Cuando la minería puede impulsar la sostenibilidad y el desarrollo territorial en España

Si bien la transición ecológica promete librar a la economía moderna de su dependencia de materias primas como el petróleo y el gas, las tecnologías relacionadas con la economía verde (paneles solares, baterías, electrolizadores, etc.) generan una nueva dependencia de múltiples minerales y metales, dado que el consumo se multiplicará en los próximos años. Debido a su importancia económica para las transiciones ecológica y digital y su escaso suministro, estas "materias primas críticas" (MPC) están atrayendo una gran atención por parte de gobiernos de todo el mundo, que buscan controlar las cadenas de valor de las principales MPC. 

A la necesidad económica y la riqueza generada por la minería y procesado de MPC y la manufactura de productos que las contienen, se unen motivos geopolíticos: China controla la mayor parte del mercado de casi todas las MPC, ya sea en la minería o el procesado y muchos están esencialmente bajo el monopolio chino. En este contexto, la Unión Europea aprobó en 2024 su Ley de Materias Primas Críticas, que busca garantizar la minería y reciclaje doméstico de una porción sustancial de las MPC consumidas por la industria europea, y diversificar las fuentes internacionales de MPC. 

Las instituciones españolas no están desoyendo estas llamadas de "volver a la mina", y están tomando medidas para apoyar esta estrategia europea, pero simultáneamente está creciendo el rechazo social a muchos proyectos mineros. 

"España, siendo el país más extenso de la Unión Europea, tiene una gran riqueza mineral y por tanto gran cantidad de reservas de la mayoría de materias primas críticas"

España, siendo el país más extenso de la Unión Europea, además de comparativamente montañoso, tiene una gran riqueza mineral, lo cual incide en la presencia de reservas conocidas de la gran mayoría de MPC señaladas por la Unión Europea. Esto incluye los necesarios para paneles solares (principalmente silicio) o baterías eléctricas (litio, cobalto, níquel, etc.), así como yacimientos significativos de cobre, necesario en todos los equipos eléctricos. 

Como se puede ver en el mapa, la gran mayoría de la actividad minera se encuentra en la mitad oeste de la Península y en Andalucía. Los mapas de los yacimientos conocidos replican esta tendencia. También cabe resaltar la presencia de un yacimiento de hidrógeno natural en Huesca. Este "hidrógeno dorado" se forma mediante procesos naturales en la corteza terrestre y podría extraerse con las tecnologías disponibles de la industria del gas y así usarse para procesos industriales de cero emisiones mientras el hidrógeno verde (fabricado con energía renovable) no sea competitivo en precio.
 

Una industria abandonada 

Sin embargo, lo cierto es que el conocimiento sobre los recursos minerales españoles está obsoleto. La última campaña de exploración nacional de recursos minerales data de 1970, donde se usó tecnología a día de hoy anticuada y en la que el foco no estaba en los minerales de interés para la transición ecológica y digital. Por este motivo, es positivo que el Gobierno esté preparando la primera campaña de exploración minera de la democracia, a fin de actualizar la información disponible. 

La mayor atención de los sondeos públicos recaerá sobre Andalucía y las zonas de la franja oeste del país: Extremadura, Asturias, Galicia y el oeste de Castilla y León. Como se ha discutido, estas regiones son las más ricas en MPC, y donde se está concentrando las nuevas explotaciones y los sondeos de las empresas mineras. 

En paralelo, está aumentando el rechazo a estos nuevos proyectos entre los vecinos de las zonas afectadas, de Galicia a Extremadura pasando por Castilla y León. Al miedo a desastres medioambientales como el de Aznalcóllar se suma la opacidad de empresas y administraciones, llevando a muchos a pensar que las promesas de empleos y riqueza no compensan los riesgos. Ante estos legítimos temores, urge desarrollar una política minera que garantice unos requisitos de sostenibilidad y transparencia del siglo XXI a la vez que redunda en un mayor desarrollo económico de las zonas mineras. 

Hacia una minería sostenible

En primer lugar, es necesario realizar una reforma en profundidad de la Ley de Minas, vigente desde 1973. Aunque su encaje en la legislación se ha ido modernizando con la llegada de la democracia, los estatutos de autonomía y los requisitos ambientales, lo cierto es que esta norma está obsoleta. Una reforma de la ley, como se intentó fallidamente en la anterior legislatura, permitiría simultáneamente aumentar los requisitos ambientales y la transparencia, además de facilitar los trámites administrativos.

