Demasiado coste para una investidura precaria

Otra vez un giro inesperado en el guion. Otra vez, donde dije digo, digo Diego. Otra vez, el fin (una investidura para una legislatura endemoniada) justifica los medios (aceptar el relato y las condiciones del adversario). Otra vez, esa máxima maquiavélica (hacer de la necesidad virtud), incompatible con una política democrática basada en principios morales (Kant) e ideología. Otra vez, desdibujar el relato socialista para injertar populismo, esa lacra política, tan en auge hoy en el mundo occidental.

"Una mayoría de catalanes quieren pasar página de aquella locura e iniciar una nueva etapa"

Las recientes elecciones catalanas han vuelto a evidenciar el final del ciclo independentista. Con mayor lentitud de la deseada, el daño causado a Catalunya por el procés, incluyendo el engaño a la ciudadanía por parte de sus dirigentes, se va traduciendo en la creciente división y enfrentamiento entre las fuerzas políticas que lo defendieron (la batalla entre Junts y ERC no ha hecho más que empezar) y en pérdida de apoyo en las urnas. La victoria del PSC de Salvador Illa así lo vuelve a testificar. Una mayoría de catalanes quieren pasar página de aquella locura e iniciar una nueva etapa.

La pregunta es: una nueva etapa, ¿en qué condiciones? ¿Y hacia dónde? El mundo se mueve y parece difícil recuperar el pasado (aunque la nostalgia haga estragos en algunos discursos). Los retos actuales con que se enfrenta el mundo (cambio climático, inteligencia artificial) no encuentran reflejo en la estructura institucional y de cooperación adecuada para hacerles frente. Ha regresado la política rampante de las trincheras culturales, el enfrentamiento como sistema de autodefinición (yo soy, quien no es el otro), las identidades como división, la diversidad como privilegio, el fin de la sociedad como espacio de colaboración, dialogo, solidaridad y cohesión y el fin de la democracia como la herramienta más útil para la convivencia entre diferentes que trabajan juntos porque tienen objetivos comunes. Todo ello, relanzado por las redes sociales y una política convertida en parte de un espectáculo mediático que busca atraer la atención, aunque sea destrozando al adversario, en un mundo binario: conmigo o contra mí.

Pero, si no es realista volver hacia atrás (recuperando a aquella CiU no independentista, pactista como medio de hacer valer su peso en España y que decía que catalán era todo aquel que vivía y trabajaba en Catalunya), ¿cuál es la nueva etapa hacia la que se encamina Catalunya? Dando por hecho que aplicar un 155 permanente, como parecen proponer algunos, no es realista, ni seria acertado, se abren hoy dos caminos: buscar un nuevo encaje de Catalunya en España, como se viene haciendo desde 1977, aunque tal vez, ahora con un necesario salto cualitativo hacia adelante, o iniciar el camino pactado (no unilateral, como antes) hacia la independencia de Catalunya. Y en ambos supuestos, se plantea el mismo dilema: ¿quiénes deben pactar, sea el nuevo encaje o el camino hacia la independencia?

"Defiendo que llegará el momento (tal vez ya ha llegado) en que buscar un nuevo encaje a Catalunya en España requerirá una modificación constitucional"

Defiendo, desde hace tiempo, que llegará el momento (tal vez ya ha llegado) en que buscar un nuevo encaje a Catalunya en España, reivindicación emocional que no se enfría por muchos datos que pongamos encima de la mesa sobre que es ya una de las nacionalidades con mayor autonomía del mundo, requerirá una modificación constitucional. En línea con lo ya propuesto por Ernest Lluch y Herrero de Miñón: una nueva disposición adicional que reconozca un régimen estatutario y financiero especial y distinto para Catalunya, como la disposición primera lo hace para los territorios forales. Eso exigirá un gran pacto político transversal en España y en Catalunya, un referéndum en toda España y un nuevo Estatut.

Nada que ver con lo que conocemos del pacto de investidura alcanzado entre ERC y PSC, con el apoyo del Gobierno de España, a cambio de los votos necesarios para que Illa sea investido president de la Generalitat catalana. Un acuerdo que, en principio, respaldarán en el Congreso los representantes del 52% de españoles, contra los de un 48% que votarán en contra. Eso, si no se rompe la mayoría de la investidura como ya han avanzado algunos socios como Junts, Compromís, IU, con el silencio de Podemos, y si el PSOE es capaz de apagar el fuego que ha encendido dicho acuerdo en sus filas (de las que formo parte).

