La independencia de la justicia española solo la perciben los votantes del PP

El Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2026, analizado por Agenda Pública el pasado 10 de junio, muestra la profunda desconfianza que los españoles tienen en la independencia de sus juzgados y tribunales, que consideran muy politizados. Dos encuestas publicadas esta semana en dos de los principales diarios, la de 40dB. para El País y la de Ipsos para La Vanguardia, han indagado en ese descontento social con el sistema judicial. Y los resultados obtenidos han caído como un jarro de agua fría sobre las asociaciones judiciales mayoritarias en la magistratura. Esos colectivos profesionales, que se oponen sistemáticamente a cualquier reforma judicial calificándola de ataque a la independencia e intento de politización, han comprobado que las sospechas sobre la parcialidad de jueces y magistrados se multiplican en la mitad del país que vota a la izquierda. La judicatura solo se percibe como imparcial entre los votantes del PP y Vox. Y no por todos.

La confianza en la justicia en España parte de un suelo bajo

Que la desconfianza social en la independencia de los jueces y la percepción de politización y volubilidad ante los grandes poderes económicos puedan atribuirse al Gobierno de Pedro Sánchez es una falacia que desmontan los datos. El primer Cuadro de indicadores de la justicia en la UE se publicó en 2013, cuando el partido en el Gobierno era el PP y su presidente, Mariano Rajoy. Esa primera edición situó a España a mitad de tabla por primera y última vez. En el puesto 16 entre los Veintisiete. Muy por detrás de Alemania, pero cerca de Francia y por encima de Italia o Portugal. A partir de 2014, nuestro país se sitúa a la cola de los socios europeos en este concreto valor, sin superar desde entonces el puesto 19 y llegando al penúltimo, el puesto 26.

"Que la desconfianza social en la independencia de los jueces y la percepción de politización puedan atribuirse al Gobierno de Pedro Sánchez es una falacia que desmontan los datos"

Este lunes ha sido el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el que ha dado los datos más recientes sobre esa percepción. El órgano que preside José Félix Tezanos ha hecho público el avance de resultados de su IV Estudio sobre la calidad democrática. Casi ocho de cada diez encuestados consideran que la justicia no es igual para ricos y para pobres, y casi un 90% cree que los jueces tratan de manera diferente a un político frente a cualquier otro ciudadano. Respecto a los casos que afectan a los partidos políticos, el 77% cree que la justicia a menudo no es imparcial en estas causas. Los primeros resultados arrojan también otro dato interesante: el 87,5% de los entrevistados cree que los mecanismos con los que cuenta actualmente el Estado para luchar contra la corrupción no bastan para atacar este fenómeno.

Por qué la ideología divide la confianza judicial

Pero ¿quiénes son exactamente los que se encuentran detrás de ese descontento? Pues, precisamente, los que perciben la ideología mayoritariamente conservadora de los jueces: los ciudadanos que votan a los partidos de izquierda, aunque no solo. Un 34% de los entrevistados en la encuesta de El País cree que la judicatura suele favorecer a la derecha, mientras que el 16% considera que lo hace a la izquierda. Frente a esa percepción partidista —de uno u otro sesgo— que aprecia el 50% de la población, solo un 27% considera que los jueces son imparciales. Que las decisiones de los jueces son justas e independientes es una opción mayoritaria solo entre los votantes del PP. La gran mayoría de los votantes de los partidos de izquierda cree, por el contrario, que sus ideas políticas influyen en sus decisiones.

"Que las decisiones de los jueces son justas e independientes es una opción mayoritaria solo entre los votantes del PP"

La pregunta que plantea Ipsos, la multinacional francesa de opinión pública e investigación de mercados que ha elaborado la encuesta publicada por La Vanguardia, mide el grado de acuerdo con la afirmación "Hay jueces que están haciendo política y políticos que tratan de hacer justicia". Sin introducir la variable del voto, casi seis de cada diez están "más bien de acuerdo" con esa frase, frente a dos de cada diez que están "más bien en desacuerdo". Entre los votantes del PSOE, los que están de acuerdo son casi ocho de cada diez —casi nueve de cada diez entre los de Sumar—, una proporción que desciende a cuatro de cada diez entre los del PP. Entre los de Vox, el porcentaje de quienes creen que hay jueces que hacen política es superior al de la formación de centroderecha. Lo sostiene un 54% de sus partidarios.

Esta mala percepción social de la independencia de los jueces llega en medio de una enorme conflictividad entre los jueces y el Gobierno de Sánchez. Las asociaciones mayoritarias no solo han boicoteado las principales reformas planteadas, algunas también defendidas por el PP mientras estuvo al frente del Gobierno: la limitación de la acción popular —el principal foco de politización de los tribunales—, la entrega de la instrucción de las causas penales a los fiscales o la democratización del sistema de acceso a la carrera facilitando la candidatura de aspirantes con pocos recursos o introduciendo una prueba práctica en la oposición.

Todo ello con una crítica política de brocha gorda. Que todas estas iniciativas solo defendían intereses del PSOE o intentaban introducir jueces afines a ese partido. Bajo Sánchez, las tres asociaciones judiciales han llegado a denunciar a su propio país ante la Comisión Europea con la intención de que fuera sancionado por atentar contra la separación de poderes y contra el Estado de derecho, como a la Hungría de Viktor Orbán o a la Polonia del PiS. Hace un año, incluso convocaron una huelga que el propio órgano de gobierno de los jueces consideró ilegal.

"Las asociaciones mayoritarias han boicoteado las principales reformas planteadas, algunas también defendidas por el PP mientras estuvo al frente del Gobierno"

Los informes de la Comisión evalúan la independencia desde esa perspectiva subjetiva de los ciudadanos, pero también desde un punto de vista que se denomina estructural u objetivo. Y ahí España cumple con todos los procedimientos y las garantías de una democracia de primer orden. La Comisión de Venecia y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), del Consejo de Europa, así como los informes sobre el Estado de derecho de la UE y los de la OCDE, no detectan problemas estructurales en el sistema judicial español, aunque recomienden algunas mejoras. Ni el Tribunal de Justicia de la UE ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) han puesto en duda la fortaleza de la democracia española que, año tras año, el Índice de calidad democrática de The Economist califica como "plena" y sitúa al nivel de Alemania, Países Bajos o Austria y por encima de otros socios como Francia, Bélgica o Italia.

Los jueces, tribunales y sistemas judiciales, sin embargo, no solo tienen que ser independientes contando con todos esos mecanismos, controles y equilibrios. También tienen que parecerlo. La confianza de los ciudadanos en la independencia de la justicia —la independencia percibida o subjetiva— es importantísima para el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, recogido en la Constitución y en los tratados de la Unión. La garantía de ese derecho no solo exige "asegurar que los procedimientos legales sean justos". Según el Cuadro de indicadores de la justicia elaborado este año por la Comisión, también es vital "la confianza de los ciudadanos y de las empresas en el sistema legal". Recuperarla es una tarea que compete al Gobierno, las Cámaras y el Consejo, sí, pero también a todos los que cada día se exponen a la sociedad ejerciendo la jurisdicción.