'Lobby' y alta función pública: dos caras de la legitimidad democrática

Este verano no está siendo ayuno de noticias relevantes y, sorprendentemente, de discusiones de mayor calado. Al abrigo del caso Montoro se ha abierto un debate, bastante recurrente, sobre los llamados lobbies y su posible regulación. En paralelo, el ministro del ramo ha decidido alimentarnos con una serpiente de verano que es un clásico: la modificación del sistema de oposiciones para el acceso a los altos cuerpos de la Administración del Estado.

Creo tener legitimidad suficiente para hablar de ambos temas: soy senior adviser de Flint, una de las consultoras líderes de asuntos públicos en el Reino Unido y Europa, y me sometí durante ya mi ya lejana juventud al esfuerzo nada liviano de preparar las oposiciones de acceso al cuerpo de abogados del Estado. Ambos temas están más relacionados de lo que parece.

"Hay que distinguir entre las empresas cuyo valor añadido es su capacidad de relación directa con las altas esferas del Gobierno y aquellas que ayudan a entender el mapa político y regulatorio"

Empecemos por los lobbies. En este mundo es necesario distinguir el trigo de la paja, es decir, entre aquellas empresas, por desgracia muy abundantes en nuestro país, cuyo valor añadido para sus clientes es su capacidad de relación directa con las altas esferas del Gobierno, normalmente por la experiencia, reciente o no tanto, de sus partícipes en tareas gubernamentales ―algunos de cuyos ejemplos están en la mente de todos―, de aquellas otras empresas, y hay buenos ejemplos, cuya aportación a quienes las contratan es ayudarlos a entender el mapa político y regulatorio. Estas últimas llevan a construir narrativas de posicionamiento publico, estrategias de cara a la opinión pública y los agentes públicos y, solo como consecuencia de lo todo anterior, una política de interacción con los diversos niveles de la decisión política por una narrativa previa y sólidamente construida que busca encontrar los puntos comunes entre el interés público y el lícito interés empresarial. Y, cuidado, todas las empresas del sector dicen que esto es lo que hacen, pero no siempre es verdad.

No se trata del clásico "¿qué hay de lo mío?", sino de transmitir cómo en una determinada política o regulación los intereses generales, públicos y privados, pueden verse mutuamente satisfechos desde la convicción de que el interés general no debe responder solo a la voluntad unilateral de los gobernantes, sino a una convergencia del mutuo interés público y privado. Eso es lo que  caracteriza a las sociedad abiertas y democráticas.

¿Regular el lobby? 

Hay que empezar recordando que el lobby ya está regulado en su patología hace tiempo por el Código Penal y el llamado caso Montoro es prueba de ello: se está dilucidando, y es pronto para un juicio definitivo, un caso en que la actividad de lobby puede traspasar las fronteras de lo profesional y ético y adentrarse  en las conductas penalmente reprochables, cohecho y tráfico de influencias principalmente.

"En el caso Montoro se está dilucidando un caso en que la actividad de lobby puede traspasar las fronteras de lo profesional y ético y adentrarse  en las conductas penalmente reprochables, cohecho y tráfico de influencias"

Lo que falta en el lobby es regular esta actividad profesional imponiendo el requisito esencial de toda actividad que se mueve en la frontera entre los intereses públicos y privados: la transparencia.

Esta es la clave de la regulación del lobby una vez que su patología se contempla en el Código Penal: impóngase transparencia a las empresas de asuntos públicos y a los decisores públicos con la intensidad (y consecuencias sancionadoras) necesarias. Veremos cómo desaparecen o se reducen muchos de los casos y prácticas que nos escandalizan y cómo los abrepuertas van a tener mucho más difícil justificar su, a veces, escasa profesionalidad en el ejercicio de su actividad en beneficio de las empresas de asuntos públicos solventes y no dependientes del turno político que desarrollan su actividad en España.

La función pública no es un privilegio

Vayamos al tema de las oposiciones. El tema de las oposiciones está más ligado de lo que parece a los riesgos y peligros del lobby y, a veces, se olvida que la condición de funcionario, sobre todo la de aquellos que ejercen funciones públicas vinculadas a la soberanía del Estado, no es un privilegio, sino que constituye una garantía constitucional para los ciudadanos: la condición de funcionario permite a quienes la ostentan actuar con independencia de las presiones o arbitrariedades del poder político de turno.

Pues bien, la base de la independencia de los funcionarios y de la correspondiente tranquilidad de los ciudadanos y contribuyentes radica en que los sistemas de selección sean rigurosos y, sobre todo objetivos. Y no es casualidad que, entre las diversas administraciones públicas, haya una relación directa entre su nivel de solvencia profesional e independencia y de corrupción.

"No es casualidad que entre las diversas administraciones públicas haya una relación directa entre su nivel de solvencia profesional e independencia y de corrupción"

Se puede discutir cómo perfeccionar los sistemas de acceso a la Administración, pero no se puede disfrazar de intento de modernización del acceso a la función pública lo que no es otra cosa que querer influir en los procesos de selección de los altos funcionarios rebajando su nivel y, especialmente, la objetividad del proceso selectivo. De las oposiciones a los altos cuerpos se podrán decir muchas cosas pero no que aprueban las personas que no lo merecen.

Abórdese el tema del acceso a la preparación de oposiciones o cómo complementarlas con curso posteriores que contribuyan a mejorar otras capacidades necesarias para el ejercicio  de la función pública, pero será una muy mala noticia para nuestra sociedad que el acceso a determinadas funciones públicas no esté regido por criterios de rigurosa exigencia y objetividad. Si se quiere mejorar la estabilidad y el ejercicio de sus funciones por los altos funcionarios mejor sería centrar los esfuerzos en la mejora de sus condiciones de trabajo y retributivas. Así se evitaría la sangría que, a veces, sufren los altos cuerpos de nuestra Administración, reforzando a la vez su independencia frente a presiones internas y externas.