"Pasqual Maragall ya intentó que en el nuevo Estatut se recogiera una financiación 'singular' para Catalunya que mirara al modelo vasco pero le convenció la seguridad de que el rechazo del PSOE y del Gobierno sería inamovible y haría descarrilar todo el Estatut"

Lo conocido del acuerdo, aquello que ha sido apoyado por las bases de ERC (¿por qué el líder de las primarias no lo somete a votación entre los militantes del PSOE?), es todo lo negado por el PSOE en los últimos 40 años y por el propio Gobierno hasta hace unos días mediante reiteradas declaraciones de la vicepresidenta y vicesecretaria general del PSOE, María José Montero: no aceptaremos un concierto para Catalunya, por fundadas razones que expondré más adelante. Recuerdo las discusiones al respecto que tuve, como ministro, con Pasqual Maragall, que ya intentó que en el nuevo Estatut se recogiera una financiación singular para Catalunya que mirara al modelo vasco. Le convenció, más que mis razones, la seguridad de que el rechazo del PSOE y del Gobierno sería inamovible y haría descarrilar todo el Estatut. Al final, se recogió una idea que defendí: crear un consorcio entre la Agencia Tributaria central y la catalana para coordinar sus servicios de manera más eficiente y abierto a aquellas comunidades que lo pidieran. Nada que ver con lo que conocemos hoy de la Agencia Tributaria Catalana donde, en lugar de un consorcio, parece que va a haber un traspaso de competencias y funcionarios en lo que es, claramente, una competencia básica del Estado central. Y con una redacción que deja abierta la duda de si el Estado central, Gobierno y Parlamento, perderán toda capacidad regulatoria y legislativa sobre el IRPF una vez culminado el proceso.

Me opongo a la idea de un concierto catalán, por muy "solidario" que se defina (volveré sobre esto), por las siguientes razones de forma y de fondo:

1. Responde al relato independentista de una Catalunya infrafinanciada a la que "España nos roba". Y ambas ideas son falsas, si creemos que los datos reflejan la realidad mejor que los relatos. De los muchos trabajos realizados por los expertos en estos años, me vale con citar dos de Ángel de la Fuente, publicados por FEDEA ("Las balanzas fiscales y algunas cuestiones relacionadas", de julio 2024, y "Las finanzas autonómicas en 2023 y entre 2003 y 2023", de abril 2024), de los que se extraen las siguientes conclusiones: tanto en flujo monetario como en saldo por habitantes ajustado por el PIB per cápita, Catalunya está en la media de la financiación autonómica española. Algunas comunidades aportan más que ella (Madrid) y muchas otras reciben menos que la media (Comunidad Valenciana o Murcia, por ejemplo). Eso no quiere decir que no quieran más y mejor financiación, como todos. Pero si se quisieran corregir las desigualdades reales generadas por el actual y caducado modelo de financiación, como se esperaría de un Gobierno progresista, hay muchas más comunidades con argumentos más reales y sólidos para exigirlo.

2. La Constitución establece dos modelos de financiación: el foral y el régimen común. Este último regulado por una ley orgánica que desarrolla este punto desde hace décadas: la LOFCA. Sacar a Catalunya del régimen común y establecer un sistema propio y singular no se puede hacer modificando la LOFCA, aunque se tengan los votos para ello. Exigirá, como he dicho arriba, una reforma constitucional o, como mínimo, incluirlo en el Estatut de autonomía, que forma parte del bloque constitucional. Con sus procedimientos y trámites.

3. Un concierto catalán se corresponde con lo que he llamado "la rebelión de los ricos", que en (casi) todas partes defienden que pagan demasiados impuestos para el escaso uso que hacen de los servicios públicos que financian y, además, que la solidaridad debe de tener un límite porque, si no, los pobres se aprovechan de los ricos viviendo a su costa. La primera batalla la ganaron los ricos catalanes, cuando impusieron en el Estatut el principio de ordinalidad para establecer un máximo a su nivel de solidaridad interterritorial y la segunda la ganarían ahora asumiendo el control total sobre el IRPF. Como socialista, no comparto esa visión.

4. Tanto la ordinalidad, ya conseguida, como la gestión del IRPF apuntada en el actual acuerdo, significan una cesión inconstitucional de competencias del Estado central, que pierde dos potentes instrumentos para ejercer su política social y territorial en cumplimiento de sus competencias constitucionales que encargan al Estado central el cumplimiento de dos principios: la igualdad de derechos de todos los españoles, vivan en el territorio que vivan, y las políticas de equilibrio territorial. Aceptar este acuerdo significa que el Estado central renuncia a ambas competencias e incumple otro principio constitucional: las diferencias territoriales no deben dar lugar a privilegios, tal y como se establecen en el acuerdo. No es solo que Catalunya sea "solidaria" con el resto de España. La pregunta es: ¿quién decide el cómo y el cuánto de dicha solidaridad? Según el acuerdo, ellos mismos.

