El 86% de los españoles quiere regular los bulos y la desinformación

La desinformación se ha convertido en uno de los temas centrales de nuestras democracias. Mucho se debate sobre ella, sobre cómo combatirla y contener sus efectos, pero pocas veces se pregunta a los ciudadanos cómo la perciben y qué actitud adoptan frente a ella. El último barómetro del CIS, de mayo de 2026, se adentra en ese terreno y lo que encuentra tiene mucha relevancia.

De él se desprende que el 91,7% de los españoles cree que hay partidos políticos que utilizan la desinformación como herramienta de combate. Cuando se les pregunta espontáneamente cuáles, sin sugerirles ninguna opción, el nombre más repetido es uno solo: Vox. Lo dice el 34,2% de la muestra. Por delante del PSOE (23,7%) y a más de cuatro veces la cifra del PP (7,7%). El barómetro del CIS dibuja así un mapa que el sistema político español lleva años renunciando a afrontar: existe un proyecto desinformador con productor identificable, amplificador identificable y beneficiario identificable.

El espejismo del 86%

La lectura superficial del estudio invita al optimismo en favor de la regulación. El 86% pide una normativa más severa sobre la difusión de bulos; el 85,1% considera la desinformación una amenaza para la democracia; el 88% reclama códigos obligatorios para las plataformas digitales; y el 84,3% ve necesarios los verificadores. Con cifras así, cualquier iniciativa legislativa parecería tener el terreno despejado.
 
Pero ni mucho menos lo tiene. La clave está en un dato que muestra el propio sondeo: el 20,3% de quienes reconocen que hay partidos que desinforman responde "todos", y otro 11,6% no sabe o no contesta.

"Casi un tercio de la ciudadanía ha renunciado a discriminar entre fuentes y a individualizar al responsable"

En conjunto, casi un tercio de la ciudadanía ha renunciado a discriminar entre fuentes y a individualizar al responsable. Esa renuncia, que no es neutra, funciona como una actitud de bloqueo ante cualquier intervención regulatoria, en el sentido de que toda ley parecerá inevitablemente partidista para quien parte de la premisa de que todos mienten por igual.

El productor identificado

Las respuestas de la ciudadanía en el barómetro del CIS apuntan a una realidad: el volumen desproporcionado de contenido falso o manipulado que procede del ecosistema Vox-ultraderecha. Este patrón no se limita a las cuentas oficiales del partido, sino que se articula a través de un entramado más amplio que incluye satélites mediáticos, dinámicas de coordinación digital, difusión intensiva en plataformas como X o Telegram y la actividad de figuras autónomas vinculadas a ese espacio político e ideológico.

La distribución por bloques refuerza ese diagnóstico. Los votantes de Sumar señalan a Vox en el 74,6% de los casos; los de ERC, en el 75,4%; los de EH Bildu, en el 75,1%; los del BNG, en el 61,9%; y los del PSOE, en el 58,9%. No se trata únicamente de polarización, sino de una mayoría sociológica amplia, transversal a distintas familias políticas, que converge en la identificación del mismo actor. La derecha tradicional, que imputa al PSOE en el 51,5%, no desmiente este patrón; lo desplaza estratégicamente, construyendo una equivalencia que evita comprometer a su potencial socio en el flanco derecho. Esa equivalencia es, en sí misma, la operación retórica que sostiene la opacidad de la desinformación.
 
Tres elementos adicionales refuerzan la identificación del productor. El primero es la excepcionalidad regulatoria: entre los votantes de Vox, el 27,8% rechaza una regulación más severa, el 29,7% se opone a los verificadores y el 28,5% a imponer obligaciones a las plataformas. Es el único bloque electoral que se sitúa de forma sistemática fuera del consenso. El votante del PP, en cambio, mantiene posiciones mayoritariamente favorables a la regulación (75,7%). La fractura no es izquierda-derecha; es Vox frente al resto del arco democrático.

El segundo es la percepción del impacto sobre el odio: el 22,6% del electorado de Vox sostiene que la desinformación "no influye nada" en el odio antiinmigrante, frente al 1,5% del PSOE y el 1,4% de Sumar. La distancia es estructural y difícilmente reducible a una mera divergencia ideológica: donde el resto del sistema político identifica un efecto documentado, ese segmento lo niega.

El tercero es el reenvío activo: el 18,6% del electorado de Vox reconoce reenviar siempre o casi siempre mensajes por WhatsApp o Telegram sin verificar, frente al 4,3% en el PSOE. No se trata solo de exposición al bulo porque también hay una participación en su circulación. Esto obliga a matizar el diagnóstico habitual sobre la cadena de producción y difusión de la desinformación.

El amplificador: la desigualdad social del bulo

El bulo se produce en un polo político concentrado, pero circula con eficacia desigual según la estructura sociolaboral. Aquí aparece una segunda asimetría del sistema español, menos visible en el debate público, pero clave para entender la dinámica de la desinformación.

