Lunes, 17 de agosto de 2026
FRANCIA
El gambito de Marine Le Pen
Marine Le Pen ha convertido su condena penal en una apuesta presidencial. El profesor de Ciencia Política en la Universidad de Oxford Giovanni Capoccia analiza cómo el recurso de Le Pen ante el Tribunal de Casación suspende la ejecución de la sentencia y le permite hacer campaña, pero también coloca a la justicia bajo una presión política inédita. "Nunca antes un candidato con opciones reales había convertido la responsabilidad ante la justicia en un asunto central de una campaña presidencial", escribe.
La líder del Rassemblement National, Marine Le Pen, abandona la sala tras el veredicto del juicio de apelación.Alexis Sciard / Zuma Press / Europa Press
Como demuestra la experiencia estadounidense, incluso las democracias liberales consolidadas son vulnerables a los ataques contra el Estado de derecho. Francia podría seguir pronto la senda de Estados Unidos. Al anunciar su candidatura en una entrevista televisiva en horario de máxima audiencia, apenas unas horas después de que el Tribunal de Apelación de París confirmara en lo esencial su condena penal, la líder de Rassemblement National (RN) ha situado a una de las democracias constitucionales más antiguas de Europa ante la posibilidad de un enfrentamiento directo entre la política electoral y la autoridad judicial.
Los hechos jurídicos son claros. Le Pen fue condenada por organizar una trama destinada a utilizar indebidamente fondos del Parlamento Europeo para pagar a empleados de su partido en Francia y a asistentes personales. El Tribunal de Apelación confirmó el fondo de la sentencia dictada en primera instancia y le impuso una pena de tres años de prisión: dos de ellos suspendidos y uno que deberá cumplir en arresto domiciliario con vigilancia electrónica. Al mismo tiempo, sin embargo, redujo su periodo de inhabilitación electoral, lo que le permite presentarse a las elecciones presidenciales en la primavera de 2027.
Le Pen anunció que recurriría ante el Tribunal de Casación. Según la legislación francesa, este recurso suspende la ejecución de la sentencia de apelación. Esto significa que, hasta que el máximo tribunal del país se pronuncie, podrá seguir haciendo campaña sin cumplir su condena.
Ahora, su candidatura ejerce de forma inevitable una gran presión sobre el Tribunal de Casación. Cuando le preguntaron qué ocurriría si el tribunal confirmaba su condena durante la campaña, Le Pen respondió con un lugar común del populismo contemporáneo: "El pueblo francés decidirá". La conocida retórica victimista también estuvo presente. En la misma entrevista, Le Pen presentó su condena como una injusta prueba personal que reflejaba las dificultades cotidianas de los ciudadanos franceses.
El Tribunal de Casación ya ha anunciado que pretende examinar el caso mediante un procedimiento acelerado, con el objetivo de pronunciarse en enero de 2027, en lugar de hacerlo después de la demora habitual de un año o más. De este modo, los votantes sabrían antes de las elecciones presidenciales de abril si la condena de Le Pen ha sido confirmada.
Sin embargo, el tribunal no controla por completo su calendario. Los abogados de la líder de RN, que durante los últimos años han utilizado repetidamente mecanismos procesales para retrasar el procedimiento, pueden cuestionar la constitucionalidad de los preceptos penales aplicados en el caso. El tribunal tendría entonces que decidir si remite la cuestión al Consejo Constitucional, que dispondría a su vez de tres meses para pronunciarse. En ese escenario, casi con toda seguridad no habría una sentencia definitiva hasta después de las elecciones presidenciales.
Esta posibilidad genera incentivos evidentes para el conflicto institucional. Una presidenta Le Pen tendría poderosas razones para debilitar la autoridad y la independencia del poder judicial. Si las elecciones legislativas que casi con toda seguridad se celebrarían a continuación otorgaran una mayoría parlamentaria a RN y sus aliados, el conflicto podría afectar al equilibrio constitucional de la Quinta República.
Durante años, Le Pen ha seguido una estrategia de dédiabolisation —"desdiabolización"—, moderando su imagen y su retórica para convertirse en una candidata aceptable al Elíseo. Como consecuencia, muchos han pasado a considerar que tanto ella como su partido forman parte del arc républicain, la expresión francesa para referirse al espacio democrático mayoritario. La forma en que ha iniciado su campaña presidencial —afirmando que "el pueblo" decidirá lo que corresponde decidir a jueces independientes— debería hacerles reflexionar.
