Ceuta: la patria del territorio y la patria de los principios

Decía María Zambrano, que desarrolló en el exilio un pensamiento filosófico profundo sobre, entre otras cosas, la noción de patria y pertenencia, que "la patria verdadera no tiene fronteras: es el lugar donde el corazón puede al fin descansar".

No sé qué pensaría María sobre el patriotismo de frontera que se enarbola desde hace algunas semanas en discursos y reflexiones de toda índole, pero lo puedo imaginar. Tampoco cabe la ingenuidad, y menos desde la reflexión constitucional. No hay duda de que la patria se vincula a la noción de Estado y este se conforma sobre el territorio, la población que lo habita, la soberanía, el gobierno y el ordenamiento jurídico, de modo que cuando el territorio recibe población extranjera de forma descontrolada y en gran número, como sucedió en Ceuta a finales de julio, puede aparecer una sensación de fragilidad de algunos de los elementos clave de la patria jurídica. Para mí, no es la integridad territorial lo más frágil, sino la soberanía, porque esta crisis ha puesto de manifiesto el grado de dependencia de España y del resto de países europeos con frontera exterior respecto de países terceros que actúan como barrera de contención de los movimientos migratorios. Nuestra soberanía cede a las presiones de Marruecos, sea por acción o sea por omisión, con una facilidad preocupante.

Pero ser patriota en una frontera no puede reducirse a pedir un control del territorio o un refuerzo de la soberanía. Hay otros dos elementos clave que se están olvidando.

"Esta crisis ha puesto de manifiesto el grado de dependencia de España y del resto de países europeos con frontera exterior respecto de países terceros"

El primero es que es necesario reforzar la acción de gobierno (no solo del Gobierno). La respuesta ha sido hasta ahora lenta e insuficiente. No voy a detenerme en la reacción a la entrada y sus circunstancias. Ya se ha hablado mucho y se hablará mucho aún de la cuestión. Me refiero, remitiéndome a mi artículo sobre la entrada en vigor del PEMA, al hecho de que desde el 12 de junio España debería haber desarrollado y previsto las modalidades concretas y prácticas de aplicación del triaje, como herramienta de aplicación del Plan Europeo de Migración y Asilo. Eso que se ha dado en llamar la "filiación", que no es otra cosa que la identificación individualizada y la determinación de las condiciones de vulnerabilidad de los recién llegados (de forma regular o irregular), con el objetivo subsiguiente de valorar quiénes de entre ellos son susceptibles de recibir protección internacional y quiénes no, y, ante la ausencia de título habilitante para la entrada, deben ser retornados. Dicho de forma algo más precisa, el Reglamento (UE) 2024/1356 obliga a someter a triaje a quienes cruzan irregularmente una frontera exterior, exigiendo, con la identificación, controles de salud, seguridad y vulnerabilidad y la detección, con personal especializado, de situaciones que requieran especial protección. Para hacerlo efectivo se necesitan estructuras, personal formado, intérpretes y mecanismos capaces de identificar necesidades individuales, también en situaciones de llegada masiva. Y esos recursos debían haber estado disponibles antes de que se produjera la crisis. Es decir, la acción de gobierno falló, pero no donde se está poniendo el foco.

Efectivamente, la llegada fue de una dimensión tal que seguramente cualquier medio existente se hubiera visto desbordado. El ministro del Interior ha estimado ante el Congreso que unas 72.000 personas entraron irregularmente en la ciudad los días 30 y 31 de julio. La mayoría regresó a Marruecos en las primeras 24 horas y, según sus datos, alrededor de 5.000 permanecen todavía en Ceuta. Demasiado para infraestructuras inexistentes. Ya el 7 de agosto, una semana después de las entradas, el Defensor del Pueblo advertía de que cientos de personas, "muchas de ellas menores", seguían esperando una respuesta y reclamaba algo tan elemental como que se hablase con ellas, se las escuchara y se aplicara la legalidad. Tres semanas después de las entradas, las autoridades seguían buscando espacios en los que concentrar a las personas para poder filiarlas y realizar los triajes. Empezar con el triaje un mes después es empezar un mes tarde.

