Lunes, 17 de agosto de 2026
POLÍTICA DIGITAL
La economía política de la mentira
"Lo que parece cierto termina eclipsando lo que realmente lo es". Con esta idea, Javier Hernández Díaz, jurista, ahonda en cómo la desinformación se ha convertido en una amenaza estructural para las democracias. En su análisis estudia el papel de los algoritmos, la economía de la atención y las narrativas emocionales, y plantea la urgencia de articular límites jurídicos y políticas públicas capaces de recuperar la confianza informativa.
Como señala el autor, el auge de la tecnología facilita y amplifica la información que se genera en todo el mundo.Unsplash / Tenten Co
La digitalización de la información ha reconfigurado por completo el ecosistema comunicativo contemporáneo. Si en el pasado los flujos informativos eran verticales, jerárquicos y arbitrados por instituciones que actuaban como filtros de legitimidad (como los medios tradicionales o el sistema educativo), hoy predominan lógicas horizontales y altamente desestructuradas, como ocurre con fenómenos como la creación masiva de contenido por parte de usuarios en redes sociales o con el uso de inteligencia artificial (IA) generativa que produce textos, imágenes y vídeos indistinguibles de los reales. Esta aparente horizontalidad ha propiciado una paradoja crucial: cuanta más información circula, más frágil se vuelve nuestra capacidad para discernir su calidad, veracidad o relevancia. En ese espacio sin coordenadas comunes, la desinformación prospera con una eficacia inquietante.
El resultado es un entorno de hipervisibilidad de lo verosímil, una suerte de espejismo informativo donde lo que parece cierto eclipsa lo que realmente lo es. En ese flujo constante de datos, la apariencia de verdad sustituye a la contrastación, y la construcción de la opinión pública se vuelve cada vez más vulnerable a la manipulación interesada. El problema no es simplemente la existencia de contenido falso, sino la imposibilidad práctica de establecer marcos compartidos desde los cuales evaluar y contrastar informaciones divergentes.
Tampoco debe olvidarse que la veracidad es, en el orden constitucional, una garantía institucional del pluralismo político, entendido como el derecho objetivo de la ciudadanía a recibir información diversa y fundamentada que le permita conformar una opinión libre. Como tal, no otorga un derecho subjetivo directo a impugnar contenidos falsos, pero sí obliga a los poderes públicos a desarrollar un sistema de medios plural, libre y veraz. En esa lógica, la desinformación masiva, sobre todo cuando es sistémica, ataca ese interés general y justifica la adopción de medidas que restrinjan o mitiguen sus efectos.
Importa subrayar que este marco no persigue la instauración de una "verdad oficial" ni supone un repliegue autoritario sobre las libertades informativas. Por el contrario, se orienta a la garantía de un espacio público estructurado bajo principios de transparencia, verificabilidad y pluralismo. Los poderes públicos no deben actuar como custodios de la verdad, sino como garantes de las condiciones que permiten a la ciudadanía deliberar en libertad. Eso implica intervenir en la arquitectura de los entornos digitales para que el debate público no sea capturado por lógicas de desinformación sistémica.
Simultáneamente, el trabajo de redes independientes de verificación, como las integradas en la International Fact-Checking Network, evidencia que es posible desarrollar métodos autónomos y rigurosos de vigilancia informativa sin vulnerar derechos fundamentales. Estas iniciativas, cuando se articulan con instituciones democráticas, refuerzan la transparencia y aumentan la resiliencia de las sociedades frente a la desinformación.
No obstante, estas estrategias solo tienen éxito si se insertan en una concepción más amplia del ecosistema comunicativo. La desinformación no es un problema que pueda resolverse exclusivamente desde la óptica de la corrección puntual. Es necesario intervenir en sus condiciones estructurales de posibilidad: las asimetrías cognitivas, la precariedad educativa, la opacidad algorítmica, la fragilidad de los vínculos institucionales y el debilitamiento del pacto que sostenía el espacio público.
Esta tarea exige voluntad política, compromiso institucional y un debate social sostenido. Es imprescindible que la regulación de la desinformación se construya desde una perspectiva garantista, que equilibre la protección de los derechos individuales con la defensa del interés colectivo. El objetivo no es censurar, sino asegurar que todas las voces puedan expresarse en condiciones de igualdad y que el discurso público no se vea secuestrado por la manipulación interesada.
En este sentido, el marco constitucional y los principios del Derecho europeo e internacional ofrecen instrumentos suficientes para guiar esta regulación. Se trata de construir marcos normativos que promuevan la información de calidad, estimulen el pluralismo y sancionen aquellas prácticas que, de forma deliberada, alteran el debate público mediante falsedades sistemáticas.
