Martes, 28 de julio de 2026
AUTONOMÍA ESTRATÉGICA
Depender menos de China también tendrá costes para Europa y España
China fue probablemente la mayor fuerza desinflacionaria de la economía mundial en las primeras décadas del siglo XXI. Ahora, el debate europeo habla de reindustrializar, diversificar proveedores y reducir riesgos geopolíticos. Todo ello puede ser necesario, pero no llegará gratis.
Un grupo de trabajadores en una calle de Shanghái, China.Pexels / Jerry Zhang
A comienzos de siglo, los europeos se acostumbraron a una combinación extraña: comprar bienes cada vez mejores y relativamente más baratos mientras casi todos los servicios subían de precio. Un televisor nuevo ofrecía más prestaciones que el anterior y costaba menos. Los ordenadores ganaban potencia sin encarecerse al mismo ritmo. Vestir a una familia resultaba más asequible. Al mismo tiempo, ir al dentista, pagar una matrícula universitaria, comer en un restaurante o llamar a un fontanero era cada vez más caro.
Detrás de esa diferencia estaba, entre otros factores, China. El debate europeo sobre el gigante asiático ha cambiado de registro. La globalización, la competitividad y las cadenas de suministro han dejado paso a la autonomía estratégica, la resiliencia o el de-risking. La pandemia, la guerra de Ucrania y la rivalidad entre Washington y Pekín han reforzado la idea de que una dependencia excesiva de China supone un riesgo económico y geopolítico para Europa.
Esa lectura tiene fundamento, pero deja fuera una parte relevante de la historia. El debate público se ha centrado sobre todo en los costes del llamado China Shock: la desindustrialización de Occidente, la pérdida de empleo manufacturero, las dependencias estratégicas y el malestar político en muchas regiones industriales. La literatura económica ha estudiado con amplitud esos efectos. No obstante, se ha pasado de puntillas por el beneficio que recibieron millones de consumidores.
Desde el año 2000, las principales economías occidentales muestran un patrón muy parecido. Los servicios —educación, sanidad, hostelería, cuidados personales o reparación de viviendas— se han encarecido de forma constante. En cambio, muchos bienes manufacturados apenas han subido de precio o incluso se han abaratado en términos relativos. La electrónica de consumo, el textil, los electrodomésticos y el mobiliario siguieron una trayectoria distinta a la del resto de la economía.
Una parte de esa divergencia se entiende a partir de 2001, cuando China entró en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Su incorporación sumó cientos de millones de trabajadores a la economía global y amplió de manera extraordinaria la capacidad manufacturera mundial. Las empresas occidentales trasladaron producción a Asia, las cadenas de suministro se hicieron globales y la competencia entre fabricantes aumentó con una intensidad desconocida. A ese proceso se sumaron la automatización industrial, la revolución logística y los avances tecnológicos.
Las consecuencias macroeconómicas fueron más profundas de lo que suele admitirse. Los economistas explican desde hace tiempo que los servicios intensivos en trabajo tienden a encarecerse. Es la conocida "enfermedad de los costes" descrita por William Baumol. Un profesor, un médico o un camarero no pueden multiplicar su productividad al ritmo de una planta automatizada. Sus salarios, sin embargo, deben subir para competir con el resto de la economía. Si la productividad apenas crece, esos costes acaban trasladándose a los precios. Por eso los servicios se encarecen de manera persistente en casi todas las economías avanzadas.
España permite ver bien esa dinámica. La llegada masiva de bienes manufacturados baratos procedentes de Asia contribuyó a contener la inflación en categorías como la electrónica, los electrodomésticos, el textil o el mobiliario. Al mismo tiempo, el creciente peso del turismo y de los servicios empujó al alza los precios de actividades intensivas en mano de obra, como la hostelería, la restauración, los cuidados personales o determinados servicios profesionales.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los servicios representan ya cerca del 76% del PIB y alrededor del 80% del empleo. Esa estructura hace que España esté especialmente expuesta a las presiones inflacionarias derivadas del coste del trabajo. Mientras los bienes comerciables se beneficiaban de la competencia internacional, buena parte de los servicios permanecía al margen de ella y trasladaba al consumidor el incremento de salarios y otros costes.
Precisamente porque esos costes fueron visibles, los beneficios quedaron más ocultos. Casi nadie atribuye el precio asequible de un ordenador portátil o una lavadora a la integración comercial con China. Tampoco se percibe con facilidad que, durante veinte años, la inflación fue inferior a la que probablemente habría existido sin esa capacidad manufacturera global. Los costes se concentraron en territorios concretos y sectores específicos; los beneficios se repartieron entre cientos de millones de consumidores. La política tiende a responder antes a los perdedores visibles que a los ganadores dispersos.