Pero las implicaciones van mucho más allá de Francia. El regreso de Donald Trump al poder ya ha demostrado que incluso las democracias constitucionales más consolidadas son vulnerables a la erosión del Estado de derecho. La Quinta República francesa podría convertirse pronto en la primera gran democracia de Europa occidental que afronta un desafío comparable. Las instituciones democráticas liberales dependen, en última instancia, de que los actores políticos acepten las restricciones que estas les imponen. Francia cuenta, sin duda, con sólidas salvaguardas institucionales y sociales para resistir una regresión democrática a gran escala. Pero la lucha por preservar el Estado de derecho podría ser larga y su desenlace está lejos de estar asegurado.
Los hechos jurídicos son claros. Le Pen fue condenada por organizar una trama destinada a utilizar indebidamente fondos del Parlamento Europeo para pagar a empleados de su partido en Francia y a asistentes personales. El Tribunal de Apelación confirmó el fondo de la sentencia dictada en primera instancia y le impuso una pena de tres años de prisión: dos de ellos suspendidos y uno que deberá cumplir en arresto domiciliario con vigilancia electrónica. Al mismo tiempo, sin embargo, redujo su periodo de inhabilitación electoral, lo que le permite presentarse a las elecciones presidenciales en la primavera de 2027.
Le Pen anunció que recurriría ante el Tribunal de Casación. Según la legislación francesa, este recurso suspende la ejecución de la sentencia de apelación. Esto significa que, hasta que el máximo tribunal del país se pronuncie, podrá seguir haciendo campaña sin cumplir su condena.
"Le Pen ha situado a una de las democracias constitucionales más antiguas de Europa ante la posibilidad de un enfrentamiento directo entre la política electoral y la autoridad judicial"A primera vista, esto podría parecer poco más que una maniobra jurídica destinada a preservar su candidatura. En realidad, encarna una estrategia política mucho más arriesgada. Coloca al máximo tribunal francés en el centro de una campaña presidencial y abre la posibilidad de un enfrentamiento sin precedentes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Le Pen tenía otra opción. Había afirmado en reiteradas ocasiones que no se presentaría a la presidencia si era condenada a arresto domiciliario. Podría haberse apartado en favor de su protegido y presidente de RN, Jordan Bardella, cuya popularidad supera ya la suya. Con casi toda seguridad, habría conservado una influencia considerable sobre una eventual presidencia de su delfín. Al decidir presentarse pese a su condena, ha elevado drásticamente lo que está en juego en las elecciones de 2027.
Ahora, su candidatura ejerce de forma inevitable una gran presión sobre el Tribunal de Casación. Cuando le preguntaron qué ocurriría si el tribunal confirmaba su condena durante la campaña, Le Pen respondió con un lugar común del populismo contemporáneo: "El pueblo francés decidirá". La conocida retórica victimista también estuvo presente. En la misma entrevista, Le Pen presentó su condena como una injusta prueba personal que reflejaba las dificultades cotidianas de los ciudadanos franceses.
El Tribunal de Casación ya ha anunciado que pretende examinar el caso mediante un procedimiento acelerado, con el objetivo de pronunciarse en enero de 2027, en lugar de hacerlo después de la demora habitual de un año o más. De este modo, los votantes sabrían antes de las elecciones presidenciales de abril si la condena de Le Pen ha sido confirmada.
Sin embargo, el tribunal no controla por completo su calendario. Los abogados de la líder de RN, que durante los últimos años han utilizado repetidamente mecanismos procesales para retrasar el procedimiento, pueden cuestionar la constitucionalidad de los preceptos penales aplicados en el caso. El tribunal tendría entonces que decidir si remite la cuestión al Consejo Constitucional, que dispondría a su vez de tres meses para pronunciarse. En ese escenario, casi con toda seguridad no habría una sentencia definitiva hasta después de las elecciones presidenciales.