El segundo es que la patria también debe concebirse como identidad, en particular como identidad constitucional. Una democracia es también una comunidad política que se reconoce en unas determinadas reglas sobre cómo puede ejercerse el poder, y la Constitución española sitúa, en el art. 10.1, la dignidad de la persona —no de la persona española— y los derechos inviolables que le son inherentes como fundamento del orden político y de la paz social.

"Una democracia es también una comunidad política que se reconoce en unas determinadas reglas sobre cómo puede ejercerse el poder"

Esto no significa borrar la diferencia jurídica entre nacionales y extranjeros que la propia Constitución reconoce en su art. 13 CE. El Estado puede controlar sus fronteras, establecer condiciones de entrada y permanencia y acordar el retorno de quien carezca de título para permanecer en su territorio. De eso no cabe duda, y el TC viene explicando, desde la STC 107/1984, que la Constitución no atribuye idéntica posición jurídica a españoles y extranjeros. Pero también ha afirmado que existen derechos que, por su conexión con la dignidad humana, pertenecen a toda persona con independencia de su nacionalidad y ni el derecho de extranjería ni las situaciones excepcionales pueden colocar a nadie fuera de la Constitución (STC 136/2007). En el siglo XXI, sin Constitución tampoco hay patria.

Y la Constitución habla de solidaridad entre las nacionalidades y regiones que integran España (arts. 2 y 138 CE), lo que debiera exigir un comportamiento distinto de algunas comunidades autónomas respecto del problema que afecta —por meras razones geográficas— a la Ciudad Autónoma de Ceuta (lo mismo que antes afectó a Canarias); dice que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos (art. 39.4 CE), lo que incluye, por referencia a esos acuerdos, una garantía del derecho a ser oídos y no ser devueltos sin procedimiento, sean marroquíes o sudaneses; dice que todas las personas (también los extranjeros) tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión (art. 24.1 CE), derecho que presupone que cualquier acto administrativo, como el retorno o la expulsión, debe adoptarse con garantías y siguiendo un procedimiento que luego pueda ser controlado judicialmente, razón que llevó al Tribunal Supremo a negar en julio que pueda devolverse sin procedimiento a quien entró a nado en aguas españolas; y podríamos seguir comentando otros principios y derechos.

La preparación para una crisis migratoria o para una crisis de garantía de la integridad territorial (aún estamos debatiendo sobre la tipología de la crisis) no puede consistir exclusivamente en disponer de capacidad policial para controlar una frontera. Debe incluir capacidad administrativa para identificar personas, capacidad sanitaria y social para detectar vulnerabilidades, capacidad jurídica para garantizar asistencia e información y capacidad de protección para hacerse cargo inmediatamente de los menores y capacidad para distinguir, individualmente, entre quién debe acceder a protección internacional, quién necesita otras formas de protección y quién puede ser sometido a un procedimiento de retorno. No olvidemos que no fueron soldados quienes entraron en Ceuta en julio. Fueron hombres, mujeres, niños y niñas desarmados.

"La preparación para una crisis migratoria o para una crisis de garantía de la integridad territorial no puede consistir exclusivamente en disponer de capacidad policial para controlar una frontera"

Esto nos devuelve al patriotismo. La bandera enarbolada contra los migrantes y la violencia contra las personas extranjeras no son conductas patrióticas. Porque defender España no puede reducirse a defender el territorio español frente a quien viene de fuera. Defender España significa también defender el Estado de derecho que existe dentro de esas fronteras.

No protegemos los derechos de las personas migrantes porque sean españolas. Los protegemos precisamente porque nosotros lo somos. Porque la policía que las identifica es nuestra policía; la Administración que decide sobre su situación es nuestra Administración; las leyes que regulan esos procedimientos son nuestras leyes; y la Constitución que limita el ejercicio de ese poder es nuestra Constitución. La frontera de Ceuta delimita el territorio español y, al mismo tiempo, constituye una frontera exterior de la Unión Europea. Pero no delimita la vigencia de los derechos. Al contrario: cuanto más intenso es el poder público y menor la capacidad de una persona para defenderse frente a él, mayor importancia adquieren las garantías que lo limitan. Quizá por eso la frontera sea uno de los mejores lugares para medir la calidad de un Estado de derecho. Y quizá ser patriota consista también en exigir que, precisamente allí donde comienza España, comiencen también a aplicarse plenamente las reglas que hemos decidido que definen lo que España es.