Perú busca presidente entre el recuento electoral y la crisis de gobernabilidad

El Perú ya votó. Pero todavía no ha resuelto su problema central. La segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ha dejado al país en una situación conocida y peligrosa: un resultado estrechísimo, una sociedad dividida y una institucionalidad obligada a demostrar que puede contar votos, resolver controversias y producir legitimidad.

"La primera obligación democrática no es favorecer a un candidato, sino defender el proceso electoral"

En el momento de escribir estas líneas, el conteo oficial sigue abierto. Roberto Sánchez ha tomado una ligera ventaja en el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), después de que Keiko Fujimori liderara los primeros resultados. La explicación no sorprende. Lima, la costa urbana y el voto exterior tienden a favorecer a Fujimori. Las zonas rurales, andinas y amazónicas tienden a favorecer a Sánchez. Por eso, el orden del conteo importa, y también importa la prudencia.

En una elección tan cerrada, nadie debería cantar victoria antes de tiempo. Tampoco debería sembrar dudas sin pruebas. En este momento, la primera obligación democrática no es favorecer a un candidato, sino defender el proceso electoral. Ese punto es esencial porque el Perú no llega a esta elección desde la normalidad. El país ha atravesado una década de desgaste institucional, presidentes destituidos o debilitados, congresos impopulares, protestas sociales, acusaciones de corrupción, inseguridad creciente y una ciudadanía profundamente cansada. El país ha mantenido una economía más resistente que su política, pero ninguna economía puede compensar indefinidamente la falta de confianza en el Estado.

Esta y no otra es la verdadera noticia de esta elección. El problema de cómo se gobierna es mucho mayor que el reto de elegir a una persona.

La próxima presidencia nacerá con una legitimidad legal clara si el conteo se completa correctamente y las autoridades electorales actúan con transparencia. Al mismo tiempo, nacerá con una legitimidad política limitada. En la primera vuelta, ni Fujimori ni Sánchez obtuvieron una mayoría amplia. Ambos llegaron a la segunda vuelta desde un sistema fragmentado, con partidos débiles y una ciudadanía que muchas veces vota más contra una opción que a favor de otra.

Ese tipo de mandato exige humildad. No autoriza una refundación improvisada ni tampoco autoriza una restauración sin autocrítica. Exige un gobierno que entienda que ganar por un punto, por medio punto o por unos miles de votos no equivale a recibir un cheque en blanco.

Si gana Fujimori, enfrentará una prueba inmediata: demostrar que su gobierno no será una repetición de las tensiones que marcaron al fujimorismo en la vida pública peruana. Tendrá que gobernar para un país donde una parte muy grande del electorado la rechaza. Asimismo, deberá ofrecer seguridad sin abuso, un orden que no caiga en el autoritarismo y un crecimiento económico que no sea excluyente.

Si gana Sánchez, la prueba será distinta, pero igual de exigente. Tendrá que demostrar que el cambio no significa vivir permanentemente en la incertidumbre. También deberá hablarle no solo a sus votantes rurales, andinos y amazónicos, sino también a Lima, al sector privado, a los trabajadores urbanos, a los inversionistas y a las instituciones. Y, además, tendrá que impulsar la justicia social sin destruir la confianza económica que el Perú necesita para crecer.

"El Perú necesita un presidente que gobierne dentro de la Constitución y un Congreso que fiscalice sin convertir la vacancia presidencial en rutina"

En ambos casos, el desafío para las instituciones es enorme. El Perú necesita un presidente que gobierne dentro de la Constitución, no contra ella. Necesita un Congreso que fiscalice sin convertir la vacancia presidencial en rutina. Necesita partidos que representen ideas y territorios, no solo vehículos personales de campaña. Necesita un sistema judicial y electoral que resuelva disputas con independencia, rapidez y claridad. Y necesita un Estado capaz de proteger a sus ciudadanos frente al crimen, la extorsión y la corrupción.

