Martes, 28 de julio de 2026
EXCLUSIVA
La UE destaca la alta preocupación en España por la corrupción y la larga duración de sus procesos
El 'Informe sobre el Estado de Derecho de la UE' de 2026, que se publicará el próximo 17 de julio, llega en plena sucesión de causas y condenas por corrupción. 'Agenda Pública' ha tenido acceso en exclusiva al borrador del capítulo que analiza a España y que revela que Bruselas reconoce avances normativos, pero mantiene sus reproches por la duración de los grandes procesos, los conflictos de interés y el riesgo de los contratos públicos.
Fachada de la Audiencia Nacional en Madrid.Europa Press
Nueve de cada diez españoles consideran que la corrupción campa a sus anchas por el país. La percepción social de este fenómeno sitúa a España en el puesto 17 entre los socios europeos y en el 49 a nivel global, y la preocupación de los ciudadanos se ha incrementado significativamente en los últimos cinco años. Así lo recoge el borrador del Informe sobre el Estado de Derecho de la UE de 2026, que valora la estrategia del Gobierno para combatir el fenómeno, pero vuelve a reprochar la excesiva duración de los procesos judiciales más complejos debido a la multiplicidad de implicados, los largos trámites para la apelación, su complejidad y la carencia de jueces especializados.
Una primera versión del capítulo español del documento que cada año elabora la Comisión Europea y al que ha tenido acceso Agenda Pública subraya el hecho de que el Ejecutivo haya aprobado un Plan Estatal Anticorrupción —Pedro Sánchez lo anunció en verano de 2025 tras la implicación de Santos Cerdán en el caso Koldo—. El informe destaca los cinco ámbitos en los que pretende intervenir: la prevención, el fortalecimiento de los controles, la protección de los confidentes y alertadores, la recuperación de activos relacionados con los delitos, así como la generación de una mayor conciencia sobre el fenómeno mediante avances en transparencia, integridad y participación ciudadana en la lucha contra estas infracciones.
Bruselas resalta también en su documento el proyecto de ley de Administración Abierta aprobado por el Gobierno el pasado febrero para reforzar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La norma definirá por primera vez ese organismo como "autoridad administrativa independiente" y lo dotará de un mayor poder para imponer sanciones a las administraciones y organismos que no faciliten información. "Este refuerzo busca asegurar un control externo efectivo sobre los sectores y actividades de mayor riesgo", sostiene el borrador.
Como en ediciones anteriores, la Comisión reprocha los escasos avances en la regulación de la actividad de los grupos de interés (lobby) y en la transparencia de la financiación de los partidos. También reprocha las restricciones presupuestarias de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que, pese a su creciente carga de trabajo —cuatrocientas denuncias desde septiembre de 2025—, no ha conseguido cubrir la totalidad de su plantilla.
Al igual que en la edición de 2025, el informe de este año recuerda que la contratación pública sigue siendo en España un "área de alto riesgo para la corrupción". El 40% de las empresas que concurren a las convocatorias consideran que la corrupción ha impedido que ganen algún contrato público en los últimos tres años (la media europea es del 30%). El porcentaje de compañías que consideran que el sistema de contratación pública en España es más o menos independiente se ha reducido del 61% al 44% en solo un año. El 34% de las contrataciones son de oferta única, un porcentaje superior a la media de la UE (28%).
"La sociedad percibe debilidades persistentes y sistémicas como riesgos para la integridad, baja eficiencia en la concurrencia de ofertas y trazabilidad insuficiente", afirma la Comisión. Los contratos públicos de provisión de servicios son los más afectados por la corrupción, así como los de infraestructuras críticas. Otro de los ámbitos más vulnerables es el de la financiación de los partidos.
Una primera versión del capítulo español del documento que cada año elabora la Comisión Europea y al que ha tenido acceso Agenda Pública subraya el hecho de que el Ejecutivo haya aprobado un Plan Estatal Anticorrupción —Pedro Sánchez lo anunció en verano de 2025 tras la implicación de Santos Cerdán en el caso Koldo—. El informe destaca los cinco ámbitos en los que pretende intervenir: la prevención, el fortalecimiento de los controles, la protección de los confidentes y alertadores, la recuperación de activos relacionados con los delitos, así como la generación de una mayor conciencia sobre el fenómeno mediante avances en transparencia, integridad y participación ciudadana en la lucha contra estas infracciones.
