Martes, 28 de julio de 2026
ACCIÓN FISCAL

El precio oculto de la moda: por qué Europa impulsa un IVA verde

Del río Buriganga a los embalses catalanes: la factura hídrica de la moda llega ya a Europa. "España tiene la oportunidad de liderar una moda sostenible, pero eso exige pasar de los discursos a los incentivos", afirma la consultora de asuntos públicos Fátima E. Fernández sobre la propuesta europea de un IVA verde.

Fátima E. Fernández Fátima E. Fernández 24 de octubre de 2025
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Montañas de ropa apiladas en una fábrica textil en Camboya. | Unsplash / François Le Nguyen
Montañas de ropa apiladas en una fábrica textil en Camboya. | Unsplash / François Le Nguyen
Un pantalón vaquero puede necesitar tanta agua como la que una persona consume en más de cinco años. El recurso hídrico que más ahoga al planeta es el que sostiene una industria textil que fabrica más de 100.000 millones de prendas anualmente y descarta el 60% en menos de 365 días. El precio de una prenda es directamente proporcional al tono negro del río Buriganga, en Bangladés: cuánto más barata la ropa, más oscurecen sus aguas. También al número de acuíferos dañados en Tehuacán (México) por la fiebre del denim. La factura de la moda alcanza niveles que rivalizan con los de la luz o el gas en sus peores crisis diplomáticas. Un precio que ya pagan catalanes y andaluces con restricciones por la sequía. 

"El IVA verde es una propuesta que pretende premiar a quienes fabrican o comercializan productos sostenibles y no solo penalizar a los que contaminan"
La cuestión hoy en día ya no es quién recicla o quién de entre todos se resiste al consumismo, sino cómo se reconstruye todo un sistema económico para que ser sostenible no salga más caro. La Unión Europea —y algunos gobiernos como el español (aunque aún es más intención que realidad)— ensaya un nuevo lenguaje político: el de la fiscalidad inteligente, donde el impuesto se convierte en una práctica herramienta climática. A partir de este marco, emerge la idea del IVA verde, una propuesta que pretende premiar a quienes fabrican o comercializan productos sostenibles y no solo penalizar a los que contaminan. Un viaje de la retórica climática a la arquitectura fiscal que podría salvar a las futuras generaciones. Así y tras años de mucho
ecopostureo y pocas líneas rojas, la sostenibilidad empieza a escribirse en los presupuestos.

Bruselas empuja, mientras Madrid titubea 

Durante años, millones de paquetes de plataformas ultrarrápidas cruzaban las fronteras europeas sin pagar un céntimo de IVA. Bastaba con que costaran menos de veintidós euros. Un trato de favor frente a cualquier tienda nacional y de barrio; especialmente injusto con las que sí apostaban por un hacer responsable. En 2021, Bruselas quiso tapar con yeso esta grieta fiscal —que beneficiaba a gigantes como Shein o Temu— y, desde entonces, todas las importaciones tributan con independencia del tamaño del pedido. "El IVA verde no es una subvención encubierta, es una forma de equilibrar el terreno de juego entre quienes hacen las cosas bien y quienes siguen compitiendo a costa del planeta", señala Raúl González, CEO de Ecodicta, la empresa pionera del fashion sharing en España.

Ahora la Comisión Europea es más ambiciosa —o simplemente consciente de que somos de las pocas esperanzas responsables que quedan entre potencias mundiales como EE. UU. y China— y pretende cobrar una tasa de dos euros por cada envío, así como suprimir la exención arancelaria de 150 euros. No se trata solo de recaudar, sino de poner orden en una economía digital que ha convertido el low cost en modelo de negocio y el fraude fiscal en ventaja competitiva.

"El reto está en convertir esta responsabilidad ampliada en una palanca para impulsar la competitividad y no solo un generador de costes, porque la sostenibilidad no puede ser un lujo regulatorio"
En esta línea, el pasado septiembre, el Parlamento Europeo aprobó la revisión
responsabilidad ampliada del productor (RAP) en prendas y calzado. Las nuevas medidas obligarán a todos los productores que comercializan textiles en la UE (incluidas las empresas de fuera del Viejo Continente que venden a través de canales de comercio electrónico) a cubrir los costes de recogida, clasificación y reciclaje de los residuos. El reto está en convertir el RAP en una palanca para impulsar la competitividad y no solo un generador de costes, porque la sostenibilidad no puede ser un lujo regulatorio reservado a las grandes marcas. 

El experto empresario también preside de la recién creada AMES (Asociación de Moda Ética y Sostenible). Una organización que trabaja en la transición hacia una moda ética y regenerativa, y desde donde defiende que la clave es proponer que la RAP no se vea como "un nuevo impuesto más", sino como un contrato entre Estado y sectores: el Estado otorga condiciones favorables (menor IVA, deducciones) a las marcas que dan un paso hacia la circularidad que les permitan crecer en ese nuevo paradigma. "España tiene la oportunidad de liderar una moda sostenible, pero eso exige pasar de los discursos a los incentivos", subraya González. Se trata de una política que bien diseñada puede, además, forzar y canalizar inversión en innovación de ecodiseño, materiales reciclables, procesos de desmontaje eficiente, tecnologías limpias y logística inversa.

Nuestro país sigue aún navegando entre la oportunidad industrial y la lentitud política. El territorio parte con ventajas (como la energía renovable, el tejido de pymes creativas o una sociedad concienciada) y acumula planes, estrategias y borradores, pero la reforma fiscal ecológica sigue esperando su turno en la agenda económica. El resultado es que todavía no contamos con un marco claro que alinee tributación, innovación y circularidad. El CEO de Ecodicta asegura que "un IVA verde en moda y otros sectores sería un estímulo para fomentar un consumo más consciente. Existe una oportunidad para introducirlo en el nuevo anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, impulsada por el ministerio de Bustinduy y, actualmente, abierto a consulta pública". 

Actualmente, nos desenvolvemos en un mercado donde obtiene ventaja quien más contamina. La polución mantiene sus máximos de rentabilidad. Se trata, por tanto, de reconfigurar la economía de fondo, capaz de reordenar el modelo productivo y el empleo. Bruselas acelera hacia impuestos climáticos comunes y una regulación que castiga el greenwashing con la misma severidad con la que antes premiaba la indiferencia. A nivel nacional, en cambio, nos debatimos entre la voluntad y la prudencia. Las empresas del sector lo resumen con claridad: el cambio no se mide en campañas, sino en la tributación. La pregunta es si España quiere estar en el grupo que innova… o en el que solo se adapta.
Fátima E. Fernández
Fátima E. Fernández
Consultora de asuntos públicos e incidencia regulatoria
Economista y Máster en Análisis de Datos, es consultora especializada en asuntos públicos. Trabaja en el punto de encuentro entre política, regulación y comunicación, buscando entender cómo las decisiones públicas moldean lo privado y viceversa.
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