¿Cómo se puede gobernar el desorden digital vigente?

Durante el periodo del Raj británico, la ciudad de Delhi sufría un problema de salud pública a consecuencia de las mordeduras de cobras. Para atajarlo, las autoridades coloniales introdujeron una recompensa por cada cobra muerta. El resultado fue el contrario: la medida incentivó la cría de serpientes y acabó agravando el problema. Como explicó el sociólogo Robert Merton, las soluciones a problemas sociales complejos suelen acarrear consecuencias no deseadas y, desde este prisma, deben analizarse las propuestas de Pedro Sánchez para gobernar el desorden informativo digital.

Intervenir sobre la plaza pública digital es hoy una necesidad democrática, no una tentación autoritaria. Es evidente que el espacio digital necesita una acción política que corrija los incentivos a la manipulación informativa y proteja los derechos fundamentales sobre los que se asienta nuestra democracia, pero teniendo en cuenta sus consecuencias no deseadas. Lo complejo no es el diagnóstico, sino cómo hacerlo sin generar nuevos daños.

"El contenido del debate público 'online' viene definido por un puñado de empresas privadas que deciden, a través de sus algoritmos, qué información tiene más o menos presencia en sus redes"

Uno de los anuncios de Sánchez apunta en la dirección correcta: la amplificación algorítmica. Las plataformas necesitan algoritmos para gestionar el flujo de información y ofrecer a cada usuario el contenido de su interés. Sin embargo, hoy, la amplificación algorítmica se ha convertido en una forma de censura. El contenido del debate público online viene definido por un puñado de empresas privadas que deciden, a través de sus algoritmos, qué información tiene más o menos presencia en sus redes. En general, las plataformas no buscan alterar el debate político, pero, como se ha visto con X y Elon Musk, cuando este poder de decisión está bajo la influencia de figuras con una marcada ideología, la libertad de expresión queda suspendida. Cuando Musk o el Partido Republicano hablan de censura por parte de España o la Unión Europea, no lo hacen en nombre de la libertad de expresión. Lo que están defendiendo es seguir ejerciendo su poder para influenciar el discurso público a su gusto, sin contrapesos ni respeto a ningún principio democrático.

Por ello, proteger la libertad de expresión y el debate democrático pasa por mitigar los efectos de la amplificación algorítmica. El tratamiento de contenidos sociales y políticos no puede seguir los mismos criterios que los comerciales. En estos ámbitos deben primar la relevancia cívica, el rigor de la información y la capacidad de conectar audiencias diversas.

Sin embargo, medidas como tipificar en el Código Penal la amplificación algorítmica de la desinformación o crear un registro de monitoreo de los discursos de odio y la polarización deben ser llevadas a cabo con minucioso cuidado. En vez de castigar los efectos negativos, las medidas deben empujar a las empresas a implementar mecanismos que transformen la manera en que la información es manejada y amplificada. Cualquier acción que ponga en las manos de un gobierno la capacidad de decidir qué es y qué no es desinformación, como si eso fuera posible de una manera neutral, es peligroso. Para comprobarlo, solo hay que preguntarse una cosa: ¿Estaría cómodo si ese poder estuviera en manos de un gobierno liderado por Viktor Orbán o Nayib Bukele? La respuesta es un contundente no. 

Aunque en el discurso de Sánchez no se hace referencia alguna a que el Gobierno vaya a tener ese poder, es imprescindible crear los contrapesos necesarios. Por ejemplo, que cualquier institución que supervise o vigile el contenido online para identificar contenido ilegal sea rigurosamente independiente. Esta independencia debe garantizarse en tres aspectos: Primero, que los grupos políticos no tengan ningún tipo de control de quién trabaja o dirige el organismo. Segundo, que rinda cuentas al Congreso, y no al Ejecutivo; y tercero, que su financiación no dependa del Ejecutivo y esté garantizada, por ejemplo, a través de un impuesto a la actividad de las plataformas digitales que operan en España. Sobre esta base se podría construir un ente capaz de monitorear el contenido en línea, de ajustar el Código Penal para evitar ningún tipo de abuso y para proteger la libertad de expresión.

"Al tener prohibido el acceso, los jóvenes probablemente se resguarden en plataformas menos reguladas y espacios mucho más escondidos de Internet"

Otra de las propuestas suma a España al grupo de países imponiendo la prohibición a menores de dieciséis años de usar redes sociales. Sin entrar en el interesantísimo debate académico sobre el impacto de las redes sociales en los jóvenes, esta medida puede tener consecuencias no deseadas a nivel político. Por un lado, rompe el anonimato en Internet, ya que todos y todas nos deberemos identificar para certificar que tenemos más de dieciséis años. Entre otras cosas, puede cerrar un espacio de comunicación para jóvenes vulnerables que sienten que los espacios online dejan de ser privados. La identificación crea además un riesgo de ciberseguridad en el tratamiento de los datos. Al tener prohibido el acceso, los jóvenes probablemente se resguarden en plataformas menos reguladas y espacios mucho más escondidos de Internet donde los discursos de odio y las narrativas radicalizadoras campan a sus anchas. 

A largo plazo, sin embargo, las consecuencias pueden impactar gravemente el debate político. El proceso de socialización política se da en redes sociales hoy en día. Limitar radicalmente la exposición a las mismas hasta los dieciséis y luego no crear ningún tipo de mecanismo que ayude a manejar el desorden informativo una vez se tiene acceso puede ser contraproducente. Nadie aprende a nadar arrojándolo directamente al mar abierto, pero tampoco manteniéndolo indefinidamente fuera del agua. La resiliencia a la manipulación informativa exige exposición gradual, habilidades digitales y acompañamiento.

La regulación de los espacios digitales es una de las trincheras más importantes de la creciente tensión geopolítica. Las medidas anunciadas por Sánchez son además un reto para la Comisión Europea, ya que cuestionan el Reglamento de Servicios Digitales de la UE, que tiene primacía sobre la legislación nacional. Pero estas medidas también se enmarcan en algo que parece por fin haber entendido Bruselas y también Madrid, París y Berlín: nuestras democracias se construyen sobre una infraestructura digital que no controlamos y que nos resulta casi imposible legislar e influenciar. En sistemas de este tipo, intervenir sin cuidar los incentivos puede no solo fallar, sino reforzar las dependencias y desequilibrios que se pretende corregir. Pero las medidas para alcanzar la autonomía digital, tan de moda en los pasillos de poder de Bruselas, no van a ser una línea recta. Se requiere afinar al extremo para que no solo se proteja nuestro sistema de posibles consecuencias no deseadas, sino que estas medidas sean la base para construir una infraestructura digital sobre la que pueda florecer la democracia.