Prestación universal por crianza: la medida contra la pobreza infantil de media Europa (y no de España)

España encadena varios años de crecimiento económico sin haber atajado uno de sus problemas estructurales más acuciantes: la pobreza infantil se mantiene obstinadamente alta pese a la expansión del gasto social y a la mejora de la renta media. El 34,7% de los menores de dieciséis años en España viven en riesgo de pobreza, marcando uno de los registros más elevados de la Unión Europea.

En los últimos quince años, la pobreza entre mayores de 65 años se ha reducido más de diez puntos, pero la infantil, lejos de disminuir, se ha incrementado. Además, la brecha entre las otras cohortes de edad ha aumentado. El resultado de estos años es un mapa de desigualdad intergeneracional que se traduce en un reto que debe ser afrontado con urgencia. 

Un primer paso, el del análisis, ya está dado. La Plataforma de Infancia (POI), en colaboración con el grupo de investigación WEIPO (Bienestar, Desigualdad, Pobreza y Políticas Públicas, del inglés Well-being, Inequality, Poverty and Public Policy) de la Universidad de Alcalá, ha presentado un informe sobre la pobreza infantil, señalando por qué España está a la cola de Europa y cómo se puede empezar a revertir esta situación.

Un modelo que no corrige

Dentro de unas líneas generales, los países actúan sobre la pobreza infantil de formas distintas. En el caso español, a diferencia de la mayoría de los países de la UE, no se cuenta con una prestación universal por hijo a cargo. El apoyo económico a las familias se canaliza principalmente a través de la deducción por descendientes del IRPF —un "descuento" en el impuesto sobre la renta para quienes declaran y tienen hijos— y, en menor medida, de ayudas focalizadas como el complemento de ayuda para la infancia (CAPI), integrado en el ingreso mínimo vital (IMV).

"El principal problema es que las familias más pobres, que apenas tributan, son las que menos se benefician de los incentivos fiscales"

El principal problema de este diseño, señalan desde la POI, es que las familias más pobres, que apenas tributan, son las que menos se benefician de los incentivos fiscales. Además, los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) muestran que el CAPI cubre a menos de un tercio de los hogares que potencialmente podrían recibirlo. Es decir, los problemas no solo se encuentran en el gasto sino en la ejecución del mismo, como indica el sociólogo José Antonio Noguera. Aunque reconoce que algunas deficiencias del sistema "se han empezado a mejorar", el experto se muestra preocupado porque "seguimos estando muy lejos de la cobertura potencial". 

La brecha europea

El contraste con Europa hace que la preocupación aumente. El gasto público en políticas familiares ronda en España el 1,5% del PIB, frente al 2,4% de media comunitaria. Pero el problema no es solo la magnitud del gasto, sino su eficacia: según explica la POI, en España el conjunto de impuestos y prestaciones reduce la pobreza en los hogares con menores en torno a un 18%, frente a un 42% en Francia y un 52% en Alemania. Noguera añade que, a diferencia de estos países, el sistema español es menos maduro y solo ha empezado a corregir algunas carencias en los años más recientes.



Por tanto, la diferencia con los países europeos no se explica —solo— por una mayor generosidad fiscal, sino por cómo opera un sistema que consigue ser más eficiente. En países como Alemania, los hogares reciben un complemento mensual por hijo, que después se corrige vía impuestos. El resultado es un sistema que logra penetrar más en la corrección de la pobreza y la desigualdad, y una de las principales diferencias está en la existencia o no de una prestación universal.

Qué pasaría si existiera una prestación universal

Según datos de la POI, una ayuda de doscientos euros mensuales por hijo menor de dieciocho años, tributable en el IRPF, reduciría la incidencia de la pobreza infantil en más de un 20% y su intensidad casi a la mitad. Su coste total sería de 19.308 millones de euros, con un coste adicional de 10.957 millones respecto al CAPI actual (si es tributable). Estadísticamente, implicaría la reducción de la incidencia de la pobreza infantil en un 21,5%, "casi duplicando el impacto de cualquier reforma de las prestaciones focalizadas actualmente en vigor", explica la POI.

"La propuesta también se sostiene si se mira la eficiencia: una prestación universal elimina buena parte de la carga burocrática y reduce el estigma asociado a las ayudas condicionadas"

La propuesta también se sostiene si se mira la eficiencia: una prestación universal elimina buena parte de la carga burocrática, reduce el estigma asociado a las ayudas condicionadas y garantiza un suelo mínimo de seguridad económica en todos los hogares. En este punto, Noguera subraya una ventaja clave: "se acaba" el problema de la falta de cobertura. UNICEF remarca, además, que los programas universales, más allá de aliviar esos estigmas sociales, "promueven la dignidad y la cohesión y fomentan el apoyo público y político a las políticas".

