Lecciones sobre Ceuta: qué debemos aprender para que no vuelva a ocurrir y reaccionar mejor ante este tipo de crisis

El 30 de julio, Ceuta pasó en pocas horas de una situación de presión creciente a un desbordamiento sin precedentes. Cerca de 80.000 personas, según datos provisionales, cruzaron la frontera, desbordando la capacidad de los dispositivos fronterizos y de acogida. La respuesta posterior fue rápida: se movilizaron recursos, se intensificó la cooperación con Marruecos y, pocos días después, más de 70.000 personas habían salido de la ciudad. Ambas realidades forman parte del mismo episodio. La rapidez de la respuesta demuestra que España disponía de medios para recuperar el control de la situación. Y el desbordamiento inicial obliga, sin embargo, a preguntarse si algunos de esos mecanismos podrían haberse activado antes. El caso de Ceuta debe obligarnos a sacar lecciones aprendidas y a adoptar medidas para que no vuelva a ocurrir nada similar.

La primera lección de Ceuta se encuentra precisamente en ese intervalo: entre el momento en que aparecen las primeras señales y aquel en que la crisis ya resulta evidente para todos. Anticipar no significa conocer de antemano la fecha, la forma y el volumen exacto de una entrada. Significa utilizar ese margen para preparar la frontera, la acogida y los servicios de la ciudad antes de que alcancen su límite. El 29 de julio, la ciudad autónoma comunicaba más de 1.500 llegadas por mar en los días anteriores, con jornadas de más de doscientas entradas y unos recursos de acogida saturados. Ceuta atendía ya a 570 menores, frente a 180 solo diez días antes. La comparecencia de la ministra de Defensa del 25 de agosto sitúa además actividad organizada en redes desde el 9 de julio, un aumento significativo de los cruces a nado entre el 12 y el 26 y convocatorias difundidas el día 29 para entrar al día siguiente. Con estos datos no se demuestra que la crisis pudiera predecirse con exactitud, pero sí está claro que el riesgo estaba aumentando. En consecuencia, más que intentar saber por qué nadie adivinó lo que iba a ocurrir, es preciso abordar qué hacemos cuando varias señales coinciden, pero todavía no existe certeza sobre su alcance.

"Anticipar no significa conocer de antemano la fecha, la forma y el volumen exacto de una entrada"

España dispone de sistemas de información y de profesionales capaces de identificar cambios en las rutas. El problema aparece cuando esa información no se traduce a tiempo en decisiones. Para anticipar hay que establecer quién puede activar medidas preventivas, con qué indicadores y qué recursos puede movilizar sin esperar a que la emergencia ya sea evidente. Preparar personal adicional, capacidad de acogida, identificación y traslados no equivale a declarar una crisis ni, por supuesto, a militarizar la frontera. Estas medidas son flexibles, en tanto que pueden adaptarse o retirarse si el riesgo disminuye. En cambio, una política que espera a tener todos los datos será siempre una política reactiva.

Un ejemplo ocurrido dos semanas después del incidente pone en práctica esta primera lección: circularon en redes sociales rumores de que otra entrada masiva parecida ocurriría a mediados de agosto, pero en esta ocasión las fuerzas y cuerpos de seguridad de ambos países se desplegaron a tiempo y no hubo ningún cruce.

La segunda lección es que una mejora general de las cifras puede ocultar un deterioro rápido en una ruta concreta. A mediados de julio, las llegadas irregulares al conjunto de España habían disminuido un 25% y en Canarias lo habían hecho un 61%. Al mismo tiempo, las entradas terrestres en Ceuta habían aumentado un 150% respecto al mismo periodo de 2025. España podía presentar un balance favorable y, sin embargo, una de sus fronteras se acercaba rápidamente al límite de su capacidad. Hay que recordar que las rutas migratorias no evolucionan de manera aislada. Una reducción en Canarias puede convivir con un incremento en Ceuta, Baleares o la Península como consecuencia de mayores controles, cambios en la cooperación exterior o decisiones de las propias personas y de las redes que facilitan los trayectos. Una relajación de las medidas basada únicamente en el dato global o en una tendencia corre el riesgo de que se detecte demasiado tarde dónde se está acumulando la presión.

"Una mejora general de las cifras puede ocultar un deterioro rápido en una ruta concreta"

La tercera lección es que la cooperación exterior resulta imprescindible, pero no sustituye la capacidad propia. La reducción de las llegadas por algunas rutas no puede entenderse sin el trabajo realizado con Marruecos, Mauritania, Senegal y otros países de origen y tránsito. Esa cooperación debe continuar y reforzarse porque permite prevenir salidas peligrosas, luchar contra las redes, facilitar retornos y crear oportunidades y vías de movilidad legal. Sin embargo, la cooperación migratoria nunca es completamente estable. Al depender de las relaciones políticas, de las prioridades de cada gobierno y de la capacidad de las autoridades sobre el terreno, existen momentos de mayor o menor colaboración entre países. Por ello, una política migratoria sólida debe prever qué ocurriría si esa colaboración se reduce, se retrasa o se concentra en una ruta mientras la presión se desplaza hacia otra.

