Difícilmente puede haber matrimonio político más extraño que el que une al movimiento MAGA de Donald Trump con la nueva
tecnoderecha,
el grupo de multimillonarios y capitalistas de riesgo de Silicon Valley que financiaron el regreso de Trump al poder y avivaron su apetito desregulador. La alianza combina un movimiento populista retrógrado con una vanguardia de Silicon Valley guiada por el principio de que
la inteligencia artificial dejará en la redundancia económica a muchísima gente.
Ambos bandos no solo buscan cosas diferentes, sino que
habitan mundos diferentes. La retórica de MAGA está anclada en un pasado mítico. Busca restaurar un orden industrial, nacional y cultural perdido, con una visión familiar y localista respecto del trabajo, los roles de género y la vida comunitaria. El
ethos que domina
en Silicon Valley considera que
la disrupción es un imperativo civilizacional y que los ordenamientos sociales vigentes son prescindibles. Un bando añora un pasado idealizado; el otro quiere tornar obsoleto el presente.
Sus ideas respecto de la gente común difieren en consecuencia. El movimiento MAGA se ve a sí mismo como
un grupo de ciudadanos "olvidados", que incluye a trabajadores manuales, pequeños empresarios y
votantes de estados del interior desindustrializados, a los que las élites costeras descartaron. Los multimillonarios tecnológicos, en cambio, no ocultan que prevén
una clase marginada semipermanente como resultado de la sustitución de millones de trabajadores por sistemas avanzados que concentrarán la riqueza y el poder en manos de los dueños de capital actuales y de las empresas de inteligencia artificial (IA). Según aquello que algunos llaman "consenso de San Francisco",
el trabajador medio no es protagonista del futuro, sino vestigio de una era pasada, al que presuntamente se apaciguará con módicas ayudas sociales mientras la innovación avanza.
"La coalición trumpista ha reunido dos relatos incompatibles: una narrativa populista que ensalza a los votantes y otra meritocrática y elitista para los que aportan el dinero"
En vez de resolver esta contradicción, la coalición la oculta tras un culto personalista. Mientras los inversores tecnológicos
se proclaman genios, Trump adopta una postura doblemente absurda, ya que hace alarde al mismo tiempo de
su imponente coeficiente intelectual y de su singular devoción por los "poco instruidos".
Este posicionamiento logró encubrir por algún tiempo el hecho de que la misma jerarquía de valores cognitivos que halaga a los donantes también señala a muchos de sus seguidores como prescindibles. De modo que la coalición trumpista ha reunido dos relatos incompatibles: una narrativa populista que ensalza a los votantes y otra meritocrática y elitista para los que aportan el dinero.
Pero al menguar el poder de Trump como resultado de
la debacle en Irán, también mengua
su capacidad para hacer juntas dos promesas incompatibles. El truco de ilusionismo que mantenía unida la coalición ya no funciona, y el matrimonio malavenido comienza a desintegrarse. Y de todos los ámbitos donde la tensión es evidente,
la fractura más profunda pasa por la red eléctrica.
Trump prometió
reducir la factura que pagan los estadounidenses por la electricidad (incluso
a la mitad). Pero en muchos de los lugares que son el sostén de la coalición MAGA, las tarifas eléctricas residenciales se dispararon, y
los precios por capacidad se multiplicaron por más de diez en dos años.
Casi la mitad del encarecimiento reciente se debe a
la voraz demanda de electricidad de los centros de datos. Se
estima que en 2028 la factura mensual para un hogar típico en un lugar que albergue centros de datos será
70 dólares más alta.
El encarecimiento de la electricidad vuelve inocultables las contradicciones de
la alianza tecno-MAGA. Las comunidades rurales y las áreas periurbanas de Virginia, Ohio, Georgia y Arizona, con fuerte presencia MAGA, ya se movilizan contra subestaciones y corredores de transmisión al servicio de clústeres de cómputo cuyos beneficios van a parar a otra parte; el populismo en el nivel de los estados analiza aplicar mecanismos para
proteger las clases tarifarias y aislar a los hogares de los costos de los centros de datos.
De modo que la gran ironía es que
las mayores protestas contra la infraestructura de IA en 2026 pueden salir de la coalición trumpista. Calentar una vivienda rural durante el invierno en Pensilvania es un problema que
un culto personalista no puede resolver.
La injusticia es innegable. Una red sigue siendo
pública, regulada, lenta y políticamente disputada; la otra es cada vez más privada, contigua a los centros de datos, verticalmente integrada y libre de las restricciones impuestas al resto. Los hiperescaladores (centros de datos a gran escala) firman acuerdos para
uso de energía nuclear y gas del orden de gigavatios y comienzan a
reactivar reactores detenidos y construir plantas de gas privadas en sus predios.
Tienen el apoyo de los reguladores federales, que reescribieron las normas para que
los centros de datos puedan tener conexión directa con las centrales eléctricas sin pasar por la infraestructura de transmisión de la que depende el resto de la red. Los clústeres de cómputo obtienen megavatios constantes exclusivos, mientras que los hogares conectados al mismo sistema están expuestos a tarifas volátiles. En una red, el ciudadano obtiene lo que paga;
la otra red la financia, pero no tiene acceso a ella.
"No se trata del habitual gradiente de ventajas incorporado a los servicios públicos, sino de un sistema paralelo, un 'apartheid' eléctrico"
La redundancia humana de la tecnoderecha no es aspiración, sino estrategia. Se amplían clústeres de IA para absorber el trabajo remunerado de una fuerza laboral menguante, mientras que el trabajo no remunerado que los hogares todavía hacen va desapareciendo poco a poco del modelo. La pauta no es del todo desconocida. Las infraestructuras financiadas con fondos públicos siempre sirvieron mejor a unos grupos que a otros, según por dónde pasan las líneas, cómo se cotiza el acceso y cuán fiable es la prestación del servicio. Aunque en principio no sea discriminatoria,
la inversión en infraestructuras tiende a seguir los contornos de la clase social, la geografía y la influencia política.
Sin embargo, lo que vemos ahora en Estados Unidos es más que eso. No se trata del habitual gradiente de ventajas incorporado a los servicios públicos, sino de un sistema paralelo, un
apartheid eléctrico
instituido mediante contratos privados. Los hiperescaladores están creando un régimen bifurcado donde se diseña una provisión constante y exclusiva para una clase de usuarios, mientras
la red pública absorbe la volatilidad y los costos.
La mayoría demográfica en el lado perdedor del sistema no es una "otredad" racial, como lo era en la Sudáfrica del
apartheid,
según la recuerda Elon Musk. Son
los votantes de clase media y trabajadora del interior desindustrializado; justo los electores a los que MAGA dice defender. Apoyaron en masa a Trump y ahora se los obliga a pagar por
un sistema pensado para volverlos obsoletos.
Ya está claro que
el tecnopopulismo contiene las semillas de su propia disolución. Una guerra cada vez más intensa por la energía vuelve inevitable el divorcio. El medidor de consumo no pregunta a quién se le prometió el futuro: registra quién lo recibe realmente.
© Project Syndicate, 2026.