"La pauta es consistente: a menor capital cultural y mayor dependencia de canales digitales no mediados, mayor probabilidad de amplificación de contenido no verificado"

La frecuencia de reenvío de mensajes sin verificar, cruzada por categoría profesional, dibuja una pendiente nítida. Entre directivos y gerentes, un 2,2% declara reenviar siempre o casi siempre; entre profesionales e intelectuales, un 5,2%. La cifra asciende al 9,2% entre trabajadores agropecuarios, al 10,1% en ocupaciones elementales y alcanza el 13,1% entre operadores de instalaciones y maquinaria. La pauta es consistente: a menor capital cultural y mayor dependencia de canales digitales no mediados, mayor probabilidad de amplificación de contenido no verificado.
 
El consumo de humor político en redes sociales refuerza este mapa. Aunque el 38% del total declara consumirlo habitualmente, la proporción se eleva al 73,2% entre estudiantes, al 51,9% entre trabajadores de servicios y al 50,3% en ocupaciones elementales. Entre directivos es del 32,4%, y entre jubilados desciende al 15,5%, un grupo que sigue dependiendo en mayor medida de la televisión, todavía sujeta a códigos editoriales. Las redes sociales son el espacio donde se libra hoy la batalla de la información. Y son territorio popular y juvenil.

La conclusión, por tanto, es que las élites profesionales producen el diagnóstico —"Vox desinforma"— y se distancian del problema, mientras el bulo circula en ecosistemas digitales. Profesionales e intelectuales señalan a Vox en el 47,3% y al PSOE en el 18,3%, una ratio de 2,6 a 1. En las ocupaciones elementales ocurre lo contrario: el 28,7% señala al PSOE y solo el 10,9% a Vox. El diagnóstico sobre quién desinforma no responde únicamente al eje ideológico, sino también a la posición sociocultural y al tipo de ecosistema informativo en el que se está inserto.

"La desinformación no solo se difunde; se adapta a los espacios donde encuentra menos fricción"

Esto no implica una menor capacidad crítica de las clases populares, pero sí una exposición diferencial: mayor presencia en canales de mensajería cerrada como WhatsApp o Telegram, menor acceso a medios de pago y menor interacción con verificadores. La desinformación no solo se difunde; se adapta a los espacios donde encuentra menos fricción.

En este sentido, el proyecto desinformador de Vox no es solo una operación ideológica: es una operación que coloniza espacios sociolaborales a los que, a día de hoy, no llegan ni el periodismo verificado ni los partidos institucionales. Cuando el sindicato no llega al trabajador de almacén, cuando el medio público no compite en TikTok, cuando la izquierda parlamentaria habla con lenguaje institucional o académico, el bulo de WhatsApp ocupa ese vacío de forma eficaz, y lo consigue porque es gratuito, emocional, comunitario y aparentemente espontáneo.

La consecuencia es política. La lucha contra la desinformación no puede plantearse solo en términos regulatorios, porque el problema no es únicamente de oferta, sino también de circulación y confianza. Sin intervención en los canales y comunidades donde el contenido se distribuye, cualquier estrategia será incompleta. No se trata solo de limitar la producción del bulo, sino de disputar los entornos en los que se amplifica.

El humor como contrabando narrativo

Hay un cruce adicional que completa el cuadro. El 55,7% de los españoles rechaza que el humor sirva para introducir falsedades en el debate político. Sin embargo, el 45,9% del electorado de Vox lo considera aceptable —la proporción más alta del arco político, seguida por Sumar con un 41,1%—, lo que sugiere que el uso del registro humorístico como vehículo argumental es transversal, aunque con funciones distintas según el espacio ideológico. Donde la divergencia se vuelve más marcada es en la percepción de restricción: el 51,3% de los votantes de Vox sostiene que el humor está "mucho más limitado" que hace una década, frente al 37,8% del PP, el 12,2% del PSOE y el 9,2% de Sumar.

La narrativa del "no se puede decir nada" o "ya no se puede opinar como hace décadas" opera así como un marco de legitimación. Permite reinterpretar la regulación del discurso de odio como una forma de censura cultural, desplazando el eje del debate desde el contenido hacia la supuesta restricción de la libertad de expresión. En este contexto, determinados formatos —memes, montajes audiovisuales o piezas satíricas— funcionan como vehículos de difusión de contenidos falsos o engañosos que quedan parcialmente protegidos por su codificación humorística.

"La moderación de contenidos se convierte en censura, la verificación en sesgo y el debate sobre desinformación en un conflicto sobre libertad de expresión"

De esta forma, la moderación de contenidos se convierte en censura, la verificación en sesgo y el debate sobre desinformación en un conflicto sobre libertad de expresión. Mientras parte del espacio progresista discute los límites del humor en clave normativa, otros actores utilizan ese mismo registro como canal eficaz de circulación de narrativas difíciles de introducir por vías informativas convencionales. En otras palabras, avanzan en la batalla cultural en la que estamos inmersos.

La salida

España no enfrenta un problema difuso de desinformación, sino un fenómeno más acotado: la existencia de un proyecto político desinformador con sede, infraestructura y beneficiarios identificables. El barómetro del CIS lo refleja con una claridad poco habitual. El amplio consenso —ese 86% que reclama mayor regulación— no resuelve el problema; en parte, lo enmascara, al permitir que cada bloque proyecte la responsabilidad sobre el adversario.

La salida no es solo regulatoria: es, esencialmente, política. Implica nombrar al productor, desactivar la simetría retórica que lo protege y disputar materialmente los espacios donde el bulo circula. Sin esa segunda parte, ninguna reforma normativa alcanzará el objetivo.