La trampa geopolítica en las fronteras de la UE

La gobernanza de los flujos migratorios se ha consolidado como el vector más vulnerable a la polarización y a la desinformación dentro del ecosistema político de la Unión Europea. El último y más preocupante ejemplo de esta deriva ha sido la reciente carta conjunta remitida a la Comisión Europea y al Consejo Europeo por veintidós mandatarios de Estados miembros, un bloque coligado bajo liderazgos como los de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. En dicho documento, se cuestiona de manera directa la soberanía legislativa de España, pretendiendo asociar de forma causal las tensiones de seguridad vividas en la frontera autónoma de Ceuta con la histórica aprobación de la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación irregular.

Como coordinador general de esta iniciativa ciudadana, considero un deber democrático, institucional e intelectual desmontar un relato que no solo adolece de una severa falta de rigor técnico, jurídico y lógico, sino que incurre en un cortoplacismo analítico alarmante. He respondido de manera directa a estos veintidós líderes comunitarios a través de una carta abierta. El diagnóstico emitido desde las cancillerías firmantes confunde de forma deliberada las causas con las consecuencias. Al hacerlo, sitúa a la arquitectura institucional de la Unión en una posición de extrema debilidad estratégica frente a los verdaderos actores estatales y paraestatales que instrumentalizan las fronteras y los derechos humanos.

El origen democrático frente al falso relato del "efecto llamada"

El primer gran error de análisis de los veintidós mandatarios radica en la incomprensión de los resortes democráticos internos de España y de la propia naturaleza jurídica de la medida de regularización. Pretenden proyectar la imagen de que este proceso responde a una agenda discrecional, unilateral y partidista del poder ejecutivo central. Sin embargo, la cronología parlamentaria y la realidad de los hechos contradicen frontalmente este enfoque sesgado. Tal como les he recordado de forma taxativa en la misiva: "Esta regularización no fue impulsada por Pedro Sánchez ni por su Gobierno. Durante cinco años estuvieron bloqueándola en el Congreso hasta que la presión social forzó su aprobación".

"El primer gran error de análisis de los veintidós mandatarios radica en la incomprensión de los resortes democráticos internos de España y de la propia naturaleza jurídica de la medida de regularización"

Esta ley no brotó de un despacho ministerial, sino que fue articulada, sostenida y conquistada gracias a la persistencia de la sociedad civil española. Una movilización que coordinó a 17.000 voluntarios durante un año completo de recogida de firmas en las calles y que sumó el aval explícito de más de 1.000 organizaciones sociales de todas las sensibilidades políticas, confesionales e ideológicas. Este empuje democrático logró reunir más de 700.000 firmas, quebró el inmovilismo parlamentario y desembocó en una votación histórica en las Cortes Generales: 310 votos a favor frente a tan solo 33 en contra. Nos encontramos, por tanto, ante "un mandato del pueblo español, no una estrategia política impuesta desde arriba".

Más allá de su inobjetable legitimidad de origen, el argumento técnico de que esta medida opera como un "efecto llamada" se desmorona por completo ante el más elemental examen de derecho comparado. A este respecto, la carta es meridiana: "La regularización extraordinaria aprobada en España es estrictamente retroactiva. Se aplica exclusivamente a las personas que demostraron que ya vivían, trabajaban y estaban arraigadas en nuestra sociedad antes de finales de 2025". El texto normativo corta de raíz cualquier expectativa de flujo, ya que "no otorga absolutamente ningún derecho a quienes cruzan ilegalmente la frontera hoy". Este mecanismo excepcional, que congela el derecho en una fecha fija del pasado, actúa, precisamente, como un factor de ordenación y desincentiva la aventura migratoria irregular inmediata.

Ceuta y el chantaje de Marruecos: un ataque a la soberanía, no una crisis migratoria

Si el diagnóstico sobre las leyes internas españolas es defectuoso, la lectura geopolítica que los veintidós mandatarios realizan sobre los sucesos del perímetro fronterizo de Ceuta resulta alarmantemente ciega. Pretender que las tensiones y asaltos en la valla norteafricana son la consecuencia de la regularización constituye una preocupante dejación de funciones analíticas que exime de responsabilidad al verdadero causante de la crisis. He trasladado a los líderes europeos una distinción que resulta crucial para la defensa de la Unión: "Europa no ha sufrido una crisis migratoria en Ceuta; Europa ha sufrido un ataque a su soberanía territorial".

"Europa no ha sufrido una crisis migratoria en Ceuta; Europa ha sufrido un ataque a su soberanía territorial"

La evidencia empírica demuestra que el fenómeno observado no respondió a dinámicas migratorias de carácter espontáneo provenientes del África subsahariana. Por el contrario, "las autoridades marroquíes abrieron deliberadamente las fronteras, filtrando la entrada de sus propios ciudadanos y bloqueando la de los migrantes subsaharianos". Se trató de una "maniobra política calculada para enviar un mensaje a Europa sobre sus ambiciones históricas respecto a este territorio, que es español desde 1580". Un pulso diplomático que, de forma trágica y condenable, se ha cobrado la vida de más de un centenar de personas.

