Sin pacto no hay futuro: la encrucijada climática de España

La primera Convención del pacto de Estado frente a la emergencia climática celebrada en Ponferrada marca un momento simbólico y político de enorme relevancia. Esta ciudad, en el corazón de la provincia de León, representa tanto el pasado como el futuro de la transición ecológica. Durante décadas fue un epicentro del carbón y hoy es un territorio golpeado por incendios masivos, sequías recurrentes y pérdida de población rural. Allí, en una antigua central térmica reconvertida en centro cultural, se lanzó la idea de alcanzar un gran pacto nacional que responda a la mayor amenaza de nuestro tiempo: el colapso climático y ambiental.

"Se lanzó la idea de alcanzar un gran pacto nacional que responda a la mayor amenaza de nuestro tiempo: el colapso climático y ambiental"

La presencia de destacados miembros del Gobierno demuestra que el tema ha entrado en la agenda política al más alto nivel. Sin embargo, también se evidenció la ausencia de ministros clave, de las fuerzas políticas y de actores sociales y económicos cuya implicación es imprescindible para un verdadero acuerdo de país. 

La emergencia climática ya está aquí

España ya no puede hablar del cambio climático como algo abstracto. El último informe sobre los impactos climáticos es alarmante. Las olas de calor se han multiplicado, convirtiendo el verano en una amenaza para la salud pública. Solo en la última década, más de 11.000 personas han fallecido por temperaturas extremas. España ha perdido más del 20% de sus recursos hídricos disponibles respecto a la media histórica, y el 75% del territorio sufre estrés hídrico o riesgo de desertificación. Las sequías golpean la agricultura, el turismo y el suministro urbano. Los incendios forestales han alcanzado dimensiones inéditas: 400.000 hectáreas ardieron en 2025, superando el récord del 2022.

Estos impactos tienen consecuencias económicas enormes: pérdidas agrícolas, infraestructuras dañadas, producción parada, evacuaciones y reconstrucciones. Pero también son sociales y territoriales: migración climática interna, desigualdades entre regiones, abandono rural, pérdida de biodiversidad y deterioro de la salud. La Agencia Europea de Medio Ambiente no duda en afirmar que España es el país más vulnerable al cambio climático de toda la Unión Europea. Frente a esta realidad, la emergencia climática no es solo ambiental. Es económica, social, territorial, sanitaria e incluso política. Y por ello, requiere un pacto urgente de país.

Lecciones de grandes acuerdos

España no es ajena a los grandes acuerdos nacionales. De hecho, algunos de los momentos más decisivos de la historia reciente se han construido sobre pactos amplios. Los Pactos de la Moncloa (1977) nacieron en plena transición democrática. El Pacto de Toledo (1995) sobre pensiones surgió para garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar. El Pacto contra la Violencia de Género (2017) fue un compromiso político transversal. Estos pactos tienen elementos en común: visión de largo plazo, participación multisectorial, gobernanza compartida, recursos adecuados y seguimiento transparente.

"España no es ajena a los grandes acuerdos nacionales como los Pactos de la Moncloa, el Pacto de Toledo o el Pacto contra la Violencia de Género: todos ellos compromisos políticos transversales"

El cambio climático no se resuelve solo con leyes. Requiere una transformación cultural, económica y territorial profunda. Debe involucrar al Gobierno central como garante de la seguridad nacional, pero también a las comunidades autónomas que tienen competencias en agua, energía, agricultura u ordenación del territorio; a los municipios, que están en primera línea de las inundaciones, los incendios y las olas de calor. Las empresas, grandes y pequeñas, deben transformar su sistema de producción, y los sindicatos, acompañar el empleo del futuro. Los jóvenes, la ciudadanía y el mundo rural exigen un futuro en el que se pueda vivir. Las entidades ambientales y sociales y la comunidad científica ya proponen alternativas. 

Un pacto para el siglo XXI

El pacto debe construir la resiliencia económica, social y ambiental del país. España necesita capacidad de respuesta inmediata ante fenómenos extremos cada vez más frecuentes, pero también transformación estructural a medio y largo plazo. 