"Echo en cara la pasividad del Gobierno en reformar el sistema de financiación porque el actual modelo castiga a los ciudadanos de varias comunidades con una financiación por habitante ajustado menor de la que les debería corresponder"

La necesidad de reformar el actual sistema de financiación no se discute. Echo en cara la pasividad del Gobierno en esta materia porque el actual modelo castiga a los ciudadanos de varias comunidades con una financiación por habitante ajustada menor de la que les debería corresponder. Este es el problema real que no se puede enmascarar con el abundante flujo de dinero que la coyuntura actual permite adelantar a las comunidades desde el Gobierno central.

Pero si la prioridad para un Gobierno progresista debería de ser mejorar, y mucho, la equidad del actual modelo de financiación autonómica y, dentro de este debate, abordar la condonación de deuda bilateral que las comunidades tienen con el Estado central, fruto de la imposibilidad de financiarse en los mercados por la última crisis (recuerdo que los préstamos los inició el Gobierno del PP), empezar por este acuerdo es ahondar en un camino equivocado. Aunque solo sea porque el acuerdo dinamita la LOFCA y ya ha puesto en pie de guerra a todas las comunidades: desde las que lo combaten hasta las que piden un tratamiento igual a Catalunya, lo que haría saltar por los aires nuestro modelo territorial constitucional.

Lo conocido del acuerdo, conforme a lo que han votado las bases de ERC, no busca mejorar el encaje de Cataluña en la España del siglo XXI. Antes bien, representa un paso hacia la independencia gradual y por etapas en las que está embarcada ERC tras el fracaso del procés y el posterior rechazo de los catalanes al mismo. Un camino que se inició cuando el Gobierno central acepto entrar en el relato de las "balanzas fiscales", un sinsentido conceptual (no puedes medir territorialmente algo pensado para individuos, pues sería como medir la distancia en kilos) que, además, se puede calcular de varias maneras con resultados muy diferentes en cada una de ellas. Y siguió cuando la necesidad de siete votos llevó al presidente a aceptar, de la noche a la mañana, aquello que había rechazado hasta el día anterior. Y no hablamos de un asunto menor. Hablamos del relato independentista sobre lo ocurrido y de la amnistía que, aunque constitucional en mi opinión, es un grave error político.

Todo ello, es una ruptura total con lo aprobado, hasta ahora, por el PSOE en sus congresos y en la famosa Declaración de Granada. Y, lo malo, no es eso, sino las razones por las que se hace (una investidura débil y maniatada) y el coste político que se paga al hacerlo (¿cómo creernos, después de esto, que no habrá un referéndum de independencia en Cataluña?, ¿de qué sirve lo dicho por los responsables socialistas si se lo lleva el viento?) y las escasas explicaciones que se han dado.

"Cambiar la Constitución y el modelo territorial de España tiene una magnitud que no debe hacerse por la puerta de atrás y con más de la mitad de españoles (y de catalanes) en contra"

No debe asustarnos cambiar la Constitución (hace años que se debería de haber reformado en muchos aspectos) y, con ella, el modelo territorial de España. Pero esto tiene una magnitud que no debe hacerse "por la puerta de atrás" y con más de la mitad de españoles (y de catalanes) en contra. Un cambio de tal envergadura, cuya necesidad no niego, no debe improvisarse por la urgencia de una investidura, cediendo principios a cambio de votos coyunturales y generando una ruptura social y política de grandes magnitudes.

Porque no estamos dando pasos hacia la federalización de España, sino hacia una confederación asimétrica, reforzando al independentismo cuando peor lo tienen en las urnas, convirtiendo sus derrotas electorales en victorias políticas. Y, además, incrementando la polarización del país; el desconcierto en las filas socialistas, también por las formas, y el enfrentamiento con una derecha trumpista, echada al monte.

No era esto (contagiarnos de populismo y cesarismo) lo que algunos pensamos que debe de ser la modernización del discurso político del socialismo europeo ante los retos del siglo XXI, empezando por combatir las amenazas, interna y externa, a nuestras democracias. Visto desde esa altura, la pequeñez de lo hablado parece poco relevante. Pero, a menudo, son los pequeños obstáculos los que hacen descarrilar a un tren demasiado ligero de proyectos reconocibles.