Hoy, como entonces, la lucha por la información es una lucha por el poder. Pero las condiciones han cambiado: la escala es global, la tecnología es instantánea y las consecuencias afectan a la cohesión misma de nuestras democracias. Por eso, no basta con adaptarse a los nuevos entornos: es necesario construir activamente espacios públicos justos, donde la verdad no se imponga, pero tampoco quede reducida a la irrelevancia. Se trata de preservar la posibilidad del disenso informado, del pluralismo razonado y de construcción de una convivencia democrática basada en la palabra compartida. Esa es la tarea política y ética que la era digital nos impone. Y solo así podremos desmontar, críticamente, el espejismo que amenaza con confundir el ruido con el sentido, la apariencia con la verdad.
"La desinformación debe ser entendida como un fenómeno complejo, funcionalmente estructurado para alterar la comprensión social de la realidad"No se trata, en efecto, de simples errores o datos aislados inexactos. La desinformación de nuestro tiempo debe ser entendida como un fenómeno complejo, funcionalmente estructurado para alterar la comprensión social de la realidad. Su eficacia no depende tanto de la falsedad abierta como de la capacidad de erosionar los marcos colectivos de interpretación. No pretende sustituir la verdad por una falsedad, sino disolver la posibilidad misma de alcanzar consensos mínimos sobre lo real. Operando mediante ambigüedades, verdades parciales y distorsiones de contexto, la desinformación desplaza la confianza hacia narrativas donde la emocionalidad suplanta la evidencia y el escepticismo sustituye a la deliberación.
Cómo las plataformas digitales amplifican la desinformación
En esta mutación del espacio público, las plataformas digitales han desempeñado un papel estructural. No son simples canales, sino arquitecturas algorítmicas que priorizan interacciones de alto impacto afectivo, favoreciendo la circulación de contenidos polarizantes o sensacionalistas. Esta economía de la atención, basada en la extracción de datos y en la maximización del tiempo de permanencia, desplaza cualquier criterio en favor de la lógica comercial propia del capitalismo digital. Lo que genera reacciones intensas se visibiliza; lo que exige matiz y evidencia tiende a desaparecer del campo cognitivo compartido.El resultado es un entorno de hipervisibilidad de lo verosímil, una suerte de espejismo informativo donde lo que parece cierto eclipsa lo que realmente lo es. En ese flujo constante de datos, la apariencia de verdad sustituye a la contrastación, y la construcción de la opinión pública se vuelve cada vez más vulnerable a la manipulación interesada. El problema no es simplemente la existencia de contenido falso, sino la imposibilidad práctica de establecer marcos compartidos desde los cuales evaluar y contrastar informaciones divergentes.
Regulación democrática: límites legales contra la desinformación
Desde una perspectiva jurídica y democrática, este escenario plantea un desafío de primera magnitud. La libertad de expresión y el derecho a recibir información son pilares de los sistemas democráticos contemporáneos. Pero como todo derecho fundamental, no son absolutos. Ya desde las formulaciones ilustradas se reconoce que su ejercicio encuentra límites en la protección de otros derechos, principios o bienes colectivos. El artículo 4 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 lo expresa con claridad: "la libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás". Aplicado al ámbito informativo, esto implica que el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información puede quedar limitado cuando entra en conflicto con derechos como el honor, la no discriminación o la protección del orden público."Se ha debatido ampliamente si puede hablarse de un «derecho a mentir» en el ámbito del discurso político o periodístico"Se ha debatido ampliamente si puede hablarse de un "derecho a mentir" en el ámbito del discurso político o periodístico. La mayor parte de los enfoques coinciden en que no existe tal derecho en términos positivos: lo que existe es un derecho a emitir informaciones y opiniones en libertad, que incluye la posibilidad de error, pero no la de causar daños graves y deliberados mediante falsedades manifiestas. De este modo, como ha señalado en España la doctrina constitucionalista, la libertad de informar está protegida en cuanto se refiera a hechos veraces a tenor del artículo 20.1, letra d), de la Constitución de 1978. Esta exigencia de veracidad, aunque no impone una verdad absoluta ni exige certeza irrefutable, actúa como una condición de validez constitucional del discurso informativo.
Tampoco debe olvidarse que la veracidad es, en el orden constitucional, una garantía institucional del pluralismo político, entendido como el derecho objetivo de la ciudadanía a recibir información diversa y fundamentada que le permita conformar una opinión libre. Como tal, no otorga un derecho subjetivo directo a impugnar contenidos falsos, pero sí obliga a los poderes públicos a desarrollar un sistema de medios plural, libre y veraz. En esa lógica, la desinformación masiva, sobre todo cuando es sistémica, ataca ese interés general y justifica la adopción de medidas que restrinjan o mitiguen sus efectos.