La seguridad, señalada con preocupación en las encuestas, será una prioridad inevitable. La ciudadanía peruana tiene razón en exigir protección. En este sentido, la expansión de la extorsión, el crimen organizado y la violencia cotidiana ha deteriorado la vida pública. Pero la seguridad no puede reducirse a mano dura, ya que esta, sin instituciones fuertes, suele traducirse en abusos, corrupción y resultados pasajeros.

La seguridad democrática requiere policía profesional, fiscalías capaces, jueces independientes, inteligencia financiera, control territorial, prevención social y cooperación internacional. También requiere Estado en los lugares donde el Estado aparece solo en campaña electoral o en momentos de crisis.

Ese es uno de los mensajes más claros del mapa electoral. El Perú urbano y el Perú rural no están votando igual porque no viven la misma relación con el Estado. Para una parte del país, el problema central es el miedo a la inseguridad, la informalidad y la pérdida de orden. Para la otra parte, el problema es el abandono histórico, la pobreza, la distancia de Lima y la sensación de que el crecimiento nacional nunca llegó plenamente a sus comunidades. Ambas realidades son verdaderas. Un país serio no puede escoger una y negar la otra.

La elección también deja una advertencia para América Latina. La región está cansada de gobiernos que prometen salvación y terminan debilitando instituciones. Está cansada de élites que hablan de estabilidad, pero no corrigen desigualdades. Está cansada de outsiders que denuncian la corrupción, pero no construyen capacidad estatal. Y está cansada de partidos que solo existen para ganar elecciones, no para gobernar democracias.

"La democracia sobrevive formalmente, pero se vuelve frágil. Las elecciones continúan, pero cada elección parece una emergencia"

Perú es un caso extremo, pero no aislado. Es una señal de lo que ocurre cuando los ciudadanos pierden confianza en el sistema, pero el sistema no logra renovarse. La democracia sobrevive formalmente, pero se vuelve frágil. Las elecciones continúan, pero cada elección parece una emergencia. Los presidentes llegan al poder, pero no logran autoridad suficiente para gobernar.

Por eso, el conteo final importa tanto. En los próximos días, el Perú necesitará tres cosas:

Primero, paciencia democrática. La Oficina Nacional de Procesos Electorales debe completar el conteo. El Jurado Nacional de Elecciones debe resolver las controversias. Los partidos deben presentar reclamos solo cuando tengan base legal y prueba suficiente. Los líderes deben evitar discursos que incendien el país.

Segundo, aceptación institucional. Perder una elección estrecha es difícil. Pero aceptar una derrota legítima es una de las pruebas más importantes de una democracia. Ganar una elección estrecha también exige responsabilidad. Quien venza no debe humillar al vencido. Debe convocar al país.

Tercero, un programa mínimo de gobernabilidad. El próximo gobierno debería concentrarse en pocas prioridades: seguridad ciudadana, integridad pública, estabilidad económica, presencia estatal en territorios abandonados y reglas claras para la inversión y la protección social. El Perú no necesita otro ciclo de promesas maximalistas. Necesita capacidad, orden constitucional y resultados.

La tentación será leer esta elección como una victoria de la derecha o de la izquierda. Esa lectura es incompleta. La elección muestra algo más profundo: un país partido entre miedo y esperanza, orden y cambio, Lima y las regiones, economía formal e informalidad, centro político y periferia social.

Quien llegue a la presidencia no podrá resolverlo todo. Pero sí puede empezar por algo básico: respetar el conteo, respetar la Constitución y respetar la complejidad del país que deberá gobernar.

Para reconstruir la autoridad democrática, Perú no necesita un caudillo. Esa tarea comienza ahora con la forma en que los candidatos, los partidos, las autoridades electorales, los medios y la ciudadanía traten este resultado estrecho. En una democracia madura, esta debe ser la base de la legitimidad, ese recurso que hoy es tan escaso en el Perú.