El "nosotros" y "los otros" del Pacto Europeo de Migración y Asilo

El art. 2 del Tratado de la Unión Europea (UE) recoge los principios que conforman una identidad común: "La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres". Si esto es cierto, ¿cómo se explica que la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) proteja los valores europeos vulnerando los derechos ajenos? Tras la fachada retórica del Pacto y su compromiso legítimo de homogeneizar la visión y prácticas migratorias dentro de la UE se esconde un proyecto ideológico muy diferente: la fabulación neocolonial de una sociedad europea blanca, educada, homogénea, acomodada y autosatisfecha como motor de la distinción entre un "nosotros", los europeos, y "los otros", los que vienen de fuera. En concreto, los que vienen de una realidad de desigualdad, pobreza y diversidad racial que no queremos cerca.

El nuevo PEMA, que entrará en vigor este 12 de junio de 2026, tiene su origen en 2020, cuando la Comisión Europea anunció la puesta en marcha de una serie de regulaciones que implementarían un sistema efectivo de asilo europeo. El anterior Pacto Europeo de Migraciones, adoptado en 2008, había sido muy cuestionado por su incapacidad para gestionar la crisis de acogida de 2014-2016, provocada por el desplazamiento forzoso de la guerra de Siria y la negativa de algunos Estados miembros a cumplir con las cuotas de solidaridad comprometidas. El acuerdo sobre el nuevo PEMA se cerró bajo la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en diciembre de 2023, y se adoptó por el Consejo de la UE el 14 de mayo de 2024. Compuesto por nueve reglamentos y una directiva, se fundamenta sobre los pilares de la securitización de fronteras, la eficacia en la gestión migratoria y el establecimiento de un mecanismo de reparto de migrantes y costes entre los distintos países de la Unión.

"Este Pacto no es el resultado de un análisis racional del fenómeno migratorio, sus desafíos y sus oportunidades en la Europa del siglo XXI"

La coordinación efectiva entre los Estados miembros y la armonización de una política de gestión migratoria que haga frente a los desafíos de la movilidad humana son aspiraciones legítimas y deseables. Pero este acuerdo cumple solo en parte, y con consecuencias inaceptables, estos objetivos. La omisión de planes de integración o inclusión, así como de medidas sustanciales para la gestión de la movilidad laboral, conforma un régimen de rechazo hacia la inmigración y su reducción a la categoría de problema. Este Pacto no es el resultado de un análisis racional del fenómeno migratorio, sus desafíos y sus oportunidades en la Europa del siglo XXI; es la consecuencia de la intensa presión política de los movimientos xenófobos, de un Parlamento Europeo con presencia mayoritaria de partidos conservadores y ultras, y de un discurso populista ampliamente extendido en la conversación pública y en los mensajes de muchos gobiernos, incluyendo a los de centroderecha y centroizquierda.

Los contenidos del PEMA han sido abiertamente cuestionados por juristas y organizaciones defensoras de los derechos humanos. La lista de riesgos sobre los que alertan es amplia: la indefensión en los procesos de triaje en frontera; la normalización de la ficción de "no entrada" —que implica que las personas que han accedido de forma irregular no sean consideradas en territorio europeo—; o la discrecionalidad de los Estados a la hora de decidir el reasentamiento y la aplicación del concepto de "tercer país seguro". De acuerdo con este criterio, un migrante que en su trayectoria ha pasado por un país considerado "seguro" —Marruecos o Bangladesh, por ejemplo— debería haber realizado allí, y no en Europa, su solicitud de asilo.

Cada una de estas medidas casa mal con el respeto a los derechos humanos, la dignidad y la percepción positiva de la migración, y tendrá consecuencias reales sobre quienes busquen en la UE una oportunidad de prosperidad o de protección.

Mención aparte merecen dos novedades del PEMA que legalizarán y promoverán políticas que no solo vulneran los derechos humanos, sino que alimentan la muy lucrativa industria del control migratorio, un ecosistema de lobbies ideológicos y económicos cuya posición y actividad están en el origen del Pacto que ahora entra en vigor. La primera de estas novedades es la que legaliza la creación de los llamados "centros de retorno".