La cuarta lección es que recuperar el control de la frontera no significa que la crisis haya terminado. La salida de la inmensa mayoría de quienes entraron redujo rápidamente la presión inmediata, pero casi un mes después todavía permanecen en Ceuta varios miles de personas pendientes de una solución. De hecho, el Gobierno reconocía el 26 de agosto que todavía no conocía la cifra exacta, porque muchas personas continuaban sin estar inscritas. La situación de los menores es una muestra especialmente clara de que esta crisis, en realidad, continúa. Ese mismo día 26 de agosto, Interior corrigió la cifra de menores identificados y la situó en unos 1.500 después de eliminar expedientes duplicados. Este dato incluye a menores que ya estaban bajo tutela antes del 30 de julio y todavía puede aumentar. Además, cerca de trescientas niñas continuaban alojadas en instalaciones improvisadas por asociaciones vecinales, a la espera de incorporarse al sistema de protección. El hecho de que el Gobierno siga habilitando plazas y buscando soluciones casi un mes después confirma que la emergencia fronteriza ha dado paso a una crisis administrativa, social y de protección que todavía no está resuelta.

"La salida de la inmensa mayoría de quienes entraron redujo rápidamente la presión inmediata, pero todavía permanecen en Ceuta varios miles de personas pendientes de una solución"

Cada una de las personas que permanece en Ceuta necesita una decisión individual. Hay que completar su identificación, determinar si solicita protección internacional, comprobar si existe alguna situación de vulnerabilidad y establecer qué procedimiento corresponde. En el caso de los menores, hay que verificar la edad cuando existan dudas, asumir la tutela, localizar a sus familiares y decidir si procede una reagrupación, una derivación a otra comunidad autónoma o, cuando se cumplan todas las garantías y responda a su interés superior, una repatriación. Los resultados no serán iguales, pero todos los expedientes tendrán que resolverse.

El Pacto Europeo de Migración y Asilo, aplicable desde el 12 de junio, ofrece además instrumentos para acelerar parte de esta tramitación. Establece que el registro y la evaluación inicial de quienes llegan irregularmente a una frontera exterior deben realizarse, en principio, en un máximo de siete días. También contempla procedimientos fronterizos de asilo de hasta doce semanas para determinados perfiles. A este respecto, la inclusión de Marruecos en la lista europea de países de origen seguros permite examinar más rápidamente las solicitudes de sus nacionales, aunque no autoriza a rechazarlas automáticamente. Acelerar la tramitación no significa prescindir de estas salvaguardias, sino proporcionar los medios necesarios para aplicarlas sin prolongar innecesariamente la incertidumbre.

España ha demostrado recientemente que puede aumentar enormemente su capacidad administrativa cuando una tramitación se convierte en una prioridad. Durante la regularización extraordinaria de este año recibió 1.174.978 solicitudes y, un mes después de terminar el plazo de presentación, 609.737 ya habían sido tramitadas. Teniendo en cuenta que la comparación no es exacta, ya que una autorización de residencia para una persona que ya vive en España no plantea las mismas dificultades que tramitar los expedientes de los recién llegados a Ceuta, las cifras sí demuestran que, cuando existe una prioridad política, pueden reforzarse equipos, habilitarse nuevos canales y movilizarse apoyos técnicos para absorber un volumen extraordinario de expedientes. Mi recomendación es aplicar esa misma lógica, a una escala mucho menor, a Ceuta. Desde los primeros días podría haberse constituido un dispositivo temporal con funcionarios de protección internacional y extranjería, policía, fiscalía, servicios de menores, intérpretes, asistencia jurídica y enlaces consulares. El objetivo no sería resolver todos los casos de la misma manera ni reducir las garantías, sino examinar cada situación cuanto antes y ejecutar con rapidez la solución que corresponda. De hecho, aún estamos a tiempo.

"Cuando existe una prioridad política, pueden reforzarse equipos, habilitarse nuevos canales y movilizarse apoyos técnicos para absorber un volumen extraordinario de expedientes"

La capacidad de reacción no puede medirse únicamente por el número de personas que salieron de Ceuta durante los primeros días. También debe evaluarse por el tiempo que se necesita para ofrecer una respuesta legal a quienes permanecen y para que la ciudad recupere su funcionamiento ordinario. Respetar las garantías exige estudiar cada caso, pero no obliga a hacerlo lentamente. Una crisis así continúa aun cuando desaparecen las imágenes de la frontera. Y solo concluye cuando las personas dejan de vivir en la provisionalidad y la ciudad deja de soportar sus consecuencias.

La última lección es europea. Ceuta forma parte de la frontera exterior de la Unión, pero la gestión inicial de la crisis siguió dependiendo fundamentalmente de España y de su relación bilateral con Marruecos. El Pacto Europeo de Migración y Asilo, aplicable desde el 12 de junio, contempla instrumentos de solidaridad y apoyo operativo para los Estados sometidos a presión. La utilidad de esos mecanismos dependerá de que puedan activarse con rapidez y no solo cuando el desbordamiento ya se ha producido.

España debería conocer de antemano qué apoyo puede solicitar, qué personal o recursos puede recibir, cómo pueden organizarse los traslados y cuánto tarda cada instrumento en ponerse en marcha. La solidaridad europea no puede limitarse al respaldo político posterior, sino que debe formar parte de la preparación. Ceuta no demuestra que España carezca de control sobre su política migratoria, pero tampoco se debe concluir que el sistema funcionase plenamente porque la mayoría de las personas saliera de la ciudad en pocos días. Esta crisis muestra una capacidad notable para reaccionar una vez activados todos los recursos, pero también una dependencia excesiva de que la cooperación exterior se mantenga, de que las rutas evolucionen como se esperaba y de que la crisis sea ya visible para movilizar la respuesta.

"La solidaridad europea no puede limitarse al respaldo político posterior, sino que debe formar parte de la preparación"

En conclusión, no deberíamos necesitar que una frontera y una ciudad alcancen el límite de su capacidad para poner en marcha todos los mecanismos disponibles. Anticipar no significa acertar la fecha ni el número de la próxima crisis. Significa estar preparados para que, cuando las previsiones fallen, la gestión no falle con ellas.