El presupuesto de Illa y Junqueras certifica el fin del 'procés'

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, firmaron ayer un acuerdo presupuestario que hace apenas unos meses todavía parecía francamente improbable: una alianza estable entre el PSC y el partido que simbolizó la ruptura institucional del independentismo hace escasos años.

"Catalunya ha entrado definitivamente en una nueva etapa política: menos marcada por la lógica de confrontación soberanista"

Este acuerdo sobre cuentas públicas trasciende el ámbito económico. Tanto en Barcelona como en Madrid se interpreta como la confirmación de que Catalunya ha entrado definitivamente en una nueva etapa política: menos marcada por la lógica de confrontación soberanista y más definida por la gobernabilidad, la negociación y la interdependencia entre socialistas y republicanos.

Para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el simbolismo es evidente. La estabilización parlamentaria de Illa refuerza al mismo tiempo la arquitectura política que sostiene a Sánchez en Madrid. Y para ERC, el pacto representa un intento calculado de seguir ocupando el centro del tablero catalán tras el colapso de la mayoría independentista.

En muchos sentidos, el acuerdo formaliza una transición política que comenzó tras las elecciones catalanas del año pasado. No olvidemos que, entre 2012 y 2024, la mitad del tiempo se gobernó con presupuestos prorrogados por la incapacidad del independentismo de aprobar nuevas cuentas hasta en seis ocasiones.

La victoria de Illa ya anticipó el agotamiento social de la dinámica permanente del procés. Sin embargo, gobernar exigía un giro más: que ERC aceptara abandonar la lógica de competición soberanista en favor de otra lógica, la de la influencia negociada.

"La supervivencia política exigía abandonar el maximalismo retórico y centrarse en obtener resultados concretos"

Ese giro no ha sido sencillo. Dentro de ERC, el debate ha sido casi existencial. Durante la última década, el partido intentó combinar su perfil independentista con una imagen de gestión e impulsor de políticas útiles. Pero, tras años de fragmentación estratégica, tensiones internas y retrocesos electorales, una parte creciente de la dirección republicana llegó a la conclusión de que la supervivencia política exigía abandonar el maximalismo retórico y centrarse en obtener resultados concretos.

El diagnóstico republicano viene dado, en parte, por el nuevo clima político catalán. Encuestas del CEO analizadas por este medio muestran que una mayoría amplia de los votantes republicanos prioriza hoy los acuerdos presupuestarios y el funcionamiento institucional frente a las antiguas líneas rojas ideológicas. Los datos reflejan la aparición de un electorado posprocés más preocupado por la vivienda, los servicios públicos o la estabilidad económica que por la confrontación simbólica permanente. El pacto sellado por Illa y Junqueras responde exactamente a ese contexto.

El acuerdo incluye un aumento del gasto social, inversiones estratégicas y nuevos desarrollos del modelo de "financiación singular" pactado entre PSC y ERC durante la investidura de Illa. Precisamente la cuestión fiscal es la que contiene la mayor carga política del acuerdo.

Para ERC, la financiación diferenciada se ha convertido en la manera de reformular la cuestión nacional catalana a través de una menor unilateralidad e incorporando, a cambio, más capacidad de influencia dentro del Estado. La estrategia ha transitado de la amenaza de ruptura a la ampliación progresiva de espacios de autonomía política y financiera. Además, la fórmula permite a ambos partidos reivindicar victorias estratégicas.

Para Illa, el pacto consolida la imagen que ha intentado proyectar desde su llegada a la Generalitat: la del president de la normalización. Su proyecto político no se mueve a través de la movilización emocional o el refuerzo ideológico, sino que impulsa la reconstrucción institucional tras una década de polarización.

"Después de años de tensión, muchos votantes simplemente quieren una administración funcional, estabilidad y capacidad de gestión"

El líder socialista entiende que buena parte de la sociedad catalana ya no busca grandes relatos épicos. Después de años de tensión, muchos votantes simplemente quieren una administración funcional, estabilidad y capacidad de gestión. A este respecto, la principal fortaleza del socialista catalán ha consistido precisamente en representar moderación sin transmitir pasividad. En un equilibrio complejo, ha logrado ofrecer distensión sin humillar explícitamente al independentismo.

A la vez, ese mismo equilibrio explica por qué ERC se ha convertido en un socio más viable que Junts. Ahora bien, para Oriol Junqueras, el cálculo es más duro. ERC afronta una presión simultánea desde varios frentes: el intento de Junts de monopolizar la oposición independentista, el crecimiento del PSC entre el electorado progresista urbano y las críticas internas de sectores que consideran excesiva la acomodación al socialismo.

