponible. Es decir, durante buena parte del siglo XXI, la confianza judicial española ha partido de un suelo bajo.
Esa trayectoria obliga a tomar distancia respecto de la coyuntura. Los casos que afectan a Pedro Sánchez, a su entorno, al PP o a otros actores políticos pueden haber elevado la presencia pública de la justicia, pero no explican por sí solos el nivel de confianza del que parte España. Antes de esos casos ya existía una percepción acumulada de justicia lenta, difícil de entender, poco accesible y con problemas de independencia percibida. En este sentido, merece la pena recordar que buena parte de la ciudadanía no discute solo una sentencia en concreto, sino la capacidad del sistema para tratar igual a todos, aplicar la ley con imparcialidad y resistir presiones políticas o económicas.
"Antes de esos casos ya existía una percepción acumulada de justicia lenta, difícil de entender, poco accesible y con problemas de independencia percibida"¿Quiere decir esto que la ideología no ejerce un papel? Todo lo contrario. Los datos muestran que la confianza en la justicia no se distribuye igual a lo largo del eje ideológico. En España, quienes se ubican a la derecha tienden a confiar más en la justicia que quienes se ubican a la izquierda, especialmente desde 2012. La brecha no es constante, pero sí persistente en los últimos años.
Esa pauta no convierte la justicia en un reflejo simple del gobierno de turno. Si bastara con mirar quién gobierna, las líneas oscilarían de forma mecánica con cada alternancia. Hay que pensar en la posición ideológica, pero también en la percepción de independencia, el clima político del momento y los acontecimientos judiciales que se traten en ese momento. La investigación comparada sobre confianza en los tribunales ha mostrado que también existe una brecha entre ganadores y perdedores políticos en el ámbito judicial, aunque menor que en instituciones abiertamente políticas como el Gobierno o el Parlamento. La diferencia es que los tribunales no se perciben exactamente como otro espacio de competición partidista, pero tampoco quedan aislados de ella.
La confianza judicial combina una evaluación del funcionamiento de los tribunales —si son eficaces, accesibles, independientes o capaces de resolver conflictos con garantías— con una lectura más instrumental: si sus decisiones favorecen o perjudican a "los míos". En Argentina hay un buen ejemplo para entender esta dinámica. En 2013, el Gobierno de Cristina Fernández impulsó una reforma del Consejo de la Magistratura que defendía como una democratización de la justicia. La oposición, en cambio, la interpretó como un intento de controlar el poder judicial. El Congreso aprobó la reforma, pero primero un juzgado federal y después la Corte Suprema la declararon inconstitucional. La disputa tuvo una amplia cobertura mediática y produjo dos lecturas enfrentadas: para el oficialismo, los jueces estaban interfiriendo en la política; para la oposición, habían protegido la independencia judicial.
Este caso se ha estudiado para ver qué ocurre cuando los tribunales intervienen en conflictos políticamente muy visibles. Los datos mostraron que la confianza en la justicia cayó entre los partidarios del Gobierno tras las decisiones judiciales, mientras aumentó entre los simpatizantes de la oposición, sobre todo después de la intervención de la Corte Suprema.
Por eso los casos judiciales recientes tienen tanta capacidad de "contaminar" la percepción general del sistema. La mayoría de la ciudadanía no sigue al detalle cada instrucción, cada recurso o cada auto —a pesar de que los medios nos esforcemos, con mejor o peor resultado, en ello—. Recibe los grandes rasgos de cada caso: quién es investigado, quién denuncia, el nivel de cobertura del caso y, sobre todo, qué dice cada partido y dónde se posiciona. Los casos de especial relevancia mediática no afectan solo a la opinión sobre un juez, una fiscalía o un tribunal concreto; pueden alterar la imagen de "la justicia" como institución general.
"Los casos judiciales recientes tienen una gran capacidad de contaminar la percepción general del sistema"Volviendo a la comparación europea, esta sitúa a España en un grupo concreto: países donde la relación entre ideología y confianza judicial es conservadora. Es decir, cuanto más a la derecha se ubica una persona, más confianza declara en la justicia. En la última ola de la ESS, la pendiente española es de 0,122 puntos de confianza por cada punto hacia la derecha en la escala ideológica. Es menos que en Hungría, Bulgaria, Grecia, Lituania, Chipre o Eslovaquia, donde la pendiente es más intensa, pero más que en países donde la relación es prácticamente nula o incluso negativa, como Austria, Alemania, Países Bajos, Francia o Suecia.
El gráfico no muestra solo si un país confía más o menos en su justicia, sino hacia qué lado se inclina políticamente esa confianza. En algunos países, la derecha confía más; en otros, la izquierda o el centro progresista muestran niveles iguales o superiores. España aparece en el primer bloque. ¿Esto permite afirmar que la justicia sea conservadora? Realmente no. Tampoco se puede inferir con esto que las decisiones judiciales respondan a una lógica partidista. Sí indica, en cambio, que la ciudadanía no percibe la institución desde un punto neutral: la confianza está socialmente ordenada y políticamente filtrada.
"En algunos países, la derecha confía más; en otros, la izquierda o el centro progresista muestran niveles iguales o superiores. España aparece en el primer bloque"En 2025, solo el 39% de los españoles considera "muy buena" o "bastante buena" la independencia de jueces y tribunales, frente al 54% de la media de la UE. España queda por debajo de Francia, Italia, Portugal y de la media comunitaria, y se aproxima más al grupo de países donde la percepción de interferencias o presiones resulta más preocupante. Aquí se usan los datos del EU Justice Scoreboard que, al igual que la ESS, usa la percepción ciudadana, no indicadores objetivos. Aunque aquí precisamente la percepción es lo más importante, ya que es la que tiene efectos políticos: la legitimidad de los tribunales depende también de que sus decisiones sean vistas como algo distinto de una prolongación del conflicto entre partidos.
Si la confianza empieza a depender del tipo de caso, del partido afectado o del resultado de la resolución, el sistema judicial va a enfrentarse a grandes problemas. La justicia puede producir desacuerdos sobre decisiones concretas, incluso desacuerdos intensos, sin perder un suelo común de legitimidad. Sin embargo, en contextos de alta polarización y politización alrededor de los casos judiciales, resulta más difícil reconstruir una confianza compartida.
"Si la confianza empieza a depender del tipo de caso, del partido afectado o del resultado de la resolución, el sistema judicial va a enfrentarse a grandes problemas"La evidencia comparada sugiere que la independencia que reduce la brecha política no es solo la que figura en las normas, sino la que la ciudadanía percibe en el comportamiento de los tribunales y en la contención de los actores políticos. Reformar procedimientos puede ayudar, pero quizá es más fácil e inmediato dejar de convertir cada decisión judicial en munición de partido.
La justicia no es vista simplemente como otro partido, otro Gobierno u otro Parlamento. Pero cada vez resulta más difícil sostener que permanece fuera de la lucha política. Por tanto, el objetivo que la institución debe perseguir, y que los actores políticos deberían apoyar, no es otro que mejorar esa confianza alejando el juego partidista de ella.
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Democracia, Justicia, Encuestas, Europa, Caso Zapatero, caso Gürtel, Partidos políticos, España Ahora en portada
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