"El Tribunal de Casación ya ha anunciado que pretende examinar el caso mediante un procedimiento acelerado, con el objetivo de pronunciarse en enero de 2027"El Tribunal de Casación podría, sin duda, rechazar esa cuestión de constitucionalidad en un plazo de veinticuatro horas si la considerara manifiestamente infundada. Pero hacerlo durante una campaña presidencial provocaría acusaciones —incluso más intensas que las surgidas tras la primera condena de Le Pen— de que unos jueces no elegidos intentan eliminar a la "candidata del pueblo" privándola de sus derechos legales. Si posteriormente el tribunal confirmara su condena, esos ataques no harían más que intensificarse.
Qué pasaría si Le Pen gana la presidencia
El mayor desafío, sin embargo, podría llegar después de la jornada electoral. Según la Constitución francesa, un presidente en ejercicio no puede ser procesado ni puede ejecutarse contra él una sentencia penal durante su mandato. Si Le Pen ganara la presidencia —algo que, según los sondeos actuales, sigue siendo perfectamente posible—, los procedimientos contra ella no se extinguirían, como ocurrió en el caso de Donald Trump en Estados Unidos, sino que quedarían simplemente suspendidos hasta que abandonara el cargo.Esta posibilidad genera incentivos evidentes para el conflicto institucional. Una presidenta Le Pen tendría poderosas razones para debilitar la autoridad y la independencia del poder judicial. Si las elecciones legislativas que casi con toda seguridad se celebrarían a continuación otorgaran una mayoría parlamentaria a RN y sus aliados, el conflicto podría afectar al equilibrio constitucional de la Quinta República.
"Una presidenta Le Pen tendría poderosas razones para debilitar la autoridad y la independencia del poder judicial"La combinación de los problemas judiciales de Le Pen, su fortaleza electoral y el carácter semipresidencial de la Quinta República podría, por tanto, empujar a Francia hacia un enfrentamiento abierto entre el Poder Ejecutivo y la autoridad judicial. Es una posibilidad concreta desde el momento en que decidió presentarse tras su condena. Nunca antes un candidato presidencial con opciones reales había convertido la responsabilidad ante la justicia en un asunto central de una campaña presidencial. François Fillon, después de quedar sometido a una investigación penal en 2017, se retiró de unas elecciones que tenía muchas posibilidades de ganar. Otros presidentes franceses, desde Jacques Chirac hasta Nicolas Sarkozy, se han enfrentado a investigaciones y condenas penales, pero nunca se había producido por ello un conflicto constitucional con el poder judicial. Esta podría convertirse en una de las cuestiones decisivas de la campaña de 2027. Y, si Le Pen alcanzara la presidencia, el orden constitucional francés podría quedar sometido a una enorme tensión.
Durante años, Le Pen ha seguido una estrategia de dédiabolisation —"desdiabolización"—, moderando su imagen y su retórica para convertirse en una candidata aceptable al Elíseo. Como consecuencia, muchos han pasado a considerar que tanto ella como su partido forman parte del arc républicain, la expresión francesa para referirse al espacio democrático mayoritario. La forma en que ha iniciado su campaña presidencial —afirmando que "el pueblo" decidirá lo que corresponde decidir a jueces independientes— debería hacerles reflexionar.
Pero las implicaciones van mucho más allá de Francia. El regreso de Donald Trump al poder ya ha demostrado que incluso las democracias constitucionales más consolidadas son vulnerables a la erosión del Estado de derecho. La Quinta República francesa podría convertirse pronto en la primera gran democracia de Europa occidental que afronta un desafío comparable. Las instituciones democráticas liberales dependen, en última instancia, de que los actores políticos acepten las restricciones que estas les imponen. Francia cuenta, sin duda, con sólidas salvaguardas institucionales y sociales para resistir una regresión democrática a gran escala. Pero la lucha por preservar el Estado de derecho podría ser larga y su desenlace está lejos de estar asegurado.
Giovanni Capoccia
Profesor de Política Comparada en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford.
Catedrático de Política Comparada en la Universidad de Oxford. Trabaja sobre democracia, extremismo y retroceso democrático. Está ultimando un número especial de una revista coeditada sobre 'La lucha contra el iliberalismo en las democracias liberales'.
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Democracia, Francia, Justicia, corrupción, Parlamento Europeo, Marine Le Pen, Elecciones, Encuestas, Partidos políticos Ahora en portada
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