Importa subrayar que este marco no persigue la instauración de una "verdad oficial" ni supone un repliegue autoritario sobre las libertades informativas. Por el contrario, se orienta a la garantía de un espacio público estructurado bajo principios de transparencia, verificabilidad y pluralismo. Los poderes públicos no deben actuar como custodios de la verdad, sino como garantes de las condiciones que permiten a la ciudadanía deliberar en libertad. Eso implica intervenir en la arquitectura de los entornos digitales para que el debate público no sea capturado por lógicas de desinformación sistémica.
"Los poderes públicos no deben actuar como custodios de la verdad, sino como garantes de las condiciones que permiten a la ciudadanía deliberar en libertad"Las experiencias comparadas ofrecen claves valiosas. Finlandia, por ejemplo, ha desplegado un modelo de alfabetización mediática integral, anclado en su sistema educativo y en políticas institucionales coordinadas. Este enfoque no se limita a enseñar a detectar noticias falsas, sino que promueve una competencia epistémica que atraviesa toda la formación ciudadana. La comprensión crítica de los medios, la evaluación del discurso público y la capacidad de contrastar fuentes se integran como habilidades democráticas esenciales.
Simultáneamente, el trabajo de redes independientes de verificación, como las integradas en la International Fact-Checking Network, evidencia que es posible desarrollar métodos autónomos y rigurosos de vigilancia informativa sin vulnerar derechos fundamentales. Estas iniciativas, cuando se articulan con instituciones democráticas, refuerzan la transparencia y aumentan la resiliencia de las sociedades frente a la desinformación.
No obstante, estas estrategias solo tienen éxito si se insertan en una concepción más amplia del ecosistema comunicativo. La desinformación no es un problema que pueda resolverse exclusivamente desde la óptica de la corrección puntual. Es necesario intervenir en sus condiciones estructurales de posibilidad: las asimetrías cognitivas, la precariedad educativa, la opacidad algorítmica, la fragilidad de los vínculos institucionales y el debilitamiento del pacto que sostenía el espacio público.
Esta tarea exige voluntad política, compromiso institucional y un debate social sostenido. Es imprescindible que la regulación de la desinformación se construya desde una perspectiva garantista, que equilibre la protección de los derechos individuales con la defensa del interés colectivo. El objetivo no es censurar, sino asegurar que todas las voces puedan expresarse en condiciones de igualdad y que el discurso público no se vea secuestrado por la manipulación interesada.
En este sentido, el marco constitucional y los principios del Derecho europeo e internacional ofrecen instrumentos suficientes para guiar esta regulación. Se trata de construir marcos normativos que promuevan la información de calidad, estimulen el pluralismo y sancionen aquellas prácticas que, de forma deliberada, alteran el debate público mediante falsedades sistemáticas.
"Desde Cicerón al periodo de entreguerras, la información era entendida no solo como herramienta de comunicación, sino como un arma para definir la legitimidad"La experiencia histórica nos recuerda que la desinformación no es una invención reciente. Ya en la Roma republicana, los actores políticos utilizaban panfletos, rumores y representaciones teatrales para erosionar la imagen de sus adversarios y manipular el juicio del pueblo. Cicerón, en sus discursos contra Catilina, denunciaba la difusión de bulos como una estrategia política para desestabilizar la república desde dentro. Lo mismo ocurría, siglos después, durante la Reforma protestante, cuando los impresos anónimos servían como armas de propaganda religiosa y política. O en el periodo de entreguerras, cuando los totalitarismos instrumentalizaron los medios de comunicación para construir enemigos internos y manipular emociones colectivas. Aquellas prácticas mostraban cómo la información era entendida no solo como herramienta de comunicación, sino como un arma para definir la legitimidad.
Hoy, como entonces, la lucha por la información es una lucha por el poder. Pero las condiciones han cambiado: la escala es global, la tecnología es instantánea y las consecuencias afectan a la cohesión misma de nuestras democracias. Por eso, no basta con adaptarse a los nuevos entornos: es necesario construir activamente espacios públicos justos, donde la verdad no se imponga, pero tampoco quede reducida a la irrelevancia. Se trata de preservar la posibilidad del disenso informado, del pluralismo razonado y de construcción de una convivencia democrática basada en la palabra compartida. Esa es la tarea política y ética que la era digital nos impone. Y solo así podremos desmontar, críticamente, el espejismo que amenaza con confundir el ruido con el sentido, la apariencia con la verdad.
Javier Hernández Díaz
Subdirector adjunto de Relaciones Internacionales en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Graduado en Derecho y máster en Derecho Constitucional, actualmente está cursando un doctorado en Derecho en la Universitat de València. Además, forma parte del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, donde ejerce de subdirector adjunto de Relaciones Internacionales en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Ahora en portada
17 de agosto de 2026
17 de agosto de 2026
Lo más leído