No obstante, la formación soberanista no deja de ser consciente de que bloquear la gobernabilidad empieza a tener más costes electorales que facilitarla. Porque, si el ecosistema político posterior a 2017 premiaba la confrontación, el nuevo ciclo parece premiar la utilidad.

Por tanto, la dirección republicana parece asumir que Catalunya entra en una etapa larga en la que la influencia institucional —en Barcelona y también en Madrid— será más importante que la escalada retórica. Para ERC, el hecho de aprobar los presupuestos se ha presentado como una manera de defender intereses catalanes. La transformación resulta especialmente llamativa por la intensidad del ciclo anterior, ya que, apenas unos años atrás, las relaciones entre el PSOE y los dirigentes republicanos estaban marcadas por condenas judiciales, deslegitimación mutua y crisis constitucional.

La dimensión europea

La dimensión europea tampoco debe subestimarse. En Bruselas, la desescalada del conflicto catalán ha sido vista como uno de los principales éxitos políticos de Sánchez. Las instituciones europeas observaron con enorme incomodidad la crisis de 2017, especialmente por el temor a que una prolongación de la inestabilidad territorial en uno de los grandes Estados miembros alimentara dinámicas centrífugas en otros lugares de la Unión.

Para muchos observadores europeos, la llegada de Illa simbolizó precisamente eso: el retorno de una política catalana reconocible para las capitales europeas, basada en la gestión, el pragmatismo y la estabilidad institucional. Por eso el acuerdo PSC-ERC tiene una relevancia que supera claramente la política autonómica. Representa un terreno de experimentación sobre cómo los conflictos territoriales pueden evolucionar desde la confrontación hacia una política estable e institucional.

El pacto entraña riesgos importantes para ambas partes

Illa deberá evitar la percepción de que el PSC depende excesivamente de las exigencias republicanas, especialmente en materia de financiación, un asunto extremadamente sensible en el resto de España. Los gobiernos autonómicos del PP ya denuncian que Sánchez está construyendo privilegios fiscales para Catalunya a cambio de supervivencia parlamentaria.

Tras el acuerdo, esa crítica comenzará a intensificarse. El debate sobre la financiación toca probablemente la cuestión más delicada del sistema territorial español: hasta qué punto España puede evolucionar hacia una estructura fiscal más asimétrica y plurinacional sin provocar un fuerte rechazo político en otras comunidades autónomas. Incluso dentro del propio PSOE existen sectores incómodos con esa evolución. Algunos dirigentes territoriales temen que una diferenciación excesiva termine siendo electoralmente tóxica fuera de Catalunya.

Enfrente, ERC afronta un peligro distinto. Cuanto más se identifique al partido con la estabilidad del socialismo catalán y español, más difícil puede resultar conservar una identidad movilizadora propia. Junts ya prepara precisamente esa línea de ataque, presentando a ERC como el gestor de una autonomía domesticada sin ambición nacional catalana. En esta tesitura, para Junqueras son indispensables unos resultados positivos a los que aferrarse. Y, sin embargo, pese a todas esas tensiones, la lógica que empuja a PSC y ERC hacia el entendimiento sigue siendo poderosa.

"Ninguno de los dos obtiene beneficios claros de una nueva etapa de bloqueo"

Ninguno de los dos obtiene beneficios claros de una nueva etapa de bloqueo. Illa necesita estabilidad parlamentaria para consolidar la imagen de una Generalitat funcional y definitivamente posprocés. ERC —que fue el partido que más creció en términos organizativos e institucionales bajo la etapa del procés— necesita demostrar que sigue siendo decisiva incluso tras su retroceso electoral, y así consolidar su fuerza en un contexto de cambios políticos en el campo independentista. Y Sánchez necesita preservar la distensión catalana para sostener la compleja mayoría parlamentaria que mantiene vivo su Gobierno.

La propia sociedad catalana parece alinearse crecientemente con esa lógica.

La intensidad emocional que definió los años del procés, aunque aún presente, ha sido sustituida parcialmente por el cansancio, el pragmatismo y la demanda de gobernabilidad. Ese puede ser, en última instancia, el verdadero significado político del acuerdo sellado por Illa y Junqueras. La cuestión nacional catalana no ha quedado resuelta, tampoco las divisiones ideológicas, pero este es un avance muy importante.

Lo que parece estar cambiando es el eje central de la política catalana. El pacto presupuestario entre Illa y Junqueras no aspira a cerrar el debate territorial, pero sí puede consolidar una nueva fase en la que ese conflicto sea más negociado y mucho más transaccional. Para Sánchez, probablemente eso será suficiente.