¿Ignora el veto a las redes sociales la complejidad tecnológica actual? Joan Barata advierte sobre las deficiencias de una norma que elude el debate de la Ley de Servicios Digitales. Frente a propuestas "más propias del debate y la propaganda política", el investigador en libertad de expresión y regulación exige tratar a los jóvenes como "sujetos activos, titulares de derechos".

"Intervenir sobre la 'plaza pública digital' es hoy una necesidad democrática", asegura el director del Programa de Digitalización y Democracia de IDEA Internacional, Alberto Fernández Gibaja. En esta línea, destaca que si "la capacidad de decidir qué es y qué no es desinformación" recae en un gobierno, puede "ser peligroso", aunque valora positivamente otras medidas propuestas como, por ejemplo, "mitigar los efectos de la amplificación algorítmica", porque "nuestras democracias se construyen sobre una infraestructura digital que no controlamos".

A raíz de la polémica con la regulación de las plataformas digitales en España, la periodista económica Belén Carreño se pregunta "qué ganan las grandes redes sociales con la adicción de los menores". Entre sus hallazgos, destaca los altos beneficios económicos, de "casi 11.000 millones de dólares" y pide a la sociedad "tomar conciencia de la adicción y otras consecuencias indeseadas" de estas plataformas.

The new initiative from Pedro Sánchez to restrict access to social networks for minors under age 16 goes beyond child protection: it’s an attempt to reclaim regulatory power from global platforms that operate outside of European control. Strategic autonomy isn’t only about infrastructure or data but the political capacity to impose limits on those who dominate the digital ecosystem.

La iniciativa de Pedro Sánchez para restringir el acceso de los menores de dieciséis años a las redes sociales apunta más allá de la protección infantil. Es un intento de recuperar poder regulatorio frente a plataformas globales que operan fuera del control europeo. La autonomía estratégica no depende solo de infraestructuras o datos, sino de la capacidad política para imponer límites a quienes dominan el ecosistema digital.

Joan Barata, que investiga sobre libertad de expresión y regulación de medios y plataformas, sostiene que "una prohibición radical" del acceso de los menores a las redes sociales es "una solución simplista". Así, pide romper con una visión "adultocéntrica" e implicar a los propios niños y niñas en el desarrollo de políticas que eviten los "riesgos", al tiempo que entienden el espacio digital como "un marco destacado de expresión, participación, aprendizaje y formación de comunidades".

Todos estos jóvenes que están en centros de acogida se harán mayores y, les guste más o menos al ejército de odiadores, serán ciudadanos españoles igual que el resto. De la apuesta que se haga ahora con ellos, de la capacidad que tengamos, no solo de cubrir sus necesidades básicas, sino de generar mecanismos de formación y de inclusión que les ayuden a seguir sus aspiraciones vitales, dependerá, no solo su futuro, sino también el efecto que tengan en nuestra sociedad.