

"La amnistía es la pieza sobre la que descansa la aritmética de toda la legislatura: es el precio de un pacto sin el cual no habría gobierno de coalición progresista"Por esta razón, el fallo de Luxemburgo vale mucho más de lo que dice literalmente en términos jurídicos. Este blinda políticamente el activo central de la legislatura. Ahora, con el TJUE de su lado, el marco según el cual Europa tumbaría la ley ha caído, y el Ejecutivo puede presentar la norma como una decisión validada por la instancia judicial más alta de la Unión Europea en lugar de como una concesión hecha a regañadientes. En clave de relato, Sánchez convierte su vulnerabilidad más señalada en una credencial. No es poca cosa para un presidente al que se le ha reprochado durante toda la legislatura gobernar contra el sentir de una parte del bloque togado.
"El Ejecutivo puede presentar la norma como una decisión validada por la instancia judicial más alta de la Unión Europea en lugar de como una concesión hecha a regañadientes"La foto tiene algo de ironía cruel. La gran contrapartida de la investidura —el activo que Junts vendió a los suyos como la prueba de que el pacto con Sánchez había merecido la pena— se consolida jurídicamente justo cuando el partido que la exigió atraviesa una crisis que atenta contra la propia supervivencia del partido. Y todavía hay un giro más, porque ni siquiera esa contrapartida está garantizada para su beneficiario simbólico.
"El conjunto del independentismo obtiene la normalización judicial que perseguía y ve cómo el apoyo a la independencia repunta hasta el 45%"Cabe estirar la pregunta hasta uno de los beneficiarios más inesperados de todos: el Partido Popular. Porque el gran adversario de la amnistía, el partido que la combatió en la calle, en los tribunales y en Bruselas, que la calificó de golpismo y prometió derogarla desde La Moncloa, es también el que más tiene que ganar de la normalización política que la norma inaugura. En Catalunya se dirime buena parte del resultado de unas generales, y un PP que aspire a gobernar necesitará, más pronto que tarde, entenderse con la derecha catalana —como necesitará entenderse con la vasca—. Ese cálculo ya ha empezado a operar. Feijóo, que ha viajado desde el "Puigdemont a prisión" hasta el "pasar página", clausuró el congreso de su partido en Catalunya llamando a superar el procés y ha decidido no amplificar el fallo de este jueves, sea cual sea su lectura. El deshielo con Junts —cuyos votos necesitaría para una hipotética moción de censura—, aún prudente, sobrevuela los despachos de Madrid y Barcelona. En consecuencia, el partido que puso todas las trabas a la convivencia será, con el transcurso del tiempo, uno de los que más se apoye en ella. La amnistía que el PP juró combatir le allana el terreno que necesitará pisar.
"Lo que ha hecho el TJUE no es someter al poder judicial español, sino desactivar la vía concreta por la que una minoría de togados quiso frenar la norma"Sin un claro vencedor del "pulso", este se ha trasladado. El escenario decisivo pasa de Luxemburgo al Tribunal Constitucional, que será quien deba pronunciarse en otoño sobre si corrige al Supremo. Ese sí es un choque íntegramente español, entre el intérprete de la Constitución y el vértice de la jurisdicción ordinaria, sin árbitro europeo que lo desactive. Por tanto, la tensión entre poderes entrará finalmente en su fase más delicada.
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