¿Por qué siguen tardando los grandes casos de corrupción?
Aunque aprecia "algunos progresos", la Comisión sigue estimando que la duración de los procesos contra la corrupción de alto nivel sigue siendo excesiva. Casos como Gürtel, Púnica, Lezo o Kitchen siguen vivos más de una década después de que estallaran. El informe cree que el proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado por el Gobierno —que, debido a su envergadura, al poco tiempo de legislatura que resta y a la falta de apoyos del Ejecutivo, acabará, previsiblemente, en un cajón— provocará que estos procesos penales sean más efectivos gracias a una fase de instrucción más corta encomendada al fiscal en lugar de al juez de instrucción."Aunque aprecia «algunos progresos», la Comisión sigue estimando que la duración de los procesos contra la corrupción de alto nivel sigue siendo excesiva"A lo largo de 2025, año en que se centra el análisis, los nuevos casos de corrupción, tanto a nivel estatal como autonómico, fueron 19. De los 76 procesos ya abiertos, 52 terminaron en condenas y 19 en absoluciones. La Comisión no detecta, sin embargo, un incremento de trabajo significativo en la Fiscalía Anticorrupción, mientras que la Fiscalía Europea —que actúa cuando los delitos afectan a los fondos procedentes de la UE— tenía cuatro casos abiertos a finales del pasado año. La UE valora la creación por el Gobierno de tres nuevas plazas judiciales en la Audiencia Nacional (donde suelen recaer los grandes casos) y el incremento de la plantilla del Ministerio Público como medidas que fortalecerán la eficiencia de estas causas.
Bruselas resalta también en su documento el proyecto de ley de Administración Abierta aprobado por el Gobierno el pasado febrero para reforzar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La norma definirá por primera vez ese organismo como "autoridad administrativa independiente" y lo dotará de un mayor poder para imponer sanciones a las administraciones y organismos que no faciliten información. "Este refuerzo busca asegurar un control externo efectivo sobre los sectores y actividades de mayor riesgo", sostiene el borrador.
"Los datos indican que la Oficina de Conflictos de Interés tiene una capacidad limitada para detectar, desalentar o sancionar las conductas inapropiadas"La mejora también ha sido escasa, según el Ejecutivo comunitario, en lo relativo a su recomendación de reforzar la normativa sobre conflictos de interés y declaraciones de bienes en los puestos de mayor rango del Ejecutivo. "Los datos indican que la Oficina de Conflictos de Interés tiene una capacidad limitada para detectar, desalentar o sancionar las conductas inapropiadas", sostiene el documento, que considera un paso positivo que el proyecto de ley de Integridad Pública prevea crear una agencia estatal que agrupe la Oficina de Conflictos de Interés, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y la Agencia Nacional Antifraude.
Como en ediciones anteriores, la Comisión reprocha los escasos avances en la regulación de la actividad de los grupos de interés (lobby) y en la transparencia de la financiación de los partidos. También reprocha las restricciones presupuestarias de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que, pese a su creciente carga de trabajo —cuatrocientas denuncias desde septiembre de 2025—, no ha conseguido cubrir la totalidad de su plantilla.
Al igual que en la edición de 2025, el informe de este año recuerda que la contratación pública sigue siendo en España un "área de alto riesgo para la corrupción". El 40% de las empresas que concurren a las convocatorias consideran que la corrupción ha impedido que ganen algún contrato público en los últimos tres años (la media europea es del 30%). El porcentaje de compañías que consideran que el sistema de contratación pública en España es más o menos independiente se ha reducido del 61% al 44% en solo un año. El 34% de las contrataciones son de oferta única, un porcentaje superior a la media de la UE (28%).
"La sociedad percibe debilidades persistentes y sistémicas como riesgos para la integridad, baja eficiencia en la concurrencia de ofertas y trazabilidad insuficiente", afirma la Comisión. Los contratos públicos de provisión de servicios son los más afectados por la corrupción, así como los de infraestructuras críticas. Otro de los ámbitos más vulnerables es el de la financiación de los partidos.
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