Por eso, el pacto debe ser transversal. El clima no es una política sectorial: afecta a la economía, la fiscalidad, la salud, la vivienda, el urbanismo, la seguridad y la innovación. No puede seguir confinado en el Ministerio de Transición Ecológica; debe convertirse en el eje del modelo económico y social de país.

El acuerdo debe ser multinivel. España es un país descentralizado y el clima no entiende de competencias administrativas. El pacto debe articular a Estado, CC. AA., municipios y comunidades locales, con mecanismos reales de cooperación, financiación y corresponsabilidad.

"Un pacto nacional debe alinearse con los compromisos ambientales, políticos y económicos internacionales, posicionando a España como líder de la transición ecológica en Europa"

El pacto debe promover la justicia climática. No todos los territorios sufren ni contribuyen por igual a la crisis climática. Zonas rurales, insulares, litorales o de transición energética necesitan apoyo específico. Debe existir un fondo de cohesión climática que repare desigualdades y garantice oportunidades para todos. Un pacto nacional debe alinearse con los compromisos ambientales, políticos y económicos internacionales, posicionando a España como líder de la transición ecológica en Europa y el Mediterráneo. La acción climática contribuye también a la seguridad nacional, a los intereses geopolíticos y a la defensa y protección civil.

Finalmente, el pacto debe poner en el centro a las personas. No hablamos solo de emisiones de CO₂, sino de salud, empleo, agua, vivienda, alimentación y derechos. Una transición ecológica sin justicia social no tendrá legitimidad. La resiliencia climática debe ser también resiliencia económica y comunitaria.

De la emergencia climática a un nuevo contrato social

El pacto debe ir más allá de la mitigación y abordar también la emergencia ambiental: pérdida de biodiversidad, erosión del suelo, contaminación del aire y del agua. La naturaleza no es un lujo, es infraestructura vital. Restaurar ecosistemas es invertir en prevención y en estabilidad. Cada euro invertido en adaptación ahorra entre cuatro y diez euros en daños futuros.

España tiene capacidad para liderar una transformación profunda. Posee recursos naturales excepcionales, talento científico, empresas innovadoras, ciudadanía informada y una posición estratégica en Europa y el Mediterráneo. Lo que falta es visión de largo plazo, estabilidad y colaboración real entre actores. Un pacto climático ambicioso podría convertirse en un nuevo contrato social verde para el siglo XXI: modernizador, justo y sostenible.

"El éxito dependerá de entender que en el siglo XXI la verdadera política de Estado es la que protege a las personas frente a las crisis climáticas, sociales y económicas"

La Convención de Ponferrada es un primer paso necesario, pero insuficiente sin continuidad. El pacto quedaría reducido a un documento simbólico o a una foto institucional. Para evitarlo, debe pasar del discurso al diseño de una gobernanza clara, con hojas de ruta, financiación y participación vinculante. El éxito no dependerá de lo que firmen los partidos en un día, sino de la capacidad de construir una visión compartida y sostenida en el tiempo. De entender que en el siglo XXI la verdadera política de Estado es la que protege a las personas frente a las crisis climáticas, sociales y económicas.

España ya está pagando el coste de la inacción. Cada año de retraso supone más incendios, más sequía, más pobreza energética, más desigualdad territorial y más gasto en emergencias. La ciudadanía lo sabe. Las empresas lo saben. Los territorios lo viven. La ciencia lo advierte. Solo falta que la política actúe a la altura.

Un pacto climático no es una opción. Es una obligación histórica. No se trata de salvar el planeta, sino de garantizar la vida, el bienestar y la seguridad de nuestra sociedad. El clima no entiende de ideologías ni de legislaturas. Exige responsabilidad, generosidad y visión de país.

Ponferrada ha lanzado la señal. Ahora nos toca construir, entre todos, un auténtico pacto de país frente a la emergencia climática y ambiental. Porque solo con una respuesta colectiva, justa, transversal y ambiciosa podremos afrontar el mayor reto del siglo y convertirlo en una oportunidad para un nuevo modelo de sociedad más resiliente, sostenible y solidaria.