Si bien la minería moderna en los países desarrollados es mucho más sostenible que en el pasado, las empresas mineras siguen pecando frecuentemente de actuar de espaldas a la ciudadanía, y las prácticas más sostenibles no son consideradas como la primera opción, sino como un "extra" que añadir tras las quejas de la administración o la ciudadanía. 

Una reforma de la ley debería forzar a las empresas mineras a tomar las opciones con menor impacto ambiental (minería subterránea y minería de transferencia en explotaciones a cielo abierto) siempre que sea técnicamente posible, así como delimitar claramente la evaluación del impacto medioambiental minero sobre espacios protegidos cercanos. 

Garantizar que las empresas y administraciones informan adecuadamente a la ciudadanía y mejorar la calidad y profundidad de las restauraciones medioambientales cuando la actividad minera cesa también ayudarían a mejorar la confianza ciudadana hacia los proyectos mineros. Como contrapartida, la nueva Ley de Minas debería facilitar —que no debilitar— los trámites administrativos y medioambientales. 

"Se producen enormes retrasos administrativos en la tramitación de una mina, pero estos no son fruto de la necesaria evaluación ambiental sino de las ineficiencias burocráticas"

Actualmente, se producen enormes retrasos administrativos en la tramitación de una mina, pero estos no son fruto de la necesaria evaluación ambiental sino de las ineficiencias por los trámites burocráticos pertinentes. Una racionalización de los procesos administrativos, pues, podría acelerar la aprobación de los proyectos mineros sin comprometer los criterios ambientales. 

Más allá de una reforma del marco legal, las administraciones públicas deberían promover la aprovechamiento de los residuos mineros de explotaciones pasadas (escombreras y balsas mineras) por encima de la de nuevos yacimientos. Los residuos mineros son simultáneamente un riesgo de contaminación y ambiental (contaminación por metales pesadas, vertidos ácidos, etc.) y una potencial fuente de MPC, presentes en los residuos. Ya sea porque esas MPC no eran de interés en el pasado o porque no era técnicamente viable extraerlas. 

Por ejemplo, los avances técnicos permiten extraer tanto estaño como niobio y tántalo (los dos componentes del coltán, extraído en su mayoría en terribles condiciones en la República Democrática del Congo) de las escombreras de la antigua mina de estaño de Penouta, en Ourense. Así, se puede recuperar actividad económica en antiguas comarcas mineras, a la vez que se mejora el suministro europeo de MPC y se limpian residuos mineros antiguos. Similarmente, las balsas ácidas de residuos mineros también podrían ser explotadas y limpiadas, en ocasiones con técnicas cuasi-artesanales con cero impacto ambiental. 

Por tanto, es una excelente noticia que la nueva campaña de exploración minera preparada por el Gobierno vaya a poner el foco en evaluar las escombreras y balsas existentes en busca de MPC que puedan ser extraídas como una modalidad minera no solo neutra, sino positiva para el medio ambiente. 

También hay que hacer mención especial de los yacimientos de hidrógeno natural oscenses mencionados anteriormente, así como a la posibilidad de hallar más durante las campañas de exploración minetas. Estos yacimientos son estratégicos, ya que permitirían generar hidrógeno limpio (sin emisiones de carbono) y barato (extracción de recursos naturales con tecnología ya existente) sin impacto en el entorno (extracción desde depósitos subterráneos). 

De esta manera, se podría facilitar la transición de la industria pesada de los combustibles fósiles al hidrógeno limpio usando con hidrógeno de coste competitivo, mientras el hidrógeno producido con energía renovable ("hidrógeno verde") baja de precio hasta volverse competitivo. Hacer de la extracción del hidrógeno natural un proyecto estratégico se debería promover con vehemencia, pues este camino de descarbonización a bajo coste se hace a la par que se sientan las bases de la competitividad industrial futura y se generan empleos sostenibles en la España Vaciada. 

Una estrategia minera e industrial integrada

Por otro lado, a fin de maximizar el impacto económico de la minería en las regiones que la acogen, es necesario trabajar por una industria minera que no sea meramente extractiva de recursos, sino que deje huella (económica y social) en los territorios en los que se encuentra, algo que hoy frecuentemente no sucede.

Por ejemplo, de los 47 proyectos de MPC declarados "estratégicos" por la Unión Europea, siete están en España, una alta proporción. Sin embargo, de los seis proyectos mineros españoles, cuatro únicamente tienen extracción y no procesan la materia prima, y de los proyectos de mayor valor añadido únicamente hay uno de reciclado (ninguno de sustitución de MPC).

