Los movimientos recientes de Vox sugieren que el partido está adoptando una estrategia a largo plazo inspirada en el éxito de otros partidos de derecha radical europea y que, en caso de ser exitosa, podría transformar el paisaje político en España en los próximos años, convirtiendo a Vox en una fuerza dominante.

Agenda Pública reúne a Enma López, concejala del Ayuntamiento de Madrid del PSOE, y a Nacho Catalá, diputado en la Asamblea de Madrid del PP, para conversar sobre la relación entre la política y la función pública. Ambos son también altos funcionarios y creen que "con una política tan inestable, la función pública tiene que ser estable".

No es baladí el momento elegido para anunciar esta estruendosa ruptura de relaciones. El espectro de la extrema derecha española estaba empezando a dar síntomas de fragmentación con la irrupción de fuerzas emergentes que operaban fuera de la órbita de Vox.

No se puede menospreciar la experiencia política atesorada por la extrema derecha en materia de pactos: desde los ochenta han participado en más de setenta gobiernos de coalición, con diferentes grados de responsabilidad institucional y en diferentes estados de Europa.

"España lleva desorientada desde el 11-M", Andrés Ortega, analista político, pone en perspectiva la refriega bibloquista que vive España entre el PP y el PSOE. Para el analista político, los dos grandes partidos se necesitan el uno al otro, sin embargo, son incapaces de llegar a acuerdos, de vital importancia para España, por diversas circunstancias internas e históricas.

Bajo gobiernos del PP, Madrid ha favorecido el crecimiento de la educación concertada y privada, reduciendo el gasto público educativo en términos de PIB. La oferta educativa está altamente diferenciada entre el norte, con más centros privados y bilingües, y el sur, con mayor presencia de centros públicos y no bilingües. Este modelo ha profundizado las desigualdades sociales y ha generado una segregación residencial y educativa que afecta las oportunidades de las familias, especialmente las más vulnerables.

La limitación de la libertad para establecer el precio del alquiler es una restricción del derecho fundamental de propiedad reconocido en el art. 33 CE, pero ello no supone la inconstitucionalidad de la misma.