Europa intenta ahora corregir muchas de aquellas vulnerabilidades. La Comisión Europea impulsa una política industrial que habría sido impensable hace una década. Se subvenciona la fabricación de baterías, se protege la industria del automóvil frente a la competencia china, se diversifican proveedores de materias primas críticas y se reconstruyen capacidades productivas consideradas estratégicas.
La dirección parece difícil de evitar. Con la pandemia, la dependencia exterior dejó de ser una discusión técnica sobre eficiencia y pasó a afectar a productos esenciales. La invasión rusa de Ucrania añadió una lección más dura: la interdependencia también puede usarse como instrumento de presión. En paralelo, la rivalidad entre Estados Unidos y China ha reducido el margen para organizar la economía solo por criterios de coste.
Cuanto mejor funcione esa estrategia, más difícil será reproducir el entorno de precios extraordinariamente bajos que caracterizó las dos primeras décadas del siglo XXI. Una parte del dividendo que recibían los consumidores europeos procedía, precisamente, de fabricar fuera de Europa. Repatriar producción significa recuperar empleo industrial y reducir vulnerabilidades, pero también aceptar costes laborales superiores, mayores exigencias regulatorias y, previsiblemente, precios más altos.
El debate político ha tardado en asumir esa parte de la ecuación. Durante demasiado tiempo se ha transmitido la idea de que Europa podía reducir su dependencia de China, traer fábricas de vuelta y reforzar su autonomía estratégica sin consecuencias apreciables para los ciudadanos. Como si bastara con cambiar el lugar de producción para conservar al mismo tiempo los mismos precios, la misma competitividad y el mismo nivel de bienestar.
Las sociedades pueden elegir entre distintos modelos de organización económica, pero rara vez pueden quedarse con todas las ventajas de cada uno. La globalización ofrecía eficiencia y bienes baratos a cambio de una dependencia estratégica creciente. La nueva política industrial promete más resiliencia y más autonomía, pero sacrifica parte de esa eficiencia.
La autonomía estratégica puede ser una necesidad histórica. Las lecciones de la pandemia, la guerra de Ucrania y la rivalidad entre grandes potencias hacen difícil defender una vuelta ingenua a la globalización de principios de siglo. Pero conviene dejar de presentarla como si fuera gratuita. Su coste no se medirá solo en miles de millones de euros destinados a subvenciones industriales o en nuevas fábricas de baterías. También aparecerá, de forma gradual, en el precio de muchos bienes cotidianos. La próxima década quizá no traiga el fin del comercio con China, pero sí puede cerrar la etapa en la que la globalización contuvo, casi sin que los consumidores lo notaran, una parte decisiva de la inflación.
Detrás de esa diferencia estaba, entre otros factores, China. El debate europeo sobre el gigante asiático ha cambiado de registro. La globalización, la competitividad y las cadenas de suministro han dejado paso a la autonomía estratégica, la resiliencia o el de-risking. La pandemia, la guerra de Ucrania y la rivalidad entre Washington y Pekín han reforzado la idea de que una dependencia excesiva de China supone un riesgo económico y geopolítico para Europa.
Esa lectura tiene fundamento, pero deja fuera una parte relevante de la historia. El debate público se ha centrado sobre todo en los costes del llamado China Shock: la desindustrialización de Occidente, la pérdida de empleo manufacturero, las dependencias estratégicas y el malestar político en muchas regiones industriales. La literatura económica ha estudiado con amplitud esos efectos. No obstante, se ha pasado de puntillas por el beneficio que recibieron millones de consumidores.
"La globalización, la competitividad y las cadenas de suministro han dejado paso a la autonomía estratégica, la resiliencia o el 'de-risking'"China fue probablemente la mayor fuerza desinflacionaria de la economía mundial en las dos primeras décadas del siglo XXI. No hace falta idealizar la globalización ni asumir la posición de Pekín para reconocerlo. Sin esa capacidad manufacturera, resulta difícil entender por qué la inflación permaneció tan baja durante tanto tiempo y por qué el mundo que Europa intenta construir será, previsiblemente, más caro.
Desde el año 2000, las principales economías occidentales muestran un patrón muy parecido. Los servicios —educación, sanidad, hostelería, cuidados personales o reparación de viviendas— se han encarecido de forma constante. En cambio, muchos bienes manufacturados apenas han subido de precio o incluso se han abaratado en términos relativos. La electrónica de consumo, el textil, los electrodomésticos y el mobiliario siguieron una trayectoria distinta a la del resto de la economía.
