España quiere tecnología china. Pekín decreta que no

Hoy, 1 de julio de 2026, entra en vigor el decreto número 837 del Consejo de Estado chino. Esta norma de 34 artículos regula por primera vez de forma integral la inversión exterior de empresas, organizaciones e individuos chinos. A partir de ahora, su inversión quedará bajo una supervisión estatal continua: informar a las autoridades, someterse a revisiones de seguridad y adaptar su actividad a los objetivos nacionales de China, incluida la protección de la imagen del país y el llamado concepto de seguridad general.

Aunque a primera vista parezca una medida centrada en asuntos internos, su alcance va más allá: China es el tercer mayor inversor exterior del mundo, por lo que una gran parte de la industria global puede verse directamente afectada por las condiciones que este decreto imponga a los inversores chinos. Este control más exhaustivo es especialmente relevante en el caso de España.

"China es el tercer mayor inversor exterior del mundo, por lo que una gran parte de la industria global puede verse directamente afectada"

En la última visita de Sánchez a Pekín se incluyó explícitamente la promoción de inversiones sostenibles y de alto valor añadido, con la finalidad de generar empleo y desarrollar capacidad local a través de formación y transferencia tecnológica. No obstante, el artículo 13 de este nuevo decreto prohíbe el envío de personal técnico al extranjero, la organización de formación transfronteriza y la prestación de asistencia técnica remota cuando se trate de tecnologías restringidas por el Estado: aquellas relacionadas con el procesamiento de tierras raras, la fabricación de baterías de litio para vehículos eléctricos (VE), los algoritmos de inteligencia artificial, la biotecnología y los sistemas de guiado aeroespacial.

De práctica informal a estrategia regulatoria

Este decreto no introduce una política radicalmente nueva, sino que formaliza un conjunto de prácticas que hasta ahora se aplicaban de forma heterogénea. El ejemplo más reciente es cómo, el 27 de abril de 2026, Pekín bloqueó la adquisición de ManusAI por Meta, demostrando que las empresas chinas no podrán evadir el control del Estado mediante cambios de domicilio corporativo. ManusAI, una startup de inteligencia artificial con origen en China, había trasladado su sede a Singapur antes de venderla por 2 billones de dólares en una maniobra comúnmente denominada Singapore washing. El artículo 13 establece que, cuando hay tecnología y know-how de origen chino estratégicamente sensibles, el Estado aplica su política de control independientemente del domicilio registrado.

La clave del decreto está en la formalización en un único marco legal de lo que hasta ahora se aplicaba de forma heterogénea. Así, convierte oficialmente a las empresas chinas en parte de una estrategia institucional en lugar de actores comerciales. A su vez, demuestra cómo China ha pasado de priorizar el volumen de inversión exterior a la calidad de esa inversión, protegiendo sus activos más estratégicos. El decreto 837 es, en definitiva, el instrumento jurídico que materializa ese giro.

"El decreto convierte oficialmente a las empresas chinas en parte de una estrategia institucional en lugar de actores comerciales"

En cierto modo, Pekín está aplicando ahora a sus propios inversores en el exterior la lógica que durante décadas utilizó con las empresas extranjeras que querían entrar en su mercado: sin transferencia de tecnología, no hay trato. En los años ochenta y noventa, las compañías extranjeras que querían acceder a China tuvieron que hacerlo a través de joint ventures con socios locales, concebidas no solo para atraer capital, sino también para transferir know-how.

La relevancia para España

En los últimos dos años, se ha producido una oleada de inversión en España con proyectos como la planta de baterías de CATL y Stellantis en Figueruelas, la planta de ensamblaje de vehículos eléctricos de Chery y Ebro en Barcelona, la fábrica de baterías de Envision AESC en Extremadura y el anunciado proyecto de SAIC para levantar en Galicia su primera fábrica de coches eléctricos de Europa. Todos ellos se han planteado como procesos de reindustrialización que traerán capital, empleo y conocimiento tecnológico a regiones con capacidad industrial limitada. El Memorando de Entendimiento sobre Intercambio y Cooperación en el Ámbito de la Política de Desarrollo Económico, firmado con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China en la última visita de Sánchez a Pekín, pretende cumplir esa promesa impulsando actividades de transferencia tecnológica. Yolanda Díaz también se ha reunido con algunos de esos inversores, entre ellos SAIC Motors, para impulsar formaciones adaptadas a los perfiles que demandan las multinacionales asiáticas.

"El ensamblaje se realiza en España, pero el conocimiento técnico que lo hace posible permanece en China"

La cuestión es que el modelo que subyace a varios de estos proyectos va en dirección contraria. La planta de Figueruelas, por ejemplo, requiere la llegada de aproximadamente 2.200 trabajadores chinos para operar la tecnología de fabricación de baterías. El ensamblaje se realiza en España, pero el conocimiento técnico que lo hace posible permanece en China. Aunque todavía no se conocen con detalle las condiciones de muchos de los otros proyectos anunciados, el artículo 13 de este nuevo decreto permite pensar que seguirán un modelo parecido. Si las inversiones chinas no pueden incluir una transferencia de know-how vinculada a tecnologías estratégicas —como las baterías de los VE—, los proyectos que llegan a España relacionados con esas tecnologías estarán sujetos a numerosas restricciones.

La lógica de fondo

El decreto 837 es estructuralmente incompatible con la propuesta de la Ley de Aceleración Industrial de la Comisión Europea, conocida por sus siglas en inglés como IAA. La IAA busca aumentar el peso de la industria manufacturera en el PIB de la UE a través de cuatro vías: agilizar los permisos para proyectos industriales; imponer requisitos sectoriales de participación europea y límites de emisiones en la contratación pública; condicionar la inversión extranjera en sectores estratégicos; y designar zonas de aceleración industrial.

El conocido como made in Europe es el requisito más controvertido de la IAA, contra el que se ha manifestado el Gobierno chino. Esta medida es una reacción proteccionista a la disrupción comercial y tecnológica china en el mercado. Concretamente, la condición del 70% de participación europea en el sector del automóvil busca mitigar el dumping, pues los vehículos eléctricos chinos reciben subvenciones estatales que les permiten competir con un precio significativamente inferior. Las inversiones chinas que hoy llegan a España en este sector buscan instalarse dentro de las fronteras europeas antes de que este requisito de la IAA entre en vigor. No obstante, el modelo utilizado en estas inversiones por el momento no añade valor real a la industria manufacturera europea al basarse exclusivamente en el ensamblaje final del producto, mientras toda la fase estratégica se lleva a cabo en China. El decreto 837 ahora blinda jurídicamente ese modelo, al retener la tecnología y el know-how en suelo chino, mientras la IAA y los memorandos firmados por Sánchez intentan atraer transferencia real de tecnología.