El Reglamento de Retornos —que también reemplaza al existente (2008) y ha sido consensuado recientemente por el Consejo y el Parlamento Europeo— determina que estos centros serán establecidos en terceros países considerados seguros para confinar a los inmigrantes que hayan entrado de forma irregular y que hayan sido deportados a un país diferente al suyo de origen. Es decir, legaliza la creación de centros como los promovidos por la primera ministra Meloni en Albania —que fueron rechazados por los tribunales de Italia y de la Unión Europea— o legitima las conversaciones promovidas por Dinamarca para la creación de centros similares en Ruanda. También establece la posibilidad de realizar acuerdos o convenios de retorno con terceros países, siempre y cuando se garantice el respeto a los derechos humanos, las modalidades de traslado y las condiciones de estancia a corto o largo plazo.

"Los centros cumplirán su objetivo primordial: responder al discurso xenófobo manteniendo a las personas solicitantes de asilo fuera del territorio europeo"

Lo que no encontrarán en el texto aprobado, lamentablemente, es una mención a las herramientas específicas para garantizar esos derechos, cuya violación es práctica habitual en modelos similares de otros países. La creación de estos centros, su mantenimiento y los acuerdos de cooperación paralelos con los países que los acojan no solo elevarán exponencialmente los costes de acogida a la llegada a Europa, sino que debilitarán el sistema internacional de asilo y reducirán el ascendiente internacional de la UE en materia de derechos humanos. Pero cumplirán su objetivo primordial: responder al discurso xenófobo manteniendo a las personas solicitantes de asilo fuera del territorio europeo.

La segunda medida está contemplada en el nuevo Reglamento de Eurodac, una base de datos de información personal y biométrica común que, a partir de la entrada en vigor del Pacto, almacenará durante cinco años los datos de las personas que hayan entrado de forma irregular (hasta ahora se conservaban durante dieciocho meses en el caso de las personas interceptadas en fronteras exteriores o sencillamente no se guardaban cuando la persona ya se encontraba en un Estado miembro). Esto incluye los datos de menores a partir de los seis años de edad y la información biométrica de los migrantes, que podría ser puesta a disposición de Europol y de las policías nacionales. La recogida de datos personales y biométricos debería estar estrictamente regulada para garantizar la protección de datos y la privacidad de las personas registradas en la misma, sobre todo teniendo en cuenta que las aplicaciones tecnológicas y la gestión de los datos están en manos de empresas privadas cuyas condiciones de contratación y acceso a la información no siempre son públicas, al estar sujetas a cuestionables criterios de seguridad nacional. Nuestras investigaciones acerca del uso de este tipo de tecnologías en las políticas europeas de control migratorio no nos hacen albergar muchas esperanzas sobre la pulcritud legal y ética en su utilización.

"Los gobiernos deben preguntarse cuál va a ser el coste económico y social de la securización de fronteras frente a políticas alternativas de inclusión y de permeabilidad laboral"

La entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo marcará durante décadas la política migratoria europea, lo que debería obligar a los gobiernos nacionales y a las instituciones de la UE a responder ante la ciudadanía algunas preguntas fundamentales: cómo piensan aplicar en cada territorio las medidas efectivas que se derivan de su entrada en vigor; cuál va a ser el coste económico y social de la securización de fronteras frente a políticas alternativas de inclusión y de permeabilidad laboral; o qué empresas y lobbies se beneficiarán de su aplicación. Por encima de todo, hasta qué punto son compatibles los principios éticos y legales que inspiraron la creación de la Unión con la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes.

Tras años de comportamientos inaceptables pero jurídicamente cuestionables de muchos Estados miembros, el PEMA ofrece una coartada legal a las peores pulsiones políticas de una UE que se interna en un territorio oscuro y desconocido. A partir de este 12 de junio, los valores de la Unión Europea serán aún más vulnerables a la desinformación y los populismos que utilizan la migración como arma electoral. Pero, si perdemos nuestros valores, ¿qué futuro le queda a Europa?