Lunes, 10 de agosto de 2026
LEGISLATURA

La amnistía: ¿Por qué el mayor triunfo político de Sánchez llega en el peor momento para Junts?

El TJUE ha avalado los dos flancos europeos de la ley de amnistía, pero el fallo sigue dejando en el aire el regreso de Carles Puigdemont y tampoco cierra el pulso entre el Tribunal Supremo y el Constitucional. Esta sentencia refuerza a Pedro Sánchez y uno de los pilares de la investidura y también puede terminar facilitando el giro del PP en Catalunya, pero llega tarde para Junts.

Agenda Pública Agenda Pública 17 de julio de 2026
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El secretario general de Junts, Jordi Turull; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz del Grupo Parlamentario Junts, Miriam Nogueras. | Carlos Luján / Europa Press
El secretario general de Junts, Jordi Turull; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz del Grupo Parlamentario Junts, Miriam Nogueras. | Carlos Luján / Europa Press
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley de amnistía, y lo hizo sin concesiones en lo esencial. Descartó que la norma vulnere la directiva antiterrorista y negó que dañe los intereses financieros de la Unión: los dos flancos por los que una minoría de la judicatura española había intentado dejarla en suspenso. Solo puso reparos a dos aspectos accesorios y ya superados. Sobre el papel, es la victoria jurídica más rotunda que ha cosechado el Gobierno de Pedro Sánchez en toda la legislatura.

Lo interesante, sin embargo, está en lo que muestra la sentencia en clave política. En ese sentido, aparecen tres planos que apenas dialogan entre sí en las crónicas de urgencia, pero que juntos dibujan una fotografía mucho más rica —y más irónica— que el titular del "aval europeo".

El cemento de la legislatura

La amnistía es el acuerdo que el independentismo logró a cambio de la investidura de Sánchez en noviembre de 2023 y, por tanto, la pieza sobre la que descansa la aritmética de toda la legislatura. Dicho de otra forma: es el precio de un pacto sin el cual no habría gobierno de coalición progresista.

Esto tiene una consecuencia. Cada vez que la norma ha tropezado con un tribunal —y ha tropezado varias veces—, se cuestionaba la solidez del andamiaje que mantiene al Ejecutivo en pie. La amnistía ha funcionado durante dos años como una espada de Damocles judicial: mientras pendía de un fallo, pendía con ella la estabilidad de la legislatura. La oposición lo entendió pronto, y por eso convirtió la impugnación europea en una de sus apuestas más insistentes. El marco era eficaz en tanto que resultaba posible y creíble: afirmar que era "una ley que Europa acabará tumbando" permitía deslegitimar el pacto sin necesidad de ganar en las urnas.

"La amnistía es la pieza sobre la que descansa la aritmética de toda la legislatura: es el precio de un pacto sin el cual no habría gobierno de coalición progresista"
Por esta razón, el fallo de Luxemburgo vale mucho más de lo que dice literalmente en términos jurídicos. Este blinda políticamente el activo central de la legislatura. Ahora, con el TJUE de su lado, el marco según el cual Europa tumbaría la ley ha caído, y el Ejecutivo puede presentar la norma como una decisión validada por la instancia judicial más alta de la Unión Europea en lugar de como una concesión hecha a regañadientes. En clave de relato, Sánchez convierte su vulnerabilidad más señalada en una credencial. No es poca cosa para un presidente al que se le ha reprochado durante toda la legislatura gobernar contra el sentir de una parte del bloque togado.

La paradoja catalana: la recompensa llega tarde y a otro

La recompensa se materializa en el peor momento imaginable para quien la negoció. El último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), con trabajo de campo entre el 21 de mayo y el 25 de junio, dibuja para Junts un desplome sin precedentes recientes: de los 35 diputados obtenidos en 2024 caería a una horquilla de entre 16 y 18, una sangría que roza el 46% de su representación. El sorpaso de Aliança Catalana, la formación de Sílvia Orriols, se está consumando: los ultras se moverían entre 23 y 25 escaños, con casi doce puntos de voto salidos directamente de Junts. La marca posconvergente, que durante una década monopolizó la representación del independentismo más resistencialista, se ve ahora desbordada por su flanco identitario, por un rival que le disputa el espacio con un discurso más rupturista y menos comprometido con la gestión institucional.

"El Ejecutivo puede presentar la norma como una decisión validada por la instancia judicial más alta de la Unión Europea en lugar de como una concesión hecha a regañadientes"
La foto tiene algo de ironía cruel. La gran contrapartida de la investidura —el activo que Junts vendió a los suyos como la prueba de que el pacto con Sánchez había merecido la pena— se consolida jurídicamente justo cuando el partido que la exigió atraviesa una crisis que atenta contra la propia supervivencia del partido. Y todavía hay un giro más, porque ni siquiera esa contrapartida está garantizada para su beneficiario simbólico.