El bajo valor añadido promedio de los proyectos seleccionados en España es algo que no se replica en los países de nuestro entorno, que casi no tienen proyectos meramente mineros. Además, una mina deja de dar empleo y prosperidad cuando se agotan los recursos, mientras que los proyectos de procesado, reciclado y sustitución tienen una vida a priori indefinida.

"Urge un cambio de rumbo para promover los sectores de valor añadido de las cadenas de valor de las MPC, usando los recursos mineros nacionales como una palanca para atraer más industrias"

Por tanto, urge un cambio de rumbo para promover los sectores de verdadero valor añadido de las cadenas de valor de las MPC, usando los recursos mineros nacionales no como una simple reserva de recursos a extraer, sino como una palanca con la que atraer otras industrias. Para ello, se debería promover desde el Gobierno central un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Materias Primas Críticas (PERTE MPC) que canalizara las políticas públicas. 

El PERTE MPC debería incentivar, apoyar y dar recursos a proyectos mineros de alto valor (aquellos que incorporan minería y procesado extenso del mineral o reciclado), especialmente a aquellos que tejan alianzas con el resto de su cadena de suministros. De esta manera se lograría, por ejemplo, que una mina de litio atrajera plantas de fabricación de baterías y sus componentes, o que suministrara su producción a las fábricas españolas ya existentes. También se debería dar apoyo a proyectos de alto valor añadido y longevidad, como los de reciclaje o sustitución de MPC por otras menos críticas.

Casos como el de la planta de reciclado de productos electrónicos de Atlantic Copper, que aprovechará el conocimiento de la compañía en la minería de cobre y polimetálica para reciclar 60.000 toneladas anuales de residuos electrónicos, son una muestra de las importantes sinergias que se pueden generar entre minería e industria. 

El mejor ejemplo a seguir en este sentido es el extremeño, donde se ha conseguido atraer inversiones en toda la cadena de valor de las baterías eléctricas: minería de litio y otros metales, fabricación de cátodos y producción de baterías. Además, la adición de la fundación del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético garantiza la innovación de las empresas extremeñas del sector.

"Replicar el modelo de Extremadura en las principales regiones mineras españolas sería un paso clave para la reindustrialización de las zonas rurales"

Así, hay un ecosistema sólido, integrado verticalmente y que captura el valor añadido de toda su cadena de suministros, con un apoyo investigador y de formación de talento que seguirá atrayendo empresas y aportando empleo de calidad durante mucho tiempo después de que se agoten los recursos mineros locales. Por tanto, replicar el modelo de Extremadura en las principales regiones mineras españolas sería un paso clave para la reindustrialización de las zonas rurales.

Pero a fin de que la minería goce de apoyo social en las zonas en las que se ubica, sería deseable que no solo fuera sostenible y diera empleos a parte de la población de la zona, sino que toda la población se beneficiara indirectamente de la actividad minera, a fin de hacer a toda la comunidad partícipe de su éxito. 

Para este cometido, sería necesario establecer impuestos especiales —bajos pero significativos— sobre los beneficios de las empresas mineras y destinar estos fondos al desarrollo económico local, regional y nacional. Estos cánones deberían subvencionar mejoras de infraestructuras y servicios públicos en las zonas mineras, así como fomentar la actividad empresarial mediante inversión e infraestructura para las empresas y financiación para investigación y formación laboral.

Ya que los recursos naturales españoles no son ni tan significativos ni tan lucrativos como los de otros países (Noruega o las monarquías del Golfo Pérsico), un fondo soberano del tamaño de los de esas naciones no es factible. Sin embargo, una inversión sensata y estratégica (financiando inversión en lugar de gastos corrientes y apostando por las startups tecnológicas y la innovación) tiene el potencial de mejorar la vida de los ciudadanos en las zonas mineras a la vez que se revitaliza la economía de sus regiones.
 
En resumen, los poderes públicos deberían ver la minería no como un simple generador de un par de cientos de empleos en las zonas rurales, sino como una actividad tractora con la que atraer industrias de alto valor añadido y mejorar la vida de todos los ciudadanos de las regiones mineras de forma directa, con un impacto mínimo en el medio ambiente. Aunque no es necesario escoger entre actividad económica y minera y preservar nuestros ecosistemas, sí que es crucial que las administraciones tomen las medidas necesarias para poder conjugar el reto de la transición hacia una minería e industria verdes y con beneficios que lleguen a todos.