Una parte de esa divergencia se entiende a partir de 2001, cuando China entró en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Su incorporación sumó cientos de millones de trabajadores a la economía global y amplió de manera extraordinaria la capacidad manufacturera mundial. Las empresas occidentales trasladaron producción a Asia, las cadenas de suministro se hicieron globales y la competencia entre fabricantes aumentó con una intensidad desconocida. A ese proceso se sumaron la automatización industrial, la revolución logística y los avances tecnológicos.
"China fue probablemente la mayor fuerza desinflacionaria de la economía mundial en las dos primeras décadas del siglo XXI"El efecto fue un aumento enorme de la oferta mundial de bienes manufacturados. Para los consumidores, el cambio fue gradual y casi invisible. Comprar un televisor, un ordenador o una lavadora salía cada vez más barato mientras esos productos mejoraban en calidad y prestaciones. Lo que se atribuía solo al progreso tecnológico era también el resultado de una globalización que convirtió a China en la gran fábrica del mundo.
Las consecuencias macroeconómicas fueron más profundas de lo que suele admitirse. Los economistas explican desde hace tiempo que los servicios intensivos en trabajo tienden a encarecerse. Es la conocida "enfermedad de los costes" descrita por William Baumol. Un profesor, un médico o un camarero no pueden multiplicar su productividad al ritmo de una planta automatizada. Sus salarios, sin embargo, deben subir para competir con el resto de la economía. Si la productividad apenas crece, esos costes acaban trasladándose a los precios. Por eso los servicios se encarecen de manera persistente en casi todas las economías avanzadas.
España permite ver bien esa dinámica. La llegada masiva de bienes manufacturados baratos procedentes de Asia contribuyó a contener la inflación en categorías como la electrónica, los electrodomésticos, el textil o el mobiliario. Al mismo tiempo, el creciente peso del turismo y de los servicios empujó al alza los precios de actividades intensivas en mano de obra, como la hostelería, la restauración, los cuidados personales o determinados servicios profesionales.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los servicios representan ya cerca del 76% del PIB y alrededor del 80% del empleo. Esa estructura hace que España esté especialmente expuesta a las presiones inflacionarias derivadas del coste del trabajo. Mientras los bienes comerciables se beneficiaban de la competencia internacional, buena parte de los servicios permanecía al margen de ella y trasladaba al consumidor el incremento de salarios y otros costes.
"Un profesor, un médico o un camarero no pueden multiplicar su productividad al ritmo de una planta automatizada. Sus salarios, sin embargo, deben subir para competir con el resto de la economía"Entre comienzos de siglo y la pandemia, el abaratamiento relativo de los bienes compensó en parte el encarecimiento de los servicios. La inflación no desapareció; se desplazó. Los precios seguían subiendo, pero sobre todo en actividades que no podían deslocalizarse ni beneficiarse de la competencia internacional. Ese equilibrio permitió a los bancos centrales mantener tipos de interés extraordinariamente bajos, favoreció el consumo y sostuvo una etapa de estabilidad macroeconómica que hoy parece difícil de repetir.
La definición de un nuevo equilibrio
Ese equilibrio también tuvo costes. Muchas regiones industriales de Estados Unidos y Europa sufrieron una transformación profunda. Millones de empleos manufactureros desaparecieron o fueron sustituidos por actividades de menor valor añadido. La literatura económica ha documentado cómo el China Shock alimentó la desigualdad territorial, debilitó determinadas comunidades y contribuyó al auge de movimientos populistas y proteccionistas.Precisamente porque esos costes fueron visibles, los beneficios quedaron más ocultos. Casi nadie atribuye el precio asequible de un ordenador portátil o una lavadora a la integración comercial con China. Tampoco se percibe con facilidad que, durante veinte años, la inflación fue inferior a la que probablemente habría existido sin esa capacidad manufacturera global. Los costes se concentraron en territorios concretos y sectores específicos; los beneficios se repartieron entre cientos de millones de consumidores. La política tiende a responder antes a los perdedores visibles que a los ganadores dispersos.
Europa intenta ahora corregir muchas de aquellas vulnerabilidades. La Comisión Europea impulsa una política industrial que habría sido impensable hace una década. Se subvenciona la fabricación de baterías, se protege la industria del automóvil frente a la competencia china, se diversifican proveedores de materias primas críticas y se reconstruyen capacidades productivas consideradas estratégicas.
La dirección parece difícil de evitar. Con la pandemia, la dependencia exterior dejó de ser una discusión técnica sobre eficiencia y pasó a afectar a productos esenciales. La invasión rusa de Ucrania añadió una lección más dura: la interdependencia también puede usarse como instrumento de presión. En paralelo, la rivalidad entre Estados Unidos y China ha reducido el margen para organizar la economía solo por criterios de coste.