El regreso definitivo de Carles Puigdemont no lo asegura esta sentencia, porque el Tribunal Supremo se buscó una vía propia para negarle la amnistía —sostuvo que su malversación no es amnistiable por haber comportado enriquecimiento personal— y esa puerta, Luxemburgo no la ha cerrado. Depende ahora de que el Constitucional corrija al Supremo por la vía del amparo, algo que, de producirse, no ocurrirá antes del otoño.

Entonces, ¿a quién ha beneficiado, en última instancia, toda la operación? Esquerra Republicana se recupera ligeramente en las mismas proyecciones. El conjunto del independentismo obtiene la normalización judicial que perseguía y ve cómo el apoyo a la independencia repunta hasta el 45%, el registro más alto en seis años. La marca que lideró la negociación es precisamente la que cosecha el desgaste. La amnistía puede acabar recordándose no como una victoria del independentismo, sino como causa de una derrota de Junts como partido. No hay ironía mayor: negoció la recompensa y se la están quedando otros.

"El conjunto del independentismo obtiene la normalización judicial que perseguía y ve cómo el apoyo a la independencia repunta hasta el 45%"
Cabe estirar la pregunta hasta uno de los beneficiarios más inesperados de todos: el Partido Popular. Porque el gran adversario de la amnistía, el partido que la combatió en la calle, en los tribunales y en Bruselas, que la calificó de golpismo y prometió derogarla desde La Moncloa, es también el que más tiene que ganar de la normalización política que la norma inaugura. En Catalunya se dirime buena parte del resultado de unas generales, y un PP que aspire a gobernar necesitará, más pronto que tarde, entenderse con la derecha catalana —como necesitará entenderse con la vasca—. Ese cálculo ya ha empezado a operar. Feijóo, que ha viajado desde el "Puigdemont a prisión" hasta el "pasar página", clausuró el congreso de su partido en Catalunya llamando a superar el procés y ha decidido no amplificar el fallo de este jueves, sea cual sea su lectura. El deshielo con Junts —cuyos votos necesitaría para una hipotética moción de censura—, aún prudente, sobrevuela los despachos de Madrid y Barcelona. En consecuencia, el partido que puso todas las trabas a la convivencia será, con el transcurso del tiempo, uno de los que más se apoye en ella. La amnistía que el PP juró combatir le allana el terreno que necesitará pisar.

El pulso entre poderes no se cierra: se traslada

En el plano institucional, es tentador leer el fallo como la constatación de que el poder legislativo se ha impuesto al judicial. En cierto modo, puede pensarse que el Parlamento aprobó una ley, una parte de la magistratura se resistió a aplicarla y una instancia superior ha terminado dándole la razón a la ley. Sin embargo, es una valoración incompleta y, en rigor, inexacta.

Lo que ha hecho el TJUE no es someter al poder judicial español —entre otras cosas porque el TJUE también es poder judicial—, sino desactivar la vía concreta por la que una minoría de togados quiso frenar la norma, dejando al Supremo aislado en su interpretación más maximalista. El alto tribunal evitó consultar a Luxemburgo y, en su lugar, construyó una argumentación particular —criticada desde dentro por dos de sus propias magistradas— para excluir la malversación del alcance de la amnistía. Pero ahora el Supremo ha quedado en una posición delicada, sosteniendo en solitario una doctrina de la que Europa se ha desmarcado.

"Lo que ha hecho el TJUE no es someter al poder judicial español, sino desactivar la vía concreta por la que una minoría de togados quiso frenar la norma"
Sin un claro vencedor del "pulso", este se ha trasladado. El escenario decisivo pasa de Luxemburgo al Tribunal Constitucional, que será quien deba pronunciarse en otoño sobre si corrige al Supremo. Ese sí es un choque íntegramente español, entre el intérprete de la Constitución y el vértice de la jurisdicción ordinaria, sin árbitro europeo que lo desactive. Por tanto, la tensión entre poderes entrará finalmente en su fase más delicada.


La sentencia de Luxemburgo, en definitiva, resuelve mucho y cierra poco. Consolida la amnistía como activo político de una legislatura, redistribuye de forma inesperada a sus beneficiarios en Catalunya y deja el conflicto institucional a la espera de un último acto. Lo que para Sánchez es un triunfo y para el independentismo una validación, es una recompensa tardía (y con destinatario equivocado) para Junts. Rara vez una misma resolución significa cosas tan distintas para quienes, no hace tanto, la celebraron juntos.
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