"Pedro Sánchez puede todavía intentarlo, en la medida en que la crisis no afecte estructuralmente a su organización, sí, pero no en estas condiciones". Según el editor y director de Agenda Pública, Marc López i Plana, "cualquier opción que pase por intentar resistir como si aquí no hubiera pasado nada no es responsable" así como tampoco lo es "una oposición que viva con entusiasmo desde la barrera la lenta degradación del Gobierno". Hay varias formas de resolver esta situación y en 'Agenda Pública' se señaló desde el primer día tras desatarse la última crisis: cuestión de confianza, moción de censura o las dos cosas.

El exdiputado del PP catalán Joan López Alegre reivindica la necesidad de presentar una moción de censura por parte de Alberto Núñez Feijóo, pese a los riesgos que podría tener en el corto plazo: "la opinión pública espera de sus líderes coraje", señala.

El exdiputado socialista Odón Elorza es el primer militante reconocible de su partido que habla claro y lo hace en Agenda Pública: el presidente del Gobierno debe presentar una cuestión de confianza. "Ni siquiera dispone el presidente de los cinco días de gracia que se dio en abril de 2024 —de una manera impropia en democracia— para reflexionar sobre su continuidad", señala.

'Agenda Pública' analizará los próximos días la crisis política abierta en España tras las informaciones reveladas por los informes policiales que reflejan el funcionamiento de una posible trama criminal en la Secretaría de Organización del PSOE. Análisis con perspectiva de Carlos Aragonés (exdirector de gabinete del presidente Aznar), Dolores Delgado (exfiscal general del Estado), la jurista Elisa de la Nuez o el escritor Andrés Ortega Klein. Este domingo, primera entrega, con Lucía Méndez, periodista política del diario 'El Mundo'.

"Tanto el presidente del Gobierno como el líder de la oposición tienen la obligación de definir qué apoyos tienen para continuar con la legislatura hasta el 2027 o para finiquitarla cuanto antes", apunta el periodista Victor Guillot en una edición especial de su columna. Sin el aval del Parlamento "no habrá posibilidad de renovar la legitimidad política del Gobierno que salió de las elecciones de 2023", concluye.

La fragilidad de la estrategia de Feijóo abre, según el periodista Víctor Guillot, la necesidad de un debate interno en el Partido Popular. Ante una derecha española cada vez más fragmentada, el expresidente José María Aznar es una figura de equilibrio de la derecha española en un contexto en el que la elección del papa León XIV irrumpe en una batalla ideológica global que también resuena en España: Trump versus el viejo republicanismo.

Una democracia sin contrapesos acaba siendo solo un procedimiento. Una forma hueca. Una liturgia peligrosa en manos del que grita más fuerte o del que cuenta, coyunturalmente, con más apoyos. Por eso, más que nunca, necesitamos una conversación entre ciudadanos sobre el equilibrio entre poder y contrapesos. Entre gobernar y convivir. Entre colaboración y sumisión. Entre democracias y dictaduras. En España partimos con ventaja.

Coordinados por Jordi Sevilla, consejero de Agenda Pública y exministro, el ex secretario de Estado Gabriel Elorriaga, la jurista Elisa de la Nuez y los académicos Manuel Villoria, Germán Teruel y Ana Carmona lamentan el "deterioro del sistema político". Entre sus apuestas están "fomentar mejores prácticas políticas", con "datos y evaluaciones", así como "recuperar una cultura social y política que favorezca el diálogo y el entendimiento entre diferentes sectores".

"La máscara de cordura de Íñigo Errejón se cayó el pasado jueves y la política española ya no será la misma y es a esta hora una estructura formal que ha sido barrida por el feminismo", afirma el periodista Víctor Guillot. Este artículo analiza las consecuencias que puede tener para la izquierda española la dimisión del político de Sumar y la denuncia por supuestos abusos sexuales.