"Casi nadie atribuye el precio asequible de un ordenador portátil o una lavadora a la integración comercial con China"El problema es que esa corrección tendrá costes. Fabricar más dentro de Europa significa producir con salarios más altos, estándares medioambientales más exigentes y cadenas de suministro deliberadamente menos eficientes. Diversificar proveedores implica renunciar a una parte de las economías de escala que hicieron posible la gran era de la globalización. Mantener inventarios estratégicos cuesta más que operar con el modelo just in time. La seguridad económica no sustituye a la eficiencia. Más bien, la encarece.
El caso español y el futuro de la autonomía estratégica
En España, esta tensión atraviesa la agenda económica del Gobierno de Pedro Sánchez. La reindustrialización se ha convertido en uno de sus ejes, con el apoyo de los fondos europeos para atraer inversiones en baterías, semiconductores, hidrógeno verde o automóvil eléctrico. La apuesta responde a una lógica compartida en Bruselas: recuperar capacidad productiva en sectores considerados estratégicos.Cuanto mejor funcione esa estrategia, más difícil será reproducir el entorno de precios extraordinariamente bajos que caracterizó las dos primeras décadas del siglo XXI. Una parte del dividendo que recibían los consumidores europeos procedía, precisamente, de fabricar fuera de Europa. Repatriar producción significa recuperar empleo industrial y reducir vulnerabilidades, pero también aceptar costes laborales superiores, mayores exigencias regulatorias y, previsiblemente, precios más altos.
El debate político ha tardado en asumir esa parte de la ecuación. Durante demasiado tiempo se ha transmitido la idea de que Europa podía reducir su dependencia de China, traer fábricas de vuelta y reforzar su autonomía estratégica sin consecuencias apreciables para los ciudadanos. Como si bastara con cambiar el lugar de producción para conservar al mismo tiempo los mismos precios, la misma competitividad y el mismo nivel de bienestar.
Las sociedades pueden elegir entre distintos modelos de organización económica, pero rara vez pueden quedarse con todas las ventajas de cada uno. La globalización ofrecía eficiencia y bienes baratos a cambio de una dependencia estratégica creciente. La nueva política industrial promete más resiliencia y más autonomía, pero sacrifica parte de esa eficiencia.
"Se ha transmitido la idea de que Europa podía reducir su dependencia de China, traer fábricas de vuelta y reforzar su autonomía estratégica sin consecuencias"El debate sobre China ha estado dominado por los costes de la globalización. Es comprensible: fueron visibles, concentrados y políticamente explosivos. Los beneficios, en cambio, quedaron dispersos entre cientos de millones de consumidores y por eso pasaron casi inadvertidos. Ahora, mientras Occidente intenta corregir los desequilibrios provocados por la integración de China en la economía mundial, empieza a comprobar que algunos de aquellos beneficios pesaban más de lo que parecía. China exportó manufacturas y, con ellas, una enorme dosis de desinflación.
La autonomía estratégica puede ser una necesidad histórica. Las lecciones de la pandemia, la guerra de Ucrania y la rivalidad entre grandes potencias hacen difícil defender una vuelta ingenua a la globalización de principios de siglo. Pero conviene dejar de presentarla como si fuera gratuita. Su coste no se medirá solo en miles de millones de euros destinados a subvenciones industriales o en nuevas fábricas de baterías. También aparecerá, de forma gradual, en el precio de muchos bienes cotidianos. La próxima década quizá no traiga el fin del comercio con China, pero sí puede cerrar la etapa en la que la globalización contuvo, casi sin que los consumidores lo notaran, una parte decisiva de la inflación.
Nota metodológica: El gráfico toma como referencia una visualización publicada por el Financial Times sobre la distinta evolución de los precios de los servicios intensivos en trabajo y los bienes comerciables. Para replicar el ejercicio se utilizan datos mensuales del Índice Armonizado de Precios de Consumo de Eurostat (prc_hicp_midx) para España, Francia, Alemania y Reino Unido. Se selecciona una muestra editorial de subíndices COICOP representativos de bienes comerciables y duraderos —como ropa, calzado, muebles, electrodomésticos, coches, equipos audiovisuales u ordenadores— y de servicios intensivos en trabajo —como servicios médicos, dentales, mantenimiento, transporte, educación, restauración, alojamiento o peluquería—. Cada serie se transforma en media anual y se reescala con base 2000 = 100.
Etiquetas
Economía, China, Unión Europea, Estados Unidos, España, Industria, inflación, empleo, automóvil, hidrógeno verde, Comisión Europea, Pedro Sánchez Ahora en portada
27 de julio de 2026
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