Este patrón de conducta por parte del Reino de Marruecos dista mucho de ser una anomalía o un hecho aislado. El uso de la presión migratoria desregulada como arma de coacción en su política exterior se remonta históricamente a la Marcha Verde sobre el Sáhara Occidental en 1975 y encuentra su réplica exacta en los sucesos de mayo de 2021, cuando cerca de 20.000 personas accedieron a Ceuta ante la calculada inacción en las vallas fronterizas de la policía alauita.

Las oscilaciones de tensión en la frontera coinciden de forma exacta con la agenda de alianzas del Estado español en el Magreb. El restablecimiento del Tratado de Amistad con Argelia el pasado 20 de julio reactivó las alarmas estratégicas de Rabat ante el temor a un repliegue español en su postura sobre el Sáhara Occidental. La reciente sentencia del Tribunal Supremo español, que impide las devoluciones en caliente cuando la entrada se ha realizado a nado, no ha sido la causa del conflicto, sino simplemente la "coartada que el Gobierno marroquí necesitaba para repetir la acción de 2021".

El tablero transatlántico y la deslealtad comunitaria

La problemática adquiere dimensiones aún más sistémicas si evaluamos las dinámicas extracomunitarias. El pasado 15 de julio de 2026, el Congreso de los Estados Unidos aprobó un paquete presupuestario que incluía un informe de la Cámara donde se describía a Ceuta y Melilla como "ciudades administradas por España ubicadas en territorio marroquí". La vulnerabilidad fronteriza de España "también se está instrumentalizando al otro lado del Atlántico con fines electorales internos, utilizando imágenes de esta 'invasión' para asustar a los votantes estadounidenses".

Ante este escenario, la respuesta de los veintidós firmantes de la UE resulta incomprensible. En lugar de solidarizarse con un Estado miembro cuyos límites territoriales representan las fronteras exteriores de la propia Unión, los mandatarios deslizan amenazas políticas y proponen la fractura del espacio Schengen con España.

Esta postura constituye "una doble deslealtad con España y con Europa: no reconocen un ataque a las fronteras europeas y abandonan los valores fundamentales que fundaron nuestra Unión". Al focalizar sus críticas en el marco sociolaboral español, los líderes comunitarios "ignoran al verdadero agresor. Culpan a la víctima de un chantaje geopolítico y, al amenazar con romper el espacio Schengen, hacen precisamente lo que los enemigos de una Europa unida quieren: fracturar nuestra Unión desde dentro".

Pragmatismo, dignidad y seguridad: el modelo de la ILP

El dilema de la gobernanza europea no reside en escoger entre la protección de las fronteras o el respeto a la dignidad humana; ambos conceptos son interdependientes en un Estado de derecho institucionalizado. "Europa debe defender sus fronteras exteriores con firmeza, a la vez que gestiona su realidad interna con pragmatismo y dignidad humana".

"El dilema de la gobernanza europea no reside en escoger entre la protección de las fronteras o el respeto a la dignidad humana; ambos conceptos son interdependientes en un Estado de derecho institucionalizado"

Mantener de forma indefinida a cientos de miles de trabajadores esenciales en un limbo de irregularidad administrativa no detiene los flujos de origen; únicamente deprime sus salarios, precariza sus condiciones laborales y engrosa los márgenes de la economía sumergida. Las personas objeto de la regularización en España no representan una hipótesis de futuro, sino un activo económico presente. Estas personas "ya estaban aquí. Cultivan nuestros alimentos, cuidan de nuestros mayores y construyen nuestra infraestructura. Sacarlas de la economía sumergida es una cuestión de justicia, sensatez económica y seguridad".

Si la Unión Europea desea proyectar una imagen de auténtica fortaleza ante potencias extranjeras que instrumentalizan el sufrimiento humano, la estrategia no puede ser el repliegue insolidario ni la asimilación de discursos populistas.

Por ello, concluyo mi interpelación a los líderes europeos con una propuesta de acción afirmativa: "Si de verdad quieren dar una respuesta firme y unificada a quienes instrumentalizan a seres humanos contra nosotros, sigan el ejemplo de la sociedad española. Sean valientes. Regularicen la situación de sus trabajadores indocumentados, quienes ya forman parte de sus sociedades y economías". Solo demostrando que la estabilidad interna de la Unión se asienta firmemente sobre "los derechos humanos, la integración y el Estado de derecho" podremos blindar el proyecto europeo frente a injerencias externas.