En el marco de la iniciativa de Agenda Pública 'Comprometidos con la democracia liberal', Jordi Sevilla escribe sobre la que, a su juicio, es una de las principales amenazas a día de hoy para la democracia española a día de hoy: la partitocracia, que es "la anteposición del interés partidista al interés general". El autor presenta una lista de prioridades para una reforma verdadera de la democracia en España, que consiga superar la dinámica que tanto perjuicio está provocando a nuestro sistema institucional.

De la mano de nuestro director, Agenda Pública entrevista a David Madí Cendrós. Ha sido uno de los principales estrategas de la política catalana de los últimos veinte años. Fue la mano derecha del president Artur Mas, llegó a ser portavoz de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya y fue también uno de los impulsores y organizadores del procés desde la sombra. Se trata de un perfil singular y controvertido, que no deja indiferente y que ha ocupado distintas responsabilidades tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Madí considera que el procés está "amortizado" y propone a su espacio político pactar un nuevo modelo de Estado para las próximas décadas.

Las elecciones en Sajonia y Turingia de este domingo hacen muy pertinente este artículo. Los tres partidos de la coalición gobernante (socialdemócratas, verdes y liberales), junto al principal partido de la oposición, los conservadores de la CDU/CSU, han alcanzado un principio de acuerdo para modificar la Ley Fundamental elevando el rango de los elementos estructurales del Tribunal Constitucional. Es decir, cuestiones que hoy están reguladas en la ley que organiza el tribunal, y sobre las que se mantiene un consenso mayoritario, van a ser trasladadas a la Constitución, lo que, obviamente, dificultará su reforma en el futuro. En un repliegue defensivo, conscientes de su incapacidad política, los partidos confían en la Constitución y su tribunal como última barricada.

Puigdemont se ha convertido en una figura política antipática y divisiva. Dejando de lado a los candidatos de Vox y PP (generadores de mucho rechazo entre los catalanes que no los votan), Puigdemont es el líder catalán que hoy genera más rechazo entre los votantes catalanes. El 40,7% de los catalanes le otorgan la peor valoración posible. Como referencia, Salvador Illa solo produce un 11,6% de rechazo general.

La consulta de ERC ayudará a la dirección del partido a tener más fuerza para dar los pasos a los que les vienen encaminando sus votantes (y parte de la sociedad catalana) desde hace un tiempo: enterrar el procés y hacer balance de todo ello de cara al futuro. Al fin y al cabo, las bases de ERC han asumido lo que el electorado catalán expresó en las últimas elecciones: el fin de la mayoría independentista, al menos por un tiempo.

Agenda Pública, pocos días después de la toma de posesión del nuevo CGPJ, publica esta conversación con Manuela Carmena, José Juan Toharia y José Antonio Zarzalejos. Los tres, y desde diferentes ámbitos de conocimiento, saben muy bien cómo funciona la justicia en España. Valoran positivamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial y coinciden en que echan en falta en nuestra cultura política y social un valor que ha sido desprestigiado, que es el de la independencia.

El sociólogo español que mejor conoce lo que la ciudadanía piensa sobre la justicia, así como sobre cómo son y qué piensan los jueces en España, nos ofrece esta completa radiografía de la justicia en nuestro país, coincidiendo con la toma de posesión de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Agenda Pública reúne en el Hotel Palace de Madrid a Valentina Martínez Ferro, Álex Sáez y Jordi Xuclà, tres figuras clave de la política exterior española con más de cincuenta años de experiencia conjunta en instituciones nacionales e internacionales. Exdiputados y portavoces en la Comisión de Exteriores del Congreso, comparten reflexiones sobre el final del consenso pasivo en política exterior en 2003 y los retos actuales desde sus respectivas trayectorias en el PP, el PSC y las filas liberales.

¿Es legítima la crítica efectuada por un parlamentario o un miembro del Gobierno sobre la actuación de un juez? ¿Puede ser considerada una intromisión de uno de los poderes del Estado en las funciones de otro?