En ese debate político sobre una prestación universal, la principal preocupación suele ser cómo se financian los programas. Pero el diseño tributable —es decir, que la ayuda se considere renta sujeta a impuestos— permite mantener la progresividad fiscal, ya que los hogares de mayores ingresos devolverían parte de la prestación vía IRPF. Con esta fórmula, "se mantiene la progresividad", apuntala Noguera.

Con todo, el margen presupuestario, más allá de los equilibrios políticos del momento, debería poder ajustarse: España tiene un gasto social por debajo de la media europea. La cuestión pasa por comprender que la pobreza infantil tiene efectos duraderos sobre el capital humano y la desigualdad. A este respecto, Noguera detecta una "paradoja" en tanto que, a pesar de ser una propuesta "perfectamente viable desde el punto de vista económico" y contar con un apoyo transversal, "no es una prioridad política".


 

Los otros costes de la pobreza

A pesar de que no es un tema presente en la agenda política, la pobreza infantil aparece de formas muy específicas. Se habla de alimentación, vivienda y tiempo. De hogares donde se recorta en fruta, calefacción o actividades extraescolares. O de niñas y niños que estudian en peores condiciones y acumulan desventajas desde edades tempranas. En consecuencia, las implicaciones son enormes y muy variadas: desde la pérdida de incentivos para revertir las tendencias demográficas hasta la pérdida de confianza en las instituciones.

"En España la discusión pública sobre infancia se ha movido más en el terreno simbólico que en el plano de garantizar ingresos suficientes en los hogares donde crecen los niños"

De hecho, revertir las tendencias tiene beneficios claros: cada euro invertido en exclusión social y pobreza en infancia puede ahorrar hasta siete euros al Estado, en forma de mayor rendimiento educativo y menor dependencia futura de ayudas sociales. No obstante, en España la discusión pública sobre infancia se ha movido más en el terreno simbólico —la conciliación, los permisos parentales— que en el plano de garantizar ingresos suficientes en los hogares donde crecen los niños. Quizá sea un buen momento para equilibrar el enfoque.

Una asignatura pendiente

La pobreza infantil es, en el fondo, un indicador de cómo un país reparte sus oportunidades. Los datos de la POI muestran que España tiene mucha capacidad de mejora, pero sobre todo que no basta con confiar en el crecimiento económico ni en el efecto goteo de las políticas generales.

Más allá de proponer una nueva política pública, el informe plantea que hay margen para mejorar con reformas sobre lo que ya existe. La primera vía sería una reforma del IRPF para que el mínimo por descendientes pase a ser reembolsable: en vez de funcionar solo como un "descuento" para quienes tienen suficiente cuota a pagar, se convertiría en una ayuda que también llegue a los hogares con rentas bajas que apenas tributan o no presentan declaración, reforzando su capacidad redistributiva. 

La segunda opción pasa por fortalecer el CAPI y ajustar su diseño. La propuesta es aumentar las cuantías y corregir el reparto por edades —hoy más generoso para los menores de seis años— para proteger mejor a los hogares con hijos mayores, donde la vulnerabilidad también se concentra. En el fondo, no cambia el instrumento, pero sí busca que sea más eficaz y que llegue mejor a las familias que lo necesitan.

En términos de implementación, ambas opciones parten con una ventaja: se apoyan en instrumentos que ya existen, lo que reduce el "coste de arranque" institucional y permite introducir cambios sin rediseñar por completo el sistema. A cambio, su alcance es distinto. La reforma del IRPF (mínimo reembolsable) tendría un coste estimado de 1.636 millones de euros y un impacto moderado sobre la pobreza infantil (en torno al 3,6% de reducción de la incidencia). El refuerzo y rediseño del CAPI exigiría un esfuerzo presupuestario mayor: el escenario más ambicioso que se modeliza se sitúa en torno a 9.769 millones de euros de coste total y proyecta una reducción más elevada, aunque en este caso la efectividad depende especialmente de que la prestación alcance a los hogares elegibles.

En resumen, la clave está en invertir antes, invertir mejor y hacerlo de forma estable. También, como apunta Noguera, "es necesario seguir haciendo pedagogía" al respecto. Porque no se trata de añadir una ayuda más o menos, sino de construir un sistema coherente que entienda la protección de la infancia como una política de Estado.

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